María del Carmen Labastida Ávila

Expediente 1545/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 19 actuaciones registradas, la última del 17 de marzo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1545/2016
Año
2016
Actuaciones
19
Última actuación
17/03/2017

Partes del expediente

  • María del Carmen Labastida Ávila

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, diecisiete de marzo de dos mil diecisiete. Se tiene por recibido el oficio signado por el Secretario del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, con residencia en esta ciudad, por el cual devuelve el cuaderno principal del incidente de suspensión 1545/2016-V promovido por María del Carmen la Bastida Ávila y otros, y testimonio de la ejecutoria emitida en los autos del amparo en revisión (I) 1170/2016, concluyendo con los puntos resolutivos que son del tenor siguiente: "ÚNICO.- Se declara SIN MATERIA el presente recurso de revisión." En mérito de lo anterior, remítase copia autorizada del presente proveído a la Superioridad, en vía de acuse de recibo del cuaderno principal del incidente se suspensión 1545/2016-V, y testimonio de la ejecutoria emitida en los autos del amparo en revisión (I) 1170/2016. GLÓSESE CUADERNO DE ANTECEDENTES Y CUADERNOS INCIDENTALES. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno, glósese a los autos el cuaderno relativo al antecedente e incidente de suspensión al cuaderno principal y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Ahora bien, toda vez que por auto de diecisiete de enero de dos mil diecisiete, este juzgado se reservó acordar lo conducente en relación al archivo del presente juicio de amparo 1545/2016-V, hasta en tanto, regresara del Tribunal de Alzada el cuaderno original del incidente de suspensión, en ese tenor, y en virtud que lo anterior ya aconteció; en consecuencia se acuerda lo siguiente: ARCHIVO DEL EXPEDIENTE. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, tomando en consideración el estado de los autos y apareciendo de los mismos se sobreseyó el presente juicio, y al no existir documentos originales aportados por las partes, por tanto, es evidente que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción, asimismo, los cuadernillos incidentales son susceptibles a destrucción, toda vez que se negó la suspensión definitiva. Por otra parte, considerando que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha, en cumplimiento al Punto Vigésimo, fracción III y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto del Acuerdo General Conjunto 1/2009 procédase a la destrucción del duplicado. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma el Licenciado Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por licencia del titular en términos del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación así determinada por oficio CCJ/ST/0506/2017 signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal el treinta y uno de enero de dos mil diecisiete, ante el Secretario Jadilson Alonso Navarro, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, diecisiete de enero de dos mil diecisiete. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 1545/2016-V, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido a la sentencia dictada en el juicio de amparo el veintidós de diciembre de dos mil dieciséis, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia en el único punto resolutivo determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. Lo anterior hágase del conocimiento del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, respecto del recurso de revisión registrado con el número 1170/2016, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma la Licenciada Aletia González Huerta, Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargada del despacho por vacaciones del titular, concedida por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del oficio CCJ/ST/8737 /2016, remitido por el Secretario Técnico, en sesión celebrada el trece de diciembre de dos mil dieciséis, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 1545/2016-V, promovido por MARÍA DEL CÁRMEN LABASTIDA ÁVILA, ANTONIO DÍAZ DOMÍNGUEZ, APOLINAR RAMÍREZ CASTRO Y PAOLA REZA GUTIÉRREZ, por propio derecho, respecto de los actos que reclama del Congreso del Estado de Morelos y otras autoridades; y RESULTANDO: PRIMERO. Por escrito presentado el dos de septiembre de dos mil dieciséis, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos y turnado el cinco de ese mes y año a este Juzgado de Distrito, MARÍA DEL CÁRMEN LABASTIDA ÁVILA, ANTONIO DÍAZ DOMÍNGUEZ, APOLINAR RAMÍREZ CASTRO Y PAOLA REZA GUTIÉRREZ, por derecho propio, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos que reclaman del Congreso del Estado de Morelos, Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos, Gobernador Constitucional, Secretario de Gobierno, Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad", Consejo de la Judicatura del Estado de Morelos, Director de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Morelos, Secretario de Hacienda del Gobierno del Estado y Directora General del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Estado de Morelos. SEGUNDO. El seis de septiembre de dos mil dieciséis se admitió la demanda de garantías, quedando registrada bajo el número de expediente 1545/2016-V; por lo tanto, se solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación, se dio la intervención legal correspondiente al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción, y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, que dio inicio en los términos del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos es competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, 37 y 107, de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en vigor a partir del veintiséis de junio del año en curso, que establece en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en la ciudad de Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; que es el lugar donde se verificó el acto de aplicación de las leyes que se reclaman. SEGUNDO. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa, cuáles son los actos que se reclaman, señalando las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido, a través de la Jurisprudencia, que el juzgador de amparo al dictar una sentencia debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia dictando sentencias que fijen con claridad y precisión el acto o actos reclamados; además, que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Agrega que en algunas ocasiones esto es insuficiente, por lo que, además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda en un sentido congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de información del expediente del juicio, atendiendo de manera preferente al pensamiento o intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión, y precisa la Suprema Corte de Justicia de la Nación que debe atenderse a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, para lograr congruencia ente lo pretendido y lo resuelto. Es aplicable la tesis aislada emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Novena Época), identificada con el número P. VI/2004 consultable en la Página: 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, Abril de 2004, registro número 181810, que precisa lo siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". Bajo esa premisa, en el presente juicio de garantías, es necesario fijar adecuadamente el acto o actos reclamados por la parte quejosa. Al respecto, de la lectura íntegra de la demanda, y, atendiendo además a los aspectos explicados en líneas precedentes, debe decirse que los actos reclamados se hacen consistir en: Del Congreso y Mesa Directiva, Gobernador, Secretario de Gobierno y Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad", todos del Estado de Morelos, la aprobación, promulgación, refrendo y publicación del Decreto Novecientos Ochenta y Ocho, que reformó la Ley del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno de esa entidad federativa, en particular los artículos 1, 3, 5, 6, 9, 12, 34, 36, 41, 42, y 46. Del Consejo de la Judicatura del Estado de Morelos, Director de la Director de la Dirección de Administración y Finanzas del Poder Judicial del Estado de Morelos, Secretaría de Hacienda del Estado de Morelos y Directora General del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos, se reclama la ejecución del decreto impugnado. TERCERO. Son ciertos los actos que se reclaman al Congreso del Estado de Morelos, consistentes en la discusión, aprobación, expedición, aprobación, promulgación, refrendo y publicación del Decreto Novecientos Ochenta y Ocho, que reformó la Ley del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno de esa entidad federativa, en particular los artículos 1, 3, 5, 6, 9, 12, 34, 36, 41, 42, y 46, toda vez que así lo manifestó al rendir informe justificado. También son ciertos los actos reclamados del Gobernador Constitucional del Estado de Morelos, Secretario General de Gobierno y Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad" del Estado de Morelos, consistentes en la sanción, promulgación, y publicación, respectivamente, de las citadas leyes impugnadas, pues se advierte que les atañen, en el ámbito de sus respectivas competencias, a dichas autoridades. Lo anterior se ve robustecido con el principio de derecho que establece la no sujeción a prueba alguna de las leyes nacionales, que se encuentra implícito en lo dispuesto por el artículo 86 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo dispone así el numeral 2º de esta última. En apoyo de lo expuesto, por identidad de razón jurídica se invoca la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Novena Época), identificada con el número 2a./J. 65/2000, consultable en la página 260, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XII, agosto de 2000, registro número 191452, que precisa lo siguiente: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo.". CUARTO. No son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables Consejo de la Judicatura del Estado de Morelos, Director de la Director de la Dirección de Administración y Finanzas del Poder Judicial del Estado de Morelos, Secretaria de Hacienda del Estado de Morelos y Directora General del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos, consistentes en los actos de aplicación de las normas jurídicas reclamadas. Es así, porque esencialmente negaron los actos reclamados al rendir sus informes justificados, sin que la parte quejosa aportara prueba alguna en aras de desvirtuar la negativa. Sin que pase por alto que la Secretaría de Hacienda dijera que son parcialmente ciertos los actos reclamados, pues no aclaró en qué parte, ni se exhibió prueba en autos que acredite la realización de cualquier acto de aplicación de las normas combatidas, en perjuicio de los quejosos. Consecuentemente, debe sobreseerse en el juicio con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. QUINTO. Por ser las causales de improcedencia de estudio oficioso, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, este juzgador procede a analizar, si se actualiza alguna. Por otro lado, se atenderán las causales de improcedencia hechas valer por las autoridades responsables: La Directora General del Instituto de Crédito de los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos, hace valer la causal de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, fracción II, de la Ley de Amparo, y aunque por razones distintas a las que invoca, se considera que en el caso, por cuanto a las disposiciones del Decreto Novecientos Ochenta y Ocho, que reformó la Ley del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos, en particular los artículos 1, 3, 5, 6, 9, 12, 34, 36, 41, 42, y 46, sí se actualiza. Tal disposición dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; Resulta necesario precisar que tratándose de la impugnación de normas generales, el interés jurídico para efectos del juicio de amparo no puede acreditarse únicamente con su expedición y presumible aplicación, sino que debe demostrarse plenamente que la disposición legal reclamada (sea autoaplicativa o heteroaplicativa) ha causado un agravio personal y directo en la esfera de derechos de la parte quejosa, por virtud de encontrarse en los supuestos hipotéticos de la norma de observancia general o por virtud de un acto de aplicación que lo actualice. En efecto, las normas de carácter general pueden ser impugnadas mediante el juicio de amparo en distintos momentos atendiendo a la naturaleza de la propia norma. Es decir, dependiendo si son de naturaleza autoaplicativa o hetoroaplicativa. En relación con la distinción entre leyes autoaplicativas y hetoroaplicativas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido en jurisprudencia reiterada que para determinar si una ley es o no autoaplicativa, no hay que atender solamente a si el particular está o no en posibilidad de realizar determinados actos, sino que se deben atender los términos del mandato legal, pues para que tenga tal carácter basta con que desde su entrada en vigor se ordene a los gobernados un dar, un hacer o un no hacer, de manera tal que contenga un principio de ejecución ocasionándoles un perjuicio, una situación jurídica permanente en relación con la creación, modificación o extinción de un derecho o, en su caso, una obligación, sin que tales supuestos se limiten a la conducta que deba llevar a cabo la autoridad. En el segundo supuesto, es decir, en el caso de las disposiciones generales de naturaleza heteroaplicativa, se requiere la realización de un acto de aplicación que imponga o haga observar los mandatos legales para que se produzca la actualización del supuesto hipotético; esto es, se condiciona la individualización de la norma a un acto ajeno a su sola vigencia. Las consideraciones vertidas en el sentido de la naturaleza de las normas tienen su fundamento en la jurisprudencia del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en la página 5, Tomo VI, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece lo siguiente: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento." En ese contexto, se concluye que para la impugnación de disposiciones generales mediante el juicio de amparo, se requiere acreditar que esas normas afectan la esfera jurídica de quien solicita la protección federal, ya sea porque con su entrada en vigor tal afectación se genere de inmediato (individualización incondicionada) o bien porque dichos efectos se hayan causado con motivo de un acto de aplicación (individualización condicionada), el cual proviene generalmente de la actuación de una autoridad, aun cuando también puede surgir de los actos propios de los particulares o de un tercero que actúa como auxiliar de la administración pública, si mediante su conducta se vincula de modo necesario al solicitante del amparo con lo dispuesto en los preceptos impugnado. Al caso, resulta aplicable la siguiente tesis aislada sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: "INTERÉS LEGÍTIMO Y JURÍDICO. CRITERIO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS LEYES HETEROAPLICATIVAS Y AUTOAPLICATIVAS EN UNO U OTRO CASO. Para determinar cuándo una norma general causa una afectación con su sola entrada en vigor y cuándo se requiere de un acto de aplicación, existe la distinción entre normas heteroaplicativas y autoaplicativas en función de las posibilidades de afectación de una norma general. Desde la Novena Época, el criterio de clasificación de ambos tipos de normas gira alrededor del concepto de "individualización incondicionada", con el cual se ha entendido la norma autoaplicativa como la que trasciende directamente para afectar la esfera jurídica del quejoso, sin condicionarse a ningún acto. Si su contenido está condicionado, se trata de una norma heteroaplicativa. Así, el criterio de individualización incondicionada es formal, esto es, relativo o dependiente de una concepción material de afectación que dé contenido a ambos tipos de normas, pues sin un concepto previo de agravio que tome como base, por ejemplo, al interés jurídico, interés legítimo o interés simple, dicho criterio clasificador no es apto por sí mismo para determinar cuándo una ley genera perjuicios por su sola entrada en vigor o si se requiere de un acto de aplicación. Por tanto, dada su naturaleza formal, el criterio clasificador es adaptable a distintas concepciones de agravio. Así pues, en el contexto de aplicación de las nuevas reglas reguladoras del juicio de amparo se preserva la clasificación de normas autoaplicativas y heteroaplicativas, para determinar la procedencia del juicio de amparo contra leyes, ya que dada su naturaleza formal, es suficiente desvincular el criterio rector -de individualización incondicionada- del concepto de interés jurídico y basarlo en el de interés legítimo. Un concepto de agravio más flexible, como el de interés legítimo, genera una reducción del espacio de las leyes heteroaplicativas y es directamente proporcional en la ampliación del espacio de leyes autoaplicativas, ya que existen mayores posibilidades lógicas de que una ley genere afectación por su sola entrada en vigor, dado que sólo se requiere constatar una afectación individual o colectiva, calificada, actual, real y jurídicamente relevante, siempre que esté tutelada por el derecho objetivo y, en caso de obtener el amparo, pueda traducirse en un beneficio para el quejoso. No obstante, si se adopta el estándar de interés jurídico que requiere la afectación a un derecho subjetivo y excluye el resto de afectaciones posibles, ello lógicamente generaría una ampliación del ámbito de las leyes heteroaplicativas, pues reduce las posibilidades de afectación directa de esas normas con su mera entrada en vigor y las condiciona a un acto de aplicación que afecte un derecho subjetivo del quejoso. De esta forma, los jueces de amparo deben aplicar el criterio clasificador para determinar la procedencia del juicio constitucional, siempre y cuando hayan precisado previamente si resulta aplicable la noción de interés legítimo o jurídico." Como ha quedado precisado, las quejosas controvierte la regularidad constitucional del Decreto Novecientos Ochenta y Ocho, que modificó de manera integral la estructura y contenido del Decreto Novecientos Ochenta y Ocho, que reformó la Ley del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno de esa entidad federativa, en particular los artículos 1, 3, 5, 6, 9, 12, 34, 36, 41, 42, y 46. Ahora bien, en el caso, dado que las normas se combaten como autoaplicativas, es igualmente necesario que la parte peticionaria del amparo acredite la afectación al interés jurídico, pues no basta la sola afirmación de la existencia de ese menoscabo, sino que es necesario que los promoventes demuestren, plena y fehacientemente, estar colocados, desde la entrada en vigor de la norma, bajo los supuestos que ésta contempla. Al respecto, es aplicable la siguiente jurisprudencia de la Octava Época, Instancia: Tercera Sala, Fuente: Apéndice 2000, Tomo: Tomo I, Const., Jurisprudencia SCJN, Tesis: 317, Página: 373, del rubro y texto siguientes: "LEYES, AMPARO CONTRA. EL INTERÉS JURÍDICO PARA INTERPONERLO NO SE ACREDITA CON AFIRMAR QUE SE ESTARÁ BAJO SUS SUPUESTOS.- La demostración de la afectación jurídica por un ordenamiento requiere que el quejoso acredite estar colocado, desde su entrada en vigor, bajo los supuestos que dicha norma contempla (cuando se reclama como autoaplicativa) o bien que su aplicación afecta sus intereses jurídicos (cuando se impugna como heteroaplicativa); luego entonces, no es suficiente el dicho del quejoso de que se colocará bajo su hipótesis y que, por tanto, se le aplicará, puesto que aunque ello aconteciera sería hasta que ocurriese lo uno o lo otro, y no antes, que esa ley afectara su esfera jurídica.". En el caso, se afirma que los promoventes del amparo no logran acreditar encontrarse bajo los supuestos de las normas que combaten, en virtud de que los documentos que exhiben carecen de eficacia probatoria suficiente para ello. En efecto, los artículos de Ley del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos, forman parte de las disposiciones que en conjunto, establecen las condiciones para regular el otorgamiento de las prestaciones que brinda el Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos a sus afiliados, conforme a su Reglamento y la normativa aplicable; que básicamente se traducen en préstamos en dinero o en especie que concede el Instituto al afiliado, con el otorgamiento de una garantía en los términos o condiciones que para cada caso aplique. De acuerdo al artículo 3 de la Ley en comento, los afiliados y beneficiarios del Instituto serán el trabajador o pensionista que, conforme a lo señalado en el Capítulo IV de la presente Ley, cotiza al Instituto y recibe los beneficios que éste otorga. A su vez, en términos del artículo 25, son entes obligados para efectos de esta Ley: I. El Poder Ejecutivo Estatal; II. El Poder Legislativo Estatal; III. El Poder Judicial Estatal; IV. Los Ayuntamientos del estado de Morelos y sus organismos auxiliares; V. Los organismos autónomos constitucionales del estado de Morelos, y VI. Los organismos auxiliares de la Administración Pública Estatal. De igual manera, tienen la calidad de afiliados, con los derechos y obligaciones que otorga esta Ley, en términos del artículo 29: I. Los trabajadores al servicio de alguno de los entes obligados, y II. Los pensionistas que continúen cotizando al Instituto. Así, de acuerdo a las disposiciones que se han señalado, a fin de acreditar el interés jurídico para el reclamo del Decreto Novecientos Ochenta y Ocho, que reformó la Ley del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno de esa entidad federativa, en particular los artículos 1, 3, 5, 6, 9, 12, 34, 36, 41, 42, y 46; era imperativo que los promoventes del amparo, acreditaran tener la condición de afiliados al Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos; sin embargo, no lo hicieron. Es así, porque MARÍA DEL CÁRMEN LABASTIDA ÁVILA, ANTONIO DÍAZ DOMÍNGUEZ, APOLINAR RAMÍREZ CASTRO y PAOLA REZA GUTIÉRREZ, exhibieron documentales privadas, consistentes en fotocopias simples de comprobantes de pago (fojas 10 a 18); no obstante, no puede concedérseles eficacia probatoria para demostrar su condición de afiliados al Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos, en razón de que el documento exhibido en fotocopia fotostática simple o el obtenido por medios electrónicos, no son idóneos para ese cometido probatorio, habida cuenta que no consta en ellos certificación alguna de que fue tomado de su original ni elemento alguno que permita asumir que su contenido es genuino, por medio de firma o sello digitales, por ejemplo, o que éste corresponde fiel y exactamente a la información arrojada por la base de datos de la cual fue tomado y tampoco existe certeza de que se hubiese obtenido por persona autorizada para tales efectos a través de la clave respectiva y/o en presencia de algún funcionario facultado para certificar la veracidad del acto conforme a la normativa aplicable. En todo caso, tales fotocopias simples de los recibos exhibidos, aun considerándolos como impresión obtenida a través de medios electrónicos, sólo genera la presunción de que el original que reproduce existe o de que la información que contiene podría encontrarse alojada en una base de datos o "servidor", pero es insuficiente para crear convicción de que la información no ha sido alterada utilizando medios mecánicos o programas computarizados aportados por los avances tecnológicos y de que en realidad produce en el promovente del juicio un agravio o perjuicio. Es aplicable, en lo conducente y por igualdad de razón jurídica, la jurisprudencia de la Décima Época, Registro: 160894, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro I, Octubre de 2011, Tomo 1, Materia(s): Común, Tesis: P./J. 70/2011 (9a.) Página: 5, que se cita enseguida: "DEPÓSITOS EN EFECTIVO. EL DOCUMENTO EXHIBIDO EN COPIA FOTOSTÁTICA SIMPLE, AUN CONSIDERADO COMO IMPRESIÓN OBTENIDA POR MEDIOS ELECTRÓNICOS, NO DEMUESTRA EL INTERÉS JURÍDICO PARA IMPUGNAR LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 1 DE OCTUBRE DE 2007. Para reclamar en el juicio de amparo una norma general heteroaplicativa, es necesario que el promovente acredite fehacientemente la existencia del acto concreto de aplicación y que ésta le causa un agravio o perjuicio. Así, para cumplir con el primer requisito señalado, el particular debe aportar al juicio evidencia suficiente para crear convicción en el juzgador de que el primer acto de aplicación de la norma existe. En ese tenor, el documento exhibido en copia fotostática simple o el obtenido por medios electrónicos, no demuestran la existencia del primer acto de aplicación de la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo ni la afectación a la esfera jurídica del particular, habida cuenta que no consta certificación alguna de que fue tomado de su original ni elemento alguno que permita asumir que su contenido es genuino (por medio de firma o sello digitales, por ejemplo), o que éste corresponde fiel y exactamente a la información arrojada por la base de datos de la cual fue tomado y tampoco existe certeza de que se hubiese obtenido por persona autorizada para tales efectos a través de la clave respectiva y/o en presencia de algún funcionario facultado para certificar la veracidad del acto conforme a la normativa aplicable. En todo caso, el documento exhibido en copia fotostática simple, aun considerado como impresión obtenida a través de medios electrónicos, sólo genera la presunción de que el original que reproduce existe o de que la información que contiene podría encontrarse alojada en una base de datos o "servidor", pero es insuficiente para crear convicción de que la información no ha sido alterada utilizando medios mecánicos o programas computarizados aportados por los avances tecnológicos y de que en realidad produce en el promovente del juicio un agravio o perjuicio.". Consecuentemente, si la parte quejosa no acredita la afectación a su interés jurídico, el juicio de amparo resulta improcedente, de conformidad con lo dispuesto en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Al respecto, es aplicable, la siguiente jurisprudencia de la Séptima Época, Instancia: Pleno, Fuente: Apéndice 2000, Tomo: Tomo I, Const., Jurisprudencia SCJN, Tesis: 286, Página: 339 "INTERÉS JURÍDICO. NECESIDAD DE ACREDITARLO EN EL AMPARO CONTRA LEYES.- A pesar de que al juicio de amparo pudiera llamársele el verdadero juicio popular, esto no significa que la acción de amparo para reclamar la inconstitucionalidad de leyes o de actos, sea popular, toda vez que su ejercicio se encuentra limitado, en términos de lo dispuesto por la fracción I del artículo 107 constitucional y por el artículo 4o. de la Ley de Amparo, a instancia de parte agraviada, lo que significa que uno de los presupuestos indispensables para la procedencia de la acción sea la comprobación del interés jurídico del quejoso, el cual no puede tenerse por acreditado por el solo hecho de promoverse el juicio de garantías, en atención a que tal proceder sólo implica la pretensión de excitar al órgano jurisdiccional, lo que es distinto a demostrar que la ley o el acto de la autoridad que se impugnan le obligan, lesionando sus derechos; así que no demostrándose que el quejoso se encuentre dentro de los presupuestos procesales que regulan las leyes cuya constitucionalidad impugne, no se satisface ese requisito procesal consistente en acreditar el interés jurídico.". En efecto, para efectos de la procedencia del amparo contra leyes, cuando se controvierte una disposición de observancia general resulta indispensable que se acredite fehacientemente que la respectiva hipótesis jurídica afecta los intereses jurídicos del quejoso, lo que no puede derivar de presunciones o de las afirmaciones contenidas en la demanda de amparo; toda vez que existiría la posibilidad de conceder el amparo por una ley o un acto que no les cause ningún perjuicio en sus derechos, por no estar dirigidos a ellos. Sirve de apoyo la jurisprudencia de la Octava Época, Instancia: Tercera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, VI, Primera Parte, Julio a Diciembre de 1990, Página: 199, Tesis: 3a./J. 45/90, Materia(s): Común, "INTERÉS JURÍDICO. EXAMINAR LA CONSTITUCIONALIDAD DE UNA LEY SIN HABERLO ACREDITADO, VULNERA LOS PRINCIPIOS DE 'INSTANCIA DE PARTE AGRAVIADA' Y DE 'RELATIVIDAD DE LOS EFECTOS DE LA SENTENCIA'. Los artículos 107, fracciones I y II de la Constitución Federal y 4o., 76 y 80 de la Ley de Amparo, respectivamente, establecen el principio de instancia de parte agraviada y el de relatividad de los efectos de la sentencia de amparo, que prohíben hacer una declaración general de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la ley o acto reclamado y los efectos que debe tener la sentencia dictada en un juicio de garantías que conceda el amparo, en cuanto que encierra una declaración de restitución para el quejoso. En consecuencia, legalmente debe exigirse para la procedencia del juicio constitucional que los promoventes acrediten plenamente su interés jurídico, para el efecto de que si así lo estima fundado la autoridad que conozca del juicio de garantías, esté en posibilidad de conceder la protección de la justicia federal respecto de personas determinadas, en forma particularizada por su interés, y a la vez conceda la protección en el efecto procedente, lo cual no se podría satisfacer si el interés de los promoventes del amparo no se acredita plenamente, toda vez que existiría la posibilidad de conceder el amparo por una ley o un acto que no les cause ningún perjuicio en sus derechos, por no estar dirigidos a ellos y, en ese caso, los efectos restitutorios del amparo serían en contra de lo establecido por los preceptos citados. En tales condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia del juicio prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, debe sobreseerse en el juicio respecto a la Ley del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno de esa entidad federativa, en particular los artículos 1, 3, 5, 6, 9, 12, 34, 36, 41, 42, y 46, con fundamento en el diverso 63, fracción V de dicho ordenamiento. En tales condiciones, resulta innecesario ocuparse de las demás causales de improcedencia que hacen valer las autoridades responsables, pues no cambiaría el resultado al que se llegó a lo largo de esta determinación. Es aplicable la jurisprudencia de la Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: VIII, Agosto de 1998, Página: 414, Tesis: 2a./J. 54/98, Materia(s): Común, que se trascribe enseguida: "SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución." Por lo anteriormente expuesto, y fundado, se RESUELVE: ÚNICO. SE SOBRESEE EN EL JUICIO DE GARANTÍAS PROMOVIDO POR MARÍA DEL CÁRMEN LABASTIDA ÁVILA, ANTONIO DÍAZ DOMÍNGUEZ, APOLINAR RAMÍREZ CASTRO Y PAOLA REZA GUTIÉRREZ, respecto a la discusión, aprobación, expedición, sanción, y publicación del Decreto Novecientos Ochenta y Ocho, mediante el que se reformó la Ley del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos, en particular los artículos 1, 3, 5, 6, 9, 12, 34, 36, 41, 42, y 46; que se reclamaron al Congreso, Gobernador Constitucional, Secretario de Gobierno, Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad"; y respecto a los actos que se reclamaron al Consejo de la Judicatura del Estado de Morelos, Director de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Morelos, Secretario de Hacienda del Gobierno del Estado, Directora General del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Estado de Morelos. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Carlos Anuar Jaimes Torres, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, hoy veintidós de diciembre de dos mil dieciséis, que lo permitieron las labores de este juzgado, ante el Secretario Jadilson Alonso Navarro, que da fe.

  4. Principal

    PERS. En términos del artículo 27, fracción I, inciso c) y 29 de la Ley de Amparo, procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal; así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, a la parte quejosa, la sentencia de veintidós de diciembre del dos mil dieciséis, que en lo conducente establece: ...ÚNICO. SE SOBRESEE...

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