María del Carmen Lugo Olivares y Otros.
Expediente 108/2016 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de marzo de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 108/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 10/03/2016
Partes del expediente
- María del Carmen Lugo Olivares y Otros.
- María del Carmen Lugo Olivares
Actuaciones
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término para interponer recurso de revisión contra el auto de sobreseimiento dictado el veintidós de febrero del año en curso, sin que la parte quejosa, a quien pudiera causarle perjuicio, lo haya hecho valer; por tanto, se declara que dicha resolución HA CAUSADO ESTADO para los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese este asunto como concluido. Por lo que, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo.
- Principal
En el caso, el acto que los quejosos María del Carmen Lugo Olivares, Rosa Ignacia Romero Castillo y Magdaleno Eduardo González Gómez, reclaman del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, es la omisión de dar contestación a los escritos presentados el diecisiete de marzo de dos mil quince y veintidós de enero de esta anualidad, en el juicio laboral 1562/2005, ante la autoridad responsable mediante los cuales revocaban el domicilio y autorizado señalado en autos y solicitaron se dictara auto de requerimiento de pago y embargo en el juicio laboral; y considerando que el dieciséis de febrero del año que transcurre la autoridad responsable dio contestación a los ocursos referidos acordando favorable la revocación del domicilio y autorizados; asimismo, dictó auto de requerimiento de pago y embargo señalándose las doce horas del catorce de abril de dos mil dieciséis para la práctica de dicha diligencia, dichas determinaciones fueron notificadas mediante boletín laboral de diecisiete del mes y año en curso; por tanto, se concluye que han cesado los efectos de las omisiones reclamadas, pues se ha dejado de afectar los derechos de los solicitantes de amparo con la omisión que por esta vía reclamaron. En otras palabras, si lo que los quejosos impugnaron fue la omisión de la responsable de dar contestación a los escritos presentados el diecisiete de marzo de dos mil quince y veintidós de enero de esta anualidad y acudió a esta instancia constitucional con la pretensión de que se le obligara a emitir la determinación relativa; y al respecto el dieciséis de febrero pasado se dio respuesta a los ocursos de mérito, en el que se acordó favorable la revocación de autorizados y domicilio, igualmente se dictó auto de requerimiento de pago y embrago contra la parte tercero interesada Ayuntamiento Constitucional de Coacalco de Berriozábal, Estado de México, los cuales fueron notificados mediante boletín laboral el diecisiete siguiente; todo ello revela que la omisión reclamada ya cesó, lo que es suficiente para concluir que cesaron los efectos del acto reclamado. De ahí que en la especie se actualiza la causa de improcedencia invocada, prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo y, por ello, de conformidad con lo dispuesto por la fracción V del numeral 63 de la ley de la materia, debe decretarse el sobreseimiento en este juicio de amparo. En esa tesitura, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con cuarenta minutos del tres de marzo del año en curso, sin que ello implique dejar a los quejosos en estado de indefensión, pues en el caso a estudio surgió una causa notoria e indudable de improcedencia, de suerte que ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido; además de que tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la constitución general de la república, en cuanto dispone que la administración de justicia debe ser pronta y expedita. En la inteligencia de que con esta determinación se dejan a salvo los derechos de los solicitantes de amparo para que, si a su interés conviene, impugnen por los medios legales que correspondan las determinaciones que emitió la responsable, toda vez que en este caso no existe ningún vínculo de interdependencia entre el nuevo acto y el reclamado inicialmente, por lo que no es jurídicamente posible que se examinen en este propio juicio constitucional; lo anterior es así, si se toma en cuenta que por interdependencia no debe entenderse únicamente que ambos actos se encuentren relacionados entre sí, sino que esa relación sea tal que no pueda hacerse ninguna separación entre ellos, ni pensar que uno es más importante que otro, es decir, que deban interpretarse y tomarse en su conjunto y no como elementos aislados.
- Principal
Visto el oficio remitido por la Actuaria Judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, mediante el cual remite los autos originales del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1439/2015 y testimonio de la ejecutoria pronunciada en el recurso de revisión 407/2015, cuyos puntos resolutivos son: "PRIMERO. En la materia de la revisión se confirma la resolución interlocutoria recurrida. SEGUNDO. Se niega a *****, la suspensión definitiva de las consecuencias de los actos reclamados, por las razones expuestas en el último considerando de este fallo."; glósese para los efectos legales conducentes el oficio y anexo de mérito, así como el cuaderno de antecedentes; acúsese recibo al Tribunal oficiante y háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E).
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