María del Carmen López Rodríguez
Expediente 41/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 6 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 41/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 22/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- María del Carmen López Rodríguez
- Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Oral Familiar del Distrito Judicial de Zitácuaro, Michoacán
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
En Morelia, Michoacán, a las nueve horas con treinta minutos del veintidós de marzo de dos mil veintitrés, el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada Isela Estefanía Bueno Gallegos, secretaria adscrita a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 41/2023, sin la comparecencia de las partes. Enseguida la secretaria da cuenta al juez con el escrito registrado bajo el número 4298, presentado por Olivia Benítez Reyes, representante especial del menor de identidad reservada con iniciales D.L.R., a través del cual formula alegatos; de la misma forma, hace relación de la totalidad de constancias que obran en el expediente, de que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia; de la misma forma, El Juez acuerda: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación que antecede para los efectos que en derecho correspondan; por lo que hace al escrito de alegatos, provéase lo conducente en la etapa correspondiente. Abierto el período de pruebas: La secretaria da cuenta con las documentales ofrecidas por el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar, con residencia en Zitácuaro, Michoacán y hace constar que no quedan más pruebas pendientes por admitir o desahogar. El Juez acuerda: Con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, téngase por ofrecidas las pruebas precisadas con antelación. Al consistir en documentales, se tienen por admitidas y desahogadas, dada su propia y especial naturaleza, en la inteligencia de que deben tomarse en consideración la totalidad de las constancias remitidas por las partes. Cerrado el período de pruebas y abierto el de alegatos, la secretaria da cuenta con el escrito de cuenta presentado por Olivia Benítez Reyes, representante especial del menor de identidad reservada con iniciales D.L.R., a través del cual formula alegatos; asimismo, hace constar que las demás partes no los formularon. El Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formulados los alegatos de cuenta y se declara precluido el derecho de las demás partes para hacerlo. Al no haber diligencia pendiente que desahogar, se procede al dictado de la resolución, y; RESULTANDO: Primero. Presentación. Mediante escrito presentado el dieciséis de enero de dos mil veintitrés ante el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad (foja 3), María del Carmen López Rodríguez, por propio derecho y en representación legítima del menor de identidad reservada con iniciales D.L.R., demandó en la vía indirecta, el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar, con residencia en Zitácuaro, Michoacán, que estimó violatorios de los derechos tuteladas en los artículos 1, 4, 14, 16 y 17 constitucionales. Segundo. Admisión y trámite. Por razón de turno, le correspondió conocer a este juzgado de Distrito, se ordenó su registro con el número 41/2023, el diecinueve de enero del año en curso (foja 28) se admitió a trámite la demanda, se solicitó a la autoridad responsable y se otorgó a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención legal que le compete. Luego, el dieciséis de febrero del año en curso (foja 40) se reconoció el carácter de tercero interesado a Irving Osorio Garfias y se ordenó su emplazamiento; de la misma forma, en ese auto se solicitó al Delegado del Instituto Federal de la Defensoría Pública, designara a un asesor jurídico que pudiera fungir dentro del presente juicio, como representante especial del menor de iniciales D.L.R.; razón por la que en proveído de veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés (foja 65) se tuvo a Olivia Benítez Reyes, asesora jurídico del Instituto Federal de la Defensoría Pública adscrita a la Delegación Michoacán, aceptando y protestando el cargo precisado en el párrafo que antecede. Finalmente, el veintiocho de febrero del año en curso (foja 67) se señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se verificó al tenor del acta que antecede, por lo que ahora se procede a dictar sentencia al tenor de las siguientes: CONSIDERACIONES: Primera. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107 de la Ley de Amparo, 49 y 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, así como al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, dado que el acto reclamado fue dictado por una autoridad judicial con residencia en el lugar en el que este juzgado ejerce jurisdicción. Segunda. Precisión del acto reclamado. De conformidad con lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se analizará la certeza o inexistencia del acto reclamado, previa fijación del mismo. Al respecto resulta aplicable la tesis aislada P. VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 255, tomo XIX, abril 2004, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, registro 181810, del rubro y texto siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, de conformidad con el citado precepto legal y atendiendo además al criterio mencionado, el acto reclamado por la parte quejosa al Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar, con residencia en Zitácuaro, Michoacán, consiste en: El auto de catorce de diciembre de dos mil veintidós pronunciado en el juicio ordinario familiar oral 2/2022, que sobre reconocimiento de la paternidad promovió María del Carmen López Rodríguez frente a Irving Osorio Garfias, en el que en esencia se le dijo a la quejosa que no era procedente su solicitud de modificar el parámetro de umas que se tomó en consideración para fijar la pensión alimenticia provisional y en su lugar, determinarla conforme al salario mínimo vigente, ya que como se le dijo en el auto de seis de diciembre del mismo año, no obran pruebas de las que se deduzca la capacidad económica del deudor de los alimentos. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia, P./J. 40/2000 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 32, tomo XI, abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, registro 192097, la cual es del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Tercera. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado, pues así lo manifestó la juez familiar al rendir su informe justificado (foja 27). Lo anterior se corrobora con las pruebas documentales que acompañó a su informe, consistentes en el juicio oral familiar 2/2022, que obra por separado en un tomo de pruebas. Pruebas con valor pleno en términos del artículo 129, en relación con los diversos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Es aplicable al caso, por identidad de razón, la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se publicó en el Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, del Apéndice 2000, al Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, materia común, registro 917812, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Cuarta. Análisis de las causales de improcedencia. Determinada la certeza del acto reclamado es necesario examinar la procedencia del juicio constitucional, ya que en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia son de estudio preferente, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público. Sin embargo, en el presente caso, ninguna de las partes invocó alguna causal de improcedencia de la acción constitucional y tampoco este juzgador, de oficio, advierte su existencia; por tanto, procede entrar al estudio de la constitucionalidad del acto reclamado. Quinta. Estudio de los conceptos de violación. La promovente del amparo hizo valer los conceptos de violación expuestos en su demanda, mismos que se tienen aquí por reproducidos como si al efecto se transcribiesen, en obvio de repeticiones innecesarias, pues este juzgador no se encuentra obligado a hacerlo, acorde con lo dispuesto en la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 58/2010, de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." En el único concepto de violación esgrimido por la parte quejosa, la promovente del amparo aduce que el acuerdo reclamado que niega la fijación de los alimentos provisionales a favor de su menor hijo, atendiendo al parámetro de los salarios mínimos vigentes, es violatorio de sus derechos humanos, dado que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya determinó que la pensión alimenticia debe fijarse tomando como base dicho parámetro y no la unidad de medida y actualización. Concepto de violación que se impone declarar inoperante porque existe impedimento técnico para que el suscrito aborde su estudio por las razones que se expresarán en enseguida. Para hacerlo, en primer lugar debe traerse a cuenta lo determinado en el auto de catorce de diciembre del año pasado pronunciado en el juicio familiar de origen, en el que el juez responsable, acordó lo siguiente: "(.) Visto el escrito que presenta María del Carmen López Rodríguez, en cuanto parte actora, manifestando su inconformidad con el auto de fecha 6 seis de los corrientes dictado por este Juzgado, por lo que solicita se modifique la cantidad que por concepto de alimentos provisionales se fijó, para ahora decretarla tomando en cuenta el salario mínimo invocando como fundamento, entre otros, la tesis de amparo del rubro "PENSIÓN ALIMENTICIA, DEBE FIJARSE, EN LOS CASOS QUE AS/ PROCEDA, TOMANDO COMO BASE O REFERENCIA EL SALARIO MÍNIMO Y NO LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN (UMA)", dígasele que la pensión alimenticia fue decretada con fundamento en lo dispuesto por el artículo 464, fracción I, del Código Familiar del Estado, considerando, desde luego, que hasta el momento no obran pruebas de donde se deduzca la capacidad económica del ahora deudor alimentista; en la inteligencia de que, como se dijo en tal proveído, que dicha medida provisional podrá modificarse una vez conocidas las percepciones económicas reales del deudor alimentario y las necesidades ciertas del acreedor alimentista; pero además, cabe destacar que la tesis de amparo que invoca, si bien establece que la pensión alimenticia debe fijarse tomando como base o referencia el salario mínimo y no la unidad de medida y actualización (UMA), de los precedentes de donde deriva se advierte que ello es para fijar los alimentos definitivos, cuando se desconocen los ingresos del deudor, mas no cuando se trata de alimentos provisionales, respecto de los cuales existe disposición expresa en la Legislación Familiar del Estado para fijarlos cuando se desconoce la capacidad económica del deudor alimentista; de ahí que, de momento, no procede la modificación solicitada.(.)" Lo resaltado es propio. Como se ve, el argumento base en el que el juez responsable descansó su negativa a modificar el parámetro que consideró para el quantum de los alimentos provisionales, es que tal y como se le dijo a la aquí quejosa en el auto de seis de diciembre del año pasado, dicha medida podría modificarse una vez conocidas las percepciones económicas reales del deudor de los alimentos y las necesidades ciertas del acreedor. De la misma forma, para dar sentido a la decisión que se asume en esta sentencia, debe traerse a cuenta lo determinado en el auto de seis de diciembre del año en curso pronunciado dentro del juicio familiar de origen, emitido en los términos que se transcriben: "(.) Visto el escrito que presenta María del Carmen López Rodríguez, en cuanto parte actora, se le tiene haciendo las manifestaciones que refiere en su escrito de cuenta; por tanto, dado que se tuvo por recibido el exhorto número 62/2022, girado por este Juzgado, mismo que fue devuelto parcialmente diligenciado, del que se desprende que el Juzgado exhortado, señaló las 10:00 diez horas del dia7 siete de noviembre del año en curso, para el desahogo de la prueba pericial en genética molecular de ácido desoxirribonucleico (ADN), consistente en la toma de muestra del menor de iniciales D.L.R. y las partes dentro del presente asunto, misma que se realizó en las instalaciones del laboratorio de genética forense, ubicado en la Fiscalía General del Estado, con domicilio en Morelia, Michoacán; en la que se hizo constar que solamente comparecieron el personal del Juzgado actuante, Agente del Ministerio Público, tutora especial, perito designada en autos, la parte actora y su menor hijo, esto es sin que haya comparecido Irving Osorio Garfias, parte demandada, quien fue debidamente notificado de la diligencia, por lo que al no haber comparecido el accionado, no fue posible llevar el desahogo de dicha toma de muestra; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento realizado al demandado tanto en la audiencia preliminar de fecha 30 treinta de agosto del año en curso, así como en el proveído de fecha 25 veinticinco de octubre del año que transcurre dictado por este Juzgado y en el auto de fecha 20 veinte de octubre del presente año dictado por la autoridad exhortada, por lo que operó la presunción de certeza narrado por la parte actora y se tiene la presunción de que Irving Osorio Garfias, parte demandada, es el padre biológico del menor de iniciales D.L.R. salvo prueba en contrario. Merced a lo anterior, esto es, a que operó la presunción de que el accionando es el padre biológico del menor involucrado, por tanto privilegiando su interés superior y tomando en consideración que hasta este momento no obran pruebas de donde se deduzca la capacidad económica del ahora deudor alimentista, ponderando que de las pruebas aportadas hasta este momento no se deduce una capacidad económica real del obligado alimentario; sin embargo, no obstante ello, dado que la propia naturaleza de las medidas precautorias, son la eminente necesidad y urgencia de la medida: consecuentemente, el no contar con datos precisos y actuales de las percepciones ordinarias y extraordinarias que obtiene el deudor alimentario; por ende, en términos de lo dispuesto por el artículo 464, fracción I, del Código Familiar del Estado, al presumirse la necesidad del menor inmerso en este juicio de recibir alimentos por parte de su ahora progenitor, se fija como pensión alimenticia provisional a cargo de Irving Osorio Garfias, en favor de su ahora menor hijo de iniciales D.L.R., el equivalente a un mes de Unidad de Medida y Actualización, el cual asciende a la cantidad de $2,925.09 dos mil novecientos veinticinco pesos con nueve centavos de forma mensual, suma que se obtiene multiplicando el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA=$96.22) por 30.4 veces tal como se advierte en la página electrónica del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. En la inteligencia de que dicha medida provisional podrá modificarse una vez conocidas las percepciones económicas reales del deudor alimentario, y las necesidades ciertas del acreedor alimentista. Finalmente, se autoriza a la actuaria de este juzgado, para que requiera al deudor alimentista Irving Osorio Garfias, mediante notificación personal, en su domicilio procesal proporcionado en autos, del monto de la pensión alimenticia que de manera provisional se fijó en favor de su ahora menor hijo, bajo apercibimiento legal que de no hacerlo se le embargarán bienes, de conformidad con lo previsto en el artículo 464, fracción Ill, del Código Familiar. (.)" Lo resaltado es propio. Conforme a lo expuesto, lo inoperante del concepto de violación en el cual la peticionaria del amparo aduce en esencia, que es ilegal el auto reclamado que niega la fijación de los alimentos provisionales a favor de su menor hijo, atendiendo al parámetro de los salarios mínimos vigentes, dado que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya determinó que la pensión alimenticia debe fijarse tomando como base dicho parámetro y no la unidad de medida y actualización; descansa en que el estudio de dicho argumento implicaría una modificación o variación al auto de seis de diciembre de dos mil veintidós, que fue la determinación en la que se establecieron las condiciones y forma en que le serían proporcionados, esto, aún y cuando el mismo no fue impugnado oportunamente por la parte quejosa desde aquella fecha, y que por ello, constituye un pronunciamiento firme, en términos del artículo 757 del Código Familiar aplicable, que dispone que la firmeza del procedimiento es garantía de las partes y que por lo mismo todo auto o sentencia que notificada en forma no haya sido recurrida, producirá todos sus efectos y para invalidarla, no se admitirán incidentes de nulidad de actuaciones; ya que en su contra solo procederá el recurso establecido por la ley. Por ende, en el caso sujeto a estudio debe considerarse que los aspectos del auto reclamado con los que ahora se inconforma la quejosa, que consisten básicamente en la determinación de los alimentos provisionales conforme al parámetro de la unidad de medida de actualización y no conforme al salario mínimo general vigente, no resulta una cuestión novedosa o superviniente. Se afirma lo anterior, porque desde el seis de diciembre de dos mil veintidós en que se determinó la obligación alimenticia provisional a favor de su menor hijo, conoció que los mismos se habían fijado utilizando el parámetro de la unidad de medida y actualización y no conforme al del salario mínimo, y con todo y ello, no se inconformó a través de la impugnación en sede ordinaria, mediante la interposición de algún recurso o bien, en la sede constitucional, a través de un juicio de amparo; entonces, es evidente que dichos aspectos deban permanecer intocados, en términos del artículo 757, segundo párrafo del Código Familiar aplicable. Sobre todo, porque el suscrito juzgador no advierte que las circunstancias que generaron que los alimentos provisionales fueran emitidos de esa forma, hayan variado o se hayan modificado, en virtud de causa justa o superveniente, es decir, las condiciones que imperaban cuando se decretó la obligación de alimentos provisional son las mismas que en la actualidad; de ahí que se insista, esos aspectos, deban permanecer intocados, al existir un pronunciamiento firme que constituye cosa juzgada y que al no advertirse causa superveniente no puede mutarse. Así es, porque la firmeza del procedimiento es garantía de las partes y por lo mismo todo auto o sentencia que notificada en forma no haya sido recurrida, produce todos sus efectos; estimar lo contrario iría en contra del principio de seguridad jurídica consagrado en el artículo16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que llevaría a sucesivas intervenciones de las partes, haciendo interminables los juicios. Sustenta lo anterior, la tesis aislada 1a. LXVI/2017 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 43, Junio de 2017, Tomo I, Pag. 576, Décima Época, registro 2014643, que dice: "COSA JUZGADA EN EL JUICIO DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE EL ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN DIRIGIDOS A COMBATIRLA. Los procesos de garantías constitucionales se rigen por el principio de cosa juzgada que conduce a impedir que lo resuelto en definitiva en un juicio de amparo pueda ser objeto de nuevo análisis y decisión en otro juicio de la misma clase, pues uno de los presupuestos procesales radica en que la materia de decisión subsista, lo cual no acontece cuando tal materia ya ha quedado resuelta en un procedimiento judicial previo. Este principio se refleja en el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, donde se determina expresamente que el juicio constitucional es improcedente contra las resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas. La aplicación de este enunciado legal en sus términos, sólo tiene lugar en los casos en que el fallo reclamado se encuentre dictado en su totalidad en cumplimiento de una sentencia de amparo, caso en el cual debe desecharse la demanda, si tal situación se advierte al proveer sobre la admisión, o bien, decretar el sobreseimiento en la resolución terminal. Sin embargo, cuando el fallo reclamado contiene una parte de consideraciones emitidas en cumplimiento a una ejecutoria de amparo y otra fundada en las propias atribuciones de la autoridad responsable, la primera porción no es susceptible de estudio en el nuevo juicio de amparo, por constituir cosa juzgada, y la porción restante sí puede ser analizada, razón por la cual no procede desechar la demanda ni decretar el sobreseimiento, pero sí declarar inoperantes los argumentos dirigidos a confrontar la parte de la resolución reclamada que ya fue juzgada por la jurisdicción constitucional." Asimismo, es ilustrativa al respecto la jurisprudencia II.1o.T. J/5 (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 31, Junio de 2016, Tomo IV, Pag. 2547, Décima Época, registro 2011845, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN AMPARO DIRECTO. SON INOPERANTES LOS QUE IMPUGNAN CUESTIONES DE UN LAUDO O SENTENCIA DICTADA EN CUMPLIMIENTO DE UNA EJECUTORIA DE AMPARO, AJENAS A AQUELLAS RESPECTO DE LAS CUALES LA CITADA EJECUTORIA CONFIRIÓ A LA RESPONSABLE LIBERTAD DE JURISDICCIÓN. Cuando se promueve un juicio de amparo directo en contra de un ulterior laudo o sentencia que se dicta en cumplimiento de una ejecutoria de amparo anterior, sólo resultan operantes los conceptos de violación dirigidos a combatir las cuestiones que la responsable: 1) resolvió directamente en ejercicio de la libre jurisdicción que le fuera conferida o en vía de consecuencia de ese ejercicio, y/o 2) dejó de resolver en perjuicio del quejoso y que debió fallar en ejercicio de esa plenitud de jurisdicción; erigiéndose lo anterior en una conditio sine qua non o condición necesaria para ser analizables. Y, por ende, por vía de exclusión los argumentos ajenos a estos temas son inoperantes por inatendibles, ya que inexorablemente quedarían comprendidos: a) en el cumplimiento cabal y vinculante de esa ejecutoria, o en la reiteración de las mismas consideraciones por: haber sido infundados los conceptos de violación enderezados en su contra (cosa juzgada), o, b) en el ser reiterados, por no haber sido materia de la litis constitucional; o, c) en el exceso o el defecto de ese cumplimiento o, d) en la indebida repetición del acto reclamado, o bien, e) habría precluido su derecho para hacerlos valer, porque a pesar de no haberse reflejado en el primer laudo o sentencia la violación procesal y/o algún punto decisorio que pudiera perjudicarle, debió haberlas combatido, en vía de amparo adhesivo en contra de aquél. En ese tenor, si en esa ejecutoria de amparo no se le confirió libertad de jurisdicción a la responsable, para que decidiera respecto de algún tópico, sobre el cual ésta en el ulterior laudo falló de manera diferente a como lo había hecho en el primero, ni ello es una consecuencia necesaria de tal libertad de jurisdicción que sí se le confirió; los conceptos de violación que impugnan la legalidad de lo fallado son inoperantes, por no ser materia del nuevo juicio de amparo, enderezado en contra del ulterior laudo dictado con motivo de la ejecutoria de amparo anterior." En las condiciones apuntadas, ante lo inoperante del concepto de violación propuestos y sin que se advierta deficiencia alguna que deba suplirse a favor de María del Carmen López Rodríguez, por propio derecho y en representación legítima del menor de identidad reservada con iniciales D.L.R., en términos de lo previsto en el artículo 79 de la Ley de Amparo, se concluye que la quejosa no demostró que el acto reclamado infrinja en su perjuicio ni de su menor hijo, los derechos fundamentales consignados en los artículos 1, 4, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y lo que se impone es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. Sexta. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: Primero. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a María del Carmen López Rodríguez, por propio derecho y en representación legítima del menor de identidad reservada con iniciales D.L.R., contra los actos reclamados al Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar, con residencia en Zitácuaro, Michoacán, descritos en la consideración quinta de este fallo. Segundo. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en la consideración última de esta sentencia. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo resolvió y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Isela Estefanía Bueno Gallegos, secretaria que autoriza y da fe.
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Morelia, Michoacán, diez de marzo de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, agréguese la copia del oficio del Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán, mediante el cual remite al Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Zitácuaro, Michoacán, el despacho 20/2023, del índice del Juzgado mencionado en primer término, formado con motivo del despacho 57/2023, del índice de este Juzgado. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, glósese el escrito suscrito por Olivia Benítez Reyes, representante especial del menor de iniciales D.L.R., por medio del cual acepta y protesta el cargo que le fue conferido y señala el domicilio que indica para oír y recibir notificaciones; asimismo, autoriza para tal efecto a las personas que señala en su escrito de cuenta, quienes podrán gozar de la plenitud de facultades que otorga el artículo 12 de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, lo que se verificará una vez que promuevan con dicho carácter, o bien, hasta que acrediten dentro del presente expediente, con documento idóneo, estar facultadas para ejercer la profesión de licenciado en derecho, ya que en caso contrario, solamente se les tendrá como autorizadas para recibir notificaciones e imponerse de los autos. Ahora bien, como lo solicita el ocursante y de conformidad con los artículos 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 y 41 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza a la parte el acceso completo al expediente electrónico a través de los nombres de usuarios: OliviaBR y Ecu2000 registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial Federal, proporcionado para tal efecto, por lo que se ordena asociarlo al presente juicio mediante el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por otro lado, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formulados los alegatos manifestados por parte del representate especial de la menor en comento. Hágase nueva relación de lo anterior en la audiencia constitucional respectiva. Asimismo, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, expídanse a su costa las copias en los términos que solicita y ténganse como autorizadas para recibirlas a las personas que menciona, previo recibo que de ello se deje en autos. En atención a la circular 12/2009 de la Secretaría Ejecutiva del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se hace saber al representante especial que no existe inconveniente en que se le permita imponerse de los acuerdos dictados en el presente expediente, mediante el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos. Por último, como lo solicita la ocursante remítase al correo electrónico obenitezre@cjf.gob.mx, copia de la demanda de amparo, así como sus anexos. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
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Morelia, Michoacán, dieciséis de febrero de dos mil veintitrés.****************************************Vista la cuenta precedente, con apoyo en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a las partes con el informe justificado que rinde el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Zitácuaro, Michoacán.****************************************Hágase nueva relación de lo anterior en la audiencia constitucional respectiva.****************************************Por otro lado, en el acuerdo de admisión se reservó proveer sobre la existencia de parte tercera interesada hasta el momento procesal oportuno, lo que en la especie ya aconteció; ahora bien, del informe remitido por la autoridad responsable se advierte que ********************es demandado dentro del juicio ordinario oral familiar ********************, por lo que en términos del artículo 5°, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se le reconoce el carácter de tercero interesado, quien puede ser emplazado personalmente o por quien resulte ser su apoderado jurídico en ************************************************************En tal virtud, con apoyo en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 298 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la citada ley, se ordena girar atento despacho al Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Zitácuaro, Michoacán, para que en auxilio de las funciones de este juzgado comisione personal a su digno cargo para que realice lo siguiente:****************************************a) Se constituya en legal y debida forma en el citado domicilio y con las formalidades que establece el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, efectúe el emplazamiento de la parte tercera interesada, personalmente o por conducto de quien al momento de la diligencia con documento idóneo, acredite ser su apoderado o representante y de ser posible recabe copia del documento;****************************************b) De no encontrar a la parte tercera interesada o a su representante, lleve a cabo el emplazamiento por citatorio de acuerdo con las formalidades que establece el referido precepto 27 del ordenamiento legal invocado; ****************************************c) Le corra traslado con copia de la demanda de amparo y auto admisorio;****************************************d) Le haga saber que se fijaron las once horas con cincuenta minutos del veintiocho de febrero de dos mil veintitrés para la audiencia constitucional;****************************************e) Le requiera para que al momento de la diligencia, o bien, dentro del plazo de tres días, contado a partir de que surta sus efectos el emplazamiento respectivo, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, señale domicilio para recibir notificaciones personales en esta ciudad de Morelia, Michoacán, ya que mientras no señale domicilio las notificaciones siguientes a su emplazamiento se le harán por medio de lista publicada en lugar visible de este juzgado, sin ulterior acuerdo, de conformidad con los artículos 27, fracción II y 29 de la Ley de Amparo;****************************************f) Se autoriza al actuario adscrito para que tome las medidas respectivas para cumplir con la encomienda, ya que de no lograr la diligencia en los términos precisados, podrá llevarla a cabo de conformidad con los artículos 312 y 313 del Código Federal de Procedimientos Civiles, únicamente de actualizarse las hipótesis previstas en dichos preceptos, de lo que deberá asentar la razón correspondiente; ****************************************g) Con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se autoriza a la persona encomendada para que realice el emplazamiento aun en días y horas inhábiles, en el entendido de que si se entera de un domicilio diverso donde pueda realizarse, se le faculta para constituirse en el lugar respectivo y lo efectúe sin necesidad de previo acuerdo, asentando la razón correspondiente, por lo que en su caso, deberá indagar con los vecinos del lugar; y****************************************h) Por último, hágase saber a la parte tercera interesada que de conformidad con los artículos 5, 6 y 7 del reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, las sentencias ejecutorias son públicas y de acuerdo con el artículo 8 del propio reglamento, puede ejercer el derecho que le confiere el artículo 8, en relación con el 6, ambos de la Ley Federal de Transparencia, para oponerse a la publicación de sus datos personales, en la medida que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional respectivo, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.****************************************Sin que obste para llevar a cabo la diligencia encomendada, el hecho de que al recibir la comunicación oficial respectiva haya transcurrido la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, toda vez que en ese supuesto este Juzgado Federal proveerá lo conducente en relación con su diferimiento, el cual se notificará por lista.****************************************Con fundamento en el artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, se solicita al juzgado auxiliar para que acuse recibo de la comunicación oficial correspondiente por vía fax al número 01 44 33 21 54 41.****************************************Asimismo, se requiere a la autoridad auxiliar, para que realizado el emplazamiento, verifique que la diligencia se haya llevado a cabo de conformidad con los lineamientos planteados en los incisos que anteceden, tomando como base los preceptos legales que en ellos se contienen, ya que de no ser así, deberá ordenar que se realice nuevamente e informarlo de manera inmediata a este juzgado por vía acelerada.****************************************Lo anterior, bajo apercibimiento que de no cumplir con dicha comunicación, de conformidad con el artículo 238, en relación con el diverso 259, ambos de la Ley de Amparo, se le impondrá multa por el equivalente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización (UMA).****************************************Por otro lado, este Juzgado de Distrito considera necesario proteger el derecho de la menor y con fundamento en el artículo 8° de la Ley de Amparo, se ordena designar un representante especial, que al ser ajeno a la controversia de la que derivan los actos reclamados defienda imparcialmente el interés superior de la menor. ****************************************En tal virtud, de conformidad con el artículo 8° de la Ley de Amparo y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, en relación con el artículo 4, fracción II, de la Ley Federal de la Defensoría Pública y 29, fracción III, inciso d) de las Bases Generales de Organización y Funcionamiento del Instituto Federal de la Defensoría Pública, solicítese al Delegado del Instituto de dicha defensoría con residencia en esta ciudad, para que dentro del término de tres días computado legalmente, designe un asesor jurídico que pueda fungir como representante especial del menor ******************** e informe a la persona que señale para tal efecto.****************************************Notifíquese por lista por oficio a la autoridad respectiva y se ordena emplazar a la parte tercera interesada por comunicación oficial.****************************************Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
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