María del Carmen Muñiz García
Expediente 516/2020 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 7 actuaciones registradas, la última del 7 de agosto de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 516/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 07/08/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- María del Carmen Muñiz García
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Ciudad de México, siete de agosto de dos mil veinte. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, determinó levantar la suspensión de plazos y términos procesales señalados en los diversos Acuerdos Generales 4/2020 y 6/2020 del propio Pleno; asimismo, levantar la suspensión de los plazos y términos decretada del dieciocho de marzo al treinta y uno de julio de dos mil veinte, y reanudar el trámite y resolución de aquellos expedientes que se hayan tramitado con anterioridad al inicio de la contingencia derivada del referido fenómeno. Atento a lo anterior, se reanuda el presente juicio y se ordena agregar a los autos los oficio firmados por el Director General de Servicios Legales, en representación de la Jefa de Gobierno, ambos de la Ciudad de México, por medio de los cuales informa que en atención a los requerimientos formulados el veinticinco de febrero y seis de marzo, ambos de dos mil veinte, remitió los oficios de veintisiete de febrero y doce de marzo, ambos del año que transcurre, ordenando el cumplimiento de la ejecutoria dictada en autos al Director General de Servicios Legales y Presidente de la Mesa de Asuntos de Cumplimiento de Capital Humano, con el objeto de que la acate sin mayor dilación, de lo cual este órgano jurisdiccional toma conocimiento.. Por otra parte, intégrese al expediente el oficio firmado por la Directora de Amparos, adscrita a la Dirección General Jurídica y Consultiva y de Implementación del Sistema de Justicia Penal, en suplencia de la Coordinadora General de Administración y de la Directora General Jurídica y Consultiva y de Implementación del Sistema de Justicia Penal, todas de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en el que informa que en atención al requerimiento formulado el seis de marzo de la presente anualidad mediante promoción de catorce de julio del año en curso exhibió la planilla de liquidación a favor de la quejosa. Atento a lo anterior, intégrese a los autos el oficio de cuenta sin mayor proveído toda vez que en la fecha que refiere la oficiante no se recibió ninguna promoción dirigida a este expediente. En otro orden de ideas, agréguese a los autos el oficio firmado por la Directora de Operación y Control de Pago de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, por medio del cual exhibe la planilla de liquidación actualizada al año dos mil veinte a favor de la quejosa, por el monto de ***. REQUERIMIENTOS En consecuencia, con fundamento en los artículos 192, 193 y 258 de la Ley de Amparo, REQUIÉRASE a la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, para que en el término de VEINTE DÍAS, remita las constancias con las que demuestre haber otorgado la suficiencia presupuestal a favor de la quejosa por la cantidad *** y haberla remitido a la Dirección General de Servicios Legales de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Gobierno de la Ciudad de México, para que continúe con el procedimiento de pago a la citada quejosa; o bien, para que dentro del mismo plazo, informe a este juzgado la razón objetiva y demostrable por la que no le es posible cumplir con ese requerimiento, acompañando en este caso las constancias que fehacientemente demuestren la verdad de su dicho. De la misma manera, requiérase dentro del mismo plazo, al Oficial Mayor de la Procuraduría General de Justicia del Gobierno de la Ciudad de México, en su carácter de superior jerárquico de la autoridad requerida, para que le ORDENE cumplir con el presente proveído; o bien, para que igualmente, y dentro del mismo plazo, informe y demuestre la razón objetiva que se lo impide. Cabe señalar a propósito de lo anterior, que la emisión de oficios y su comunicación a éste órgano jurisdiccional no basta para que se consideren colmadas sus obligaciones en la etapa de ejecución de sentencia a cargo de los superiores jerárquicos de las autoridades responsables y vinculadas al cumplimiento del fallo protector, sino que deben demostrar haber hecho uso de todos los medios a su alcance, incluso de las prevenciones y sanciones que conforme a las disposiciones aplicables pueda formular e imponer para constreñir a la autoridad a que cumpla. Las autoridades requeridas deberán exhibir copias certificadas de las constancias fehacientes que acrediten el cumplimiento del fallo protector y su notificación a los quejosos. APERCIBIMIENTOS SE APERCIBE a las autoridades en mención, que de no dar cumplimiento a los requerimientos que anteceden, mediante las actuaciones descritas o mediante el informe de imposibilidad de referencia, se les impondrá una multa equivalente a cien veces el valor diario de unidades de medida y actualización. Asimismo, se apercibe a todas las autoridades responsables, vinculadas y superiores jerárquicos, que en caso de que se les imponga una multa por desacato, en términos de los artículos 192 y 193 conforme a lo antes precisado, también se remitirá el expediente en el que se actúa al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente, en incidente de inejecución de sentencia, para que éste a su vez, en caso de considerarlo procedente, emita la resolución respectiva en relación con el incumplimiento de la ejecutoria de amparo y envíe los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con un proyecto de separación del cargo del titular de la autoridad responsable y, en su caso, de su superior jerárquico y de las autoridades vinculadas; además de la consignación ante el Juez de Distrito que corresponda por los delitos relacionados con el incumplimiento de una sentencia de amparo. Se hace del conocimiento que este acuerdo será firmado electrónicamente por la titular de este órgano jurisdiccional, así como por la secretaria que firma y da fe de esta determinación, cuyas evidencias criptográficas habrán de imprimirse y agregarse al expediente; lo anterior con el fin de contribuir con las medidas de prevención y sana distancia establecidas por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a través de los diversos Acuerdos Generales que ha emitido durante el periodo de suspensión de labores con motivo de la contingencia sanitaria y al regreso a las actividades jurisdiccionales observando una nueva modalidad en la que se privilegie el trabajo jurisdiccional en condiciones que no pongan en riesgo a las personas justiciables ni al propio personal. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Ciudad de México, a veintisiete de julio de dos mil veinte. Vista la certificación secretarial que antecede, así como el estado procesal del presente juicio de amparo, se advierte que en diverso acuerdo de diez de julio de dos mil veinte, esta juzgadora consideró carecer de competencia para conocer del presente asunto, en virtud de que se ubica en el supuesto establecido en la ejecutoria emitida para resolver la Contradicción de Tesis 127/2020 por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues la quejosa ***, reclamó del Director del Hospital Regional de Psiquiatría "Dr. Héctor H. Tovar Acosta" del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Jefe de Enfermeras del Hospital Regional de Psiquiatría "Dr. Héctor H. Tovar Acosta" del Instituto Mexicano del Seguro Social, la omisión de otorgarle permiso con goce de salario por ser persona vulnerable al estar en riesgo de contraer Sars-Co2 (Covid-19), debido a los padecimientos que aduce tener (diabetes melitus tipo II, insuficiencia venosa y obesidad grado 3). En consecuencia, al encontrarse el presente asunto dentro de la hipótesis precisada con antelación, se ordena remitir el presenvte juicio de amparo al Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México en virtud que se encuentra de guardia, órgano jurisdiccional al cual se le solicita atentamente informe si acepta la competencia declinada en su favor. Tomando en consideración que las constancias de los asuntos de que se trata, se encuentran integradas en el expediente electrónico correspondiente; además de las medidas de uso racional por escasez de papel en la Administración de este edificio sede, fórmese cuaderno de antecedentes con la papeleta, la demanda que dio lugar al presente asunto, auto admisorio y el presente acuerdo. Por otra parte, se informa al Juzgado que conozca del presente asunto que se reservó acordar lo conducente respecto de la promoción 7183 que obra en autos, para los efectos legales a que haya lugar. De igual forma, las constancias de notificación del presente proveído, serán remitidas en su oportunidad al juzgado de Distrito en comento. Realícense las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; en el que el egreso correspondiente deberá ser reportado. Sin que haya lugar a notificar personalmente el presente proveído a la parte promovente, en atención a la tesis de jurisprudencia, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, consultable en el Tomo III, marzo de 1996, página 55, que en lo que interesa señala: . es obligación del quejoso o de su representante, cerciorarse, en primer término a qué juzgado se remitió su demanda de amparo, en los lugares en donde existen oficinas de correspondencia común y, en segundo lugar, del acuerdo sobre la admisión de su demanda, a través de la correspondiente notificación por lista que para el efecto se fije en los estrados del juzgado. Así como el criterio emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación1 , que establece: NOTIFICACIONES PERSONALES. El artículo 30 de la Ley de Amparo, no establece ni impone obligación alguna para que el juzgador mande hacer personalmente determinadas notificaciones, sino que únicamente le concede facultad para ordenar que se hagan en la forma que las estime convenientes. Con motivo de la presente determinación, se ordena que las promociones que, en su caso, se dirijan a este juicio de amparo, en obvio de mayores dilaciones y previa certificación que se deje en el cuaderno de antecedentes, se remitan al órgano jurisdiccional que conozca del expediente en que se actúa, sin previo acuerdo. Finalmente, se hace necesario destacar que este acuerdo será firmado electrónicamente por la titular de este órgano jurisdiccional, así como por la Secretaria que firma y da fe de esta determinación, cuyas evidencias criptográficas habrán de imprimirse y agregarse al expediente; lo anterior tiene por finalidad contribuir con las medidas de prevención y sana distancia delineadas por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a través de los diversos Acuerdos Generales que ha emitido durante el periodo de suspensión de labores con motivo de la contingencia sanitaria. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Ciudad de México, a trece de julio de dos mil veinte. Agréguese el escrito signado criptográficamente por José Erasmo Díaz Limón, autorizado en términos restringidos de la parte quejosa, mediante el cual pretende realizar diversas manifestaciones en forma de alegatos. En ese sentido, toda vez que mediante auto de diez de julio de dos mil veinte, se determinó que esta Juzgadora carece de competencia legal por razón de materia para conocer del presente asunto, se reserva a acordar lo conducente, para que una vez que este juicio de amparo sea turnado al Juzgado de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México correspondiente, se provea lo conducente. NOTIFÍQUESE
- Principal
Ciudad de México, a diez de julio de dos mil veinte. Vista la certificación secretarial que antecede, así como el estado procesal del presente juicio de amparo, se desprende que la parte quejosa en su escrito inicial de demanda señala como acto reclamado LA OMISIÓN DE OTORGARME LA EXPEDICIÓN DE PERMISO CON GOCE DE SALARIO A QUE TENGO DERECHO POR SER PERSONA VULNERABLE DEBIDO A MI PADECIMIENTO QUE MÁS ADELANTE CITARÉ Y PORQUE DEBIDO A LO ANTERIOR ME ENCUENTRO DENTRO DE LOS SUPUESTOS QUE SE ESTABLECEN EN EL DECRETO PRESIDENCIAL EMITIDO COMO CONSECUENCIA DE LA EMERGENCIA SANITARIA, sin señalar específicamente cuál es "el decreto presidencial", a que se refiere; motivo por el cual se considera oportuno requerirla a fin de que lo especifique así como que externe su voluntad de señalarlo como acto reclamado en el presente juicio. No obstante lo anterior, tomando en consideración la ejecutoria emitida para resolver la Contradicción de Tesis 127/2020 por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es necesario destacar que en el presente asunto, la quejosa María del Carmen Muñiz García, por propio derecho, reclama del Director del Hospital Regional de Psiquiatría "Dr. Héctor H. Tovar Acosta" del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Jefe de Enfermeras del Hospital Regional de Psiquiatría "Dr. Héctor H. Tovar Acosta" del Instituto Mexicano del Seguro Social, el siguiente acto: LA OMISIÓN DE OTORGARME LA EXPEDICIÓN DE PERMISO CON GOCE DE SALARIO A QUE TENGO DERECHO POR SER PERSONA VULNERABLE DEBIDO A MI PADECIMIENTO QUE MÁS ADELANTE CITARÉ Y PORQUE DEBIDO A LO ANTERIOR ME ENCUENTRO DENTRO DE LOS SUPUESTOS QUE SE ESTABLECEN EN EL DECRETO PRESIDENCIAL EMITIDO COMO CONSECUENCIA DE LA EMERGENCIA SANITARIA. Lo anterior debido a que, como lo manifiesta en su escrito de demanda, padece diabetes mellitus tipo II; insuficiencia venosa y obesidad grado 3). Al respecto, la Segunda Sala del Alto Tribunal en la Contradicción de mérito de manera sustancial señaló, entre otras cuestiones, que si bien era cierto se emitieron diversos Acuerdos que establecen las medidas preventivas que deben implementarse para la mitigación y control de riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), los cuales derivaron de autoridades de carácter administrativo, en ejercicio de las facultades que tienen en materia de salud pública, también lo era, que aquéllas también tienen un impacto en el mundo del trabajo, derivado de lo cual se instruyó a los empleadores, en un primer momento, a evitar la asistencia a los lugares de trabajo a aquellas personas con mayor riesgo de enfermar gravemente a causa del COVID-19 y, posteriormente, ordenando la suspensión total de las actividades que no fueran esenciales para hacer frente a la emergencia sanitaria. Agregó la Superioridad que si bien las medidas implementadas para reducir los riesgos de contagio de la enfermedad por coronavirus COVID-19 derivan de una política de salud pública dirigida a enfrentar la situación de emergencia que se vive, lo cierto es que su aplicación se ubica, de manera importante, en el ámbito laboral al tener como consecuencia la adaptación de las condiciones de los trabajadores, a efecto de reducir su exposición a dicha enfermedad. En tal virtud, la Segunda Sala consideró que las medidas implementadas para mitigar y controlar los riesgos para la salud originados por el virus SARS-CoV2 tienen naturaleza laboral, cuando su aplicación esté dirigida a garantizar la seguridad y salud de los trabajadores en sus centros de trabajo. Lo anterior, derivó en la jurisprudencia que está pendiente de publicación de rubro siguiente: COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA NEGATIVA DE APLICAR A FAVOR DE UN TRABAJADOR LAS MEDIDAS IMPLEMENTADAS PARA MITIGAR Y CONTROLAR LOS RIESGOS PARA LA SALUD ORIGINADOS POR EL VIRUS SARS-CoV2 EN LOS CENTROS DE TRABAJO. CORRESPONDE A UN JUZGADO DE DISTRITO EN MATERIA DE TRABAJO. Por tanto, tomando en consideración que, en principio, el acto reclamado en este asunto es la omisión de otorgar a la quejosa permiso, licencia o autorización para ausentarse de su área laboral, con goce de sueldo, al ser parte de los grupos vulnerables, derivado de la falta de cumplimiento del Acuerdo presidencial que así lo establece, mismo que se encuentra dentro del supuesto resuelto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esta Juzgadora estima que carece de competencia legal por razón de materia para conocer del presente asunto, y en ese sentido, resulta innecesario señalar nueva fecha de audiencia, hasta en tanto sea viable la remisión del presente asunto al Juzgado de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México que corresponda y tener conocimiento de su eventual decisión. Finalmente, se hace necesario destacar que este acuerdo será firmado electrónicamente por la titular de este órgano jurisdiccional, así como por la Secretaria que firma y da fe de esta determinación, cuyas evidencias criptográficas habrán de imprimirse y agregarse al expediente; lo anterior tiene por finalidad contribuir con las medidas de prevención y sana distancia delineadas por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a través de los diversos Acuerdos Generales que ha emitido durante el periodo de suspensión de labores con motivo de la contingencia sanitaria.
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