María del Carmen Nogueda Cruz
Expediente 806/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 3 actuaciones registradas, la última del 14 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 806/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 14/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- María del Carmen Nogueda Cruz
Actuaciones
- Principal
Acapulco de Juárez, Guerrero; catorce de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por la Presidenta de la Junta Especial número 43 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, en atención a su contenido, se le concede un prórroga de cinco días hábiles contados a partir de que le surta efectos la notificación del presente proveído para que remita las constancias que acrediten el cumplimiento del fallo protector; en el entendido que subsiste el apercibimiento de multa decretado en proveído de dos de agosto del año en curso de junio del año en curso. Notifíquese.
- Principal
RAZON DE NOTIFICACIÓN PERSONAL (VÍA ELECTRÓNICA) POR MEDIO DE SU USUARIO PROPORCIONADO, Y MEDIANTE LISTA QUE SE FIJA EN LOS ESTRADOS DE ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL Y EN EL PORTAL DE INTERNET DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN MISMO QUE DICE: Acapulco de Juárez, Guerrero; a treinta y uno de julio de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por María del Carmen Nogueda Cruz, por su propio derecho, contra actos del Pedro Correa Barba, Gerente de Mesa de Operación de Soluciones del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Regístrese en el libro de gobierno con el número 806/2023, y fórmese expediente. IMPROCEDENCIA En acato a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede dilucidar en torno a la procedencia de la demanda que nos ocupa, para lo cual se hacen las siguientes precisiones. Del análisis integral del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa reclama en esta instancia constitucional, la negativa de la devolución de pagos en exceso respecto del crédito 9100922167, materializada en el oficio SGGC/GMOS/402/2023 de veintitrés de junio de dos mil veintitrés. Precisado lo anterior, se tiene que en el caso, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 5, fracción II, aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas.(.)". Del numeral citado en primer término, se desprende que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley. Por su parte, el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, revela que tratándose de actos provenientes de entidades estaduales o incluso provenientes de quienes carecen formalmente de tal naturaleza, para ser considerados como procedentes de una autoridad para los efectos del juicio de amparo, no solamente debe verificarse si al dictar, ordenar, ejecutar o tratar de ejecutar el acto que cree, modifique o extinga situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omitir realizar el acto que de efectuarse produciría esto último, violen los derechos fundamentales constitucional y convencionalmente protegidos, sino también habrá de confirmarse si las funciones que despliega al realizar tales conductas están determinadas por una norma general. En relación con ello, de la interpretación sistemática de los artículos 73, fracción XVIII, y 1, fracción I, de la Ley de Amparo abrogada, se concluía que el juicio de amparo era improcedente cuando los actos reclamados no provenían de una autoridad; ya que dicha legislación, preveía que era autoridad responsable la que dictaba, promulgaba, publicaba, ordenaba, ejecutaba o trataba de ejecutar la ley o el acto reclamado. Luego, en diversas tesis y jurisprudencias el Máximo Tribunal de la Nación construyó con el devenir histórico la definición del concepto de autoridad para los efectos del amparo, abandonándose el primigenio concepto de fuerza pública para distinguir los actos de autoridad del de los particulares, para arribar a una nueva concepción definida acorde con la realidad imperante en el ámbito de las atribuciones y facultades que desarrollan las entidades del Estado. Así, durante la vigencia de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de mil novecientos treinta y seis, se fijó como criterio para distinguir a una autoridad para efectos del juicio de amparo, la posibilidad de que un organismo realice actos unilaterales con fundamento en una norma legal, mediante los cuales cree, modifique o extinga situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, y sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Luego de que la indicada legislación reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos quedó abrogada con motivo de la entrada en vigor de la nueva Ley de Amparo a partir del dos de abril de dos mil trece, en la última de las codificaciones en cita se retomó el criterio antes descrito para definir el concepto de autoridad para los efectos del juicio de garantías, ya que sobre el particular su artículo 5, fracción II, prevé que tiene tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Lo anterior quiere decir que a partir de la entrada en vigor de la llamada Nueva Ley de Amparo, para definir cuándo se está en presencia de una autoridad con esa naturaleza formal, para los efectos del juicio de amparo, debe considerarse si al dictar, ordenar, ejecutar, tratar de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita realizar el acto que de efectuarse produciría esto último, el ente u organismo del Estado, viole los derechos humanos y las garantías otorgadas para su protección por la Carta Magna o los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano, sea que produzca una afectación real y actual en la esfera jurídica del quejoso, de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Sin embargo, el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo vigente en su segundo párrafo dispone lo siguiente: "Para los efectos de esta ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." Al respecto cobra aplicación la jurisprudencia 2a./J. 164/2011 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 1089, tomo XXXIV, Septiembre de 2011, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Al efecto la jurisprudencia citada indica cuales son las características a tomar en consideración para otorgar el carácter de autoridad para la procedencia del juicio de amparo, en este sentido se puede determinar que en el presente asunto el Gerente de Mesa de Operación de Soluciones del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), en esta ciudad, carece de las mismas. Lo anterior, en razón de que no se cumple el primero de los elementos mencionados en la jurisprudencia que antecede, ya que la parte quejosa y la autoridad responsable se encuentran actuando en un plano de igualdad. En este sentido, es necesario explicar los tipos de relaciones jurídicas que pueden celebrarse, las cuales son de coordinación, de supra a subordinación y de supraordinación. Las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional, el juicio de amparo. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución y los Tratados Internacionales establecen una serie de derechos humanos como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. De igual manera, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares; regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II, de la Constitución General de la República. De esta manera, cabe decir, que es necesario proceder a examinar si la naturaleza del acto reclamado por la quejosa a la autoridad señalada como responsable, implica una relación de coordinación entre particulares, o bien, si se trata de un nexo jurídico de supra a subordinación, a saber, entre gobernado y gobernante, lo que entraña la participación de un órgano del Estado, pues, sólo de dicha manera se podrá determinar si a quien se señaló en la demanda de amparo como autoridad, realmente lo es o no, para efectos del juicio de amparo, ya que no basta que lo haya señalado como tal, debido a que no puede dejarse a voluntad de las partes el decidir si un ente resulta o no autoridad en un caso concreto. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.13°.A.29 K, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 1620, Tomo XXI, Febrero de 2005, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro siguiente: "ACTO DE AUTORIDAD. ES REQUISITO INDISPENSABLE PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO ESTABLECER SI LA ACCIÓN U OMISIÓN DEL ÓRGANO DEL ESTADO REVISTE ESA NATURALEZA." Ahora de la lectura integral de la demanda de amparo, así como de las documentales anexadas, se pone de manifiesto que los actos reclamados por la parte quejosa se hacen consistir en la negativa de la devolución de pagos en exceso respecto del crédito 9100922167 de dicha vivienda. En el presente caso, los actos que reclama la quejosa, se han dado como resultado de una relación contractual derivada del crédito hipotecario que le fue otorgado por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores; sin que pueda convenirse que se trata de actos autoritarios en los que aquél haya actuado con el imperio y potestad que le otorga la ley. Se afirma lo anterior, en virtud de que si bien el Instituto responsable, comparte una doble personalidad, como persona de derecho público en donde asume las funciones propias de la autoridad; la segunda, como persona moral oficial de derecho privado, en tanto, que es el encargado de administrar los recursos y operar un sistema de financiamiento que permita a los trabajadores obtener un crédito barato y suficiente para adquirir en propiedad habitaciones cómodas e higiénicas, a través de un crédito en un plano de clara coordinación y no de supra a subordinación, quedando entonces sus actos comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejerce o ejecuta; consecuentemente, congruente con esa doble personalidad, es de concluir que solo podrá ser legalmente considerado como acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, aquél que ejecute un órgano o funcionario del Estado actuando con el imperio que le otorga su investidura pública, es decir, cuando su actuación tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en el plano dentro del derecho administrativo, que se insiste, es conocido como supra a subordinación. Sirve de apoyo en lo conducente la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 93/2018 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 58, Septiembre de 2018, Tomo I, página 1021, con registro digital: 2017817, de rubro y texto: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES. PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO CONTRA LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD FORMULADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN. El juicio de amparo procede cuando se pone en evidencia que el funcionario o empleado público obligado a contestar una solicitud formulada en ejercicio del derecho de petición, en su calidad de autoridad, por estar facultado para emitir actos con apoyo en una norma jurídica, ha omitido responderla, pues esto supone una violación al derecho relativo reconocido en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Consecuentemente, si el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores es un ente público y está facultado para emitir actos por medio de los cuales resuelve sobre el destino de los recursos a su cargo y el cumplimiento de diversas obligaciones previstas en la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, cuando se le atribuya la omisión de responder una solicitud formulada en ejercicio del derecho de petición, procede el juicio de amparo indirecto para garantizar la protección efectiva del derecho indicado, con la finalidad de que el funcionario o empleado público del Instituto emita una respuesta, en el entendido de que respecto de ésta no procede la ampliación de la demanda de amparo indirecto, cuando el tema involucrado se refiera a las facultades ejercidas por el Instituto en su carácter de administrador de fondos, sino que una vez conocida la respuesta a su petición y de estimar que no se satisface su interés, el quejoso debe estarse a lo establecido en los artículos 52 y 53 de la ley mencionada. De cuya ejecutoria, en la parte que interesa se lee: "(.) Debe estimarse entonces que si el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, en términos amplios, está facultado para emitir actos en los cuales resuelve sobre el destino de los recursos a su cargo y sobre el cumplimiento de diversas obligaciones previstas en la ley de la materia; cuando se atribuye al citado instituto la omisión de responder una solicitud, aun cuando la solicitud se le presente en su carácter de organismo administrador, resulta procedente el juicio de amparo indirecto, debido a que en este caso es necesario garantizar la protección efectiva del derecho humano de petición, con la única finalidad de que el funcionario o empleado público del instituto emita una respuesta. Lo anterior, en el entendido de que respecto de la respuesta que en su caso formule el instituto, no procederá ampliación de la demanda de amparo indirecto, sino que el acreditado, una vez conocida la respuesta a su petición y de estimar que no se satisface su interés, debe estarse a lo dispuesto por los artículos 52 y 53 de la ley relativa,(32) cuando el tema involucrado se refiera a las facultades que ejerce el instituto en su carácter de administrador de fondos, esto es, una vez que sea patente que actúa dentro de una relación de coordinación y no de supra a subordinación. En efecto, observando lo sustentado en los precedentes transcritos, se debe expresar en primer término, que por regla general, el juicio de amparo es improcedente contra las determinaciones del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores cuando actúa como ente administrador del fondo para la vivienda, pues no resuelve por sí y ante sí sobre los recursos a su cargo, y sus resoluciones son impugnables ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje las que resolverán en definitiva sobre el destino de dichos recursos, de conformidad con la ley de la materia." Bajo ese contexto, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio; la cual es manifiesta porque se puede determinar con base en los elementos aportados con la demanda e indudable porque se tiene la certeza de que aun cuando se admitiera la demanda de amparo por cuanto a este punto y se desahogaran pruebas en la audiencia constitucional, no se formaría una convicción diversa a la que se sostiene en este auto; lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo que nos ocupa. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el ubicado en ********************, en esta ciudad; por autorizados en términos amplios del artículo 12, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, a ******************** y ********************, cuyas cédulas se encuentran registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que los acredita como profesionales del derecho. EXPEDIENTE Y MEDIOS ELECTRÓNICOS. Asimismo, como lo solicita se le autoriza la consulta del expediente electrónico en el presente asunto, por medio de la cuenta de usuario que proporciona, por lo que désele de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes correspondiente a este órgano federal; y hágasele las subsecuentes notificaciones personales por vía electrónica, a través del mencionado usuario, salvo aquellas que este juzgado realice por medio de lista que se fije en los estrados del mismo; sin que haya lugar a tener como domicilio para recibir notificaciones el que proporciona al existir manifestación expresa de que se realicen las notificaciones personales por la vía electrónica. De igual forma, téngase como datos de contacto de su parte para comunicaciones no procesales el correo electrónico y los números telefónicos que proporciona. De igual manera, de conformidad con la circular 12/2009, del Consejo de la Judicatura Federal, de fecha dieciocho de marzo de dos mil nueve, se autoriza a las profesionistas que menciona en su escrito de demanda, para imponerse de los acuerdos dictados en el presente expediente, mediante el uso de aparatos electrónicos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Por otra parte, con fundamento en el artículo 21, último párrafo de la Ley de la Materia, se comisiona al actuario judicial para que las notificaciones de carácter personal, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles. Notifíquese personalmente. LO QUE NOTIFICO POR ESTE MEDIO, EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DE TREINTA Y UNO DE JULIO DEL AÑO EN CURSO, PARA LOS EFECTOS LEGALES CONDUCENTES...
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