Maria del Carmen Martínez Flores y Otros.
Expediente 189/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 31 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 189/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 31/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Maria del Carmen Martínez Flores y Otros.
- Maria del Carmen Martínez Flores
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés. Se agrega ejecutoria. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito; mediante el cual adjunta el testimonio de la ejecutoria dictada en el recurso de queja * * * * * * de su índice; de lo cual, se acusa de recibo. Sentido ejecutoria. Ahora, de la referida ejecutoria, se advierte que el Tribunal de Alzada declaró infundado el recurso de queja interpuesto por * * * * * * * por propio derecho y en representación legal del menor de iniciales * * * * * * * contra el acuerdo de tres de marzo de dos mil veintitrés, que desechó de plano la demanda de amparo. Por tanto, este juzgado toma conocimiento de lo anterior, para los efectos legales procedentes. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales; no obstante, dese cumplimiento a lo establecido por los numerales 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que entró en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, el siete de febrero de dos mil diecisiete. Archivo del expediente. Por otra parte, no existiendo asunto pendiente de diligenciar, y con fundamento en los artículos 18, 20 y 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte, archívese este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General citado en último término. Destino. Transcurridos más de tres años, a partir de la fecha en que se ordenó el archivo de este expediente, procédase a su DESTRUCCIÓN, conforme el artículo 21, inciso d), del referido acuerdo; y, en su oportunidad, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Háganse las anotaciones relativas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y verifíquese el correcto contenido generado en el libro electrónico. Notifíquese por lista electrónica.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés. Incorpórese a los autos el oficio número 1480/2023, signado por la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, mediante el cual, acusa recibo del oficio con el que se remitió el recurso de queja que interpuso la parte quejosa en contra del auto de tres de marzo de dos mil veintitrés y los anexos ahí especificados. Asimismo, informa que admitió a trámite dicho recurso, radicándolo con el número 102/2023, de su índice; de lo cual se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Notifíquese por lista electrónica.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de marzo de dos mil veintitrés. Glósese a los autos el escrito electrónico de cuenta, suscrito por la quejosa * * * * * * * * en su atención se acuerda: Con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso e), 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, téngase a la parte quejosa interponiendo recurso de queja en contra del proveído de tres de marzo de dos mil veintitrés, en el que se desechó de plano la demanda de amparo que dio origen a este juicio; para lo cual, anexa el escrito de agravios correspondiente. Por tanto, se ordena agregar impresión de tal ocurso a este expediente; y, ríndase informe sobre la materia de la queja. Asimismo, dado que dicho medio de impugnación se interpuso vía electrónica, en cumplimiento a la última parte del numeral 101 de la Ley de Amparo, remítase al Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, en turno, únicamente dos impresiones del referido ocurso y 2) el informe correspondiente. Luego, a fin de que la superioridad se imponga de las constancias que integran este juicio de amparo, se ordena hacer disponible el presente expediente, a efecto de que dicho órgano jurisdiccional realice la vinculación correspondiente del expediente electrónico. Por tanto, se instruye al Oficial Judicial A, para que realice las gestiones necesarias en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para cumplir con lo anterior. Notifíquese por lista electrónica.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, tres de marzo de dos mil veintitrés. Registro de demanda Con la demanda de amparo promovida por * * * * * * * *, por propio derecho y en representación legal del menor de iniciales * * * * *, contra actos del Juez de Distrito Especializado en Materia de Trabajo adscrito al Primer Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado, con sede en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, y otra autoridad; fórmese expediente físico y electrónico y anótese su ingreso en el libro correspondiente, con el número 189/2023. Expediente electrónico Por tanto, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y al artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales , se instruye al personal de este órgano jurisdiccional, para que integre este expediente de manera electrónica, conforme a los lineamientos establecidos en los acuerdos antes mencionados. Por lo cual, todas las constancias y documentos remitidos físicamente por las partes, deberán digitalizarse e incorporarse al expediente electrónico, al igual que los acuerdos, diligencias, notificaciones, resoluciones o sentencias y los correspondientes registros administrativos que integran el contenido de la totalidad de las actuaciones judiciales. En el entendido que, no formarán parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 22 del acuerdo mencionado en primer término. En el entendido que el expediente físico servirá únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente por las partes, y se formará con los documentos remitidos por esa vía y las constancias de notificación que se generen de la misma manera, por lo que, las constancias y documentos electrónicos no se incorporarán a dicho expediente físico; por tanto, serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para consulta de las partes. De igual manera, se hace del conocimiento a las partes que en el sitio web del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación se puede realizar el trámite correspondiente, para que a través del uso de la FIREL o e.firma (antes firma electrónica avanzada o FIEL), puedan presentar promociones, acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales que se emitan en este juicio de amparo. Por ello, se les exhorta, para que preferentemente continúen con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea. Análisis de la demanda y desechamiento. Es menester establecer que artículo 113 de la Ley de Amparo establece la obligación de examinar, previo a la admisión de la demanda, si se actualiza una causa de improcedencia, en virtud de que tal figura es una institución procesal que impide analizar la constitucionalidad del acto reclamado; por ende, su estudio es de oficio, preferente y de orden público en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. De los citados artículos se advierte que la demanda de amparo debe desecharse cuando se advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por algún medio de prueba durante el juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VIII, Noviembre de 1991, página 198, con registro digital 221353, que es del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". Siempre que la causa de improcedencia no sea evidente en sí misma, debe el juzgador admitir y tramitar la demanda de garantías a efecto de dar oportunidad a las partes en el juicio de rendir los elementos de prueba que, por un lado, justifique el ejercicio de la acción y, por otro, que permitan al juez, en su momento procesal oportuno, pronunciar la resolución que en derecho corresponda, pues cuando el artículo 145 de la Ley de Amparo, establece que el juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia de la misma, la desechará de plano, se está refiriendo a que el motivo de improcedencia de la demanda de amparo, debe ser tan claro y tan evidente que no deje lugar a dudas, es decir, tan notorio e indiscutible que sin necesidad de ulterior comprobación, surja a la vista haciendo inejercitable la acción constitucional". En ese sentido, en el caso se tiene que la parte quejosa señala como actos reclamados: "El acuerdo judicial de fecha 24 veinticuatro de febrero de 2023, dictado en el juicio laboral número * * * * * * * acumulado al juicio laboral número * * * * * * * del inventario del Primer Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado, con residencia en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, de la adscripción de las responsables señaladas, que desecha el incidente de nulidad del emplazamiento practicado a mi contraparte * * * * * * en el juicio laboral, que tengo promovido, por afectar los derechos humanos de AUDIENCIA PREVIA, EL DEBIDO PROCESO Y LAS FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO en el juicio laboral acumulado de origen, en perjuicio de la amparista y de las partes litigantes del juicio laboral." Luego, de las manifestaciones expuestas bajo protesta de decir verdad, se desprende que la promovente señala lo siguiente: El acto reclamado deriva del juicio laboral número * * * * * * *, acumulado al * * * * * *, seguido por * * * * * *, por derecho propio y en representación legal del menor de iniciales S.M.M., contra * * * * * * * radicado ante el Primer Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado, con sede en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca. Por auto de diez de enero de dos mil veintitrés, dictado en dicho juicio laboral, se ordenó emplazar a la demandada * * * * * * *, por medio de exhorto, radicado con el número * * * * * * * * del índice del Juzgado Segundo Civil y Segundo Especializado en Oralidad Mercantil del Circuito Judicial de la Cuenca, residente en Tuxtepec, Oaxaca. El quince de febrero de dos mil veintitrés, se llevó a cabo el emplazamiento de la demandada * * * * * * * * Con fecha veintidós de febrero último, la parte actora (aquí quejosa) promovió incidente de nulidad del emplazamiento practicado a su contraparte * * * * * * Por auto de veinticuatro de febrero del año en curso, el Tribunal responsable desechó de plano el referido incidente de nulidad de emplazamiento, por las consideraciones ahí expuestas. Determinación que constituye el acto reclamado De lo anterior, se advierte que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de amparo, con relación al numeral 107 fracción V, interpretado a contrario sensu del mismo ordenamiento, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." Conforme a lo anterior, por actos que tengan una ejecución de imposible reparación debe entenderse aquellos que de una manera inmediata lesionen el interés de una de las partes en el juicio que perdure cualquiera que sea el sentido de la resolución que se pronuncie en éste o bien haga imposible la prosecución del procedimiento, es decir, que cause a una de las partes un agravio no reparable en dicho fallo. En otras palabras, por actos de imposible reparación para los fines de determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto debemos atender a aquellos que tengan una ejecución de carácter irreparable para las personas, sus derechos personales, reales o del estado civil, cuyos efectos ya no se puedan reparar en el curso del procedimiento del que se derivan tales actos procesales, como sería por ejemplo el embargo trabado en bienes del quejoso, la imposición de una multa, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, etcétera; esto en razón de los daños y perjuicios que puedan revestir los particulares con esa clase de actos y que no se les puedan resarcir en ninguna actuación posterior dentro del procedimiento de que se trate, puesto que la privación de esos derechos ya no se puede reparar posteriormente, lo que impide la posibilidad de que las violaciones cometidas en el procedimiento queden reparadas en la resolución que llegue a pronunciarse. Es decir, los actos procesales que no tienen efectos sobre las cosas o las personas, en sus derechos sustantivos, no tienen el carácter de irreparables mientras exista la posibilidad legal de que el afectado obtenga una resolución favorable a sus pretensiones o bien, que esa posible violación quede subsanada con una actuación procesal posterior, ya que en este caso los efectos intraprocesales producidos por aquellas actuaciones desaparecen, esto es, dichos actos sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vista a obtener un fallo favorable. Pues al versar el acto reclamado en el auto de veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés, dictado en el juicio laboral número * * * * * *, acumulado al * * * * * * del índice del Primer Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado, con residencia en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, en el que se desechó de plano el incidente de nulidad del emplazamiento practicado el quince de febrero de dos mil veintitrés a la contraparte * * * * * * mismo que hizo valer la aquí quejosa por considerar que fue irregular pues no se le corrió traslado con la totalidad de pruebas aportadas por la misma, en su carácter de parte actora; no lo deja sin defensa ni constituye una violación de carácter irreparable. Lo anterior, atendiendo a que incide sobre un aspecto adjetivo, como lo es emplazamiento a la parte demandada (su contraparte), lo cual no afecta de modo directo e inmediato los derechos sustantivos de la quejosa consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin que obste que alegue que el emplazamiento que considera irregular vulnera las formalidades esenciales del procedimiento y que con ello traerá retraso en la impartición de justicia o dilación probatoria ante una posible reposición del procedimiento, pues lo cierto que dicha afectación resulta futura e incierta, dado que el retardo en la impartición de justicia que podría entrañar esa determinación, por sí sola, no justifica la procedencia del juicio de amparo indirecto que, por excepción, permite la impugnación de actos intraprocesales, habida cuenta que toda reposición del procedimiento para subsanar violaciones procesales fundadas implica una dilación del juicio en mayor o menor grado, sin que ello implique violación al principio de justicia pronta. De ahí que, la afectación alegada, en este momento no le genera perjuicio alguno, pues incluso, aun cuando dicho acto procesal estuviere dotado de ilegalidad, tal acto se encuentra en condiciones de ser convalidado por la parte ahí demandada al comparecer a juicio, en términos del artículo 764 de la Ley Federal de Trabajo, que dispone: "Artículo 764.- Si en autos consta que una persona se manifiesta sabedora de una resolución, la notificación mal hecha u omitida surtirá sus efectos como si estuviese hecha conforme a la Ley. En este caso, el incidente de nulidad que se promueva será desechado de plano." En tales condiciones, el acto que se impugna no es de aquellos que contempla la fracción V, del artículo 107 de la Ley de Amparo, en virtud que no se causa un gravamen de imposible reparación, pues existe la posibilidad de que la parte quejosa pueda obtener una sentencia favorable a sus intereses o bien, que el acto quede subsanado por el apersonamiento de la ahí demandada y en tales eventos, ninguna huella quedaría en sus derechos de la posible violación procesal que ahora reclama, y en caso contrario, tales actos son factibles de impugnarse como violación procesal a través del amparo directo que en su caso, pueda promover en contra de la resolución que se llegue a emitir en el asunto de origen. Sirve de apoyo a lo anterior en lo conducente, la Jurisprudencia 1a./J.94/2008 resuelta por contradicción de Tesis 23/2008-PS, visible en la página 256 del tomo XXIX, correspondiente al mes de febrero de 2009, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone: "NULIDAD DE ACTUACIONES. LA INTERLOCUTORIA QUE CONFIRMA LA PROCEDENCIA O NO DEL INCIDENTE RELATIVO EN EL QUE SE RECLAMA LA FALTA O ILEGALIDAD DEL EMPLAZAMIENTO, ES IMPUGNABLE EN AMPARO DIRECTO. La interlocutoria que confirma la procedencia o improcedencia de un incidente de nulidad de actuaciones en el que se reclama la falta o ilegalidad del emplazamiento, al constituir una resolución en juicio cuya ejecución no es de imposible reparación, es impugnable en amparo directo, conforme al artículo 158 de la Ley de Amparo. Esto es, dicha determinación tiene efectos meramente procesales y no afecta irremediablemente algún derecho sustantivo, sino que sólo genera la posibilidad de que ello ocurra, en la medida en que influya para el dictado de un fallo adverso a los intereses del quejoso, quien podrá reclamarlo en la vía directa ante el tribunal colegiado de circuito, en términos de los artículos 159 y 161 de la Ley mencionada." Asimismo, de apoyo a lo anterior además la Jurisprudencia P./J. 38/92 derivada de la contradicción de tesis 29/90, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 205601, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 59, Noviembre de 1992, Materias Común y Civil, visible a página 12, la cual establece: "NULIDAD DE ACTUACIONES. EN CONTRA DE LA RESOLUCION INCIDENTAL QUE LA DECLARA, PROCEDE POR REGLA GENERAL EL AMPARO DIRECTO. La resolución que pone fin a un incidente de nulidad de actuaciones, declarándolo fundado, no es un acto en el juicio que, por regla general, tenga una ejecución de imposible reparación, sino que tiene efectos meramente procesales, dado que la violación que llegare a cometerse en el dictado de dicha resolución, puede quedar subsanada con posterioridad, si la sentencia definitiva, o la que ponga fin al juicio, resulta finalmente favorable a los intereses del quejoso, pero de no ser así, este último podrá reclamarla en el amparo directo que, en su caso y oportunidad, interponga en contra del mencionado fallo. Lo anterior se corrobora si se toma en cuenta, además, que tal resolución entraña una violación a las leyes del procedimiento, prevista en la fracción V del artículo 159 de la Ley de Amparo, en la cual se establece la procedencia del amparo directo "cuando se resuelva ilegalmente un incidente de nulidad"; y por los términos genéricos en que está redactado el mencionado precepto legal, resulta obvio que la ilegal resolución del incidente de nulidad a que allí se alude, puede consistir tanto en la anulación de las actuaciones favorables al quejoso, como en la negativa a nulificar aquéllas que lo agravian, toda vez que aquél no hace distingo alguno al respecto. Sin embargo, el anterior criterio queda supeditado a que, con motivo de las mencionadas resoluciones incidentales, no se afecten en forma cierta e inmediata los derechos sustantivos de los gobernados, porque de lo contrario, la vía correcta para reclamarlas será la indirecta". Además, la Jurisprudencia 2./J.23/2008 de la Novena Época, emitida por la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, con número de registro 170244, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Materia Común, página 593 de rubro y texto siguiente: "NULIDAD DE ACTUACIONES. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE EMPLAZAMIENTO. La indicada resolución constituye un acto dentro del juicio que debe impugnarse en el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva o laudo, en términos de los artículos 114, fracción IV, 158 y 159, fracción V, de la Ley de Amparo, ya que las consecuencias que produce no son de imposible reparación, en tanto que no afectan de manera directa e inmediata derechos sustantivos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el perjuicio procesal que pudieran resentir las partes en sus derechos adjetivos no resulta exorbitante, porque tal decisión no podría implicar la tramitación innecesaria del juicio, ya que éste no culminaría, sino que continuaría su curso ante la misma autoridad jurisdiccional que lo tramitó y resolvió, una vez reparada la violación procesal mencionada. No obsta para concluir lo anterior el retardo en la impartición de justicia que podría entrañar esa determinación, porque tal circunstancia, por sí sola, no justifica la procedencia del juicio de amparo indirecto que, por excepción, permite la impugnación de actos intraprocesales, habida cuenta que toda reposición del procedimiento para subsanar violaciones procesales fundadas implica una dilación del juicio en mayor o menor grado, sin que ello implique violación al principio de justicia pronta." De igual forma, la tesis aislada I.14.C.15K(9a.) emitida por el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, con número de registro 160816, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octubre de 2011, Materias Común, visible a página 1662, la cual establece: "NULIDAD DE ACTUACIONES POR DEFECTOS EN EL EMPLAZAMIENTO. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE, POR TAL RAZÓN, ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO, AUNQUE ELLO PUEDE IMPLICAR REALIZARLO POR EDICTOS. De la jurisprudencia 2a./J. 23/2008, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, febrero de 2008, página 593, de rubro: "NULIDAD DE ACTUACIONES. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE EMPLAZAMIENTO.", se advierte, medularmente, que la resolución que ordena reponer el procedimiento por falta de emplazamiento constituye un acto dentro del juicio que debe impugnarse en el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva (en materia civil, estricto o lato sensu), en términos de los artículos 114, fracción IV, 158 y 159, fracción V, de la Ley de Amparo, ya que las consecuencias que produce no son de imposible reparación, por no afectar, directa e inmediatamente, derechos sustantivos establecidos en la Constitución, y el perjuicio procesal no resulta exorbitante, porque tal decisión no podría implicar la tramitación innecesaria del juicio, dado que éste continuaría su curso ante la misma autoridad jurisdiccional que lo tramitó y resolvió, una vez reparada la violación procesal mencionada, lo que no encuentra obstáculo en el retardo en la impartición de justicia que podría entrañar esa determinación, porque el propio Alto Tribunal señaló: "... tal circunstancia, por sí sola, no justifica la procedencia del juicio de amparo indirecto que, por excepción, permite la impugnación de actos intraprocesales, habida cuenta que toda reposición del procedimiento para subsanar violaciones procesales fundadas implica una dilación del juicio en mayor o menor grado, sin que ello implique violación al principio de justicia pronta.". Adicionalmente, a la misma conclusión debe arribarse cuando se trata de una resolución que ordena reponer el procedimiento por defectos en el emplazamiento y que, en su caso, puede significar que deba realizarse nuevamente mediante edictos y a cargo de la parte quejosa, puesto que tal hecho constituye un acto futuro e incierto que, de concretarse, implicaría un acto de molestia a la parte inconforme con motivo de la tramitación de un procedimiento judicial, pero que no está contemplado como elemento que determine la irreparabilidad del acto que reclama e, inclusive, la afectación económica puede ser objeto de las costas causadas en el juicio a la parte condenada, en las hipótesis establecidas en la ley que rige al acto." Además, se cita la jurisprudencia 244, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, visible en la página ciento sesenta y cuatro, del tenor literal siguiente: "EJECUCIÓN IRREPARABLE, SE PRESENTA PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de amparo, en su fracción IV previene que proceda el amparo ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen ejecución irreparable los actos dentro del juicio, solo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la constitución, y nunca en los casos en que solo afecten derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio" Finalmente, no resulta aplicable al caso la jurisprudencia invocada por la parte quejosa del rubro: "EMPLAZAMIENTO, IRREGULARIDADES EN EL. SON RECLAMABLES EN AMPARO INDIRECTO CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO POR EQUIPARACION .", pues es evidente que la aquí quejosa no resulta persona extraña al juicio de origen, dado que le recae el carácter de parte actora en ese procedimiento laboral. En tales condiciones, al haberse actualizado en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia antes invocada, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, LO PROCEDENTE ES DESECHAR DE PLANO LA PRESENTE DEMANDA. Autorizados, notificación vía electrónica y consulta de expediente Por otra parte, téngase a la parte quejosa señalando como medio para oír y recibir notificaciones los usuarios electrónicos que indica, sin embargo, se le precisa que las notificaciones únicamente se le realizarán en el primer usuario señalado (CARMENMTZ74), pues el sistema únicamente permite vincular un usuario por parte, para efecto de notificar resoluciones judiciales. Por lo anterior, en términos del artículo 57, párrafo cuarto del Acuerdo General 12/2020, que regula la integración y trámite de expedientes electrónicos y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza a la parte quejosa la consulta de expediente electrónico del presente juicio a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a través de los usuarios "CARMENMTZ74" y "RICARDOPF75", a fin de que pueda realizar la consulta correspondiente; asimismo, para que se tengan por practicadas las notificaciones por ese medio, en el primer usuario señalado. En consecuencia, se instruye al Oficial Judicial "A", para que proceda a realizar los trámites respectivos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, a fin de dar cumplimiento a lo señalado en párrafos precedentes. Por otra parte, téngase por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a *****, por encontrarse registrada su cédula profesional ante el "sistema computarizado, para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito". Asimismo, téngase por autorizados a ***** y *****, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, pues a pesar de carecer de registro de cédula profesional ante los órganos jurisdiccionales que integran el Poder Judicial de la Federación, en la demanda de cuenta, se advierte que tienen emitida a su favor las cédulas profesionales 8825182 y 12365944, respectivamente, expedidas por la Dirección General de Profesionales de la Secretaría de Educación Pública. En consecuencia, si la quejosa otorga la autorización en términos amplios del citado numeral, además de precisar el número de cédula profesional que tiene a su favor los profesionistas en cita; ello es suficiente para que se les tenga reconocido tal carácter ante este órgano de control constitucional. Como fundamento a lo anterior, se cita la tesis aislada 2a. VIII/2020 (10a.), con número de registro 2021840, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 77, Agosto de 2020, Tomo V , de rubro y texto siguiente: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. PARA QUE SE LE RECONOZCA TAL CARÁCTER, ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, BASTA CON QUE SEÑALE EN EL ESCRITO DONDE SE LE OTORGA LA AUTORIZACIÓN, LOS DATOS CON LOS QUE ACREDITE SER LICENCIADO EN DERECHO. El artículo 12 de la Ley de Amparo establece la posibilidad de que el quejoso o el tercero interesado designen autorizados para atender procesalmente el juicio de amparo, los que tratándose de las materias civil, mercantil, laboral (en el caso del patrón), administrativa y penal, deben acreditar encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado. Para lo cual, sólo se requiere que en el escrito en el que se otorga la autorización se señalen los datos con los que el autorizado acredite tal carácter. En ese tenor, si el agraviado designa autorizado delegándole las facultades que prevé la indicada disposición y éste no tiene reconocida personalidad ante la autoridad responsable (conforme a lo previsto en el artículo 11 de la ley de la materia) o ante el órgano jurisdiccional de amparo, pero señala el número de su cédula profesional, ello es suficiente para que se le tenga reconocido tal carácter ante este Alto Tribunal, pudiendo confirmar la información proporcionada mediante consulta al Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública." Y, respecto a las restantes personas que menciona, únicamente se les tiene como autorizados para oír y recibir notificaciones, al así haberlo manifestado expresamente. Hágase del conocimiento de las partes que conforme al artículo 41 Bis del Acuerdo General 12/2020, que regula la integración y trámite de expedientes electrónicos y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, todas las personas autorizadas para acceder a los expedientes judiciales, incluidas quienes actúen bajo el esquema físico, deberán consultarlo en su versión electrónica. Quienes carezcan de acceso al Portal o quienes no hayan solicitado el acceso para consultar el expediente electrónico, podrán hacerlo al acudir presencialmente a este órgano jurisdiccional, donde se pondrá un equipo a su disposición y asesoría para que puedan llevar a cabo la consulta respectiva, desde una clave de usuario habilitado para ello. Habilitación de días y horas inhábiles En otro aspecto, a fin que puedan practicarse todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, se faculta a los actuarios judiciales para que una vez agotadas sin éxito las visitas correspondientes a un domicilio señalado por las partes para oír y recibir notificaciones en días y horas hábiles, realicen las diligencias conducentes en días y horas inhábiles en términos del numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su artículo 2º; lo cual encuentra sustento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en este juicio. Publicación de datos personales En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 6, segundo párrafo, fracción II, y 16 de la Constitución Federal, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública , hágase del conocimiento de las partes que se considera información confidencial sus datos personales, los cuales los hacen identificados o identificables, por lo que si desean que sean divulgados, se requiere su consentimiento. Autorización de medios electrónicos Se autoriza a la parte quejosa el uso de medios electrónicos para obtener fotografía de las actuaciones en este asunto; lo anterior de acuerdo con la circular 12/2009, de fecha dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, debiendo dejar constancia respectiva. Sin que ello comprometa a este Juzgado respecto de la posterior reproducción o edición que hagan las partes, quienes estarán obligadas a utilizar esos medios con la debida lealtad procesal, en virtud del contenido de datos personales. Ilustra a lo anterior, la tesis I.3º.C.725 C, con registro digital 167640, con el rubro siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". Notificaciones. Se ordena al actuario llevador de este juicio de amparo, realice las notificaciones que deriven de este expediente en los plazos legales contenidos en el artículo 24 de la Ley de Amparo, y de conformidad al contenido del capítulo IV "Notificaciones" del ordenamiento mencionado; notificaciones que deberán ser integradas de manera inmediata al expediente electrónico. Asimismo, se autoriza al actuario firme los oficios derivados de este juicio y, en su caso, previa revisión del expediente, los entregue de acuerdo a las disposiciones legales aplicables al caso concreto, debiendo dejar constancia de su entrega o remisión (acuse con sello original en el cual, se haga constar en su caso la entrega de anexos y copias, guías de correo o mensajería acelerada y/o razón en la cual deberá señalar nombre, fecha y cargo de la persona con quien confirma la recepción del oficio). En el supuesto de existir alguna imposibilidad para su entrega, deberá hacerlo del conocimiento de la secretaria encargada de la mesa, a través de la razón correspondiente. En el entendido que las constancias y razones deberán vincular al expediente electrónico de manera inmediata, y entregar físicamente a las mesas de trámite, para ser glosadas al expediente físico, en su oportunidad. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa.
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