María del Carmen Muciño Pérez
Expediente 478/2020 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 37 actuaciones registradas, la última del 31 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 478/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 37
- Última actuación
- 31/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- María del Carmen Muciño Pérez
- Rubén Valencia López
Actuaciones
Las 4 más recientes de 37.
- Principal
México, Ciudad de México, a treinta y uno de agosto de dos mil veintidós. Vistos los escritos presentados por la quejosa, mediante los cuales hace diversas manifestaciones con relación al cumplimiento de la ejecutoria dictada en este juicio, y dado que el cumplimiento de las sentencias es de orden público, con vista en las constancias del sumario, se procede a resolver si ha quedado satisfecho o no el fallo protector, en los siguientes términos: De los presentes autos se advierte que, substanciado este juicio de amparo, el veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, se dictó sentencia definitiva en la cual se concedió el amparo a la quejosa, María del Carmen Muciño Pérez, para el efecto de que la Segunda Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, realizara lo siguiente: ". 1. Deje insubsistente la resolución reclamada; y, 2. En su lugar, dicte otra en la que reitere todo aquello que no fue motivo de concesión y proceda a resolver el recurso de apelación interpuesto por la quejosa, tomando en cuenta lo expuesto en esta resolución en cuanto a la falta de congruencia entre los resolutivos de la resolución reclamada y su parte considerativa, así como lo considerado con relación a que no puede presumirse que la quejosa haya consentido la venta que en su caso hubiere hecho el tercero interesado respecto de los bienes que son parte de la sociedad conyugal, solo por el hecho de no haber solicitado su nulidad; y que la acción incidental intentada no sólo fue la de oposición al inventario presentado por el hoy tercero interesado, sino también la derivada del artículo 194 bis del Código Civil, por lo que se encontraba obligada a llevar a cabo el estudio de los agravios expuestos por la quejosa, tomando en cuenta la acción incidental efectivamente planteada por esta. 3. Se pronuncie sobre todos y cada uno de los agravios cuyo estudio fue omitido y con plenitud de jurisdicción, fundando y motivando su determinación, resuelva lo que en derecho corresponda. Asimismo, la concesión de la protección constitucional se hizo extensiva a los actos tribuidos al Juez Décimo Sexto de lo Familiar de la Ciudad de México, en los siguientes términos: "Así, al haberse concedido el amparo y protección de la Justicia Federal respecto de los actos reclamados a la autoridad responsable ordenadora, dicha concesión se hace extensiva en cuanto a los actos atribuidos a la ejecutora Juez Décimo Sexto de lo Familiar de la Ciudad de México, por no haberse combatido por vicios propios." Inconforme con lo anterior, la quejosa interpuso recurso de revisión, del cual correspondió conocer al Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, quien mediante resolución de dieciséis de junio de dos mil veintidós, dictada en el toca RC-78/2022-13, determinó modificar el fallo recurrido para que la Sala responsable, además de los efectos indicados por este juzgado en dicho fallo, analizara de forma congruente el agravio primero que hizo valer la quejosa, considerando que el artículo 2178 del Código Civil, aplicable en lo conducente a la sociedad conyugal, conforme al artículo 183 del propio ordenamiento, establece la obligación del socio administrador de rendir cuentas del haber social cuando el otro socio lo solicite, lo cual no estaba supeditado a que cesara o se disolviera la sociedad conyugal, ni a la fecha en que se realizara el inventario. En virtud de lo anterior, en auto de cuatro de julio de dos mil veintidós, se ordenó requerir a las autoridades responsables para que le dieran cumplimiento a la ejecutoria. Mediante oficio registrado con el número de orden 14672, la Segunda Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, informó haber dejado insubsistente la resolución reclamada, en cumplimiento a la citada ejecutoria. Asimismo, por oficio registrado con el número de orden 17661, la Sala responsable informó el cumplimiento que dio a la ejecutoria de amparo, remitiendo copia certificada de la resolución de quince de agosto del año en curso, de la que se desprende lo siguiente: ". CONSIDERANDO I. Este fallo se dicta en acatamiento a la ejecutoria de fecha veintiséis de octubre de dos mil veintiuno y dieciséis de junio de dos mil veintidós, engrosada hasta el treinta de ese mismo mes y año, pronunciadas por el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, y del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver los juicios de amparo indirecto número 478/2020.III y Recurso de Revisión R.C.- 78/2022-13 (.) III. Los conceptos de inconformidad hechos valer por la impugnante resulta parcialmente fundados y suficientes a fin de revocar la resolución combatida, en atención a los argumentos lógico jurídicos que a continuación se exponen: En principio es parcialmente fundado el primer agravio que hace valer la apelante, se dice que es parcialmente fundado, y que no asiste razón cuando señala que es ilegal la sentencia recurrida, y contraria a lo que dispone el artículo 81 del Código de Procedimientos Civiles, pues contrario a lo que sostiene el Juzgador, los saldos de las mismas, no son los que deben ser tomados en consideración, ya que como se desprende de autos, tanto del principal, como de los incidente de liquidación de sociedad conyugal, contestación, vista al mismo e incidente de oposición al inventario, se acreditó que el demandado incidental *****, abandonó el domicilio conyugal desde el diecisiete de febrero de dos mil trece (lo cual aceptó), incluso antes de que lo hiciera incumplió con contribuir los gastos de la casa, todo el dinero él lo administra, por tanto de las cuentas bancarias que refiere el Juzgador, no deben tomarse en cuenta los saldos, sino las cantidades depositadas en las mismas, ya que el demandado incidentista es quien manejaba todos los ingresos de la sociedad conyugal, consecuentemente al ser administrador de ella, como está debidamente probado en autos, debe también incluirse en el inventario las cantidades que aparecen como depósitos a partir de la separación más no del dictado de la sentencia de divorcio, esto es desde febrero de dos mil trece, de ahí que las cantidades a repartir son: (.) por lo que se debe condenar al demandado incidental, para que en el nuevo inventario incluya las cantidades mencionadas con antelación. Se afirma lo anterior, ya que habremos de decirle a la impetrante que la sociedad conyugal nace al celebrarse el matrimonio y que los bienes adquiridos durante este periodo conforman la sociedad conyugal, salvo que en las capitulaciones matrimoniales se hubiera pactado distinto. De ahí que, llegando el momento y cumplidos los requisitos procesales, la autoridad jurisdiccional decreta el divorcio y da por terminada la sociedad conyugal como consecuencia inherente, pero sin pronunciarse sobre los términos en que dicha sociedad debe liquidarse, pues eso debe de hacerse en la vía incidental. En ese orden de ideas,, en el caso concreto, el vínculo matrimonial así como la sociedad conyugal se disolvieron al momento de dictar resolución el treinta de mayo de dos mil trece, de conformidad al artículo 197 de Código Civil para la Ciudad de México, por lo que en tal virtud, al momento disolverse la sociedad conyugal, es cuando se hace el inventario de los bienes patrimoniales adquiridos durante el matrimonio que se van a liquidar, no así en el momento de la separación, de ahí lo infundado de su agravio. Por otro lado, no se advierte del escrito de ***** en su contestación del divorcio, que haya solicitado que cesaran los efectos de la sociedad conyugal respecto al señor Rubén Valencia López, desde el diecisiete de febrero de dos mil trece, es decir, el día que según manifiesta la impetrante en su escrito de apelación, fue el abandono. Aunado a lo anterior, tampoco pasa desapercibido a esta Sala que *****, fue quien solicitó la liquidación de la sociedad conyugal el cinco de diciembre de dos mil diecisiete, o sea, cuatro años después de divorciados, sin que se advierta que la hoy apelante hubiese demandado la cesación de la sociedad conyugal argumentando abandono por parte del señor y menos que haya quedado debidamente acreditado en constancias el supuesto abandono, pues no se ofrecieron pruebas para ello, de ahí lo infundado de su agravio (.) No obstante lo anterior, es fundado la parte conducente del primer agravio donde la parte apelante reclamó que el demandado incidentista, rindiera las cuentas de su administración, y que el hecho de que no haya solicitado la cesación de la sociedad cuando su cónyuge salió del domicilio conyugal no es obstáculo para solicitarla, lo cual fue omiso el juzgador a sentenciar. Se afirma lo anterior, ya que en efecto el artículo 183 del Código Civil, vigente cuando se celebró el matrimonio (nueve de noviembre de mil novecientos noventa y dos), establece (.) En la inteligencia de que de las copias certificadas de los documentos base de la acción se aprecia que en las capitulaciones matrimoniales (visible a fojas 492 del tomo I del Cuaderno de constancias) se estableció que administraría la sociedad el marido teniendo las facultades inherentes a su cargo, según el Código Civil. Entones, el tercero interesado tenía el carácter de socio administrador. Por otro lado, no se aprecia que en las capitulaciones matrimoniales se haya señalado expresamente que el socio administrador debiera rendir cuentas a su cónyuge; sin embargo, como se advierte del artículo 183 anteriormente transcrito, ante la falta de estipulación expresa, se debe estar a las disposiciones generales de la sociedad. Así las cosas, el artículo 2718 del capítulo referente la administración de la Sociedad de Código Civil, establece: (.) Luego, si en el caso, existe un cónyuge administrador, es inconcuso que cobra aplicación lo establecido en el precepto anteriormente transcrito, por lo que está obligado a rendir cuentas, pues el precepto señalado es aplicable por analogía a la sociedad conyugal, conforme al artículo del Código Sustantivo Civil, sin que sea necesario que la apelante haya solicitado la cesación de la sociedad, ni tampoco es relevante la fecha de elaboración del inventario, porque con independencia de ello, la cónyuge cuenta con el derecho a solicitar que se rindan cuentas por el socio administrador (.) Entonces, si en el agravio primero la recurrente argumentó que se acreditó que el señor Rubén Valencia López abandonó el domicilio conyugal el diecisiete de febrero de dos mil trece, lo dijo que éste aceptó; que antes incluso de que lo hiciera incumplió con los gastos de la casa; que debían tomarse en cuenta los depósitos de sus cuentas bancarias, pues él es quien manejaba los ingresos de la sociedad siendo el administrador, señalando los números de cuenta y los montos depositados, debiendo incluirse en el inventario, aunado a que se le reclamó que se rindiera cuentas de su administración, por lo que no solo debía inventariarse los saldos a la fecha de la disolución, sino los depósitos que indicaba a la fecha en que el marido dejó el domicilio conyugal. De ahí que, con total independencia de cuándo se disuelve la sociedad conyugal y cuándo se deba formular el inventario, el socio administrador está obligado a rendir cuentas de su administración de todos aquellos bienes que forman parte de la sociedad, siempre que lo pida la "mayoría" de los socios, lo que trasladado a la sociedad conyugal en que solo hay dos socios, implica que está obligado a rendir cuentas cuando lo solicite el otro cónyuge, pues en ese supuesto no habría mayoría de socios, ya que sólo son dos quienes conforman la sociedad conyugal; sin que ello esté condicionado a que la sociedad se disuelva, cese o se liquide, ni a la fecha en que se realice el inventario; pues si bien, al momento en que éste se formule pueden ya no existir ciertos bienes, ello no quiere decir que no hayan pertenecido a la sociedad conyugal si se adquirieron durante su vigencia ni que el socio administrador no deba rendir cuentas de ellos. Por ende, si la inconforme indicó que existían cuantas bancarias con diversos depósitos en la fecha en que el actor abandonó el hogar conyugal, se debe resolver su argumento, pues el actor incidentista sí está obligado a rendir cuentas de su gestión, concretamente el dinero que según señaló la impetrante existía en las cuentas bancarias de éste cuando abandonó el domicilio conyugal, cuestión que de ninguna manera está sujeta a que la sociedad cese o se liquide ni a la fecha en que se formule el inventario, y que basta la solicitud del socio para que el administrador deba rendir cuentas de los bienes que forman o que formaron parte de la sociedad conyugal; por lo que al resultar parcialmente fundado el primer agravio, lo procedente es modificar la resolución recurrida para el efecto de requerir en forma personal al señor ***** para que en el término de cinco días hábiles, una vez que sea debidamente notificado de la presente resolución, rinda cuentas de la administración de todos aquellos bienes que forman pare de la sociedad conyugal, concretamente el dinero que según señaló la contraria existía en las cuentas bancarias de éste cuando abandonó el domicilio conyugal, con apercibimiento que en caso de no hacerlo así, se le impondrá como primera medida de apremio, una multa por la cantidad de $5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.), por desacato a una orden de carácter judicial de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 fracción II y 73 fracción I, del Código de Procedimientos Civiles. Ahora bien, los agravios segundo, sexto y séptimo hechos valer por la recurrente se estudian de forma conjunta por la relación que en ellos se advierte (.) Al respecto habremos de decirle que no le asiste la razón a la inconforme, pues para el caso de la Afore Banamex, S.A. de C.V.; los derechos de la Cripta, y el bien inmueble de la vivienda que se encuentra en el Municipio de Acapulco, Guerrero, como la misma recurrente lo menciona, el A quo determinó que dichos bienes también forma parte de la sociedad conyugal y por ende, deben ser tomados en consideración al momento de formularse el inventario correspondiente; y si bien es cierto el señor Rubén López Valencia omitió incluirlos dentro del inventario, también lo es, no por ello se debe considerar la pérdida de los derechos a los bienes de la sociedad conyugal, toda vez que la inconforme no demostró que dicha conducta haya sido con dolo, culpa o negligencia, ni mucho menos los perjuicios que en su caso se le hubieren ocasionado, por lo que no se actualizó lo dispuesto por el artículo 194 Bis del Código Civil para la Ciudad de México, de ahí lo infundado de su agravio. Respecto de su motivo de inconformidad marcado con el número tres (.) Al respecto habremos de decirle a la impetrante que el mismo es fundado, ya que el presente incidente tiene como finalidad oponerse al inventario y avalúo que presentó el señor *****, lo cual se le concedió, en virtud de que como ella lo solicitó hacían falta incluir bienes de la sociedad conyugal y el demandado incidentista debe de hacerlo, de ahí que, ambas partes ya hicieron del conocimiento los bienes que conformaron la sociedad conyugal. No obstante lo anterior, en caso de que existiera algún otro bien o haya sido omitido por alguna de las partes, siguiendo la lógica de las sucesiones este puede ser incluido en el inventario suplementario con posterioridad, como lo señala el artículo 1791 del Código Civil, para la Ciudad de México, por lo que, se les dejan a salvo sus derechos para hacerlos valer en la vía y forma que en derecho corresponda, de ahí que por congruencia, habrá de modificarse la sentencia recurrida fin de establecer en un punto resolutivo que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1791 del Código Civil, para la Ciudad de México, se les dejan a salvo sus derechos de las partes para hacerlos valer en la vía y forma que en derecho corresponda, en caso de que existiera algún otro bien o haya sido omitido por alguna de las partes. El cuarto, quinto y décimo primer agravios que hace valer la recurrente se estudian de forma conjunta por la relación que en ellos se advierte (.) Agravios que son fundados, toda vez que efectivamente el demandado incidentista, al contestar la demanda incidental de oposición al inventario, con fecha uno de febrero de dos mil dieciocho, visible a fojas ciento dos a ciento diez, del cuaderno de constancias tomo I, manifestó que los autos adquiridos fueron vendidos dentro del periodo en el cual se encontraba unido en matrimonio con la hoy actora incidentista en común acuerdo, no obstante precisó que el pago percibido por dicha venta fue destinado a los gastos corrientes de él y la recurrente, tales manifestaciones no quedaron demostradas. Máxime que consta en auto que existen pruebas con las que se acredita la existencia de los automóviles adquiridos durante del matrimonio, como lo es la confesión del propio demandado incidentista, quien aceptó que se adquirieron éstos, así como el informe rendido por la Secretaría de Movilidad, de los que se dedujo que los cinco automóviles descritos estaban a nombre de Rubén Valencia López y el estatus que actualmente tenían, como lo es el cambio de propietario de algunos; que antes de la separación de las partes éste realizó la baja del automóvil de la marca..., y que esta última estaba dada de baja, pero no había cambio de propietario. En efecto, conforme a lo previsto en los artículos 172 y 206 Bis del Código Civil para esta ciudad, ninguno de los cónyuges podrá, sin el consentimiento del otro, vender, rentar y entregar, ni en todo, ni en parte los bienes comunes, salvo en los casos del cónyuge abandonado, cuando necesite de éstos por falta de suministro de alimentos para sí o para los hijos, previa autorización judicial. Por lo anterior, el hecho de que no obre en autos constancia alguna de que se advierte que la inconforme hubiere solicitado la nulidad de la venta de automóviles que adujo esta había llevado a cabo el apelado, no implica que dicha venta, en caso de haber existido, hubiere sido consentida por la citada impetrante y que, por ende, el demandado incidentista no tenga que rendir cuentas sobre lo que se obtuvo por tal venta, ni que aquella pierda su derecho a pedir que se le entregue el numerario correspondiente. Lo anterior, porque conforme a lo dispuesto por el artículo 194 Bis del mismo ordenamiento citado, la venta de bienes de la sociedad llevada a cabo por uno de los cónyuges, sin consentimiento del otro, obliga al primero a pagar al segundo la parte que le correspondía de dichos bienes, así como los daños y perjuicios que se le ocasionen. De modo que, de quedar demostrado que el señor ***** llevó a cabo la venta de bienes sin el consentimiento de la apelante, aquel estaría obligado a pagar a ésta la parte que le correspondía de dichos bienes, así como los daños y perjuicios que se le ocasionen, sin que pueda presumirse que la impetrante consintió tal venta solo por el hecho de no haber solicitado su nulidad, porque en todo caso, el consentimiento de esa venta solo podría entenderse en caso de haber prescrito el derecho de la recurrente para inconformarse contra ella, sin que de autos procesales se advierta tal circunstancia. Razones por las cuales, debe modificarse la sentencia recurrida para el efecto de requerir en forma personal al demandado incidentista ***** para que en el término de cinco días hábiles una vez que sea debidamente notificado de la presente resolución rinda cuentas sobre lo que se obtuvo por las ventas de los automóviles que hizo mención al contestar la demanda incidental de oposición al inventario, pues de autos no consta que dicha venta haya sido de común acuerdo con el apelante, o que el pago percibido por dicha venta fue destinado a los gastos corrientes de las partes, pues en caso de existir un ingreso por dichas ventas debe ingresarlo al inventario, ya que de lo contrario pagará los daños y perjuicios que se le hayan ocasionado a la parte contraria en caso de existir, en términos de los artículos 194 Bis, 172 y 206 Bis del Código Civil para esta ciudad. En el octavo agravio señala la apelante que, el Juzgador tomó en consideración para el nuevo inventario, un crédito que jamás fue pedido por ninguna de las partes, ya que el demando nunca hizo valer el mismo, pero independientemente de ello, tampoco el A quo está tomando en consideración que las partes se separaron desde el mes de febrero de dos ml trece, por tanto si el contario dispuso de las tarjetas de crédito que están a su nombre, él es el responsable de éstas, pues quien administraba los bienes de la sociedad era el demandado, por lo tanto debió de rendir las cuentas sobre dicho crédito, más no el Juez, de oficio, determinar el pago del mismo. Agravio que es fundado, en virtud de que a pesar de que del informe rendido por la Institución Bancaria BBVA Bancomer, s.a. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Bancomer y estados de cuenta que se acompañaron al mismo, se advierte que el señor ***** cuenta con una tarjeta de crédito BCMR ORO INTERN número (.) con fecha de alta uno de septiembre de mil novecientos noventa y siete y activa a la fecha del informe, esto es, veinticinco de abril de dos mil dieciocho y que han sido sustituidas en diversas ocasiones por diversos números de cuentas y del estado de cuenta relativo al número (.) se observa que el doce de mayo de dos mil trece dicha tarjeta tenía un saldo de (.) sin embargo, dicha tarjeta no debe ser considerada para liquidar la sociedad conyugal, ya que el apelado no lo reclamó en el incidente de liquidación de sociedad conyugal dicho crédito, por ello el juzgador no tenía por qué tomarlo en consideración, aun cuando se hubiere adquirido antes de decretado el divorcio y declarada la terminación de la sociedad conyugal, pues si no fue solicitado, al A quo no podía ir más allá de los pedido, de ahí que le asiste la razón a la apelante cuando argumenta que ese pasivo no debe ser tomado en consideración para liquidar la sociedad conyugal, razón por la que por congruencia debe modificarse la sentencia interlocutoria recurrida para suprimir del inventario tal crédito. Los agravios noveno y décimo que hace vale la inconforme se estudian en forma conjunta por la relación que en ellos se advierte (.) Motivos de inconformidad que son infundados, toda vez que el artículo 194 Bis del Código Civil establece que (.) Del precepto transcrito se desprende que la sanción al cónyuge que realice conductas nocivas, en perjuicio de la integración adecuada de la sociedad conyugal, será la pérdida relativa de los derechos sobre dichos bienes y, de forma adicional, responderá por los daños y perjuicios que con su proceder genere a su pareja; y no obstante de autos quedó demostrado que le señor ***** omitió incluir dentro del inventario algunos bienes, razón por la cual fue procedente parcialmente su demanda incidental de oposición al inventario, sin embargo, no por ello se debe considerar la pérdida de los derechos a los bienes de la sociedad conyugal, toda vez que la inconforme no demostró que dicha conducta haya sido con dolo, culpa o negligencia, ni mucho menos los perjuicios que en su caso se le hubieren ocasionado, por lo que no se actualizó lo dispuesto por el artículo 194 Bis del Código Civil para la Ciudad de México, de ahí lo infundado de estos agravios. En consecuencia, al resultar parcialmente fundados los agravios hechos valer por la recurrente, se deberá modificar la sentencia interlocutoria combatida, para quedar en los términos del segundo punto resolutivo (.) Por lo expuesto y fundado, es de resolverse y se: RESUELVE (.) SEGUNDO. Los agravios hechos valer por la inconforme resultan parcialmente fundados, en consecuencia: TERCERO. Se modifica la sentencia interlocutoria de once de noviembre de dos mil diecinueve, firmada por el C. Juez Interino del Juzgado Décimo Sexto de lo Familiar de la Ciudad de México, en el Incidente de Liquidación de Sociedad Conyugal derivado de la solicitud de Divorcio sin Causa, promovida por ***** a *****, expediente número 489/2013, para quedar de la siguiente forma: 'PRIMERO. Ha sido procedente la vía elegida por el actor incidental quien acreditó parcialmente los motivos de objeción planteados, y el demandado incidentista justificó parcialmente sus defensas, en consecuencia: SEGUNDO. SE APRUEBA EL INVENTARIO propuesto por el C. RUBÉN VALENCIA LÓPEZ en su escrito presentado el cinco de diciembre de dos mil diecisiete (visible de fojas 1 a 5 del Incidente de Liquidación de Sociedad Conyugal), quedando obligado a presentar uno nuevo atendiendo lo señalado en la presente sentencia. Sin que sea considerada la tarjeta de crédito número (.) otorgada al señor *****, por la Institución Bancaria BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Bancomer, con saldo al doce de mayo de dos mil trece de 15,371.95 (QUINCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 95/100 M.N.). TERCERO. Sin perjuicio de lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1791 del Código Civil, para la Ciudad de México, se deja a salvo el derecho de las partes para que lo hagan valer en la vía y forma que en derecho corresponda, en caso de que existiera algún otro bien que inventariar o haya sido omitido por alguna de éstas. CUARTO. Se declara improcedente la prestación marcada con el número II, por los motivos y razonamientos expuestos en el considerando tercero de esta resolución. QUINTO. Requiérase en forma personal al señor ***** para que en el término de cinco días hábiles una vez que sea debidamente notificado de la presente resolución, RINDA CUENTAS DE LA ADMINISTRACIÓN de todos aquellos bienes que forman parte de la sociedad conyugal, CONCRETAMENTE EL DINERO que según señaló la contraria existían en las cuentas bancarias de éste cuando abandonó el domicilio conyugal, asimismo, para que en el mismo término RINDA CUENTAS sobre lo que se obtuvo por las ventas de los automóviles que hizo mención al contestar la demanda incidental de oposición l inventario, pues en caso de existir un ingreso por dichas ventas debe ingresarlo al inventario, ya que de lo contrario pagará los daños y perjuicios que se le hayan ocasionado a la parte contraria en caso de existir, en términos de los artículos 194 Bis, 172 y 206 Bis del Código Civil para esta ciudad. Además, queda apercibido que en caso de no hacerlo así, se le impondrá como primera medida de apremio, una multa por la cantidad de $5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.), por desacato a una orden de carácter judicial de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 fracción II y 73 fracción I, del Código de Procedimientos Civiles. SEXTO. Se declara improcedente la prestación marcada con el número IV, por los motivos y razonamientos expuestos en el considerando tercero del presente fallo. SÉPTIMO. No se hace especial condena en costas..." Por su parte, mediante oficio registrado con el número de orden 14903, el Juez Décimo Sexto de lo Familiar de la Ciudad de México, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, manifestó que acataría la resolución que al respecto dictara la Sala responsable. En atención a lo expuesto, este Juzgador considera que con las documentales que obran en autos se acredita el cumplimiento dado a la ejecutoria, en virtud de que la Sala responsable dejó insubsistente la resolución reclamada, y en su lugar, dictó otra en la que reiteró todo aquello que no fue motivo de concesión y resolvió el recurso de apelación interpuesto por la quejosa, tomando en cuenta lo expuesto en dicha ejecutoria en cuanto a la falta de congruencia entre los resolutivos de la resolución reclamada y su parte considerativa, pues en el tercer considerando de la resolución dictada en cumplimiento de la citada ejecutoria consideró que, en caso de que existiera algún otro bien o hubiere sido omitido por alguna de las partes, siguiendo la lógica de las sucesiones, este podría ser incluido en el inventario suplementario con posterioridad, en términos de lo dispuesto en el artículo 1791 del Código Civil para la Ciudad de México, y que por ello se dejaban a salvo sus derechos para que los hicieran valer en la vía y forma que en derecho correspondiera, y con relación a esto último, determinó que ello debía establecerse en un punto resolutivo, por lo que agregó un punto resolutivo tercero a la interlocutoria apelada, en el que dejó a salvo los derechos de las partes para que lo hicieran valer en la vía y forma que en derecho correspondiera, en caso de que existiera algún otro bien que inventariar o que hubiere sido omitido por alguna de ellas. Asimismo, la responsable tomó en cuenta lo considerado en la ejecutoria de amparo en cuanto a que no podía presumirse que la quejosa hubiere consentido la venta que en su caso hubiere hecho el tercero interesado respecto de los bienes que son parte de la sociedad conyugal, sólo por el hecho de no haber solicitado su nulidad, pues al respecto consideró que el hecho de que no obrara en autos constancia de la que se advirtiera que la quejosa hubiere solicitado la nulidad de la venta de automóviles, no implicaba que esa venta, en caso de haber existido, hubiere sido consentida y que, por ende, el demandado incidentista no tuviere que rendir cuentas sobre lo que obtuvo por tal venta, ni que aquella perdiera su derecho a pedir que se le entregara el numerario correspondiente, y por virtud de ello, ordenó requerir al demandado incidentista para que en el término de cinco días rindiera cuentas sobre lo que obtuvo de la venta de los automóviles que había hecho mención al contestar la demanda incidental de oposición al inventario. De igual forma, la Sala responsable también tomó en cuenta lo considerando en la ejecutoria de amparo en cuanto a que la acción incidental intentada no sólo había sido la de oposición al inventario presentado por el hoy tercero interesado, sino también la derivada del artículo 194 bis del Código Civil, pues con relación a ello, llevó a cabo el estudio de los agravios expuestos por la quejosa, tomando en cuenta la acción incidental efectivamente planteada por ésta, determinando que no obstante estar demostrado que el demandado incidentista omitió incluir dentro del inventario algunos bienes de la sociedad conyugal, no era procedente considerar la pérdida de los derechos sobre éstos, toda vez que la quejosa no había demostrado que esa conducta hubiere sido con dolo, culpa o negligencia, y por lo cual no se actualizaba lo dispuesto en el precepto mencionado. Por otra parte, la Sala responsable se pronunció con relación a los agravios cuyo estudio fue omitido, mediante los cuales la quejosa adujo que existían pruebas con las que se acreditaba la existencia de los automóviles adquiridos durante el matrimonio, como lo era la confesión del propio demandado incidentista, quien había aceptado que se adquirieron estos, así como el informe rendido por la Secretaría de Movilidad, de los que se deducía que los cinco automóviles descritos estaban a nombre de ***** y el estatus que actualmente tenían, como lo es el cambio de propietario de algunos; que antes de la separación de las partes este realizó la baja del automóvil de la marca..., y que esta última estaba dada de baja, pero no había cambio de propietario; que aun cuando no se hubiere acreditado la existencia de esos vehículos, la responsable no debía determinar que no existían bienes muebles que inventariar, sino dejar a salvo los derechos para que con posterioridad se inventariaran esos bienes; que el juez de origen había tomado en consideración un crédito que jamás fue pedido por ninguna de las partes y que el demandado incidental nunca hizo valer; que si el demandado incidental dispuso de las tarjetas de crédito que están a su nombre, él era el responsable de ellas; que el Juez de origen no debió determinar de oficio el pago del citado crédito, ya que quien administraba todos los bienes de la sociedad era el demandado incidentista, por lo que éste debía rendir las cuentas sobre dicho crédito, sin que lo hubiere hecho; que era ilegal que se condenara al demandado incidental a incluir ese crédito en el inventario, si la quejosa no había gozado de ningún beneficio de la tarjeta de crédito mencionada; que en su escrito de oposición al inventario, así como en el escrito de contestación al incidente de liquidación de sociedad conyugal, la quejosa había manifestado que dentro del inventario se omitieron diversos bienes, y que en su prestación IV reclamó el pago de los bienes muebles o inmuebles de los que hubiere dispuesto el demandado incidentista, por lo que, sólo se debían incluir si dicho demandado incidental disponía de alguno de esos bienes omitidos, como lo es el vehículo...; que por lo anterior, no se había precisado cuáles bienes eran los que dispuso, por lo que no existía insuficiencia de hechos, pues sí se había acreditado la prestación señalada, ya que existencia de esos bienes, si los tenía en su poder o los había vendido, y que había quedado corroborado que varios de los vehículos adquiridos dentro del matrimonio, como lo es el identificado como "Atos by Dodge" y "Dodge Stratus 2001", todavía estaba a nombre de Rubén Valencia López, e incluso existía otro vehículo "Chrysler 300", año dos mil tres, que también estaba a su nombre. En efecto, con relación a esos motivos de inconformidad la Sala responsable determinó que efectivamente el demandado incidentista, al contestar la demanda incidental de oposición al inventario, había manifestado que los autos adquiridos fueron vendidos dentro del periodo en el cual se encontraba unido en matrimonio con la hoy quejosa, sin que hubiere quedado demostrado que el pago percibido por dicha venta hubiere sido destinado a los gastos corrientes de él y de la aquí peticionaria de amparo; y, que existían pruebas con las que se demostraba la existencia de los automóviles adquiridos durante el matrimonio. Por lo anterior, la responsable ordenó requerir al demandado incidentista para que en el término de cinco días rindiera cuentas sobre lo que obtuvo de la venta de los automóviles que había hecho mención al contestar la demanda incidental de oposición al inventario. Por otra parte, la Sala responsable consideró que no debía ser tomada en cuenta para liquidar la sociedad conyugal, la tarjeta de crédito expedida a favor del demandado incidentista por *****, dado que dicho demandado no había reclamado ese crédito en el incidente de liquidación de sociedad conyugal, por lo cual, el juzgador no tenía por qué tomarlo en consideración, aun cuando se hubiere adquirido antes de decretado el divorcio y declarada la terminación de la sociedad conyugal, pues si no había sido solicitado, el A quo no podía ir más allá de lo pedido. Por otro lado, la Ad quem analizó de forma congruente el agravio primero que hizo valer la quejosa, considerando que el artículo 2178 del Código Civil, aplicable en lo conducente a la sociedad conyugal, conforme al artículo 183 del propio ordenamiento, establecía la obligación del socio administrador de rendir cuentas del haber social cuando el otro socio lo solicite, lo cual no estaba supeditado a que cesara o se disolviera la sociedad conyugal, ni a la fecha en que se realizara el inventario. En efecto, con relación a lo anterior, la responsable determinó que cobraba aplicación lo establecido en el artículo 2178 del Código Civil, por lo que el demandado incidentista estaba obligado a rendir cuentas, sin que fuera necesario que la apelante hubiere solicitado la cesación de la sociedad y sin que fuera relevante la fecha de elaboración del inventario, dado que la cónyuge contaba con el derecho de solicitar que el socio administrador rindieran cuentas. Asimismo, consideró que con total independencia del momento en que se disolviera la sociedad conyugal y cuándo se debía formular el inventario, el socio administrador estaba obligado a rendir cuentas de su administración cuando lo solicitara su cónyuge, y que si bien al momento en que se formulara el inventario pudieran ya no existir ciertos bienes, ello no implicaba que no hubieren pertenecido a la sociedad conyugal, si se había adquirido durante su vigencia, ni que el socio administrador no debiera rendir cuenta de ellos. Que por lo anterior, el demandado incidentista sí estaba obligado a rendir cuentas de su gestión, concretamente respecto del dinero que la quejosa señaló existía en las cuentas bancarias de aquel cuando abandonó el domicilio conyugal, por lo que ordenó requerirlo para que en el término de cinco días rindiera cuentas de la administración de todos aquellos bienes que formaran parte de la sociedad conyugal, concretamente respecto del dinero mencionado. Por su parte, el Juez Décimo Sexto de lo Familiar de la Ciudad de México, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, manifestó que acataría la resolución que al respecto dictara la Sala responsable. En atención a lo expuesto, este Juzgador considera que con las documentales que obran en autos se acredita el cumplimiento dado a la ejecutoria, en virtud de que la Sala responsable dejó insubsistente la resolución reclamada y, en su lugar, dictó otra atendiendo a los lineamientos establecidos tanto por este juzgado como por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. Sin que sea obstáculo a lo anterior lo manifestado por la parte quejosa en su escrito registrado con el número de orden 18568, en el que expuso esencialmente que es incongruente la resolución dictada por la Sala responsable en cumplimiento a la ejecutoria dictada en este juicio, en virtud de que en el resolutivo sexto se declaró improcedente la prestación IV y en el considerando III, fojas 37/44 y 38/44, dicha sala refiere que los agravios son fundados, por lo que resulta procedente la prestación IV. Lo anterior es así, ya que la incongruencia acusada por la quejosa constituye en todo caso una cuestión que no puede ser analizada en este momento, dado que el pronunciamiento llevado a cabo por la responsable con relación a la prestación que refiere la quejosa, fue realizado con libertad de jurisdicción, en virtud de que en la ejecutoria dictada en este juicio no se estableció lineamiento alguno con relación a ese tópico y, por ende, la quejosa tiene a salvo sus derechos para hacer valer lo anterior en la vía y forma que conforme a derecho proceda. Por lo tanto, con fundamento en los artículos 77, fracción I, 196, tercer párrafo, y 214 de la Ley de Amparo, SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA, sin que se advierta que exista exceso o defecto en el cumplimiento a la ejecutoria, en razón de que el Juez responsable: - Dejó insubsistente la resolución reclamada; - En su lugar, dictó otra en la que reiteró todo aquello que no fue motivo de concesión y resolvió el recurso de apelación interpuesto por la quejosa, tomando en cuenta lo expuesto en la ejecutoria de amparo en cuanto a la falta de congruencia entre los resolutivos de la resolución reclamada y su parte considerativa, así como lo considerado con relación a que no podía presumirse que la quejosa hubiere consentido la venta que en su caso haya hecho el tercero interesado respecto de los bienes que eran parte de la sociedad conyugal, solo por el hecho de no haber solicitado su nulidad; y que la acción incidental intentada no sólo había sido la de oposición al inventario presentado por el hoy tercero interesado, sino también la derivada del artículo 194 bis del Código Civil; y - Se pronunció sobre todos y cada uno de los agravios cuyo estudio fue omitido y con plenitud de jurisdicción resolvió lo conducente. - Por su parte, el Juez Décimo Sexto de lo Familiar de la Ciudad de México, manifestó que acataría la resolución que al respecto dictara la Sala responsable. Hágase saber a las partes que cuentan con quince días contados a partir del día siguiente en que surta efectos la notificación del presente proveído, para inconformarse de esta determinación, en concordancia con el artículo 202 de la Ley de Amparo. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. En consecuencia, con fundamento en los artículos 196 cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, en la remesa correspondiente al trece de septiembre de dos mil veintidós. De igual manera, se hace del conocimiento de las partes que el presente expediente no es considerado de relevancia documental, ya que no cumple con los lineamientos expresados en el Capítulo Quinto del último párrafo del artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. En ese sentido, también se comunica a las partes que, de conformidad a lo señalado en el Capítulo Séptimo, artículo 18 del referido Acuerdo, el presente expediente permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de ese lapso, se procederá a su depuración conservándose únicamente las constancias a que hace alusión el citado numeral. Por lo que posterior a dicha depuración, se procederá hacer la transferencia del presente expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. De conformidad con el artículo 3° de la Ley de Amparo, artículo 25 del multicitado Acuerdo y al Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, se hace constar que el presente cuaderno concuerda fielmente con el expediente electrónico que se encuentra en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese por oficio a las autoridades responsables y por lista a las demás partes.
- Principal
México, Ciudad de México, a diecisiete de agosto de dos mil veintidós. Intégrese al expediente el oficio proveniente de la Segunda Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, por medio del cual informa el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, remitiendo al efecto copia certificada de diversas constancias a fin de acreditar lo anterior. Consecuentemente, con el contenido del oficio de cuenta y su anexo dese vista a la parte quejosa para que en el término de tres días, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho corresponda, apercibida que en caso de ser omisa, éste juzgado procederá a resolver de oficio el cumplimiento al fallo protector, con los elementos que obran en autos, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y por lista a las demás partes, con excepción de las autoridades responsables.
- Principal
México, Ciudad de México, a dieciocho de julio de dos mil veintidós. Agréguese al expediente el oficio remitido por la Segunda Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, y téngase a ésta acusando recibo de las constancias que le fueron enviadas en cumplimento a lo ordenado en auto de once de julio de dos mil veintidós. Finalmente, como lo solicita, se le concede una prórroga de diez días para dar cumplimiento a dicha ejecutoria, de conformidad con el artículo 192 de la Ley de Amparo, quedando subsistente el apercibimiento decretado en auto de cuatro de julio del año en curso. Notifíquese por oficio a la Segunda Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, por lista a las demás partes, con excepción de la diversa autoridad responsable.
- Principal
México, Ciudad de México, a trece de julio de dos mil veintidós. Agréguese al expediente el oficio remitido por el Juez Décimo Sexto de lo Familiar de esta Ciudad, y téngase a éste acusando recibo de las constancias que le fueron enviadas en cumplimento a lo ordenado en auto de cuatro de julio de dos mil veintidós, e informando que acatará la resolución que pronuncie la Sala responsable en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Notifíquese por lista a las partes, con excepción de las autoridades responsables.
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