María del Carmen Malagón Almanza
Expediente 1166/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1166/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 20/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- María del Carmen Malagón Almanza
Actuaciones
- Principal
Téngase por recibido, el escrito del autorizado de la parte quejosa, mediante el cual solicita la devolución de los documentos que se acompañaron como anexo, al escrito de demanda promovido *********** y ***********también conocida como *********; una vez que quede firme el proveído de once del mes y año en curso, se acordará lo conducente.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por *********** y ***********, conocida también como ***********, por su propio derecho, contra actos del Juez Segundo de Partido Civil de Salamanca, Guanajuato; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado con el número 1166/2019-VI. El suscrito estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: "(.)" "XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior." Como se puede advertir del numeral transcrito, el juicio constitucional es improcedente cuando los actos reclamados hayan sido materia de un diverso juicio de amparo promovido por el mismo quejoso y en contra de las mismas autoridades, independientemente de las violaciones constitucionales alegadas. Sobre el particular, Carlos Arellano García en su obra titulada el Juicio de Amparo, editorial Porrúa, primera edición, explica que la causal de improcedencia de que se trata se encuentra totalmente justificada, por las siguientes razones: a) La expresión "ejecutoria" cuyo significado procesal equivale a que ya no cabe medio de impugnación alguno, es decir, es la verdad legal; b) Que impera la institución de la cosa juzgada, que es absolutamente indispensable para evitar que se afecte la seguridad jurídica, o sea, se satisface la necesidad de saber a qué atenerse; y, c) Además de que los juicios de amparo serían interminables, por lo que resulta poner fin a ellos. Por su parte, el ministro en retiro Genaro David Góngora Pimentel en su obra titulada "Introducción al Estudio del Juicio de Amparo" (séptima edición, México 1999, página 219), refiere que para su actualización: ".es necesario que los actos reclamados hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de garantías, y se contrae exclusivamente a los amparos que hayan sido promovidos por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado aunque las violaciones constitucionales sea diversas. Con esto se consigue la finalidad que tiende a evitar que se pronuncien sentencias contradictorias y la promoción de nuevos amparos enderezados con idéntico objeto." De lo expresado por los juristas y del precepto en análisis se desprenden como elementos para que se actualice la cosa juzgada, los siguientes: 1. Que necesariamente ambos juicios de amparo estén promovidos: Por el mismo quejoso o quejosos. Contra las mismas autoridades. Por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. 2. Que tales actos hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo. Cabe señalar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que una sentencia de sobreseimiento no constituye cosa juzgada y, por consiguiente, no impide promover un nuevo juicio de amparo en el que se impugne el mismo acto o norma general; sin embargo, existen excepciones al respecto, en virtud de que la causa de improcedencia de cosa juzgada opera por diversas circunstancias, pues no sólo se actualiza cuando en una sentencia ejecutoria se haya resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sino también cuando se ha determinado su inatacabilidad a través de un diverso juicio constitucional, siempre que tal determinación se haya realizado en atención a razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, con independencia del juicio en que se haya efectuado, como ocurre cuando en una sentencia de amparo se declara que el precepto reclamado fue consentido y esta determinación adquiere firmeza porque no fue recurrida o habiéndolo sido se confirma, por lo que dicha situación no puede desconocerse en un nuevo juicio de amparo promovido contra un acto de aplicación posterior del mismo precepto. Otros ejemplos cuando se ha declarado por sentencia ejecutoria que se ha consumado de manera irreparable el acto reclamado, o que han cesado sus efectos, o que dicho acto ha sido consentido, o cuando se ha determinado que el acto reclamado no afecta los intereses jurídicos de la parte quejosa. Pues bien, para comprender adecuadamente por qué el suscrito estima que en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia antes referida, se ordena traer a la vista como hecho notorio los autos el juicio de amparo 432/2016-II del índice de este órgano jurisdiccional, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, y de la jurisprudencia 2a./J. 103/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 285, Tomo XXV, Junio de 2007, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE.", del que se obtienen los siguientes datos: a) Mediante escrito presentado el diecisiete de mayo de dos mil dieciséis, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en esta ciudad, ***********, *********** y ***********, conocida también con el nombre de ***********, las dos primeras por su propio derecho y la última en su calidad de albacea de la sucesión testamentaria a bienes de ***********, promovieron demanda de amparo en contra de las autoridades y el acto siguientes: AUTORIDADES RESPONSABLES Juzgado de Partido Segundo Civil de Salamanca, Guanajuato. ACTOS RECLAMADOS "a) De la autoridad señalada como responsable, reclamamos los siguientes actos: "Toda orden, acuerdo, mandamiento o ejecución, que haya girado, emitido o acordado, en el juicio especial civil hipotecario número 397/2014, promovido por ***********, tendiente a sacar a remate o a la venta en pública almoneda el bien inmueble del cual somos copropietarias, conjuntamente con ***********, ***********, *********** y otros, mismos que adquirimos por herencia de la fracción segunda denominada ***********, del municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas, Gto." b) Por razón de turno le correspondió conocer de la demanda a este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato, la que en auto de diecinueve de mayo de dos mil dieciséis, se registró bajo el número 432/2016-II; y en términos de lo previsto en los numerales 114, 108 y 6º todos de la Ley de Amparo, se previno a la parte quejosa en razón de que fue omisa en señalar a qué autoridad atribuía la ejecución, requiriéndola para que aclarara su demanda, y si así lo deseaba, hiciera el señalamiento de alguna autoridad ejecutora. c) Mediante auto de veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, se requirió a la quejosa ***********, para que dentro del plazo de tres días, compareciera ante este juzgado debidamente identificada, en día y horas hábiles, para que en diligencia formal ratificara el contenido y firma del ocurso que presentó. d) Una vez satisfecho el anterior requerimiento, en proveído de treinta de mayo de dos mil dieciséis, este órgano jurisdiccional, estimó carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo, promovida por las ya referidas quejosas, por lo que se ordenó remitir el escrito original de demanda y copias respectivas al Juez de Distrito en el Estado de Guanajuato en turno, con sede en la ciudad de Irapuato, Guanajuato. e) Con auto de nueve de junio de dos mil dieciséis, se tuvo al titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Irapuato, refiriendo que no aceptaba la competencia planteada por este tribunal para conocer de la demanda de amparo promovida por ***********, *********** y ***********, conocida también con el nombre de ***********, las dos primeras por su propio derecho y la última en su calidad de albacea de la sucesión testamentaria a bienes de ***********; por lo que este órgano jurisdiccional no insistió en declinar la competencia planteada y se admitió a trámite la demanda propuesta. f) Seguidos los trámites y una vez integrado el expediente, se resolvió conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a ***********, *********** y ***********, conocida también con el nombre de ***********, las dos primeras por su propio derecho y la última en su calidad de albacea de la sucesión testamentaria a bienes de *********** contra el acto reclamado al Juez Segundo Civil de Partido de Salamanca, Guanajuato y otra, para el efecto de que el Juez Segundo Civil de Partido de Salamanca, Guanajuato, al momento de ejecutar la sentencia emitida en el juicio sumario hipotecario C-397/2014 de su índice, respetara el derecho de copropiedad que las quejosas detentaron respecto del bien inmueble denominado Fracción *********** del Predio Rústico denominado *********** de Santa Cruz de Juventino Rosas, Guanajuato. g) Sentencia que no fue recurrida, por lo que mediante proveído de veintitrés de diciembre de dos mil dieciséis, causó ejecutoria, requiriendo a las responsables su respectivo cumplimiento. h) El quince de febrero de dos mil diecisiete, se tuvo a las responsables dando cabal cumplimiento a la ejecutoria dictada en el juicio 432/2016-II, del índice de ese órgano jurisdiccional, por lo que se ordenó el archivo correspondiente de aquel expediente. Ahora, de las constancias que integran el presente juicio de amparo se advierte que: - *********** y ***********, conocida también como ***********, por su propio derecho, promovieron demanda de amparo en contra de la autoridad responsable y acto reclamado siguientes: "III.- LA AUTORIDAD O AUTORIDADES RESPONSABLES; Señalamos como autoridades responsables a la siguiente: Al H. Juzgado de Partido Segundo Civil de la Ciudad de Salamanca, Guanajuato." IV.- LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAMA: De la autoridad señalada como responsable, reclamamos los siguientes actos:" "Toda orden, acuerdo, mandamiento, ejecución que haya girado emitido o acordado, en el juicio especial civil hipotecario número 397/2014, promovido por ***********, tendiente a sacar a remate o a la venta en pública almoneda, el bien inmueble del cual somos copropietarias, conjuntamente con ***********, *********** y ***********, todos de apellidos *********** y ***********, esta última heredera universal de ***********, mismo que adquirimos por herencia de la fracción *********** denominada ***********, del municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas, Gto., amparada con la escritura pública de división número ***********, de fecha 24 veinticuatro de febrero de 2014 dos mil catorce, expedida ante la fe del C. LIC. ***********, notario público número 53, en ejercicio en la ciudad de Celaya, Gto." Señalamos también como acto impugnado o reclamado, el que la autoridad responsable no nos haya dado la oportunidad de nombrar perito valuador, es decir, que nos haya negado nuestro derecho de participar en la evaluación de un bien inmueble que es de nuestra propiedad, es más que no nos haya informado en su momento del avalúo que había ordenado realizar en juicio violando así nuestro derecho a la defensa que tenemos respecto de nuestra propiedad y nuestros derechos humanos." Bajo esas premisas, los requisitos anteriormente precisados para que se actualice la causal de improcedencia de cosa juzgada se encuentran cubiertos, dado que: La demanda presentada en primer término y la que es objeto de este juicio, fueron promovidas por las mismas quejosas (***********, ***********, conocida también con el nombre de ***********), por su propio derecho. La autoridad responsable es la misma en ambos juicios de amparo. Es el mismo acto reclamado, pues en ambos esencialmente reclamaron la afectación de su interés jurídico respecto del bien inmueble denominado Fracción *********** del Predio Rústico denominado *********** de Santa Cruz de Juventino Rosas, Guanajuato. El acto que se reclama en el presente contradictorio ya fue materia del diverso juicio de amparo 432/2016-II del índice de este juzgado. Luego, si las solicitantes del amparo ***********, ***********, conocida también con el nombre de ***********, por su propio derecho acuden a esta instancia constitucional reclamando nuevamente la afectación que recienten sobre el referido bien inmueble ordenado en los autos del juicio ordinario civil 397/2014 del índice del Juzgado de Partido Segundo Civil de Salamanca, Guanajuato, lo cual ya fue objeto del diverso juicio de amparo 432/2016-II del índice de este juzgado; es incuestionable que ese pronunciamiento no puede ser desconocido en esta ocasión en que las impetrante pretenden una vez más cuestionarlo en esta vía; de ahí que el acto reclamado que se analiza constituya cosa juzgada, al haberse declarado firme su inatacabilidad mediante el juicio de amparo, lo que genera inejercitable la acción constitucional de modo absoluto. Consecuentemente, con fundamento en lo previsto por el artículo 61, fracción XI, en relación con el diverso numeral 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda que se estudia, por actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia antes invocada. De igual forma, se les tiene señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indican en su demanda, y autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********, al contar con cédula profesional 841990 inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, implementado por el Consejo de la Judicatura Federal; asimismo, en términos del último párrafo del artículo citado a ********, al no encontrarse en ese supuesto. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación de ocho de julio de dos mil trece, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del "Word SISE".
- Principal
POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE ONCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE A LA PARTE QUEJOSA: Vista la demanda de amparo promovida por *********** y ***********, conocida también como ***********, por su propio derecho, contra actos del Juez Segundo de Partido Civil de Salamanca, Guanajuato; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado con el número 1166/2019-VI. El suscrito estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: "(.)" "XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior." Como se puede advertir del numeral transcrito, el juicio constitucional es improcedente cuando los actos reclamados hayan sido materia de un diverso juicio de amparo promovido por el mismo quejoso y en contra de las mismas autoridades, independientemente de las violaciones constitucionales alegadas. Sobre el particular, Carlos Arellano García en su obra titulada el Juicio de Amparo, editorial Porrúa, primera edición, explica que la causal de improcedencia de que se trata se encuentra totalmente justificada, por las siguientes razones: a) La expresión "ejecutoria" cuyo significado procesal equivale a que ya no cabe medio de impugnación alguno, es decir, es la verdad legal; b) Que impera la institución de la cosa juzgada, que es absolutamente indispensable para evitar que se afecte la seguridad jurídica, o sea, se satisface la necesidad de saber a qué atenerse; y, c) Además de que los juicios de amparo serían interminables, por lo que resulta poner fin a ellos. Por su parte, el ministro en retiro Genaro David Góngora Pimentel en su obra titulada "Introducción al Estudio del Juicio de Amparo" (séptima edición, México 1999, página 219), refiere que para su actualización: ".es necesario que los actos reclamados hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de garantías, y se contrae exclusivamente a los amparos que hayan sido promovidos por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado aunque las violaciones constitucionales sea diversas. Con esto se consigue la finalidad que tiende a evitar que se pronuncien sentencias contradictorias y la promoción de nuevos amparos enderezados con idéntico objeto." De lo expresado por los juristas y del precepto en análisis se desprenden como elementos para que se actualice la cosa juzgada, los siguientes: 1. Que necesariamente ambos juicios de amparo estén promovidos: Por el mismo quejoso o quejosos. Contra las mismas autoridades. Por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. 2. Que tales actos hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo. Cabe señalar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que una sentencia de sobreseimiento no constituye cosa juzgada y, por consiguiente, no impide promover un nuevo juicio de amparo en el que se impugne el mismo acto o norma general; sin embargo, existen excepciones al respecto, en virtud de que la causa de improcedencia de cosa juzgada opera por diversas circunstancias, pues no sólo se actualiza cuando en una sentencia ejecutoria se haya resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sino también cuando se ha determinado su inatacabilidad a través de un diverso juicio constitucional, siempre que tal determinación se haya realizado en atención a razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, con independencia del juicio en que se haya efectuado, como ocurre cuando en una sentencia de amparo se declara que el precepto reclamado fue consentido y esta determinación adquiere firmeza porque no fue recurrida o habiéndolo sido se confirma, por lo que dicha situación no puede desconocerse en un nuevo juicio de amparo promovido contra un acto de aplicación posterior del mismo precepto. Otros ejemplos cuando se ha declarado por sentencia ejecutoria que se ha consumado de manera irreparable el acto reclamado, o que han cesado sus efectos, o que dicho acto ha sido consentido, o cuando se ha determinado que el acto reclamado no afecta los intereses jurídicos de la parte quejosa. Pues bien, para comprender adecuadamente por qué el suscrito estima que en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia antes referida, se ordena traer a la vista como hecho notorio los autos el juicio de amparo 432/2016-II del índice de este órgano jurisdiccional, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, y de la jurisprudencia 2a./J. 103/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 285, Tomo XXV, Junio de 2007, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE.", del que se obtienen los siguientes datos: a) Mediante escrito presentado el diecisiete de mayo de dos mil dieciséis, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en esta ciudad, ***********, *********** y ***********, conocida también con el nombre de ***********, las dos primeras por su propio derecho y la última en su calidad de albacea de la sucesión testamentaria a bienes de ***********, promovieron demanda de amparo en contra de las autoridades y el acto siguientes: AUTORIDADES RESPONSABLES Juzgado de Partido Segundo Civil de Salamanca, Guanajuato. ACTOS RECLAMADOS "a) De la autoridad señalada como responsable, reclamamos los siguientes actos: "Toda orden, acuerdo, mandamiento o ejecución, que haya girado, emitido o acordado, en el juicio especial civil hipotecario número 397/2014, promovido por ***********, tendiente a sacar a remate o a la venta en pública almoneda el bien inmueble del cual somos copropietarias, conjuntamente con ***********, ***********, *********** y otros, mismos que adquirimos por herencia de la fracción segunda denominada ***********, del municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas, Gto." b) Por razón de turno le correspondió conocer de la demanda a este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato, la que en auto de diecinueve de mayo de dos mil dieciséis, se registró bajo el número 432/2016-II; y en términos de lo previsto en los numerales 114, 108 y 6º todos de la Ley de Amparo, se previno a la parte quejosa en razón de que fue omisa en señalar a qué autoridad atribuía la ejecución, requiriéndola para que aclarara su demanda, y si así lo deseaba, hiciera el señalamiento de alguna autoridad ejecutora. c) Mediante auto de veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, se requirió a la quejosa ***********, para que dentro del plazo de tres días, compareciera ante este juzgado debidamente identificada, en día y horas hábiles, para que en diligencia formal ratificara el contenido y firma del ocurso que presentó. d) Una vez satisfecho el anterior requerimiento, en proveído de treinta de mayo de dos mil dieciséis, este órgano jurisdiccional, estimó carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo, promovida por las ya referidas quejosas, por lo que se ordenó remitir el escrito original de demanda y copias respectivas al Juez de Distrito en el Estado de Guanajuato en turno, con sede en la ciudad de Irapuato, Guanajuato. e) Con auto de nueve de junio de dos mil dieciséis, se tuvo al titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Irapuato, refiriendo que no aceptaba la competencia planteada por este tribunal para conocer de la demanda de amparo promovida por ***********, *********** y ***********, conocida también con el nombre de ***********, las dos primeras por su propio derecho y la última en su calidad de albacea de la sucesión testamentaria a bienes de ***********; por lo que este órgano jurisdiccional no insistió en declinar la competencia planteada y se admitió a trámite la demanda propuesta. f) Seguidos los trámites y una vez integrado el expediente, se resolvió conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a ***********, *********** y ***********, conocida también con el nombre de ***********, las dos primeras por su propio derecho y la última en su calidad de albacea de la sucesión testamentaria a bienes de *********** contra el acto reclamado al Juez Segundo Civil de Partido de Salamanca, Guanajuato y otra, para el efecto de que el Juez Segundo Civil de Partido de Salamanca, Guanajuato, al momento de ejecutar la sentencia emitida en el juicio sumario hipotecario C-397/2014 de su índice, respetara el derecho de copropiedad que las quejosas detentaron respecto del bien inmueble denominado Fracción *********** del Predio Rústico denominado *********** de Santa Cruz de Juventino Rosas, Guanajuato. g) Sentencia que no fue recurrida, por lo que mediante proveído de veintitrés de diciembre de dos mil dieciséis, causó ejecutoria, requiriendo a las responsables su respectivo cumplimiento. h) El quince de febrero de dos mil diecisiete, se tuvo a las responsables dando cabal cumplimiento a la ejecutoria dictada en el juicio 432/2016-II, del índice de ese órgano jurisdiccional, por lo que se ordenó el archivo correspondiente de aquel expediente. Ahora, de las constancias que integran el presente juicio de amparo se advierte que: - *********** y ***********, conocida también como ***********, por su propio derecho, promovieron demanda de amparo en contra de la autoridad responsable y acto reclamado siguientes: "III.- LA AUTORIDAD O AUTORIDADES RESPONSABLES; Señalamos como autoridades responsables a la siguiente: Al H. Juzgado de Partido Segundo Civil de la Ciudad de Salamanca, Guanajuato." IV.- LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAMA: De la autoridad señalada como responsable, reclamamos los siguientes actos:" "Toda orden, acuerdo, mandamiento, ejecución que haya girado emitido o acordado, en el juicio especial civil hipotecario número 397/2014, promovido por ***********, tendiente a sacar a remate o a la venta en pública almoneda, el bien inmueble del cual somos copropietarias, conjuntamente con ***********, *********** y ***********, todos de apellidos *********** y ***********, esta última heredera universal de ***********, mismo que adquirimos por herencia de la fracción *********** denominada ***********, del municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas, Gto., amparada con la escritura pública de división número ***********, de fecha 24 veinticuatro de febrero de 2014 dos mil catorce, expedida ante la fe del C. LIC. ***********, notario público número 53, en ejercicio en la ciudad de Celaya, Gto." Señalamos también como acto impugnado o reclamado, el que la autoridad responsable no nos haya dado la oportunidad de nombrar perito valuador, es decir, que nos haya negado nuestro derecho de participar en la evaluación de un bien inmueble que es de nuestra propiedad, es más que no nos haya informado en su momento del avalúo que había ordenado realizar en juicio violando así nuestro derecho a la defensa que tenemos respecto de nuestra propiedad y nuestros derechos humanos." Bajo esas premisas, los requisitos anteriormente precisados para que se actualice la causal de improcedencia de cosa juzgada se encuentran cubiertos, dado que: La demanda presentada en primer término y la que es objeto de este juicio, fueron promovidas por las mismas quejosas (***********, ***********, conocida también con el nombre de ***********), por su propio derecho. La autoridad responsable es la misma en ambos juicios de amparo. Es el mismo acto reclamado, pues en ambos esencialmente reclamaron la afectación de su interés jurídico respecto del bien inmueble denominado Fracción *********** del Predio Rústico denominado *********** de Santa Cruz de Juventino Rosas, Guanajuato. El acto que se reclama en el presente contradictorio ya fue materia del diverso juicio de amparo 432/2016-II del índice de este juzgado. Luego, si las solicitantes del amparo ***********, ***********, conocida también con el nombre de ***********, por su propio derecho acuden a esta instancia constitucional reclamando nuevamente la afectación que recienten sobre el referido bien inmueble ordenado en los autos del juicio ordinario civil 397/2014 del índice del Juzgado de Partido Segundo Civil de Salamanca, Guanajuato, lo cual ya fue objeto del diverso juicio de amparo 432/2016-II del índice de este juzgado; es incuestionable que ese pronunciamiento no puede ser desconocido en esta ocasión en que las impetrante pretenden una vez más cuestionarlo en esta vía; de ahí que el acto reclamado que se analiza constituya cosa juzgada, al haberse declarado firme su inatacabilidad mediante el juicio de amparo, lo que genera inejercitable la acción constitucional de modo absoluto. Consecuentemente, con fundamento en lo previsto por el artículo 61, fracción XI, en relación con el diverso numeral 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda que se estudia, por actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia antes invocada. De igual forma, se les tiene señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indican en su demanda, y autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********, al contar con cédula profesional 841990 inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, implementado por el Consejo de la Judicatura Federal; asimismo, en términos del último párrafo del artículo citado a ********, al no encontrarse en ese supuesto. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación de ocho de julio de dos mil trece, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del "Word SISE".
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