Maria del Carmen Martinez Cardona

Expediente 631/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 6 actuaciones registradas, la última del 11 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
631/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
11/07/2023

Partes del expediente

  • Maria del Carmen Martinez Cardona

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, once de julio de dos mil veintitrés. Estado procesal. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa impugnara el contenido del proveído en el que se sobreseyó en el presente juicio fuera de la audiencia constitucional; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Archivo. En virtud de lo anterior, toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar, archívese el presente expediente como asunto concluido previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Valoración. Por tanto, con fundamento en el artículo 20 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Semanario Judicial de la Federación el dos de junio de dos mil veintitrés, se determina que este expediente al no ser de relevancia documental es susceptible de destrucción una vez que transcurra el lapso de tres años a que se refiere el acuerdo de mérito, teniendo en consideración que no se entró al fondo de la litis planteada, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, como lo estipula el artículo 34, párrafo segundo del Acuerdo General en cita; destrucción que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir del dictado del presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. Notifíquese.

  2. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veinte de junio de dos mil veintitrés. Estado de autos. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que no obra la constancia de notificación personal a la parte quejosa, del proveído de ocho del presente mes y año. Se turnan autos. En consecuencia, a fin de no dejarla en estado de indefensión, túrnense los autos al Actuario Judicial de la adscripción, a fin de que practique la notificación del proveído de mérito, de manera electrónica a la citada parte procesal, a través del usuario que señaló para tal efecto. Notifíquese. EN CUMPLIMIENTO A LA ANTERIOR DETERMINACIÓN, SE NOTIFICA VÍA ELECTRÓNICA A LA PARTE QUEJOSA LA DIVERSA QUE DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, ocho de junio de dos mil veintitrés. Recepción de documentos. Téngase por recibido y agréguese a estos autos el informe justificado de cuenta rendido por el Jefe de lo Contencioso Administrativo de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, en representación de la Coordinadora General de Recursos Humanos, de dicha Secretaría. Domicilio y delegados. Como lo solicita, téngase como domicilio de su parte, el que señala y, con fundamento en el artículo 9° de la ley de la materia, ténganse como sus delegados a las personas que indica. Acto reclamado Ahora bien, visto el estado que guardan los autos, especialmente de la demanda constitucional, atento a lo previsto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo1, se desprende que los actos que se reclaman se hacen consistir en: - La omisión de dar contestación por escrito, en forma congruente y en breve término, al escrito presentado ante la Coordinación General de Recursos Humanos de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado de San Luis Potosí, el veinte de enero del año en curso; y, - La falta de notificación de la respuesta en el domicilio señalado para tal efecto. Ahora bien, de las constancias que remitió la autoridad responsable como complemento a su informe justificado, las que tienen valor probatorio pleno al haber sido expedidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones y, por ende, documento público en términos de 1 De conformidad con la jurisprudencia P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 32 del tomo XI, abril de 2000, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD.", y de la tesis P. VI/2004 del Alto Tribunal, publicada en la página 255 del tomo XIX, abril de 2004, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO.". los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en concepto de esta juzgadora, que en el caso se advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. Marco normativo. La fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, a la letra dice: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" Caso concreto Lo anterior, encuentra justificación en lo siguiente: De las constancias que remitió la autoridad señalada como responsable anexas a su informe justificado, a las que se reitera su valor probatorio pleno, se evidencia que mediante oficio de veintiséis de mayo del año en curso, suscrito por la Coordinadora General de Recursos Humanos de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado de San Luis Potosí, se dio contestación a lo solicitado por la quejosa en su escrito presentado el veinte de enero del año en curso, mismo que le fue notificado en el domicilio señalado, el cinco de junio del año en curso, tal y como se desprende del acuse acompañado. Con lo anterior, se evidencia que han cesado los efectos del acto reclamado, pues existe comprobado con los anexos que se remitieron al informe con justificación, que se dio contestación a la petición realizada por la quejosa, misma que reclama en este instancia constitucional, asimismo que se tuvo por realizada la notificación respectiva del mismo. En efecto, conforme al dispositivo legal en comento, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, esto es, la desaparición total de los efectos del acto. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a en la página 81, del Tomo VI, Común, Sección Jurisprudencia S.C.J.N., del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyo rubro y texto son: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Sobreseimiento fuera de audiencia. Consecuentemente, al actualizarse la causa de improcedencia antes invocada, con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el diverso 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo, procede sobreseer en este juicio fuera de audiencia constitucional. Es aplicable a la anterior determinación la tesis de Jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a continuación se transcribe: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Audiencia constitucional Por tal motivo, queda sin efecto la audiencia constitucional señalada para las ONCE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL NUEVE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Comuníquese lo anterior a la autoridad responsable, para los efectos legales conducentes. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, doce de junio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda el escrito de cuenta signado por el escrito signado por Jennifer Raya Rojas autorizada de la quejosa, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, mediante el cual informa que con fecha cinco de junio del año en curso, se le notificó de la respuesta dada por la responsable a la petición reclamada por la quejosa en el presente asunto; toda vez que, con fecha ocho de los corrientes, se sobreseyó el presente juicio fuera de la audiencia constitucional. Notifíquese.

  4. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, ocho de junio de dos mil veintitrés. Recepción de documentos. Téngase por recibido y agréguese a estos autos el informe justificado de cuenta rendido por el Jefe de lo Contencioso Administrativo de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, en representación de la Coordinadora General de Recursos Humanos, de dicha Secretaría. Domicilio y delegados. Como lo solicita, téngase como domicilio de su parte, el que señala y, con fundamento en el artículo 9° de la ley de la materia, ténganse como sus delegados a las personas que indica. Acto reclamado Ahora bien, visto el estado que guardan los autos, especialmente de la demanda constitucional, atento a lo previsto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo1, se desprende que los actos que se reclaman se hacen consistir en: - La omisión de dar contestación por escrito, en forma congruente y en breve término, al escrito presentado ante la Coordinación General de Recursos Humanos de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado de San Luis Potosí, el veinte de enero del año en curso; y, - La falta de notificación de la respuesta en el domicilio señalado para tal efecto. Ahora bien, de las constancias que remitió la autoridad responsable como complemento a su informe justificado, las que tienen valor probatorio pleno al haber sido expedidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones y, por ende, documento público en términos de 1 De conformidad con la jurisprudencia P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 32 del tomo XI, abril de 2000, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD.", y de la tesis P. VI/2004 del Alto Tribunal, publicada en la página 255 del tomo XIX, abril de 2004, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO.". los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en concepto de esta juzgadora, que en el caso se advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. Marco normativo. La fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, a la letra dice: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" Caso concreto Lo anterior, encuentra justificación en lo siguiente: De las constancias que remitió la autoridad señalada como responsable anexas a su informe justificado, a las que se reitera su valor probatorio pleno, se evidencia que mediante oficio de veintiséis de mayo del año en curso, suscrito por la Coordinadora General de Recursos Humanos de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado de San Luis Potosí, se dio contestación a lo solicitado por la quejosa en su escrito presentado el veinte de enero del año en curso, mismo que le fue notificado en el domicilio señalado, el cinco de junio del año en curso, tal y como se desprende del acuse acompañado. Con lo anterior, se evidencia que han cesado los efectos del acto reclamado, pues existe comprobado con los anexos que se remitieron al informe con justificación, que se dio contestación a la petición realizada por la quejosa, misma que reclama en este instancia constitucional, asimismo que se tuvo por realizada la notificación respectiva del mismo. En efecto, conforme al dispositivo legal en comento, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, esto es, la desaparición total de los efectos del acto. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a en la página 81, del Tomo VI, Común, Sección Jurisprudencia S.C.J.N., del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyo rubro y texto son: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Sobreseimiento fuera de audiencia. Consecuentemente, al actualizarse la causa de improcedencia antes invocada, con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el diverso 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo, procede sobreseer en este juicio fuera de audiencia constitucional. Es aplicable a la anterior determinación la tesis de Jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a continuación se transcribe: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Audiencia constitucional Por tal motivo, queda sin efecto la audiencia constitucional señalada para las ONCE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL NUEVE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Comuníquese lo anterior a la autoridad responsable, para los efectos legales conducentes. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

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