Maria del Carmen Lopez Torres
Expediente 1049/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1049/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 18/07/2023
Partes del expediente
- Maria del Carmen Lopez Torres
Actuaciones
- Principal
el proveído de cinco de julio del año en curso, mediante el cual se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, se declara que dicho auto ha quedado firme. Anotaciones. Háganse las anotaciones respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívese el presente asunto como concluido. Valoración documental. Atento a lo anterior, se estima que el presente expediente no es de relevancia documental ni conservable, sino destruible, en términos de los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés. Destrucción de expediente. En consecuencia, de conformidad con el artículo 20, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal antes mencionado, este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis de asuntos destruibles, contenido en dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se desechó la demanda de amparo. Por tanto, una vez transcurrido más de tres años a partir del día de la data, de conformidad con el apartado 8.1.2, del capítulo 8 "Expedientes destruibles", punto 4 del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, procédase a su destrucción material.
- Principal
el Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en esta ciudad, informa que el presente juicio de amparo quedó registrado con el número 20230818033500657; por lo que este Juzgado de Distrito toma pleno conocimiento de ello. .
- Principal
la Secretaria del Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, remite los autos del juicio de amparo 921/2023 del índice de su adscripción, al estimar que es este órgano de control constitucional es quien debe conocer de la demanda de amparo promovida por XXXXXX, contra actos del Juez Tercero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tenango del Valle, Estado de México, por conocimiento previo. Acúsese el recibo de estilo correspondiente, fórmese expediente físico y electrónico, y regístrese en el libro electrónico bajo el número 1049/2023-VI. Con fundamento en los artículos 37, 48, 112 y 113, de la Ley de Amparo, 45 y 46, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que adiciona y deroga el similar que regula el funcionamiento de las oficinas de correspondencia común de los Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito, este Juzgado de Distrito asume el conocimiento del asunto. Desechamiento de demanda. Ahora bien, es importante precisar que el artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, establece que el juez de distrito examinará ante todo el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano sin suspender el acto reclamado, en concordancia con lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo. Al respecto, se considera necesario destacar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda. A su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Fijación del acto reclamado. Ahora bien, de la lectura integra de la demanda de amparo se advierte que en esencia la quejosa se duele del siguiente acto: El auto de diecinueve de mayo de dos mil veintitrés, dictado en el expediente 1083/2022, del índice del Juzgado Tercero Civil de Tenango del Valle, Estado de México, por el que no se admitió a trámite el recurso de apelación interpuesto por la quejosa, contra el proveído dictado el nueve de mayo del mismo año, en el que la responsable tuvo por recibido el dictamen pericial de la perito designada por XXXX - demandada en el juicio de origen- y realizó la certificación de cinco días complementarios otorgados a dicha especialista para rendir el dictamen correspondiente. Establecido lo anterior, por con fundamento en los artículos 113, 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, este último interpretado a contrario sensu de la Ley de Amparo, procede desecharla de plano, por su manifiesta e indudable improcedencia; respecto de los citados actos reclamados. En ese sentido, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 377/20131, estableció que la actual Ley de Amparo en su artículo 107, fracción V, ofrece la definición de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, en el sentido de que dichos actos para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a los derechos sustantivos de las personas, es decir, que sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual y directa, el libre ejercicio de un derecho cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas y que no produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal, que no necesariamente pueda llegar a trascender al resultado del fallo. siendo aplicables las tesis y criterios jurisprudenciales que estaban destinados a brindar orientación respecto a la procedencia del amparo indirecto, tratándose de "violaciones procesales que afectan a las partes en grado predominante o superior", debido a que tales posturas, se generaron al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de intelección interpretativa sobre lo que debía entenderse por actos de "imposible reparación". Afirmó lo precedente, dada la connotación que el legislador aportó en la actual Ley de Amparo, respecto a la expresión "actos de imposible reparación"; de modo que, hacer extensivo dicho concepto de violaciones procesales o adjetivas, que no afecten en forma directa derechos sustantivos, resulta incompatible con el actual texto legal previsto en la fracción V del artículo 107, de la legislación en cita. Para efecto de mayor precisión, cabe destacar que un criterio útil para determinar la procedencia del amparo indirecto tratándose de actos de imposible reparación dentro de juicio, sustentado por el mismo Pleno del Máximo Tribunal del País3, se basa en la distinción hecha entre derechos sustantivos y derechos adjetivos, siendo los primeros aquellos referentes a la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, entre otros, los cuales, de llegar a transgredirse, su afectación no sería susceptible de repararse, aun en la hipótesis de obtener sentencia favorable en el procedimiento de origen, por haberse consumadoirreparablemente una violación a esas prerrogativas inherentes a las personas. Por consiguiente, los actos dentro de juicio -el cual inicia con la presentación de la demanda y concluye con la resolución que le pone fin al procedimiento-, tienen una ejecución de imposible reparación, únicamente cuando afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos fundamentales indicados, porque esa afectación o sus consecuencias, no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones. Precisado lo anterior, no puede ser considerado como acto de imposible reparación el auto de diecinueve de mayo de dos mil veintitrés, dictado en el expediente 1083/2022, del índice del Juzgado Tercero Civil de Tenango del Valle, Estado de México, por el que no se admitió a trámite el recurso de apelación interpuesto por la quejosa, contra el proveído dictado el nueve de mayo del mismo año, en el que la responsable tuvo por recibido el dictamen pericial de la perito designada por XXXXX -demandada en el juicio de origen- y realizó la certificación de cinco días complementarios otorgados a dicha especialista para rendir el dictamen correspondiente. Lo anterior es así, ya que dicho acto no se traduce en una afectación a sus derechos de naturaleza adjetiva o procesal, y los efectos de este tipo son meramente formales; esto es, no trae como consecuencia una ejecución irreparable, contra los que procede el juicio de amparo biinstancial. Es así, habida cuenta que no implica una afectación directa y material a los derechos fundamentales a la vida, salud, integridad física o alguna garantía judicial de la parte quejosa, tutelados en la Constitución Federal y Tratados en Derechos Humanos en los que México sea parte; además, que dichos acto reclamado tampoco impide a la parte quejosa el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, pues se trata de una violación cometida durante el procedimiento que no es de imposible reparación, pues está relacionado con el desahogo de una prueba pericial lo cual sólo afecta derechos procesales y puede ser determinada como una violación de carácter adjetivo. Por tanto, al tratarse de una eventual violación de carácter adjetiva sin que afecte derechos sustantivos, es imposible analizarla a través del amparo biinstancial, pues el acto reclamado señalado en párrafos precedentes, en todo caso constituiría una violación procesal, por lo que puede seguir haciendo uso de sus derechos. En este sentido, debe considerarse que el auto de diecinueve de mayo de dos mil veintitrés, por el que no se admitió a trámite el recurso de apelación interpuesto por la quejosa XXXXXXX, contra la determinación dictada el nueve de mayo del mismo año, en la que la autoridad responsable tuvo por recibido el dictamen pericial dictado por la perito de la contraparte de la quejosa en el juicio de origen y certificó los cinco días complementarios otorgados para rendir dicho dictamen, no satisface el requisito de procedibilidad de la acción constitucional establecido en la fracción V del numeral 107 de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, pues como se indica en los párrafos que anteceden, el auto de diecinueve de mayo de dos mil veintitrés, por el que no se admitió a trámite el recurso de apelación interpuesto por la quejosa XXXXXX, deriva del proveído de nueve de mayo de dos mil veintitrés, en el que se tuvo por recibido el dictamen pericial rendido por la perito designada por XXXXXXX -demandada en el juicio de origen- y se realizó la certificación del plazo supletorio o complementario que le fue concedido en diverso acuerdo de veinte de abril de la presente anualidad, a efecto de dicha perito se encontrara en posibilidad de rendir su dictamen correspondiente. Acto que, a criterio de este órgano de control constitucional no debe considerarse como de imposible reparación. Así, los efectos del auto reclamado, no causan perjuicio de imposible reparación a la parte quejosa, pues el acto reclamado genera afectación únicamente a derechos de índole procedimental. Por tanto, no es dable considerar que el acto reclamado deba considerarse de imposible reparación, para la procedencia del juicio de amparo, pues se reitera, dicha determinación no afecta materialmente algún derecho sustantivo de la parte quejosa, lo que determina que no pueda calificarse como un acto dentro de juicio de imposible reparación, ya que sus efectos son meramente procesales. En esas condiciones, es evidente que el acto reclamado, no debe considerarse como emitido dentro de un procedimiento que tenga sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, ya que no afecta directamente alguno de los derechos sustantivos de los gobernados, protegidos por los derechos humanos consagrados en la Carta Magna; que deban impugnarse a través del amparo indirecto, de conformidad con lo establecido por la fracción V, del ordinal 107, de la Ley de Amparo vigente, interpretado a contrario sensu. Sostener un criterio contrario, propiciaría la promoción de diversos juicios de amparo, haciendo nugatorio las reglas de procedencia que consagra el artículo 107 de la ley de la materia, pues bastaría aducir que el acto reclamado es de imposible reparación para hacer procedente la acción constitucional. Además, esta determinación obedece a la prontitud y expeditez que impone el artículo 17 Constitucional, pues aun cuando se llegara a admitir la demanda y se tramitara el presente juicio, no podría dejarse de observar las reglas de procedencia del juicio de amparo indirecto. Por lo anterior, al actualizarse de un modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia advertida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, interpretado a contrario sensu, ambos de la ley de la materia; con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por XXXXXXX, contra actos del Juez Tercero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tenango del Valle, Estado de México, por notoriamente improcedente.
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