María del Carmen Montejo Osorio
Expediente 855/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 7 actuaciones registradas, la última del 16 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 855/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 16/02/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- María del Carmen Montejo Osorio
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
mesa 6 VILLAHERMOSA, TABASCO, DIECISÉIS DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista; la certificación de cuenta se advierte que las partes no desahogaron la vista ordenada en auto de dos de febrero de dos mil veintiuno, respecto del cumplimiento que el Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, rindió en relación a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio; en consecuencia, se procede a resolver sobre el cumplimiento al fallo protector con base en los elementos que obran en el expediente. A fin de efectuar el pronunciamiento respectivo, resulta conveniente previamente precisar lo siguiente: Por resolución de treinta de noviembre de dos mil veinte, se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a María del Carmen Montejo Osorio. En el caso, destaca que el fallo protector se otorgó, para que la responsable realizara lo siguiente: "De contestación inmediata a la petición formulada por la aquí quejosa mediante el escrito presentado el dieciocho de marzo de dos mil veinte." En proveído de veintiuno de enero de dos mil veintiuno, causó ejecutoria la sentencia; y por ello, se requirió a la responsable, para que en el plazo de tres días diera cumplimiento al fallo protector. Mediante proveído de dos de febrero de dos mil veintiuno, se tuvo por recibido el oficio signado por el Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, al que adjuntó copia certificada del oficio UAJ/LRR/0617/2021, de veintisiete de enero del año en curso, con la que adujo dar cumplimiento al fallo protector. Constancia a la que se le concede valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En razón de lo anterior, se dio vista y corrió traslado a las partes con la constancia remitida por la responsable, con la cual estimó dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, para efecto de que manifestaran lo que a su interés conviniere, sin que se hayan pronunciado al respecto, no obstante haber sido legalmente notificadas para ello. En las relatadas condiciones, el suscrito juzgador federal estima que la autoridad responsable ha dado cumplimiento a la sentencia dictada en el presente asunto, toda vez que con fecha veintisiete de enero de dos mil veintiuno, dio contestación al escrito presentado por la parte quejosa el dieciocho de marzo de dos mil veinte; lo cual, constituyó el punto primordial del otorgamiento del amparo a la parte quejosa. En tales condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el numeral 196 de la Ley de Amparo, se declara que la ejecutoria de amparo dictada en este juicio, ha quedado cumplida sin exceso ni defecto. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia 82/2004, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Octubre de 2004, página 137, Novena Época, de rubro y texto siguiente: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. DEBE DECLARARSE SIN MATERIA, CUANDO ESTÁ ACREDITADO EL CUMPLIMIENTO DEL NÚCLEO ESENCIAL DE LA SENTENCIA DE AMPARO. Cuando del análisis de autos se advierte acreditado, de manera fehaciente, que las autoridades responsables han dado cumplimiento a las obligaciones jurídicas que constituyen el núcleo esencial de la sentencia que concedió la protección federal, lo procedente es declarar sin materia el respectivo incidente de inejecución de sentencia. Esto es así, en atención a que, por un lado, en ese supuesto ya no existe la abstención total de la autoridad responsable de obrar en el sentido ordenado por la sentencia de amparo, si de la confrontación de la ejecutoria relativa con las actuaciones realizadas, se llega a la conclusión de que se acató dicho fallo en su núcleo esencial y, por otro, porque el declarar sin materia el incidente de inejecución de sentencia no significa que pudiera dejarse al quejoso en estado de indefensión, en virtud de que esa resolución no prejuzga sobre si el cumplimiento dado a la ejecutoria fue o no correcto, pues en la hipótesis de que el gobernado llegara a tener dudas o inquietudes con relación a algún aspecto del cumplimiento, tendría la oportunidad de hacer valer el recurso de queja previsto en las fracciones IV y IX del artículo 95 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para los casos en que exista una desatención parcial o relativa de las autoridades responsables a una sentencia de amparo." Por otro lado, al no haber actos pendientes por cumplimentar, con fundamento en el artículo 214 del citado ordenamiento legal, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. En términos de lo dispuesto en el inciso b) de la fracción I del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, diputación, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte-, el presente asunto es susceptible de depuración y carece de relevancia documental, razón por la cual debe conservarse en el archivo reciente de éste órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberá ser depurado y transferido al depósito documental dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente las constancias que obran en el expediente distintas a la demanda y la sentencia, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Notifíquese personalmente.
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MESA 6 VILLAHERMOSA, TABASCO, DOS DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vistos; agréguese a los presentes autos el oficio y anexos de cuenta signado por el Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite copia certificada del diverso UAJ/LRR/0617/2021, de veintisiete de enero de dos mil veintiuno, con la que aduce dar cumplimiento al fallo protector emitido en el presente asunto. En consecuencia, con fundamento en lo previsto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes con las citadas constancias, por el término de tres días para que manifiesten lo que a sus derechos convengan y una vez transcurrido dicho término, este Juzgado efectuará el análisis respectivo del cumplimiento al fallo, con base en los elementos que obren en el expediente en que se actúa. Notifíquese personalmente.
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MESA 6 VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTIUNO DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista, la certificación de cuenta, se advierte que el veinte de diciembre de dos mil veinte, las Consejeras integrantes de la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada de manera extraordinaria, aprobaron el punto para acuerdo denominado "Propuesta de medidas a tomar del 21 de diciembre de 2020 al 11 de enero de 2021, en relación con contagios por la emergencia Covid-19, en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal". Lo anterior, con el fin de salvaguardar la salud de las y los justiciables, y de las y los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, por lo que determinaron adoptar medidas especiales a partir del veintiuno de diciembre de dos mil veinte y hasta el once de enero de dos mil veintiuno. En cumplimiento a lo instruido, se regresó al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19. Mediante circular SECNO/1/2021, de ocho de enero de dos mil veintiuno, signada por la secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, se dieron a conocer las medidas adoptadas y se precisó que el ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales es el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020. Por otra parte, de la certificación secretarial que antecede de se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, el treinta de noviembre de dos mil veinte, en la que en su primer punto resolutivo se le CONCEDIÓ el amparo y la protección de la Justicia Federal a la quejosa María del Carmen Montejo Osorio; por lo que, con fundamento en el artículo 2o. de la Ley invocada, en relación con los numerales 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para los efectos legales procedentes; consecuentemente, háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente. Con fundamento en el artículo 192, último párrafo de la Ley de Amparo, requiérase al Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, para que dentro del término de tres días hábiles, al en que quede notificada del presente acuerdo, cumpla con el fallo protector concedido a la parte quejosa, consistente en: [.]De contestación inmediata a la petición formulada por la aquí quejosa mediante el escrito presentado el dieciocho de marzo de dos mil veinte. [.] Debiendo remitir las constancias certificadas relativas por duplicado a efecto de correrle traslado con una de ellas a la parte quejosa, con el apercibimiento que de no hacerlo así dentro del plazo señalado, con fundamento en el artículo 258, de la Ley de Amparo, se hará acreedora a una multa de 100 (cien) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad de $8,688.00 (ocho mil seiscientos ochenta y ocho pesos); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $86.88 (ochenta y seis pesos con ochenta y ocho centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante decreto de nueve de enero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día siguiente, vigente a partir del uno de febrero del presente año. Asimismo, con apoyo en el Acuerdo General 5/2013, de trece de mayo dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se procederá de oficio a iniciar el incidente de inejecución de sentencia, y se remitirán los autos al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, para los efectos previstos en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que puede culminar con la separación del cargo y consignación ante el Juez de Procesos Federales por el delito previsto en el artículo 267, fracción I, de la Ley de Amparo. Notifíquese.
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MESA 6 RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido el siete de octubre de dos mil veinte, a través del buzón judicial de los Juzgados de Distrito, recepcionada por la Oficina de Correspondencia Común el ocho siguiente, y turnada a este órgano jurisdiccional el mismo día, María del Carmen Montejo Osorio, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto y autoridades que a continuación se detallan: ACTOS RECLAMADOS ".a).- La Violación a mi GARANTIA CONSTITUCIONAL, consagrada en el Artículo 8° de nuestra Carta Magna. b).- La Violación a mi DERECHO HUMANO al Derecho de Petición." AUTORIDADES RESPONSABLES 1 Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco (ISSET), con sede en esta ciudad. 2 Director General del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. El nueve de octubre de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda de que se trata, la cual fue registrada con el expediente 855/2020-6; se requirió a las autoridades señaladas como responsables para que rindieran su informe justificado; se dio la intervención correspondiente al Agente del Ministerio Público de la adscripción; y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque las autoridades responsables tienen su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son éstos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de garantías. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente señaló como acto reclamado: La omisión de dar respuesta a su solicitud de aclaración de pensión, en cuanto a su incremento, presentada el dieciocho de marzo de dos mil veinte, ante el Director General del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Las autoridades responsables negaron la existencia del acto reclamado; sin embargo, dichas negativas se desvirtúan con las manifestaciones que posteriormente realizaron, las cuales evidencian la existencia del mismo. Por lo que, en el caso, lo expuesto al respecto por dichas autoridades desvirtúa su negativa y este órgano de control constitucional tiene por cierto el acto reclamado con base en el examen de dicho informe. CUARTO. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, se deben analizar las causas de improcedencia, lo aleguen o no las partes, al ser su examen una cuestión oficiosa; de orden público y estudio preferente. Tiene aplicación al respecto la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible a Página: 553, Tomo VI, Parte TCC, Fuente: Apéndice de 1995, Materia Común, Octava Época, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En el caso, el Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico, en representación del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco y del Director General de dicho Instituto, solicitó el sobreseimiento del presente juicio por considerar se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el 107 fracción III, inciso b), ambos de la Ley de Amparo. Al respecto, aduce que la solicitud de aclaración de pensión a que se refiere el escrito de mérito, se tramita dentro del procedimiento establecido en el CAPITULO TERCERO, relativo a las PENSIONES, previsto en los artículos 66 al 100 de la Ley de Seguridad Social del Estado de Tabasco, por lo que en su criterio la parte quejosa no puede reclamar de manera autónoma la omisión de respuesta a dicha solicitud. En apoyo de lo anterior, citó la jurisprudencia 7/2015, de la Primera Sala del Máximo Tribunal del país, de rubro "DERECHO DE PETICIÓN. LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO NO PUEDE RECLAMARSE DE MANERA AUTÓNOMA". Así también, invoca como hecho notorio el criterio adoptado en la resolución dictada dentro del juicio de amparo número 1045/2019, de este juzgado, de veintinueve de julio de dos mil diecinueve, y el diverso de veinte de septiembre de dos mil veinte, en el juicio número 2120/2019-VIII-16, del índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tabasco. Resultan infundados los argumentos de la referida autoridad responsable. En efecto, al resolver la contradicción de tesis 341/2015, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que el Instituto Mexicano del Seguro Social constituye un ente público del Estado, independientemente de que su naturaleza formal sea de organismo descentralizado encargado de organizar y administrar el seguro social de conformidad con la ley que lo rige y, por tanto, facultado para emitir actos a través de los cuales resuelve sobre la procedencia de una pensión o demás prestaciones de seguridad social, con los cuales pueden crearse, modificarse o extinguirse situaciones jurídicas de los asegurados o beneficiarios. Por tanto, el Máximo Tribunal del país estimó que, si el derecho de petición reconocido en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se sustenta en la obligación de todos los funcionarios y empleados públicos de contestar en breve término cualquier solicitud formulada por escrito por los particulares, entonces, cuando se atribuye la omisión de responder una solicitud en materia de pensiones, procede el juicio de amparo indirecto en su contra, debido a que en este caso es necesario garantizar la protección efectiva de ese derecho humano, con la única finalidad de que el funcionario o servidor público del Instituto dé respuesta a la petición. Asimismo, acotó que contra dicha respuesta no procede ampliación a la demanda de amparo indirecto, sino que una vez conocida, y de estimar que no se satisface su interés, el asegurado o beneficiario debe acudir a la vía ordinaria laboral, en materia de seguridad social. En el caso, del escrito en cuestión, se obtiene que la ahora quejosa formuló a la autoridad responsable la siguiente petición: ".Se me indique, del porque en la mensualidad correspondiente al pago de mi pensión del mes de enero de 2020, no se refleja el % (porcentaje) correspondiente al incremento que el año pasado tuvo al salario mínimo y que en términos de los Artículos 50 y 53 de la Ley del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, abrogada, pero aplicable al suscrito, 81 de la Ley de Seguridad Social del Estado de Tabasco (LSSET), en vigor, se me debió aplicar en el mes de enero del año en curso. Se me informe, que porcentaje fue el incremento de mi Pensión, aplicado en el mes de febrero de 2020, toda vez que en mi sobre de pago se refleja un incremento en el monto, mas sin embargo la suscrita ignora qué porcentaje % y que medida aritmética fue utilizada para la aplicación de dicho incremento." De ello no se obtiene que se cuestione el derecho a obtener la pensión relativa, por lo que se estima procedente la demanda de amparo, ya que se alega la violación al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por la falta de respuesta de una autoridad administrativa respecto a la petición realizada en relación con el trámite administrativo vinculado con su aclaración de pensión. De igual manera, la citada autoridad responsable invocó como hecho notorio, que en el diverso juicio de amparo 1045/2019 del índice de este juzgado, se adoptó el mismo criterio a que hace alusión en el presente caso, al sobreseerse dicho juicio de amparo por actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con la fracción III, inciso b) del artículo 107, de la Ley de Amparo. Sin embargo, el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Circuito, al resolver el recurso de queja 264/2019, en sesión de cinco de agosto de dos mil veinte, señaló que aun cuando la autoridad responsable haya considerado que el ejercicio del derecho de petición derive de un procedimiento, no se visualiza la existencia de un procedimiento jurisdiccional o administrativo seguido en forma de juicio, sino, solo de los términos en que debe agotarse la pensión por jubilación, sin que se advierta la existencia de un desahogo de pruebas y alegatos; por tanto, ese criterio adoptado por este órgano jurisdiccional en el diverso juicio de amparo invocado, no es aplicable en el presente asunto. Por las anteriores consideraciones, tampoco resulta aplicable al caso la tesis en que se apoya la autoridad de mérito. Al no advertirse que la autoridad responsable haya hecho valer una diversa causal de improcedencia, ni el suscrito advierte de oficio que se pueda actualizar alguna otra, lo procedente es abordar el estudio de fondo del asunto. QUINTO. ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Ahora bien, la impetrante de amparo reclama de la autoridad responsable, la omisión de dar contestación al escrito de dieciocho de marzo de dos mil veinte. Al respecto, considera que la responsable infringe lo dispuesto en los artículos 1, 8 y 35 fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sobre el particular, formula los conceptos de violación correspondiente, mismos que se omite transcribir en términos de lo determinado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 50/2010; criterio que fue sintetizado en la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXI, de mayo de 2010, página 830, cuyo rubro es "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". En ese contexto, este juzgador considera que es fundado lo aducido por la impetrante de amparo. En efecto, el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: "Artículo 8o. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario". El citado precepto constitucional tutela el derecho de petición, señalando que a toda petición debe recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, siempre y cuando éste se haya formulado por escrito, de manera pacífica y respetuosa. Asimismo, impone a la autoridad la obligación de darle una respuesta congruente y en breve término, además de hacer del conocimiento del promovente el resultado de su petición. Por respuesta congruente, debe entenderse en el sentido de que toda respuesta que recaiga a una solicitud de los gobernados, debe hacerse atendiendo a lo efectivamente planteado, sin omisión de alguna cuestión o suma de puntos hechos valer, además de que no existan consideraciones contrarias entre sí. Por breve término, se entenderá el intervalo de tiempo en que racionalmente pueda estudiarse y acordarse una petición. A lo expuesto, es aplicable la tesis I.4o.A.68 K, consultable en la página 390, Tomo XIII, Febrero de 1994, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "PETICIÓN. DERECHO DE. CONCEPTO DE BREVE TÉRMINO. La expresión "breve término", a que se refiere el artículo 8o. constitucional, que ordena que a cada petición debe recaer el acuerdo correspondiente, es aquel en que individualizado al caso concreto, sea el necesario para que la autoridad estudie y acuerde la petición respectiva sin que, desde luego, en ningún caso exceda de cuatro meses".. Asimismo, sirve apoyo, en lo conducente, la jurisprudencia XXI.1o.P.A. J/27, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, visible en la página 2167, Tomo XXXIII, Materia Constitucional, Administrativa, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "DERECHO DE PETICIÓN. SUS ELEMENTOS. El denominado "derecho de petición", acorde con los criterios de los tribunales del Poder Judicial de la Federación, es la garantía individual consagrada en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en función de la cual cualquier gobernado que presente una petición ante una autoridad, tiene derecho a recibir una respuesta. Así, su ejercicio por el particular y la correlativa obligación de la autoridad de producir una respuesta, se caracterizan por los elementos siguientes: A. La petición: debe formularse de manera pacífica y respetuosa, dirigirse a una autoridad y recabarse la constancia de que fue entregada; además de que el peticionario ha de proporcionar el domicilio para recibir la respuesta. B. La respuesta: la autoridad debe emitir un acuerdo en breve término, entendiéndose por éste el que racionalmente se requiera para estudiar la petición y acordarla, que tendrá que ser congruente con la petición y la autoridad debe notificar el acuerdo recaído a la petición en forma personal al gobernado en el domicilio que señaló para tales efectos, sin que exista obligación de resolver en determinado sentido, esto es, el ejercicio del derecho de petición no constriñe a la autoridad ante quien se formuló, a que provea de conformidad lo solicitado por el promovente, sino que está en libertad de resolver de conformidad con los ordenamientos que resulten aplicables al caso, y la respuesta o trámite que se dé a la petición debe ser comunicada precisamente por la autoridad ante quien se ejercitó el derecho, y no por otra diversa". Aunado a lo anterior, el artículo 7°, fracción IV, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Tabasco, a la letra dispone: "Artículo 7. Son derechos de los ciudadanos Tabasqueños: . IV. Ejercer el de petición por escrito, en forma pacífica y respetuosa; a toda petición la autoridad ante quien se ejercite, dictará su proveído dentro de quince días hábiles cuando las leyes no señalen otros términos.". En el caso concreto, del escrito que se adjunta a la demanda de amparo, se obtiene que el dieciocho de marzo de dos mil veinte, el quejoso solicitó a la autoridad responsable la aclaración a su pensión por jubilación y que se le especificara que porcentaje fue el incremento de su pensión en el mes de febrero del presente año. Escrito en el que se advierte el sello de recepción, lo cual fue reconocido por la autoridad responsable al rendir informe justificado, en donde, además, argumentaron que se encontraba pendiente la atención y respuesta al mismo. Lo cual evidencia que no se han satisfecho las obligaciones derivadas del artículo 8 Constitucional, pues las prerrogativas fundamentales que consagra se integran con la respuesta por escrito a la petición formulada y la notificación de ésta en breve término, no obstante que desde la fecha de recepción del escrito relativo -dieciocho de marzo de dos mil veinte-, a la presentación de la demanda de amparo -siete de octubre del mismo año-, transcurrieron más de quince días, término que expresamente prevé la Constitución Política del Estado de Tabasco, para que la autoridad responsable dé respuesta a la petición formulada por la inconforme. En esas circunstancias, es evidente que no se cumple con los presupuestos consignados por el artículo 8 Constitucional, puesto que en los presentes autos no existe elemento de prueba alguno que demuestre que las autoridades responsables hayan emitido pronunciamiento alguno a la petición elevada y que la hubieran notificado personalmente a la quejosa. Por las anteriores consideraciones, se concede a la impetrante el amparo y protección de la justicia federal. SEXTO. EFECTOS DE LA SENTENCIA. De conformidad con lo instituido en los artículos 74 fracción V y 77 fracción II, de la Ley de Amparo, se precisa que la protección constitucional se concede para que el Director General del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, autoridad responsable: De contestación inmediata a la petición formulada por la aquí quejosa mediante el escrito presentado el dieciocho de marzo de dos mil veinte. Sin que lo anterior tenga como efecto, que la autoridad responsable deba responder favorablemente a lo peticionado por el impetrante de amparo, ya que corresponde a aquélla determinar lo que conforme a derecho corresponda. SÉPTIMO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En otro orden, toda vez que aun cuando por auto de nueve de octubre de dos mil veinte, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículos 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto y fundado además en los artículos 65, 73 a 75, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se; R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión Ampara y Protege a María del Carmen Montejo Osorio, contra el acto reclamado a las autoridades responsables y para los efectos precisados en el considerando sexto de esta sentencia. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. Notifíquese.
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