Maria del Carmen Lopez Perez
Expediente 661/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 2 actuaciones registradas, la última del 15 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 661/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 15/12/2020
Partes del expediente
- Maria del Carmen Lopez Perez
Actuaciones
- Principal
Visto el estado de autos, y la certificación secretarial que antecede, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), y 98 de la Ley de Amparo, en razón de que la parte quejosa no recurrió dentro del término legal el proveído de dos de diciembre de dos mil veinte, en el que se desechó de plano la demanda de amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO, para los efectos legales procedentes. En consecuencia, efectúese las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, y archívese el expediente como asunto concluido. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE. En cumplimiento al primer párrafo del artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, y con apoyo en lo establecido por el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte, por Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se hace la indicación que el presente asunto es DESTRUIBLE, toda vez que encuadra en la hipótesis del inciso d) del artículo 21, del citado Acuerdo General1, al ser un juicio de amparo en el que se desechó de plano la demanda de amparo. En atención a lo anterior, es evidente que, el presente juicio de amparo, carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado artículo, por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, en términos lo dispuesto en los artículos 21, tercer párrafo, 22, 23 y 24 del acuerdo normativo, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, el presente expediente deberá destruirse en el Juzgado y posteriormente remitirse el acta y listados correspondientes a la Dirección General de Archivo y Documentación. De igual forma, se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con el segundo párrafo del artículo 35 del acuerdo en comento. Juicios Federales en el Estado de Chiapas. DOCUMENTOS EXHIBIDOS POR LA PARTE QUEJOSA Por otra parte, quedan a disposición de la parte quejosa los documentos que, en copias simples exhibió en el presente juicio de garantías, apercibida que de no comparecer a recogerlos, podrá ser destruido junto con el expediente. Al respecto, conforme a lo previsto en el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020 antes mencionado, la parte quejosa podrá ingresar al Portal de Servicios en Línea, específicamente al micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", dentro del cual encontrará el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios en que este órgano jurisdiccional estará disponible para la generación de la cita respectiva, en la que se podrá efectuar la entrega de las mismas. Finalmente, se conmina al oficial administrativo para que remita físicamente al archivo el presente juicio de amparo, más tardar en el término de cinco días hábiles.
- Principal
Agréguese los escritos de la parte quejosa ***, por medio del cual da cumplimiento al requerimiento realizado en auto de veintitrés de noviembre del año en curso; en atención a su contenido; se provee al respecto. ANÁLISIS SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA DEMANDA Ahora bien, de acuerdo al artículo 13 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; lo que es así, porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto el numeral en comento estatuye: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". En efecto el articulo anteriormente citado, impone la obligación al Juez de Distrito de examinar, con todo detenimiento el libelo de demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual, en principio, debe tomarse en consideración únicamente hechos y circunstancias narrados en la propia demanda; siendo que por motivo manifiesto se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente, o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis jurisprudencial I.1º.A. J/4, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, Mayo 1998, Tomo VII, visible a página 890, que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes". Proceder que tiene como base constitucional el contenido del artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia, e impone corno taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Establecido lo anterior, del análisis integral de la demanda de garantías y escrito aclaratorio, se advierte que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), y Promotora Uninajab, el incumplimiento del contrato de préstamo de vivienda, contraído con las autoridades responsables, al entregarle una vivienda que no reunía con los requisitos de alumbrado público y agua potable, cisterna y tinaco, servicios estipulados en el contrato. En ese orden de ideas, en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1, fracción I, y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general (...)." De los preceptos legales transcritos se obtiene que la improcedencia del juicio de control constitucional puede derivar de otros preceptos de la Ley de Amparo o de la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, se evidencia que en el juicio de amparo, tiene el carácter de autoridad responsable, con independencia de su naturaleza formal, aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; o bien, omita llevar a cabo el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Además, que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos anteriormente indicados y cuyas funciones estén determinadas por una ley general. En función de lo anterior, no es dable estimar que una persona o ente constituya autoridad para efectos del juicio de amparo, si no reúne las características previamente apuntadas. En ese sentido, cabe recordar la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas, a saber: a) Coordinación, b) Supra-subordinación y, c) Supraordinación. Las primeras, corresponden a las entabladas entre particulares y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las reguladas por el derecho civil, mercantil y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra-subordinación, son las entabladas entre gobernantes y gobernados, y se regulan por el derecho público establecidos también en los procedimientos para ventilar los conflictos suscitados por la actuación de los órganos del estado, entre ellos destaca el contencioso administrativo, el propio juicio de amparo, así como los mecanismos de defensa de los derechos humanos. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución y algunos tratados internacionales de los que el Estado Mexicano forma parte, establecen una serie de derechos humanos como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las establecidas entre los órganos del propio estado. Ante esta circunstancia, viene al caso destacar que, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores tiene reconocido un doble carácter: 1. Como organismo fiscal autónomo, en la determinación y recaudación de las cuotas obrero patronales; caso en el cual, actúa como autoridad con atributos propios que la ley le otorga para realizar esos actos; esto es, bajo una relación de supra a subordinación y, 2. Como ente asegurador, en sustitución del patrón, como consecuencia del vínculo laboral entre el trabajador y aquél, o con base en un acto jurídico, mediante el cual se obliga a otorgar determinadas prestaciones en servicios, especie o en dinero al asegurado o a sus beneficiarios; caso en el cual actúa en un plano de igualdad con el asegurado y sus beneficiarios, dado que involucra el cumplimiento de ese convenio. En ese contexto, para determinar si el indicado instituto tiene el carácter de autoridad responsable, se debe atender a las atribuciones que, con su actuación u omisión ejerce, esto es, si actúa como organismo fiscal autónomo en la determinación y recaudación de las cuotas obrero patronales o como ente asegurador. Ello, pues el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, carece del carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo, cuando su actuación u omisión se materializa en función de sus atribuciones como ente asegurador en los términos descritos, pues entonces, la expresión de sus atribuciones se agota en un plano de coordinación y no de supra a subordinación. En la especie, del estudio integral de la demanda de amparo y del escrito aclaratorio, se advierte que los actos reclamados de Promotora Uninajab y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores derivan de una relación contractual, específicamente del contrato de crédito de vivienda otorgado por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Lo anterior se corrobora, pues la propia parte quejosa manifestó en sus antecedentes: "1.- En fecha 3 de marzo de 2015 solicite mi vivienda por medio del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, el cual se me manifestó que en base a mis descuentos sobre dicha prestación en mi nómina de mi fuente laboral EDITORIAL CUARTO PODER S.A. DE C.V., 7 con RFC ECP001026MFA, si podía alcanzar una vivienda en el cual se me haría la entrega de mi crédito para poder adquirirla. (.) 7.- LA VIVIENDA QUE HABITO POR MEDIO DEL PRÉSTAMO QUE ADQUIRÍ CON LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO REÚNE LOS REQUISITOS ANTES MENCIONADOS YA QUE LLEVO HABITÁNDOLA POR 5 AÑOS, Y DESDE QUE LA HABITE POR PRIMERA VEZ, INCUMPLE POR NO CONTAR CON CISTERNA, NI AGUA POTABLE, NI MUCHO MENOS ALCANTARILLADO, NI UNA BUENA CONSTRUCCIÓN. YA QUE HA PASADO EL TIEMPO Y ME HE CANSADO EN SOLICITARLE A LA AUTORIDAD RESPONSABLE QUE ME REPARE EL DAÑO OCASIONADO, POR NO HABER EMPLEADO UN BUEN MECANISMO DE PAGO A UNA PROMOTORA QUE NO REUNÍA CON TALES REQUISITOS DE VIVIENDA DIGNA, YA QUE FUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE QUIEN BUSCO DICHA PROMOTORA PARA QUE ME EXPIDIERA DICHA VIVIENDA, Y FUE A DICHA PROMOTORA QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE LE LIBERO EL RECURSO, AUN NO CUMPLIENDO CON LOS REQUISITOS DE LA ADQUISICIÓN EN PROPIEDAD DE HABITACIONES CÓMODAS E HIGIÉNICAS, YA QUE YO SOLO FUI REQUERIDA ANTE TAL AUTORIDAD RESPONSABLE INFONAVIT, PARA FIRMAR LA ACEPTACIÓN DE LA VIVIENDA AUN CON LO QUE NO INCLUÍA, COMO LO ERA UNO DE LOS PRINCIPALES SERVICIOS EN MI VIVIENDA QUE ES EL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, LO CUAL DESPUÉS DE 5 AÑOS INCUMPLIDOS, POR LO QUE LA HOY AUTORIDAD RESPONSABLE SOLO POR MEDIO DE MI RECURSO DE QUEJA SE PUSO EN CONTACTO CON TAL PROMOTORA, PARA HACER UN AVALUÓ DE LOS FALTANTES QUE ARGUMENTO EN MI QUEJA Y QUE HASTA HOY DÍA NO SE ME HA CUMPLIDO CON LAS FALTANTES A MI VIVIENDA, YA QUE LA ÚLTIMA VEZ QUE ME CONSTITUÍ A DICHA AUTORIDAD RESPONSABLE PARA PREGUNTAR QUE DESPUÉS DE UN AÑO NO SE ME HABÍA HECHO CASO A MI RECURSO DE QUEJA, POR LO QUE LA PERSONA QUE ME ATENDIÓ EN LAS INSTALACIONES DE INFONAVIT, AHORA UBICADAS EN BOULEVARD BELISARIO DOMÍNGUEZ, A LADO DE LA UNIVERSIDAD UVG, AHÍ TIENE UN CENTRO DE APOYO PARA DIFERENTES TRAMITES QUE REQUIERAN LOS DERECHO HABIENTES. POR LO QUE EL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, ME CONSTITUÍ A DICHAS OFICINAS ANTES MENCIONADAS PARA NUEVAMENTE EXPONER MI CASO Y PEDIR QUE SE ME AGILIZARA MI RECURSO DE QUEJA YA QUE NO HABÍA TENIDO RESPUESTA ALGUNA DE LA RESOLUCIÓN DE DICHO RECURSO, ARGUMENTÁNDOME LA PERSONA QUE ME ATENDIÓ EN INFONAVIT QUE TODO TRAMITE O RECURSO SE ENCONTRABA VARADO POR LA PANDEMIA, Y ME EXPRESARON QUE ME COMUNICARA LOS 15 DÍAS PARA VER SI YA HABÍAN REACTIVADO LO DE MI CASO, Y HE ESTADO COMUNICÁNDOME Y NADIE ME DA RESPUESTA ALGUNA, LA ÚLTIMA LLAMADA LA REALICE EL DÍA 13 DE NOVIEMBRE DE 2020 Y ME PIDIERON MI NÚMERO TELEFÓNICO PARA CONTACTARSE CONMIGO AL REVISAR MI CASO Y HASTA EL DÍA DE HOY NO HE TENIDO RESPUESTA POR PARTE DE LA INSTITUCIÓN RESPONSABLE COMO LO ES INFONAVIT. UNA VEZ MANIFESTADO MI ACTO RECLAMO ANTERIORMENTE, PIDO A ESTA AUTORIDAD TENGA A BIEN TOMAR EN CUENTA LO DESCRITO Y SE LE PIDA A LA AUTORIDAD RESPONSABLE EL INFORME JUSTIFICADO PARA PROCEDER EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO Y NO DEJARME EN ESTADO DE INDEFENSIÓN EN MI SOLICITUD." Así, con independencia de la naturaleza formal de las responsables, la relación entre la parte quejosa y dichas responsables, claramente derivan de una relación contractual, de modo que, si a su consideración las responsables han incumplido con aquel contrato, la vía para reclamar lo conducente no es la instancia constitucional, pues en tal caso, la solicitante del amparo tiene a su alcance la vía procesal ordinaria, ante las autoridades competentes para ello. Viene al caso destacar el contenido del artículo 53 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, que disponen lo siguiente: "Artículo 53.- Las controversias entre los trabajadores o sus beneficiarios y el Instituto, sobre derechos de aquéllos se resolverán por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje una vez agotado, en su caso, el recurso que establece el artículo anterior. Las controversias derivadas de adeudos de los trabajadores al Instituto por créditos que éste les haya concedido, una vez agotado, en su caso, el recurso a que se refiere el artículo anterior, se tramitarán ante los tribunales competentes. Será optativo para los trabajadores, sus causahabientes o beneficiarios, agotar el recurso de inconformidad o acudir directamente a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje o a los tribunales competentes." Como ya se precisó, del estudio de la demanda y del escrito aclaratorio, se puede observar que la parte quejosa, en reiteradas ocasiones, señaló que las responsables incurrieron en diversos incumplimientos de su contrato de vivienda, como por ejemplo, que se entregó sin cisterna, agua potable, drenaje y alcantarillado, lo cual evidencia que lo que reclama la quejosa no tiene la naturaleza de acto de autoridad para efectos de la presente instancia constitucional, pues no se deriva de una relación de supra a subordinación, sino de una relación contractual, la cual, ante el incumplimiento de alguna de las partes, la parte inconforme, tiene expeditos sus derechos para exigir su cumplimiento, o en su caso, la recisión a través de la vía ordinaria procedente. Resulta ilustrativa al caso, la jurisprudencia 1a./J. 43/2020 (10a.), de la Primer Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, el 06 de noviembre de 2020, con registro digital 2022350, que dice: CONTRATO DE CRÉDITO OTORGADO POR EL INFONAVIT PARA LA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA. LA ACCIÓN DE RESCISIÓN O TERMINACIÓN ANTICIPADA DEBE EJERCERSE EN LA VÍA PROCESAL CIVIL. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes llegaron a conclusiones discrepantes en torno a cuál es la vía procesal idónea, si la civil o la vía mercantil, para reclamar la rescisión o vencimiento anticipado de un contrato de apertura de crédito celebrado con el INFONAVIT. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, llega a la conclusión de que la vía procesal civil resulta idónea para reclamar la terminación o rescisión de un contrato de apertura de crédito otorgado por el INFONAVIT. Justificación: Considerando que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, (INFONAVIT) de conformidad con la fracción XII del apartado A del artículo 123 constitucional, es el ente público con vocación de servicio e interés social cuya labor primordial es administrar el sistema del Fondo Nacional de Vivienda que permita otorgar a los trabajadores un crédito barato y suficiente para que adquieran en propiedad inmuebles para casa habitación, en el ámbito de la función del derecho privado, celebra contratos de apertura de crédito con los trabajadores para estos fines, los cuales se sujetan e interpretan de acuerdo con las disposiciones previstas en la Ley del INFONAVIT, las reglas de carácter general que al efecto emita el Instituto las cuales son publicadas en el Diario Oficial de la Federación y las obligaciones bilaterales pactadas en el acuerdo de voluntades bajo los principios y las reglas generales de las obligaciones contractuales que se prevén en las legislaciones sustantivas en materia civil. Por tanto, de incumplirse el acuerdo de voluntades, se da lugar a la acción de rescisión o terminación anticipada del contrato de apertura de crédito en términos del artículo 49 de la Ley del INFONAVIT, acciones que deben ejercerse en la vía procesal civil porque el contrato de apertura de crédito celebrado con el INFONAVIT no constituye un acto de comercio, al carecer de una finalidad de lucro o especulativa, sino que tiene por objeto un financiamiento mediante apertura de crédito con las condiciones más benéficas y favorables al trabajador a fin de que éste pueda liquidarlo sin exceder su capacidad de pago y hacerse propietario de una vivienda digna. En ese es contexto, el juicio de amparo no es el medio para impugnar tal acto, pues de acuerdo al vínculo existente entre ésta y los entes señalados como responsables deriva de una relación contractual, por ende, constituyeron derechos y obligaciones recíprocos, en un plano de igualdad, en tales circunstancias actos meramente de particulares, por lo que, en el caso, la autoridad referida como responsable no actúa con potestad de imperio en los actos que reclama la parte recurrente; de ahí que la demanda deba desecharse en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1o., fracción I y 5o., fracción II, de la Ley de Amparo. Ahora, no obstante que los particulares pueden tener el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo, tal como lo establece el numeral 5, fracción II, segundo párrafo, de la ley de la materia, ello no implica que la vía constitucional intente sustituir la jurisdicción ordinaria o el agotamiento de los elementos procesales respectivos, pues lo que el legislador expone, es que el reconocimiento de los actos de autoridad dependerá del planteamiento realizado por la quejosa, y la posibilidad de evaluar el acto como lesivo de su esfera de derechos fundamentales; y, por tanto, deberá hacerlos valer por la vía ordinaria ante la autoridad correspondiente. Por lo que, no puede estimarse que la autoridad responsable tenga el imperio que reviste a una autoridad, de ahí que este Juzgado de Distrito se encuentra imposibilitado para su estudio, por ser un conflicto derivado de un acto realizado entre particulares. Apoya lo anterior, en lo conducente, la tesis aislada XX.2o.7 A, del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Mayo de 2002, Tomo I, página 1230, que dice: "INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES. HIPÓTESIS EN QUE NO TIENE EL CARÁCTER DE AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. La Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores prevé diversos supuestos en los que dicho organismo público actúa como autoridad; sin embargo, cuando el acto reclamado deriva de los descuentos que el instituto hace sobre el salario del trabajador, vinculados con la relación que establecieron en virtud del contrato de crédito otorgado a favor del último para adquirir en propiedad una vivienda y, por ende, constituyeron derechos y obligaciones recíprocos, en un plano de igualdad, es obvio que tal actuación no se encuentra revestida de imperio frente al particular, porque el acto impugnado carece de las características de unilateralidad e imperatividad propias de un acto de autoridad porque, al ejecutarlo, el instituto no se apoya en la ley, sino en el acuerdo tomado entre ambas partes; por tanto, cualquier controversia que se suscite con motivo de esa relación contractual no entraña una violación de garantías; de ahí que su estudio debe ser resuelto por los tribunales de instancia competentes, conforme con lo dispuesto en los artículos 52 y 53 de la propia ley en cita, toda vez que la acción constitucional intentada es improcedente, en los términos de la fracción XVIII del artículo 73, en relación con el diverso 11, ambos de la Ley de Amparo". De igual manera, es aplicable por las razones que expone, la jurisprudencia III.4o.T. J/3 (10a.), emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 28, Marzo de 2016, Tomo II, página 1639, cuyo epígrafe y contenido expresan: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO TIENE ESE CARÁCTER EL ENTE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO QUE ES OMISO EN EL PAGO DEL SALARIO O QUE INCUMPLE PRESTACIONES DE ÍNDOLE LABORAL, AL ACTUAR COMO PATRÓN EN UNA RELACIÓN DE COORDINACIÓN. Se considera "autoridad" a las personas que, con fundamento en una norma legal, pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado. En este sentido, debe señalarse que el Estado tiene una doble personalidad; la primera, como ente de derecho público cuando actúa investido de imperio en sus relaciones frente a los gobernados; y, la segunda, como persona moral sujeto de derecho privado, cuando actúa como particular frente a otros sujetos particulares. En efecto, la teoría general del derecho hace una clasificación de las relaciones jurídicas en: de coordinación, supra-subordinación y supraordinación. Las primeras corresponden a las entabladas entre particulares, y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o reguladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de supra-subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, y se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos, destaca el contencioso administrativo, el propio juicio de amparo, así como los mecanismos de defensa de los derechos humanos. Este tipo de relaciones se caracteriza por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías como limitaciones al actuar del gobernante. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre órganos del propio Estado. En este contexto, si el Estado contrata a una persona para que desempeñe cualquier labor dentro de una entidad pública, la actuación del titular del órgano de que se trate, frente a la persona contratada, no será una actuación investida de imperio, sino una verdadera relación laboral surgida en un plano de igualdad (coordinación) entre el Estado como contratante y la persona que va a desempeñar un servicio material, intelectual o de ambos géneros, en virtud del nombramiento que le fuere expedido o por el hecho de figurar en la lista de raya de los trabajadores. Luego, si en el caso el quejoso reclama de una dependencia de la administración pública o de un organismo descentralizado el incumplimiento de ciertas prestaciones derivadas de su relación laboral (falta de pago o descuentos a su salario), es inconcuso que dicho acto no tiene la naturaleza de acto de autoridad para efectos del amparo, pues las autoridades responsables (patrones) señaladas por el quejoso no tienen ese carácter, pues actúan como patrones en una relación de coordinación y no en un plano de supra-subordinación como autoridades investidas de imperio. Ni siquiera el acto reclamado (omisión o descuento del salario) es un acto que pueda considerarse para la procedencia del amparo, porque el salario está íntimamente vinculado con la relación obrero-patronal y con las condiciones fundamentales de la relación de trabajo entre el quejoso y la patronal, susceptible de impugnarse mediante el procedimiento laboral correspondiente y no a través del amparo." Lo anterior guarda congruencia con el hecho de que, admitir y dar trámite al juicio a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual es mejor que la parte promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de amparo y, a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por el derecho fundamental de prontitud en la impartición de justicia previsto en el artículo 17 constitucional, lo que incluso permite que el recurrente promueva oportunamente los medios ordinarios para defender sus derechos. En ese orden de ideas, es claro que con relación al acto reclamado se actualiza la causa de improcedencia invocada, de ahí que, lo que procede es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE GARANTÍAS, por notoriamente improcedente, en términos de los artículos 112 y 113 del citado ordenamiento legal.
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