María del Carmen Martínez Becerra
Expediente 1042/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 9 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1042/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 09/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- María del Carmen Martínez Becerra
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede, así como el estado procesal que guarda el presente asunto, del que se advierte que transcurrió el término de cinco días que concede el artículo 98, de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de queja en contra del auto de cuatro de septiembre de dos mil veintitrés, dictado por este juzgado, por el que, se desechó la demanda de amparo, sin que hasta estos momentos la parte quejosa lo haya hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el citado auto ha causado estado. Previas las anotaciones respectivas que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese este expediente..., se establece que el presente expediente es destruible, toda vez que en el caso se desechó la demanda de amparo y no existen documentos originales de los previstos por la fracción XX, del artículo 3, del Acuerdo General citado. Hágase del conocimiento de las partes, que el presente expediente sólo permanecerá en el archivo primario de este juzgado, por el lapso de tres años, contado a partir de su fecha de archivo, y una vez transcurrido este plazo, dentro de los treinta días siguientes, este juzgado procederá a su destrucción ..., Notifíquese.
- Principal
AVISO: SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL ACUERDO DE CUATRO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, QUE EN LO CONDUCENTE, SEÑALA: " Acuerdo: Vista la demanda de amparo promovida por ..., por su propio derecho, contra actos del Juez Sexagésimo Primero Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, por violación a las garantías consagradas en los artículos 1, 14 y 16 constitucionales; fórmese expediente impreso y electrónico respectivo, regístrese en el libro de gobierno de los juicios de amparo como 1042/2023, y provéase lo conducente en relación a dicha demanda de amparo. Del estudio íntegro de la demanda de amparo, se advierte que la misma resulta improcedente por actualizarse la causa prevista por el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en concordancia con la fracción IV, del numeral 107, del mismo ordenamiento legal, atento a las siguientes consideraciones. En el caso, la parte quejosa señala como acto reclamado el auto de veintitrés de agosto de dos mil veintitrés, dictado por el juez responsable en el juicio ordinario civil 55/2017, promovido por Irma Esther Caamaño Aguirre, en contra de la hoy quejosa, por medio del cual se ordena a la parte quejosa para que en el acto de la diligencia correspondiente haga entrega a la parte actora del bien inmueble identificado como lote 12, manzana 17, primera sección de la Unidad Ermita Zaragoza, alcaldía Iztapalapa, en esta ciudad, y en caso de no hacerlo se procedería al lanzamiento de la demandada de dicho inmueble, con la autorización de ser necesario del uso de la fuerza pública y el rompimiento de cerraduras. Ahora bien, de la lectura íntegra de la demanda de amparo presentada por María del Carmen Martínez Becerra, puede advertirse que el procedimiento de origen es un juicio ordinario civil, del índice del Juzgado Sexagésimo Primero de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en el que la ahora quejosa es parte demandada, en el cual contestó la demanda instaurada en su contra, se llevaron a cabo los trámites procesales de dicho juicio y se dictó sentencia definitiva la cual se apeló, y que mediante sentencia de doce de diciembre de dos mil dieciocho, emitida por la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en cumplimiento a las ejecutorias de amparo de siete de noviembre de dos mil dieciocho, dictadas por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en el D.C. 741/2028-I y 742/2018-II, se revocó la sentencia dictada por el a quo y se determinó, entre otras cosas, condenar a la hoy quejosa María del Carmen Martínez Becerra, a desocupar y devolver a la parte actora, aquí tercera interesada, el inmueble materia de la litis en el término de cinco días; posteriormente, ya en la etapa de ejecución de sentencia, el veintitrés de agosto de dos mil veintitrés, se ordenó a la parte quejosa para que en el acto de la diligencia correspondiente haga entrega a la parte actora del bien inmueble identificado como lote 12, manzana 17, primera sección de la Unidad Ermita Zaragoza, Alcaldía Iztapalapa, en esta ciudad, y en caso de no hacerlo se procedería al lanzamiento de la demandada de dicho inmueble, con la autorización, de ser necesario, del uso de la fuerza pública y el rompimiento de cerraduras; determinación que constituye el acto reclamado. De lo anterior, se advierte que al haberse dictado el acto reclamado, dentro del periodo de ejecución de sentencia, en donde la ahora quejosa es parte demandada y fue oída y vencida, esta juzgadora considera que tal acto no constituye la última determinación dictada en el citado periodo de ejecución de sentencia, dado que la última resolución en el procedimiento de referencia será aquella en la que el juez de origen apruebe o reconozca el cumplimiento total de lo sentenciado o se declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; siendo que el cumplimiento de las sentencias, no debe obstaculizarse por ser de orden público y de interés social. Siendo que además la emisión del acto reclamado no afecta de manera directa derechos sustantivos de la parte quejosa, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural; sino que al contrario, van encaminados a cumplir con el fallo emitido en el procedimiento. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 108/2010, por contradicción, emitida por el tribunal del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, durante la novena época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXXIII, enero 2011, página 6, que expresa: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." Ha de entenderse por última resolución, la que declara cumplida la ejecutoria, o bien, la que reconoce la imposibilidad jurídica y material de darle cumplimiento; por lo que esa será entonces, la resolución impugnable en amparo y no las que precedan, tendientes a hacer efectiva la sentencia definitiva. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 32/2001, sustentada por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la contradicción de la tesis 27/99, novena época que expresa: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ULTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTICULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." Asimismo sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia VI.2o.C. J/253, con registro digital 178405, publicada en la novena época, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXI, mayo de 2005, página 1331, que dice: "ORDEN DE LANZAMIENTO EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. NO CONSTITUYE LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN DICTADA EN ESE PROCEDIMIENTO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, PROMOVIDO POR QUIEN FUE PARTE E INTERVINO EN EL JUICIO DE ORIGEN. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido que por la expresión "última resolución" en actos de ejecución de sentencia a que alude el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, para los efectos de la procedencia del juicio de garantías en la vía indirecta, debe entenderse que es aquella en que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, mediante la aplicación analógica del artículo 113 del mismo ordenamiento legal; ahora bien, la orden de lanzamiento dictada en ejecución de sentencia firme, emitida en un juicio en el que el quejoso fue parte y, por ende, escuchado en defensa de sus intereses, por su propia naturaleza no puede ser conceptuada como una determinación judicial en que se apruebe o reconozca de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia, o se declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, a fin de determinar la procedencia del amparo indirecto, pues si bien se dirige a preparar y lograr el mismo, lo cierto es que todavía se encuentra supeditada a la eficacia de la diligenciación material del mandamiento judicial, lo que conlleva la realización de diversos actos tendientes a la satisfacción de lo sentenciado, por lo que dicha orden no puede estimarse como la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución del fallo definitivo." Por lo anteriormente expuesto, dado que el acto que se reclama no constituye la última resolución dictada en ejecución de sentencia, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, por lo que en términos del artículo 113, del ordenamiento legal en cita, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo. Se le tiene señalando domicilio para oír y recibir notificaciones, y como sus autorizadas en términos amplios del artículo 12, de la Ley de Amparo, a las personas que menciona y siempre que a la fecha del dictado del presente acuerdo, tengan su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de lo contrario se les tendrá como sus autorizadas para oír y recibir notificaciones, documentos e imponerse de los autos en términos del segundo párrafo del artículo 24 de la ley de la materia. Asimismo, solicita que se le autorice la consulta vía internet del expediente electrónico al nombre de usuario "*********", en consecuencia, se autoriza a dicho usuario la consulta vía internet del expediente electrónico; para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles al actuario adscrito a este juzgado para que practique cualquier diligencia o notificación relacionada con el presente asunto. Notifíquese personalmente a la parte quejosa." NOTIFIQUESE
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