María del Carmen Morales Rosales
Expediente 16/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 19 actuaciones registradas, la última del 13 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 16/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 13/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- María del Carmen Morales Rosales
- Ayuntamiento del Municipio de Juárez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
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agréguese a los autos el escrito de cuenta, signado por la quejosa María del Carmen Morales Rosales; en atención a su contenido, se autoriza a la promovente para que consulte y se le notifique esta controversia en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y para tal efecto proporciona el usuario "DCORREA". Por tanto, se instruye al encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), realice el registro y autorización correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 de la ley de la materia, atendiendo el nombre del usuario indicado, a fin de que aquél tenga acceso a la consulta electrónica y se le notifiquen los acuerdos y resoluciones dictadas en el juicio de amparo en que se actúa Notifíquese.
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se declara que la misma causa ejecutoria; agréguese el original del incidente de suspensión relativo. Sin ser necesario, computar el término para la interposición del recurso de revisión respecto a las autoridades responsables, toda vez que no les produce agravio alguno, dado el sentido de la sentencia, ya que es a la parte quejosa a la única que perjudica; de ahí lo innecesario de certificar que transcurrió a dichas partes el plazo de diez días establecido en el artículo 86 de la ley en aplicación. Ahora bien, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por otro lado, se hace la precisión de que este expediente al igual que el original del cuaderno incidental relativo, son susceptibles de destrucción, una vez que transcurran tres años
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En Ciudad Juárez, Chihuahua, a las diez horas con cuarenta minutos del seis de abril de dos mil veintiuno, hora y día señalados para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo 16/2021-VII, promovido por María del Carmen Morales Rosales, por su propio derecho; para tal efecto, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, estando en audiencia pública el licenciado José Erasmo Barraza Grado, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua, asistido de la licenciada Vania Gómez Márquez, Secretaria que autoriza esta actuación y da fe, declara abierta la audiencia constitucional, sin contar con la asistencia de las partes, ni de persona alguna que las represente, situación que no les depara perjuicio de las mismas, ya que si bien de conformidad con los artículos 27 y 28 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y tramite del expediente electrónico y el uso de videoconferencia con todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se establece el uso del método electrónico de videoconferencia para el desahogo de la presente audiencia, no obstante a fin de no retardar la pronta impartición de justicia se considera procedente la realización de la audiencia constitucional de esta manera, toda vez que no fueron ofrecidos medios de prueba que ameriten la presencia de las partes en esta audiencia, además de realizarse de manera remota ocasionaría la dilación en su resolución, aunado a que se itera no depara ninguna afectación a las partes, pues pudieron alegar en forma escrita. A continuación, la secretaria relaciona las siguientes constancias que obran en el expediente entre las que se encuentran: escrito inicial de demanda; auto admisorio de catorce de enero último, emplazamiento del tercero interesado Carlos Antonio Rodríguez Quijano, así como constancia de notificación a las autoridades responsables. Acto seguido el juez acuerda: Téngase por hecha la relación de las constancias que anteceden, para ser consideradas al momento de resolver en definitiva. Abierto el período de pruebas, la secretaria da cuenta con las documentales remitidas por la responsable Jefe del Departamento de Estacionómetros del Municipio de Juárez, Chihuahua, al rendir su informe de ley. A lo que el juez acuerda: Con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se admiten las constancias relacionadas, las cuales se desahogan desde luego, dada su propia y especial naturaleza, para ser tomadas en cuenta al momento de dictarse la sentencia respectiva. Abierta la etapa de alegatos, la secretaria hace constar que ninguna de las partes los formuló. A lo anterior, el juez acuerda: Se tiene por precluido el derecho de las partes para formular alegatos, con lo cual se declara cerrada esta fase. Al no haber diligencia pendiente de realizar, se procede a dictar la siguiente: S E N T E N C I A Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 16/2021-VII, promovido por María del Carmen Morales Rosales, por su propio derecho, contra actos del Ayuntamiento de Juárez, Dirección General de Desarrollo Urbano, Operadora Municipal de Estacionamientos de Juárez, Estacionómetros de Ciudad Juarez, Secretaría de Seguridad Pública Municipal y Dirección General de Tránsito, todos con sede en esta localidad R E S U L T A N D O PRIMERO. Por escrito recibido en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en Ciudad Juárez, María del Carmen Morales Rosales, por su propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra un acto de las autoridades precisadas en el preámbulo de esta resolución, de quienes reclamó: "(.) la ilegalidad en el otorgamiento de un permiso denominado "Zona Exclusiva" de 12 metros desde la esquina de la Av. Del Charro hacía la calle ejido cananea, en favor del tercero interesado que contraviene a mi propiedad, en su carácter de emisoras (.)". SEGUNDO. Por auto de catorce de enero de la presente anualidad, este órgano jurisdiccional admitió a trámite la demanda de amparo, dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le compete, se emplazó al tercero interesado Carlos Antonio Rodríguez Quijano, se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado y señaló hora y fecha para celebrar la audiencia constitucional, que por cuestiones legales fue iniciada en los términos que anteceden. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua es competente para conocer y resolver el juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, Constitucionales; 1, fracción I, 35, 37, primer párrafo y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y del Acuerdo General 3/2013 adicionado por el 3/2015 y 12/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por tratarse de un juicio de amparo indirecto, promovido contra un acto que tiene ejecución en territorio donde este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de la Litis. Con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación del acto reclamado en la presente instancia constitucional, tomando en cuenta el contenido íntegro de la demanda de amparo, se advierte que la amparista en esencia reclama: El otorgamiento de un permiso denominado "Zona Exclusiva" de doce metros desde la esquina de la avenida Del Charro hacía la calle Ejido Cananea, en favor del tercero interesado que contraviene el derecho de propiedad de la quejosa. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J.55/98, de la Novena Época, con registro 195745, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el portal electrónico del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el siguiente rubro: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS". Fijada la materia del amparo, se procede a determinar la existencia o inexistencia del acto reclamado. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. No son ciertos los actos reclamados al Secretario de Seguridad Pública Municipal, Coordinador General de Seguridad Vial de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Presidente Municipal y del Ayuntamiento de Juárez, Directora General de Desarrollo Urbano del Municipio de Juárez y el Director de la Operadora Municipal de Estacionamientos de Juárez, todos con sede en esta ciudad, pues así lo manifestaron respectivamente, al rendir sus informes de ley, sin prueba eficiente para desvirtuar tales negativas. Por tanto, con fundamento en el artículo 64, fracción IV, de la Ley de Amparo, ante la inexistencia del acto precisado, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, respecto de las autoridades antes señaladas y el acto descrito. Es aplicable al caso, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 305, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917- septiembre 2011, Tomo II, Materia Común, Sexta Época, número de registro 1002350, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". CUARTO. Certeza de acto. Es cierto el acto reclamado al Jefe del Departamento de Estacionómetros del Municipio de Juárez, pues así lo aceptó al momento que rindió su respectivo informe justificado, es decir, aceptó que el uno de diciembre de dos mil veintiuno se celebró un convenio administrativo para uso de zona exclusiva por parte de esa autoridad (municipio) con Carlos Antonio Rodrigo Quijano (aquí tercero interesado), como propietario del domicilio ubicado en calle Del Charro, número 491, esquina con Cananea, colonia Zaragoza, en esta ciudad. Lo anterior se robustece con las copias certificadas de diversas constancias, entre las que destacan el convenio administrativo para uso de zona exclusiva, señalado en el párrafo que antecede, el comprobante de pago ante la Tesorería del Municipio por ese concepto, autorización de pago por zona exclusiva dirigida al tercero interesado, orden de pago para rótulo zona exclusiva, comprobante de la Comisión Federal de Electricidad, a nombre de Carlos Antonio Rodrigo Quijano, en el domicilio ya indicado, licencia de conducir a nombre de éste, como solicitud para que le sea concedida la multicitada zona exclusiva; documentales remitidas por la autoridad responsable, a las que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo. Como apoyo se cita la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 231, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, Tomo VI Materia Común, del tenor siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Así como la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 153 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, 1917 - 1995, que establece: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Por lo anterior, no hay duda de que en este juicio de amparo quedó plenamente demostrada la existencia del acto reclamado por la agraviada, desde luego, en los términos de que se trata, por lo cual lo conducente ahora es ocuparse de la procedencia de la vía constitucional. QUINTO. Causales de improcedencia. Previamente al estudio del fondo de la cuestión planteada, se deben analizar las causales de improcedencia que hagan valer las partes, o bien, de oficio se advierta que se actualicen, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de garantías tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." La misma consideración se desprende de la jurisprudencia número 814 del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 553 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que al respecto menciona: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En ese sentido, este juzgado federal advierte que respecto al acto reclamado a la autoridad responsable Jefe del Departamento de Estacionómetros del Municipio de Juárez, consistente en el otorgamiento de un permiso denominado "zona exclusiva", de doce metros desde la esquina de la avenida Del Charro, hacía la Ejido Cananea, en favor del tercero interesado, el presente juicio de amparo resulta improcedente al actualizarse la hipótesis prevista por el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en razón de que la solicitante de la tutela federal no acreditó su interés legítimo. El numeral invocado ordena: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.]". Por su parte los diversos numerales 107, fracción I, de la Constitución Federal y 5º, fracción I, de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquéllas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.]". "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.]". De la transcripción que antecede, se advierte que para determinar la procedencia del juicio de amparo el quejoso debe acreditar ser titular de un derecho subjetivo (interés jurídico) o de un interés legítimo individual o colectivo; además, alegar que el acto reclamado viola alguno de los derechos humanos reconocidos en la Carta Magna, de lo que deriva una afectación a su esfera jurídica de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico, según corresponda. Respecto de la regla general que antecede se establece una excepción, consistente en que tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el promovente del juicio de amparo siempre deberá ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa, en otras palabras, demostrar tener interés jurídico para impugnar el acto reclamado. En ningún caso, el interés simple podrá invocarse como interés legítimo. Tratándose de normas de carácter general que se reclamen con motivo de su primer acto de aplicación, es necesario acreditar la emisión de éste en perjuicio del quejoso. En ese contexto, para reclamar actos de naturaleza administrativa, como el reclamado en el presente caso, la quejosa debe acreditar su interés jurídico, o bien, su interés legítimo, es decir, debe comprobar: 1. Ser titular de un derecho jurídicamente reconocido a su favor en la Constitución Federal, que sufre una afectación directa por el acto o la ley reclamada (interés jurídico), o 2. Ser titular de un interés jurídicamente reconocido a su favor en la Constitución Federal, que por encontrarse ubicado en una especial situación frente al orden jurídico sufre una afectación (interés legítimo). Con base en la legitimación del promovente del amparo indirecto se establecen consecuencias jurídicas, pues el agraviado debe acreditar tener interés jurídico o interés legítimo para instar la acción constitucional, de lo contario el juicio resultará improcedente. La introducción del concepto de interés legítimo como eventual elemento de la acción de amparo no convierte a éste en acción colectiva, en la medida en que subsiste el principio de relatividad de la sentencia, en términos de los artículos 107, fracción II, párrafo primero, de la Constitución Federal y 73, párrafo primero, de la Ley de Amparo; por tanto, el juicio de amparo no ha perdido su carácter individualista, ya que mediante su promoción no se pretende, desde un punto de vista estrictamente jurídico, que una sentencia afecte de manera directa a grupos sociales carentes de personalidad jurídica. Para entender los conceptos de interés jurídico e interés legítimo es necesario establecer lo siguiente: Interés jurídico. Las normas que tutelan al interés jurídico son susceptibles de generar derechos subjetivos en beneficio de personas determinadas; pueden ser individualizadas de tal manera que se afecte inmediata y directamente el status jurídico de la persona. El interés jurídico supone la existencia de un derecho dentro de la esfera jurídica particular de un individuo (derecho subjetivo), que se encuentra dentro de su status jurídico. Por tanto, se está en presencia de un agravio al interés jurídico cuando la afectación que se aduce se refiere a un derecho subjetivo y aquélla es susceptible de individualizarse en una persona concreta, independientemente de su pertenencia o no a un grupo. Interés legítimo. Se trata de una legitimación intermedia entre el interés jurídico y el interés simple, ya que no se exige acreditar la afectación a un derecho subjetivo, pero tampoco implica que cualquier persona pueda promover la acción. Así, el interés legítimo requiere de una afectación a la esfera jurídica entendida en un sentido amplio, ya sea porque dicha intromisión es directa, o porque el agravio deriva de una situación particular que la persona tiene en el orden jurídico. Asimismo, el interés legítimo implica un vínculo entre una persona y una pretensión, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. Sin embargo, esta titularidad potencial de una ventaja o utilidad jurídica, requiere de un interés actual y real, no hipotético, pues ello se encontraría referido a un interés simple. Para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, por lo que, el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata de un interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. Por lo que la apreciación que el órgano competente realice del interés legítimo, a efecto de verificar su actualización en el juicio correspondiente, no depende de una manifestación del interesado, es decir, la sola afirmación de éste, en el sentido de que goza del interés suficiente, no basta para que el mismo se tenga por acreditado. En otras palabras, el hecho de que el interés legítimo implique un nivel de afectación menor al exigido en el interés jurídico, no significa que el mismo no deba acreditarse. Sustenta las consideraciones que anteceden, la tesis de jurisprudencia P./J. 50/2014 (10a.), Décima Época, Instancia: Pleno, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, Página 60, rubro y texto siguientes: "INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). A consideración de este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el párrafo primero de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que tratándose de la procedencia del amparo indirecto -en los supuestos en que no se combatan actos o resoluciones de tribunales-, quien comparezca a un juicio deberá ubicarse en alguno de los siguientes dos supuestos: (I) ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad; o (II) en caso de que no se cuente con tal interés, la Constitución ahora establece la posibilidad de solamente aducir un interés legítimo, que será suficiente para comparecer en el juicio. Dicho interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. En consecuencia, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Como puede advertirse, el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. En esta lógica, mediante el interés legítimo, el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal, por lo que si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible; pues es factible que un juzgador se encuentre con un caso en el cual exista un interés legítimo individual en virtud de que, la afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico, sea una situación no sólo compartida por un grupo formalmente identificable, sino que redunde también en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo. Incluso, podría darse el supuesto de que la afectación redunde de forma exclusiva en la esfera jurídica de una persona determinada, en razón de sus circunstancias específicas. En suma, debido a su configuración normativa, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto de la labor cotidiana de los diversos juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica, ello a la luz de los lineamientos emitidos por esta Suprema Corte, debiendo interpretarse acorde a la naturaleza y funciones del juicio de amparo, esto es, buscando la mayor protección de los derechos fundamentales de las personas." En suma, de acuerdo con la naturaleza del acto reclamado y de la autoridad que lo emite, la quejosa del juicio de amparo debe acreditar el interés jurídico o legítimo, que le asiste cuando promueve la acción, de la siguiente manera: Interés jurídico: es necesario demostrar la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado y que el acto de autoridad o ley afecta ese derecho de donde deriva el agravio correspondiente, el cual, podrá o no estar justificado, pero que legitima el ejercicio de la acción. Interés legítimo: se debe acreditar que una norma tutela algún interés difuso en beneficio de determinada colectividad; la afectación de ese interés difuso en perjuicio de la comunidad por la ley o acto que se reclama; y, la pertenencia de la peticionaria de garantías a dicha colectividad. Luego, para que exista interés legítimo debe entenderse que no es interés por la legalidad de la actuación de una autoridad, sino la existencia de un interés personal, individual o colectivo que se traduce en un beneficio para quien intenta la acción, que se garantiza por el derecho objetivo pero sin la existencia de un derecho subjetivo dado que no puede caber oposición de ese derecho frente a otros; debe existir una afectación a la esfera de derecho, pues de otro modo se consolidaría una acción popular, las cuales se distinguen por la falta de afectación; el titular tiene un interés propio que es totalmente diferente al de cualquier gobernado, pues se trata de un interés cualificado y real, no potencial o hipotético, mientras que su anulación genera efectos positivos y negativos en la esfera del accionante. Sentado lo anterior, en el caso, la quejosa acude al presente medio de control constitucional a reclamar el otorgamiento de un permiso denominado "zona exclusiva", de doce metros desde la esquina de la avenida Del Charro, hacía la calle Ejido Cananea, en favor de Carlos Antonio Rodríguez Quijano (aquí tercero interesado), que dice contraviene su propiedad. Ahora bien, dicho reclamo se hizo depender de que la impetrante María del Carmen Morales Rosales, señala habitar en el domicilio ubicado en Ejido Cananea, número 625, del fraccionamiento 15 de Mayo, en esta ciudad. Por ello, según lo relatado en los antecedentes del acto reclamado de su demanda, se percató que una persona que se ostentó como dueña de la negociación "Lienzo Charro Ignacio Zaragoza", les comunicó que en el callejón frente a su domicilio - lugar que la agraviada y sus vecinos utilizan como estacionamiento - lo adquirió con motivo de un permiso que denominó "zona exclusiva", que abarca doce metros desde la esquina de la avenida Del Charro hacía la Ejido Cananea, por lo que al ser propietaria de ese aparcamiento no lo podían utilizar. Que con motivo de lo anterior, advirtió que el nueve de diciembre de dos mil veinte, en la pared del callejón de la calle Ejido Cananea había maquinaria pesada - remolcadoras y camiones de carga - y luego el diecinueve siguiente, dos agentes de Estacionómetros instalaron un letrero que dice: "EXCLUSIVO C. DEL CHARRO #491 SE USARA GRUA". En tal virtud, es dable colegir que a efecto de acreditar que la afectación que reclama, efectivamente, irrumpe un interés difuso de la quejosa de tal forma que le produzca una afectación en mayor grado que a otros gobernados en su esfera de derechos sólo por una especial posición frente al orden jurídico, ante la existencia del derecho objetivo y el acto de autoridad que al impugnar le podría revelar un beneficio (interés cualificado) es necesario que ésta acreditara que es vecina del lugar en que se encuentra el aparcamiento cuyo permiso reclama, y que efectivamente, su funcionamiento le irroga algún perjuicio en su derecho de propiedad. Como se dijo, la peticionaria manifestó que habita en el domicilio ubicado en Ejido Cananea, número 625, del fraccionamiento 15 de Mayo, en esta localidad Sin embargo, no adjuntó a su escrito de demanda constancia alguna de la que se desprenda que la promovente del juicio efectivamente viva o habite en el domicilio que refiere, a efecto de demostrar que se encuentre situada en una especial posición frente al marco legal y el acto de autoridad a diferencia de otro gobernado y que al impugnar el otorgamiento del permiso denominado "zona exclusiva" le pueda generar un beneficio en su esfera de derecho. En esa medida, es claro que al no acreditar estos elementos apuntados, el acto reclamado no trastoca el interés legítimo de la quejosa, pues si bien tal acto existe para efectos del presente juicio de amparo, lo cierto es que la agraviada no acreditó ubicarse en esa especial posición frente al marco normativo y el acto de autoridad de modo que se le afecte el derecho de propiedad que aduce, y que de lograr su invalidación le revele un beneficio. Ello, en tanto que, no acreditó ser vecina del lugar en que se encuentra la "zona exclusiva", derivada del otorgamiento de un permiso, de doce metros desde la esquina de la avenida Del Charro, hacía la calle Ejido Cananea, en esta ciudad, puesto que como se ha mencionado la impetrante, no demostró su dicho, en el sentido de que habita el número 625, de la referida calle Ejido Cananea, del fraccionamiento 15 de Mayo, y que por tal motivo, el funcionamiento de dicho permiso otorgado al tercero interesado le irrogue algún perjuicio en su derecho de propiedad. Al no acreditar ese extremo de su reclamo, este órgano jurisdiccional considera que éste es derivado de un interés simple, empero, sin demostrar el beneficio que obtendría en caso de ser otorgada la protección constitucional. Por tanto, la promovente del juicio no acreditó su especial posición frente al acto de autoridad actual y real, a fin de establecer ese interés cualificado y hacer patente que defiende un interés legítimo. Es aplicable la tesis 1a. XLIII/2013 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 822, Libro XVII, del mes de febrero de dos mil trece, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL INTERÉS SIMPLE. La reforma al artículo 107 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, además de que sustituyó el concepto de interés jurídico por el de interés legítimo, abrió las posibilidades para acudir al juicio de amparo. No obstante lo anterior, dicha reforma no puede traducirse en una apertura absoluta para que por cualquier motivo se acuda al juicio de amparo, ya que el Constituyente Permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple o jurídicamente irrelevante, entendido éste como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido. En cambio, el interés legítimo se define como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. Consecuentemente, cuando el quejoso acredita únicamente el interés simple, mas no el legítimo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". En las relatadas condiciones, es inconcuso que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61 de la Ley de Amparo; y por ende, con fundamento en la fracción V, del numeral 63 de la misma Ley, se impone sobreseer en el presente juicio de amparo. Finalmente, con motivo del citado sobreseimiento, el suscrito está impedido jurídicamente para analizar los conceptos de violación planteados en la demanda de amparo, en términos de la jurisprudencia número 509 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en la página trescientos treinta y cinco, tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, editado en el año de 1995, que dice: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO.- No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio". Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 77, y demás relativos de la Ley de Amparo, se resuelve: R E S O L U T I V O: ÚNICO. Se sobresee el presente juicio de amparo promovido por María del Carmen Morales Rosales, contra el acto reclamado a las autoridades responsables, por las razones expuestas en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. NOTIFÍQUESE. Así lo resolvió y firma el licenciado José Erasmo Barraza Grado, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante la licenciada Vania Gómez Márquez, secretaria quien autoriza lo actuado y da fe, con lo cual concluye la audiencia constitucional. Doy fe.
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Ciudad Juárez, Chihuahua, dieciocho de marzo de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Coordinador General de Seguridad Vial de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, con sede en esta localidad fronteriza, en la que informa que tras una búsqueda realizada en el Sistema de Administración y Operación de Tránsito (SAOT), encontró como domicilios del tercero interesado Carlos Antonio Rodríguez Quijano, en esta ciudad, los siguientes: 1. Calle Amacuzac, número 7414; 2. Calle Amozoc, número 7414; 3. Calle Amozoc, número 32662; y, 4. Calle Amozoc, número 7417. Por tanto, se comisiona al actuario judicial de la adscripción, se constituya en los domicilios citados para que, con copia simple de la demanda, así como del auto admisorio, informes justificados y acuerdos correspondientes, emplace a juicio al tercero indicado, haciéndole de su conocimiento la fecha programada para la celebración de la audiencia constitucional. Asimismo, lo requiera para que en el acto de la diligencia o dentro del plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación que de este auto se le haga, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, apercibido que de no hacerlo así, las ulteriores notificaciones incluidas las de índole personal se realizarán mediante lista en los estrados de este juzgado, en términos del artículo 29 de la Ley de Amparo. Notifíquese; personalmente al tercero interesado citado.
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