María del Carmen Ortíz Mejía
Expediente 354/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 10 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 354/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 10/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- María del Carmen Ortíz Mejía
Actuaciones
- Principal
Causa estado el auto que desecho la presente demanda, archívese el presente asunto como concluido.
- Principal
Lega exhorto. Se ordena notificar al quejoso los autos de cuatro de abril y dos de mayo ambos de dos mil veintidós, el presente auto, así como las subsecuentes notificaciones por medio de lista. "Nezahualcóyotl, Estado de México, cuatro de abril de dos mil veintidós. Se desecha de plano la demanda." "Nezahualcóyotl, Estado de México, dos de mayo de dos mil veintidós. Líbrese atento exhorto al Juez de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, en turno, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, ordene a fin de notificar a la promovente, el contenido íntegro del presente auto, así como el de cuatro de abril de dos mil veintidós.."
- Principal
Líbrese atento exhorto al Juez de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, en turno, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, ordene a fin de notificar a la promovente, el contenido íntegro del presente auto, así como el de cuatro de abril de dos mil veintidós.
- Principal
Radicación. Vista la demanda de amparo que promueve Verónica Lidia Delgado Ortiz, por propio derecho, contra actos del Juez Sexto de lo Civil del distrito Judicial de Chalco con residencia en Ixtapaluca, Estado de México y otra autoridad. Fórmese expediente y regístrese tanto en el libro de gobierno de juicios de amparo, como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); con el número 354/2022-IV. Improcedencia. Ahora bien, es importante precisar que el artículo 113, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, constitucionales, establece que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda y si encontrara motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano sin suspender el acto reclamado. Por tanto, es dable transcribir el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Así, de la lectura integral de la demanda de amparo se desprende que existen motivos manifiestos e indudables de improcedencia por lo siguiente: Del escrito inicial de demanda, se advierte que la parte quejosa en el apartado de acto reclamado, señala: "El cumplimiento del auto de diez de marzo del año en curso, publicación del catorce del mismo mes y año, emitida por el Juez Sexto de lo Civil del Distrito Judicial de Chalco, con residencia en el Municipio de Ixtapaluca, Estado de México, juicio incidente de liquidación de la sociedad conyugal, anexado al juicio principal de divorcio incausado bajo el número de expediente 1556/2017." Con base en lo anterior y del análisis integral de la demanda de amparo, al cual está obligada esta juzgadora, se advierte que en el auto de diez de marzo pasado, se requirió al promovente cuestiones relacionadas con las pruebas ofrecidas en el juicio de origen, del cual al no tener conocimiento en tiempo, perdió su derecho a cumplir con lo requerido; por tanto, es evidente que se actualiza de forma manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, aplicado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, en atención a las siguientes consideraciones: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" De los numerales transcritos se desprende que el juicio de amparo indirecto será procedente contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. El desarrollo lógico a partir de la aceptación, de que las violaciones dentro de juicio de tipo "adjetivo" o "intraprocesal", también pueden ser consideradas de imposible reparación, conduce a la congruente conclusión de que en tal supuesto, puede caber en su contra el amparo indirecto, aunque de manera excepcional. En efecto, debe hacerse notar que no todas las violaciones adjetivas dan lugar al amparo indirecto, porque si así fuera, se multiplicaría a tal grado el número de amparos dentro de los procedimientos judiciales o jurisdiccionales, que los juicios ordinarios se prolongarían en forma desmedida produciéndose un resultado indeseable que quiso evitarse, precisamente, con la restricción del amparo indirecto dentro de juicio y el establecimiento del amparo directo en contra de las sentencias definitivas (ampliada a las resoluciones que ponen fin al juicio). Las violaciones procesales o adjetivas son impugnables, ordinariamente, en amparo directo, cuando se reclama la sentencia definitiva, pero pueden ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En el segundo párrafo del artículo 14 constitucional se distinguen claramente los derechos sustantivos de los procesales, pues en primer término se hace una relación enunciativa y genérica de los primeros, como aquellos susceptibles de privación, consistentes en la libertad, la propiedad, la posesión u otros derechos semejantes, por ejemplo, los derechos de familia, los que nacen de las relaciones de trabajo, los de los consumidores, los de la personalidad, etcétera; y por otra parte, se establecen los derechos que tienen los gobernados antes de ser objeto de dicha privación, que son la existencia de un juicio, que el juicio sea seguido ante tribunales previamente establecidos, que en él se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, y que todo se lleve a cabo conforme a las leyes expedidas con anterioridad a los hechos que sirvan de base a la privación. En esta segunda parte se prevé el derecho al proceso y sus caracteres fundamentales, que constituye el conjunto esencial de los derechos procesales, y ahí se ubican las formalidades esenciales del procedimiento, conocidas como del debido proceso, en la doctrina y otras latitudes, e inmerso en ellas el derecho de aportar pruebas en los juicios en que alguien sea parte, los cuales constituyen derechos típicamente procesales. Por tanto, la diferencia entre derechos sustantivos y derechos procesales no radica en que unos estén previstos en la ley superior y otros en leyes ordinarias, sino en la calidad de los valores protegidos, de los primeros, y de los medios o instrumentos para la protección de éstos en un proceso jurisdiccional, que distingue a los segundos, independientemente de la jerarquía de las leyes en que estén consignados unos y otros. En ese contexto, los actos de ejecución reparable no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado; el prototipo de los primeros está en la infracción de los derechos sustantivos, en razón de que éstos constituyen especies de los que la Ley Fundamental preserva al gobernado como géneros. El supuesto de los segundos, se actualiza esencialmente respecto de los denominados derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable, por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica. Por tanto, los derechos sustantivos presentan: a) límites internos de su cobertura en razón, precisamente, de los bienes tutelados; y, b) restricciones necesarias que permitan la vigencia efectiva de otros derechos fundamentales, configurativos del orden público. Es aplicable a lo antepuesto, la tesis I.13o.A.3 K, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, contenida a página 1742, Tomo XIII, Marzo de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro siguiente: "DERECHOS SUSTANTIVOS Y ADJETIVOS, DIFERENCIA DE LOS, CUANDO SE TRATA DE ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN". Bajo ese contexto, se reitera, a consideración de esta juzgadora, se actualiza la causal de improcedencia que se analiza, porque la parte quejosa señala como acto reclamado el auto de diez de marzo de dos mil veintidós, dictado en el incidente de liquidación de la sociedad conyugal, relativo al juicio de divorcio incausado 1556/2017, del índice del Juzgado Sexto de lo Civil del Distrito Judicial de Chalco, con residencia en Ixtapaluca, Estado de México, en el que se da vista con el citado requerimiento relativo a las pruebas ofrecidas por las partes, por un término de dos días, para desahogar las prevenciones. De lo anterior se obtiene, que tal acto, de momento, no afecta ninguno de los derechos sustantivos de la parte quejosa consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales en que el Estado Mexicano sea parte, pues aún y cuando refiere que al no conocer en tiempo dicho requerimiento, no tuvo oportunidad de desahogarlo, lo cierto es que en tratándose de las pruebas ofrecidas por las partes, la parte que alega violaciones en la forma o sentido de su desahogo, todavía se encuentra en posibilidad de obtener una resolución favorable, conforme a lo siguiente. En efecto, los actos impugnados descritos en líneas que anteceden, no afectan materialmente derechos sustantivos del inconforme, esto es, no hay una consecuencia inmediata a la afectación de alguno de los derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución Federal o algún tratado internacional del que el Estado Mexicano sea parte, como la vida, la integridad humana, la libertad, la propiedad, la posesión, etcétera, dado que se alega la conculcación de derechos adjetivos; de ahí que no se está en presencia de actos de ejecución irreparable, pues de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107, fracción V, de la ley en la materia vigente, el juicio de amparo sólo procede contra esa clase de actos, por lo que entendida esta disposición a contrario sensu, el amparo es improcedente, cuando no haya afectación material a derechos sustantivos, pues resulta ser un acto dictado en juicio cuyos efectos no son de imposible reparación. En ese sentido, dicho acto no tiene sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, en virtud de que su emisión sólo produce efectos intraprocesales, siendo el caso que al pronunciarse sentencia definitiva, ésta le sea favorable a sus intereses, con lo que desaparecerían los posibles perjuicios que le ocasionara los actos que combate; en caso contrario, será hasta el fallo respectivo, cuando se patentice la afectación de sus derechos y estará en posibilidad de promover el juicio de amparo directo, inherente; de ahí que no se está en presencia de actos de ejecución irreparable, pues de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional sólo procede contra esa clase de actos, por lo que entendida esta disposición a contrario sensu, el amparo es improcedente cuando no exista el elemento perjuicio y de existir éste, no tenga el carácter de irreparable, como acontece en el caso concreto. Ante esta perspectiva, es evidente que los actos aquí en estudio cuya constitucionalidad se reprocha, no tienen efectos de imposible reparación, toda vez que sólo entraña una posible infracción a los derechos adjetivos de la parte quejosa que produce efectos de carácter formal, es decir, meramente procesales; por ende, la violación que en un momento dado llegara a cometerse con la actuación de la que se queja la parte inconforme, al constituir únicamente una posible infracción a las leyes del procedimiento, puede quedar subsanada con posterioridad, al momento de emitirse sentencia que decida la controversia de origen, la cual puede ser a su favor y, aun cuando ello no sea así, podrá reclamarla en el amparo directo que, en su caso y oportunidad, interponga en contra del referido fallo, en la medida en que trascienda a su resultado. Por tanto, de lo anteriormente señalado, se colige que los actos combatidos no causan a la parte solicitante del amparo perjuicios de imposible reparación, requisito indispensable para la procedencia del amparo bi-instancial contra actos dentro de juicio, pues para que una violación de derechos procesales se ubique en tal hipótesis es necesario que produzca una afectación en grado predominante o superior. Luego, sus efectos o consecuencias son simplemente procesales mientras no se dicte la sentencia que decida el fondo de la controversia, y si bien existe la posibilidad de que el fallo sea desfavorable a la parte solicitante del amparo; sin embargo, tal probabilidad no basta para conferir un interés jurídico al mismo para acudir de inmediato al juicio de amparo indirecto, pues también es posible que la violación de referencia no llegue a concretizarse, si el fallo resulta favorable a la parte agraviada, pese a existir un acto de procedimiento estimado ilegal, porque esa violación procesal cometida en el procedimiento no trascendería al fallo y no habría conculcación a sus derechos sustanciales o fundamentales. En tales condiciones, como en la especie no se aprecia que por las circunstancias del caso exista una conculcación inmediata de derechos humanos, sino que por el contrario, según quedó expresado con antelación, aquélla sólo podrá actualizarse al dictarse sentencia definitiva (de resultar desfavorable a la parte quejosa), es de concluirse que no estamos en presencia de un perjuicio irreparable. Asimismo, cabe señalar, que los artículos 170, 171 y 172 de la Ley de Amparo, establecen que los juicios seguidos ante los tribunales, se considerarán violadas las leyes del procedimiento, cuando se afecten las defensas del quejoso y dichas violaciones, sólo podrán reclamarse en la vía de amparo directo al promoverse la demanda en contra de la sentencia que decida dicho recurso. Ahora bien, respecto a dar vista al Ministerio Público para iniciar denuncia respecto de los delitos que refiere se configuran respecto a su contraparte y funcionarios públicos adscritos a la autoridad responsable; dígase que tiene expeditos sus derechos para hacerlos valer en la vía y forma procedente, ello al no ser ésta, vía ni la autoridad competente para ello. En consecuencia, por notoriamente improcedente, debe desecharse de plano la demanda de amparo respecto de los actos aquí reclamados de conformidad con los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, a contrario sensu, y 113 de la Ley de Amparo. No es inadvertido, que la causal de improcedencia en que se funda el presente desechamiento, podría ser estudiada en la sentencia que resolviera el presente juicio; sin embargo, se estima que tratándose de casos como el presente, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expedites en la administración de justicia que se admitiera a trámite la demanda para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la misma conclusión ahora formulada.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México · 9,026 expedientes
- María del Carmen Martínez Pérez501/2023
- María del Carmen Martínez Pérez626/2023
- María del Carmen Mora Ríos26/2019
- María del Carmen Muñoz Aguilar1053/2018
- María del Carmen Nolasco de la Rosa893/2019
- María del Carmen Ortíz Mejía101/2023
- Maria del Carmen Ortiz Sánchez695/2020
- María del Carmen Páez López701/2023
- María del Carmen Quintero Mendoza303/2020
- María del Carmen Rodríguez Contreras765/2023
- María del Carmen Salvador Reyes1541/2021
- María del Carmen Salvador Reyes1494/2023