Maria del Carmen Muñoz Cerda
Expediente 806/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán. 1 actuación registrada, la última del 15 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 806/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 15/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Maria del Carmen Muñoz Cerda
Actuaciones
- Principal
Uruapan, Michoacán, quince de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo presentada vía electrónica por ********************, quien se ostenta asesor jurídico de ********************, mediante la cual solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos que atribuye a********************, Agente del Ministerio Público de la Fiscalía Regional Uruapan de la Fiscalía General del Estado de Michoacán; fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno con el número 806/2023. En la inteligencia que el acto reclamado se hace consistir en: "1. La omisión de respetar el derecho de petición respecto del escrito presentado el 27 de octubre de 2023 2. La negativa de proporcionar a la asesoría jurídica de las víctimas acceso a la carpeta de investigación con NUC ******************** mediante copias" DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. De la lectura de la demanda de amparo se advierte que en el caso se actualiza de manera notoria y manifiesta, la causa de improcedencia relativa a que no se agotó el principio de definitividad que se deduce del artículo 61, fracción XX, por lo que procede desechar la demanda con base en el diverso numeral 113, todos de la Ley de Amparo. El texto del precepto de la Ley de Amparo citado, consagra el principio de definitividad que impera en el juicio de amparo y este principio establece la improcedencia del juicio cuando contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto. El principio de definitividad que rige al juicio de amparo, encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse el amparo de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente que, en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución Federal. Los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses se abre el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. Si pasando por alto estas consideraciones derivadas del principio de definitividad, las partes afectadas por actos de autoridad no tuvieran la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el juez de amparo suplantaría las facultades de la administración pública. En el particular, la quejosa reclama omisiones atribuidas al fiscal responsable, caso en el cual, los artículos 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Federal; 109, fracción XXI y 258, del Código Nacional de Procedimientos Penales, que instituyen los derechos de la víctima u ofendido en el proceso penal acusatorio, prevén la existencia de un recurso innominado necesario para agotar el principio de definitividad, establecido para impugnar ante una autoridad judicial, las omisiones en que incurra el Ministerio Público en el desempeño de su labor investigadora de delitos, que se presentará ante el Juez de Control que corresponda, dentro de los diez días siguientes a su conocimiento. Lo anterior resulta de esa manera, en virtud de que por medio de dicho recurso innominado, puede impugnarse cualquier tipo de omisión en que incurra la representación social, con la finalidad de que sea el Juez de control quien vigile que se respeten los derechos constitucionales de los sujetos procesales durante la fase de investigación, garantizándoles una respuesta pronta e inmediata bajo las reglas del control judicial, respecto a cualquier omisión del Ministerio Público que ponga en peligro o lesione los derechos fundamentales de la víctima u ofendido. De ahí que, para establecer qué autoridad es competente para conocer del recurso que establece el citado artículo 258 del Código Nacional, es importante precisar que el Sistema de Justicia Penal Acusatorio tiene diversas finalidades, entre las cuales se destaca, la que en este caso resulta trascendente, y que implica la fase preliminar, en que el Agente del Ministerio Público realiza la investigación, misma que es supervisada por el Juez de Control, figura creada en la reforma constitucional de junio de dos mil ocho, para que, entre otras funciones, resuelva las impugnaciones de las resoluciones de reserva, no ejercicio de la acción penal, el desistimiento y la suspensión de la acción penal, para controlar su legalidad y en todos los casos señalados resguardar los derechos de los imputados y las víctimas u ofendidos. En tal virtud, previo a la promoción del presente juicio de amparo, la quejosa debió interponer el medio de defensa ordinario innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para impugnar los actos reclamados en este juicio, a fin de no vulnerar el principio de definitividad. Esto, el artículo citado indica que las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En el caso, la quejosa se muestra inconforme con la omisión del Agente del Ministerio Público de la Fiscalía Regional Uruapan de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, de dar respuesta al escrito presentado el veintisiete de octubre de dos mil veintitrés. Consecuentemente, al no haber agotado el principio de definitividad, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, al proceder contra el acto reclamado un recurso, por virtud del cual, éste puede ser modificado, revocado o nulificado, por tanto, es hasta el momento en que se resuelva dicho recurso y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. Sirven de apoyo a lo anterior las jurisprudencias de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos." "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO. De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 16, párrafo décimo cuarto y 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que la víctima u ofendido puede impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado que prevé el artículo 258 citado, cuya finalidad es que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria, pues al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que cese ese estado de cosas, reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Por lo tanto, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, se debe agotar ese medio de defensa ordinario, en observancia al principio de definitividad." JUICIO EN LÍNEA. Se autoriza a la parte quejosa el acceso al expediente electrónico con el nombre del usuario "******************** " donde se harán las notificaciones respectivas conforme a la legislación aplicable, de conformidad con los artículos 3, 24, 26, fracción IV, 30 y 31 de la Ley de Amparo; por tanto, se ordena al oficial del SISE otorgar los permisos correspondientes en el sistema; lo anterior, por así haberlo solicitado expresamente. Consecuentemente, se instruye al Actuario Judicial adscrito encargado del presente asunto, que las notificaciones que le resulten de manera personal, las realice por el citado medio electrónico y para que valide y/o actualice el tipo de notificaciones del expediente electrónico en que se actúa; para los efectos legales a que haya lugar. De igual forma, se tiene a la promovente señalado el número telefónico ********************, y correo electrónico ********************@comunidad.unam.mx, para entablar comunicación con la misma. FORMA DE NOTIFICAR Y HABILITACIÓN HORAS Y DÍAS INHÁBILES. Se ordena que únicamente la presente determinación, así como las subsecuentes que tengan trascendencia procesal, se notifiquen a las autoridades responsables por medio de oficio, debiendo notificarse preferentemente por medios electrónicos, para lo cual se solicita a las autoridades, de así desearlo, proporcionen algún correo electrónico oficial o se den de alta con Firel y acepten la notificación en línea en el portal del Poder Judicial de la Federación; lo que se hace de su conocimiento para los efectos legales a que haya lugar; en la inteligencia de que los demás acuerdos se les notificarán por medio de lista. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho fundamental establecido en el artículo 17 Constitucional, con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, con excepción de aquellos que llegaren a declararse inhábiles laborales, para que los Actuarios de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. Asimismo, se autoriza al Actuario de la adscripción, a efecto de que con apoyo en el artículo 29 de la Ley de Amparo, en su caso, practique notificaciones a las partes por medio de lista, cuando para la realización de una de ellas, de carácter personal, se constituya en cualquiera de los domicilios de éstas y no encuentre a persona alguna o nadie acuda a su llamado, previamente la razón que al respecto se levante y haber observado lo dispuesto en el artículo 27 de la invocada ley. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Con apoyo en el artículo 3° de la Ley de Amparo, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples y certificadas de las constancias que obren en el expediente, salvo aquéllas respecto de las que deba guardarse sigilo, previa identificación y recibo que obre en autos. Autorización de medios electrónicos Conforme a lo solicitado por la ocursante, se autoriza a la parte quejosa el uso de medios electrónicos para la reproducción de todas y cada una de las constancias que integren el presente expediente, con excepción de la documentación o información que tenga el carácter de confidencial o reservada; en el entendido de que las constancias obtenidas por medio de cámaras fotográficas u otros medios electrónicos no podrán ser modificadas o alteradas de las originales que obran glosadas en el presente juicio de garantías, quedando bajo su más estricta responsabilidad en caso de que así sea, además de que no pueden exhibirse a personas ajenas al juicio, cuando ello implique imponerlas de los datos personales de las partes en el juicio de amparo, quedando igualmente, bajo su más estricta responsabilidad, el mal uso que, respecto de los mismos se pueda dar. En la inteligencia de que ello lo podrán solicitar de manera verbal a la Secretaria adscrita a este Juzgado, previa toma de razón que por la captura de las imágenes correspondientes obren en autos y sólo por conducto de las personas autorizadas en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, por parte del quejoso. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad jurídica sustancial la tesis aislada sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en página 2847, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. DATOS PERSONALES. De conformidad con lo señalado en los artículos 68, 110 y 113, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, resérvese la publicación de la información de carácter clasificada y confidencial. Informa integración de expediente electrónico Finalmente, se informa a las partes que en atención a los lineamientos establecidos en el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, a fin de adoptar como eje rector la actividad jurisdiccional desde las aplicaciones del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, a partir de esta fecha, todas las actuaciones del presente asunto constarán únicamente en el expediente electrónico sin que deban imprimirse ni agregarse al expediente impreso, con excepción de las presentadas de forma física, así como las notificaciones practicadas de esa forma; en el entendido que es el expediente electrónico el que tiene validez para todos los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones en el libro de control correspondiente (electrónico) y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
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