María del Carmen Noriega Agüero
Expediente 792/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 5 actuaciones registradas, la última del 9 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 792/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 09/10/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- María del Carmen Noriega Agüero
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Incidental
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de octubre de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los presentes autos, advirtiéndose de los mismos, que ya se dictó interlocutoria en este incidente, asimismo que con esta fecha se ordenó el archivo del juicio de amparo al que pertenece; en tal virtud, se ordena el archivo del presente cuaderno incidental como asunto concluido. En atención a lo anterior, y al advertirse que se concedió medida cautelar a la parte quejosa, con fundamento en lo establecido en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese el presente asunto como concluido, este juzgador estima que carece de relevancia documental en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, último párrafo del acuerdo citado, por lo que: Procédase a la destrucción del duplicado del presente incidente de suspensión, una vez que cuente con más de seis meses de haberse dictado la resolución interlocutoria. Respecto al original, en su oportunidad, consérvese en el archivo de valor jurídico la demanda de amparo, así como la resolución relativa al otorgamiento de la medida cautelar, y procédase a su digitalización. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. De conformidad con lo establecido en el punto décimo del acuerdo aludido, consérvese el original de este expediente durante tres años en el archivo judicial reciente, cumplido este plazo, transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez transcurridos más de cinco años, contados a partir del presente acuerdo, proceda a su depuración y conservación en el archivo jurídico. Finalmente, se hace constar que en el presente expediente no existen documentos originales exhibidos por las partes. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de octubre de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte ha transcurrido el término a que se refiere la Ley de Amparo en su artículo 86, sin que la parte quejosa (única afectada), haya recurrido el proveído de diecinueve de septiembre dedos mil diecinueve, mediante el cual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la ley antes invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO, para los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento a los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este juzgador determina que el presente expediente carece de relevancia documental y es susceptible de destrucción, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, último párrafo del acuerdo citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. De conformidad con lo establecido en el punto décimo del acuerdo aludido, consérvese este expediente durante tres años en el archivo judicial reciente, cumplido este plazo, transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez transcurridos más de cinco años, contados a partir de la legal notificación de este acuerdo, proceda a su destrucción. Se hace constar que en el presente expediente no existen documentos originales exhibidos por las partes. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
- Incidental
R E S U E L V E : ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva solicitada por María del Carmen Noriega Agüero, en términos de la presente interlocutoria. NOTIFÍQUESE.
- Incidental
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de septiembre de dos mil diecinueve. Como está ordenado en el cuaderno principal, por auto de esta fecha, con dos copias de la demanda de amparo, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 125, 128, 130, 138, 140 y demás relativos de la Ley de Amparo, fórmese por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión del juicio de amparo, con inventario número 792/2019, promovido por María del Carmen Noriega Agüero, contra actos del Juez de Control en turno del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, y otras autoridades. Pídase a las autoridades responsables su informe previo, que deberán rendir dentro del término de cuarenta y ocho horas, como lo establece el artículo 138, fracción III, antes invocado; bajo apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, se les impondrá multa equivalente a cincuenta unidades de Medida y Actualización (UMA), en términos del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones (artículos 26, 41 y 123) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo (publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el entendido que la cuantía de dicha Unidad será la que tenga a la fecha del presente auto); acorde con lo previsto por el artículo 237, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con el 259 del citado ordenamiento. Se señalan las NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL DÍA DIECINUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, para que tenga verificativo la audiencia incidental. Ahora bien, respecto a la suspensión provisional solicitada del acto reclamado consistente en la orden de aprehensión librada en contra de María del Carmen Noriega Agüero, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 128, 129, 166 y 168 de la Ley de Amparo, dado que en el caso existe petición de la parte quejosa, formulada en su demanda, y no se advierte que el otorgamiento de la suspensión provisional solicitada cause perjuicio al interés social o contravenga disposiciones de orden público, se estima procedente otorgar la medida cautelar solicitada, para los efectos siguientes: Para que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan y no se prive al quejoso(a) de su libertad personal ambulatoria con motivo de la orden de aprehensión que aducen se emitió en su contra, hasta en tanto se notifique lo que se resuelva sobre la suspensión definitiva, siempre y cuando el o los delitos por los que, en su caso, se haya librado la orden de aprehensión reclamada, no estén considerados entre los que merecen prisión preventiva oficiosa en términos del artículo 19 Constitucional. Ahora, como el artículo 162 de la Ley de Amparo, dispone que el órgano jurisdiccional de amparo tomara las medidas que aseguren que el quejoso no evada la acción de la justicia, se imponen como medidas de eficacia las siguientes obligaciones: a).- Dentro del plazo de cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación de este proveído, la parte quejosa deberá exhibir, ante este órgano jurisdiccional, garantía por la cantidad de mil pesos moneda nacional ($1,000.00), en cualquiera de las formas establecidas por la ley; cantidad que se fija de manera discrecional, al ponderar que la parte recurrente no señaló el delito que se le atribuye, además, hasta ahora, no existen datos de los que puede establecerse si se trata de un delito del fuero federal o local, ni se advierte si causó un perjuicio susceptible de cuantificarse como de reparación del daño, así también, no se aprecian datos objetivos que revelen la situación económica de la parte quejosa, como son su ocupación, el salario que percibe, edad y si tiene o no dependientes económicos. Por lo que, con base en esos parámetros, se considera que es suficiente para evitar que pretenda utilizar la medida cautelar para sustraerse de la acción de la justicia y así evadir el proceso que podría seguirse en su contra; por lo que dicha garantía económica la debe exhibir para que continúe surtiendo efectos la suspensión provisional. b). En caso de que alguna de las autoridades responsables señaladas como ordenadoras acepte la existencia del acto reclamado, se impone a la parte quejosa la obligación de asistir ante la misma, dentro de los tres días siguientes a aquel en que surta efectos la notificación que se le haga del acuerdo en el cual se tenga por rendido el informe en ese sentido, a fin de responder de los cargos que se le atribuya, debiéndolo acreditar ante este juzgado de Distrito, dentro de las veinticuatro horas siguientes; asimismo, deberá acudir las veces que sea requerida por la misma autoridad para la práctica de cualquier diligencia relacionada con el expediente correspondiente. Se apercibe a la parte quejosa que en caso de incumplir con cualquiera de los requisitos señalados, la suspensión concedida dejará de surtir efectos y las autoridades responsables estarán en completa aptitud de ejecutar al acto reclamado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 167 de la Ley de Amparo, además se hará efectiva la garantía que, en su caso se llegue a exhibir. En tanto que si los delitos por los que se instruye el proceso a la parte quejosa, amerita prisión preventiva oficiosa, conforme al numeral 19 de la Constitución Federal, la suspensión provisional sólo se otorga para el único efecto de que una vez detenido el aquí quejoso, quede a disposición de este Juzgado de Distrito, por lo que respecta a su libertad personal, en el lugar donde sea internado, así como a disposición del Juez de su causa por lo que atañe a la continuación del procedimiento penal. Esta medida cautelar, en cuanto a su duración, producirá efectos hasta que se notifique a las responsables la resolución interlocutoria que se dicte sobre la suspensión definitiva que se emita en la audiencia incidental. Se tiene a la parte quejosa, señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica, así como por autorizadas para esos mismos efectos a las personas que señala en su escrito de demanda, sin gozar de las demás facultades que otorga el numeral 12 de la Ley de Amparo, hasta en tanto acrediten ante este órgano jurisdiccional encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de abogado, o proporcionen los datos correspondientes. Toda vez que no existe impedimento legal para que las partes, por sí o por conducto de sus autorizados o delegados, puedan hacer uso del escáner, cámaras fotográficas, o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el titular de este juzgado, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría del juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009, suscrita por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Sin embargo, se les hace saber que las normas actuales en materia de información pública, obligan a salvaguardar los datos personales y la información reservada que exista en los juicios de amparo. De modo que si las actuaciones a fotografiar contuvieran datos personales o información reservada y fuera imposible la protección de estos durante el uso de cámaras fotográficas o teléfonos celulares, tendrán que sujetarse al proceso de fotocopiado; es decir, serán fotocopiadas las actuaciones a costa de aquellas y las copias que se obtengan serán marcadas con líneas negras para salvaguardar la información que deba protegerse. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. En apoyo de lo anterior se invoca la jurisprudencia 1a./J. 33/2016 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo I, Materia(s): Común, página 470 de rubro y texto: "COPIAS CERTIFICADAS DE CONSTANCIAS EN QUE APAREZCAN LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y/O LA ORDEN DE APREHENSIÓN DEL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO PUEDE AUTORIZARLAS CUANDO SE INTEGRAN AL JUICIO DE AMPARO POR VIRTUD DEL INFORME JUSTIFICADO, SIEMPRE QUE LA INFORMACIÓN RESERVADA O CONFIDENCIAL QUE PUDIEREN CONTENER NO PERTENEZCA A UNA PERSONA DISTINTA. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 264/2011,(1) estableció que conforme a la ratio legis del artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, las partes en el juicio de amparo tienen el derecho subjetivo general de solicitar, a su costa, copia certificada de las constancias que fueron integradas al expediente por la autoridad responsable a través de su informe justificado, sin que se prevea restricción alguna. Luego, acotando que la obligación de mantener la reserva y sigilo de constancias establecida en el numeral 16 del Código Federal de Procedimientos Penales, está dirigida al Ministerio Público y no al Juez de Distrito, se deduce que válidamente puede autorizarse al quejoso la expedición de copias certificadas de las constancias en que aparezca la averiguación previa o la orden de aprehensión girada en su contra, cuando por virtud del informe justificado esas constancias se integren al juicio de amparo, porque no hacerlo podría generar una limitación al derecho de igualdad procesal del quejoso relacionado con el ejercicio del derecho de acceso a la justicia. Lo anterior, sin perjuicio de que conforme al artículo 113 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la información contenida en las investigaciones de delitos ante el Ministerio Público, se considera reservada, ya que tal disposición no se ve afectada cuando se trata de información concerniente a la propia persona del quejoso y el acceso a esa información redunda directamente en el ejercicio de su derecho fundamental de defensa; de ahí que la información "reservada o confidencial" contenida en la averiguación previa y/o en la orden de aprehensión aportada mediante el informe justificado, debe entenderse con esa connotación siempre que se trate de personas diversas del quejoso, o se trate de información que no esté relacionada directamente con éste, pues en este supuesto sí debe operar la protección de datos prevista en diverso numeral 114 de la mencionada ley." Fórmese el expediente electrónico respectivo y hágase del conocimiento de las partes que no formarán parte de éste las constancias siguientes: copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier material sin leyenda relevante alguna y de los que se aprecie que únicamente fueron presentados con la finalidad de proteger los documentos, así como las copias que corresponde a actuaciones del propio juzgado que evidentemente ya forman parte de los autos; asimismo, no formarán parte las promociones o constancias respecto de las cuales a juicio de este órgano, deba guardarse sigilo en relación a una o varias partes o resulten confidenciales o reservadas en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las cuales se conservaran en este juzgado sin digitalizarse, finalmente con fundamento en el artículo 91 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 que emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince, a prudente arbitrio de este juzgador, no serán digitalizados los documentos públicos o privados ni copias simples o certificadas que como anexos incluyan las partes en sus oficios o promociones, las cuales quedarán a disposición de éstos en un tomo por separado. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que en su caso, el Actuario judicial adscrito realice las notificaciones personales que se ordenen en el presente incidente de suspensión y entregue los oficios que del mismo deriven. Dése al Agente del Ministerio Público Federal adscrito, la intervención que legalmente le corresponde. Como lo solicita la quejosa, expídasele copia certificada de esta determinación, teniéndose por autorizada para recibirla a la persona que refiere, previa identificación y razón que de su recibo se deje en autos. Por otra parte, no ha lugar a acordar de conformidad la petición que formula la quejosa, en el sentido que para el caso que la denominación de alguna de las autoridades que señaló como responsables sea incorrecta, se habilite al Actuario adscrito haga la aclaración correspondiente, toda vez que la fracción III del artículo 108 de la Ley de Amparo, establece como obligación de la parte quejosa señalar con precisión quiénes son las autoridades responsables, además en caso que se presente dicho supuesto, a efecto de no vulnerar sus derechos y en respeto al derecho de audiencia, este órgano jurisdiccional le dará vista para que manifieste lo que a su interés legal convenga. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad jurídica substancial, la tesis XIII.P.A. J/8 (10a.), sustentada por el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, visible a página 2341, Libro 63, Febrero de 2019, Tomo II, décima época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE AUTORIDADES RESPONSABLES. PREVIO A DECRETARLA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE OTORGAR AL QUEJOSO SU DERECHO DE AUDIENCIA. NOTIFÍQUESE.
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