María del Carmen Leonor García Nolasco
Expediente 1247/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 8 actuaciones registradas, la última del 26 de septiembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1247/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 26/09/2018
Partes del expediente
- María del Carmen Leonor García Nolasco
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guarda el presente expediente, se advierte, como consta en la certificación secretarial que antecede, que ha transcurrido el plazo de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de revisión; en consecuencia, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado el auto que sobresee en el juicio fuera de audiencia, para todos los fines legales correspondientes. Háganse las anotaciones del caso en el libro respectivo y archívese el presente asunto como concluido. Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el punto Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transparencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y con apoyo en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el expediente principal en que se actúa, es susceptible de destrucción en el plazo de cinco años, ya que se trata de un juicio de amparo en el que sin decidir en lo principal lo dio por concluido. Por otra parte, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo, Décimo Tercero y Vigésimo Quinto del Acuerdo General en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial (momento en el cual deberá realizarse la anotación en el libro de gobierno respectivo). Finalmente, se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Todo aquél soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán consideradas como documentos originales". Notifíquese.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, seis de septiembre de dos mil dieciocho. Agréguese a sus autos el oficio de la Presidenta de la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, así como las constancias que anexa, para que surta sus efectos legales procedentes. Ahora, visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que mediante escrito presentado el veintidós de junio de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Puebla María del Carmen Leonor García Nolasco promovió juicio de amparo en el que señaló como autoridad responsable a la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de quien reclamó la omisión de acordar el escrito presentado el diez de abril de dos mil dieciocho, dentro del expediente 2600/2011. La Presidenta de la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, al rendir su informe justificado negó la existencia del acto reclamado; asimismo, advirtiéndose de las constancias remitidas en el oficio de cuenta, - a las que se reconoce pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197, 202 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo-, que el treinta de agosto de dos mil dieciocho, dictó el acuerdo correspondiente al escrito presentado diez de abril de dos mil dieciocho, dentro del expediente 2600/2011. Con base en lo anterior, este Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, advierte que tal como refiere la autoridad responsable en su informe de ley, se actualiza una manifiesta e indudable causal de improcedencia, cuyo estudio es preferente y oficioso por ser de orden público, al tenor del último párrafo del artículo 61 de la nueva Ley de Amparo, y que trae como consecuencia el impedimento para abordar el estudio de los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa. Es así, porque el acto reclamado por la impetrante, cesó en sus efectos. El artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" Del precepto transcrito se infiere que, para efectos del juicio de garantías, se entiende que la cesación de los efectos del acto reclamado se presenta en el momento en que la autoridad responsable revoca el acto que el quejoso señaló como reclamado, o bien, cuando crea o constituye una situación jurídica que destruye la que motivó la promoción del juicio de amparo, de tal manera que por esa nueva situación se restituya al quejoso en el goce de la garantía violada. Además, para que tal causa de improcedencia del juicio de garantías se actualice, no basta que ese nuevo acto de la autoridad derogue o revoque el acto reclamado, sino que necesariamente debe destruir todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere vulnerado la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, IX, Junio de 1999, página 38, de rubro y texto: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Por lo tanto, en el caso se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere la fracción XXI del artículo 61 de la Ley Reglamentaria, en razón a que la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, a través de su Presidenta, el treinta de agosto de dos mil dieciocho, dictó el acuerdo correspondiente al escrito presentado diez de abril de dos mil dieciocho, dentro del expediente 2600/2011; por tanto, es claro que cesaron los efectos del acto reclamado, por lo que, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley en cita, procede sobreseer en el presente juicio de garantías, respecto del acto y autoridad que han quedado precisados. No representa obstáculo jurídico el que esta determinación se realice fuera de la audiencia constitucional, en atención a que, respecto de los actos reclamados, como se ha mencionado, está demostrada en autos una causal de improcedencia manifiesta e indudable que por su naturaleza y características especiales, en modo alguno puede ser desvirtuada en la referida audiencia. Asimismo, no pasa inadvertido para la anterior conclusión que por auto de veintitrés de agosto de dos mil dieciocho, se requiriera a la quejosa María del Carmen Leonor García Nolasco para que manifestara si señalaba como autoridad responsable al Director de Archivos de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, en atención a que como ya se indicó cesaron los efectos del acto reclamado, por lo que resulta ociosa su intervención en el presente asunto. Por tanto, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con veinte minutos del veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho, sin que ello implique dejar en estado de indefensión a la quejosa, pues en el caso a estudio surgió una causa notoria e indudable de improcedencia en este juicio de amparo, de suerte que ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultando del fallo siempre sería en el mismo sentido; además de que tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución General de la República, en cuando dispone que la administración de justicia debe ser pronta y expedita. Háganse las anotaciones respectivas en los libros de gobierno. Notifíquese, y personalmente a la quejosa.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintitrés de agosto de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, requiérase a la quejosa María del Carmen Leonor García Nolsco, para que dentro del término de quince días siguientes al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, con copia de la demanda de amparo y bajo protesta de decir verdad, manifieste si señala como autoridad responsable al Director de Archivos de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México. Con el apercibimiento que de no dar el debido cumplimiento dentro del término indicado, se continuará con el trámite del presente asunto hasta dictar la sentencia correspondiente en los términos establecidos en la demanda de amparo. A fin de dar oportunidad a lo anterior, la audiencia constitucional señalada para este día se difiere para las nueve horas con veinte minutos del veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho. Notifíquese.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintitrés de agosto de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, requiérase a la quejosa María del Carmen Leonor García Nolsco, para que dentro del término de quince días siguientes al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, con copia de la demanda de amparo y bajo protesta de decir verdad, manifieste si señala como autoridad responsable al Director de Archivos de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México. Con el apercibimiento que de no dar el debido cumplimiento dentro del término indicado, se continuará con el trámite del presente asunto hasta dictar la sentencia correspondiente en los términos establecidos en la demanda de amparo. A fin de dar oportunidad a lo anterior, la audiencia constitucional señalada para este día se difiere para las nueve horas con veinte minutos del veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho. Notifíquese.
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