María del Carmen Juárez Alejos
Expediente 366/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 9 actuaciones registradas, la última del 16 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 366/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 16/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- María del Carmen Juárez Alejos
- Martha Juárez Alejos
- Efraín Juárez Alejos
- Rubén Juárez Alejos
- Angélica Juárez Alejos
- Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el proveído de veintidós de julio de dos mil veintiuno, en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, no fue recurrido dentro del término legal; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha providencia ha causado estado. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual carece de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Por otra parte, en cumplimiento al artículo 21, incisos a) y c), del citado acuerdo, el presente expediente, así como el original del cuaderno incidental son susceptibles de destrucción, una vez que transcurran tres años, contados a partir de que se ordene su archivo, puesto que en el expediente principal se sobreseyó en el juicio, mientras que en el incidente de suspensión se negaron las medidas cautelares provisional y definitiva. Glósese el original del cuaderno incidental y, según lo dispone el artículo 20, fracción II, inciso a) de la disposición administrativa en consulta, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo de seis meses a que alude el propio acuerdo; consérvese por separado el duplicado. Finalmente, al resultar innecesaria la retención de las documentales que adjuntó a su informe justificado la autoridad responsable, consistentes en constancias procesales relativas al procedimiento subyacente *******, así como un disco versátil digital (DVD), devuélvansele.
- Principal
Visto lo de cuenta, del análisis de las constancias procesales del sumario, se advierte que, en la especie, se actualiza la causa de improcedencia del juicio constitucional prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente". El texto del precepto transcrito consagra la improcedencia del juicio de amparo cuando se promueve contra un acto de autoridad que con posterioridad se consuma de un modo irreparable, por haber operado un cambio de situación jurídica. Esta fracción contempla el supuesto de irreparabilidad jurídica del acto reclamado, no la física, que hace imposible la restauración de las cosas al estado en que se encontraban con anterioridad a la consumación del acto reclamado. Ciertamente, en realidad no existiría imposibilidad física alguna para reparar las violaciones que hubiera ocasionado un acto de autoridad por la circunstancia de que la situación jurídica hubiese cambiado, pues el amparo que contra aquel se concediera bien podría alcanzar en sus efectos a esta nueva situación y aún invalidarla, pero permitir tales efectos haría factible que se destruyeran actos de autoridad que quizá tuvieran un fundamento y una motivación que al no formar parte de la litis constitucional no serían valorados en el juicio en que la sentencia de amparo fuese pronunciada y que posiblemente fueran justificados. A lo que debe agregarse que el cambio de situación jurídica deviene del avance que ha tenido un juicio o procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, compuesto por diversas etapas procesales que guardan relación entre sí. Esto es, el cambio de situación jurídica se presenta cuando habiéndose complementado una etapa procesal en todas sus partes, queda superada, dando pauta a que se inicie el siguiente conjunto de actos que conforman una nueva etapa procesal o situación jurídica. Entonces, la sana intelección del precepto normativo en estudio, permite determinar que los elementos con los que se integra la causa de improcedencia que regula, son los siguientes: a) Un procedimiento judicial o un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; b) Un acto dentro de ese procedimiento, susceptible de ser reclamado en el juicio de amparo, por afectar un derecho sustantivo; c) Un acto posterior, emitido en el mismo procedimiento judicial o procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, con el cual se vuelva a afectar ese derecho sustantivo, creando una nueva situación jurídica; y, d) Autonomía de las situaciones jurídicas generadas por los dos actos indicados, de modo que aun cuando desaparezca la primera, pueda subsistir la segunda. Mediante la concurrencia de tales elementos se configura la causa de improcedencia aludida, de modo que, al actualizarse dichos principios, es inevitable que el juicio de derechos fundamentales resulte improcedente. Las anteriores consideraciones se contienen en la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que interpretó la fracción X, del artículo 73 de la anterior Ley de Amparo, cuyo precepto legal es, en esencia, de idéntico contenido al de la fracción XVII del artículo 61 de la vigente Ley reglamentaria en comento; tesis publicada con el número 51, en la página 39, tomo VI, común, del Apéndice 1917-2000 al Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." En el caso, del análisis a la demanda y constancias procesales del asunto presente se obtiene que la parte quejosa acude a esta instancia constitucional en reclamo del proveído de seis de mayo de dos mil veintiuno, emitido en el expediente ********* del índice del Juzgado de Partido Civil Especializado en Materia Familiar en Cortazar, Guanajuato, que despachó la medida cautelar de alimentos provisionales a favor de los hoy terceros interesados adultos mayores ******* y ******* -progenitores de los quejosos- por la suma de doscientos ochenta mil quinientos sesenta y seis pesos 00/100 moneda nacional, para ambos acreedores en partes iguales; cifra que derivó de un salario mínimo vigente por cada uno de sus once hijos (en el entendido que corresponde medio salario a cada acreedor), equivalente a ciento cuarenta y un pesos 70/100, diarios, que mensualmente arroja la suma de cuarenta y seis mil setecientos sesenta y un pesos, multiplicados por seis meses; tiempo probable que durará el juicio natural. Ahora, respecto de la reclamada medida cautelar de alimentos a favor de los hoy terceros interesados adultos mayores, se determina que ha operado un cambio de situación jurídica, con lo cual se concretiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVII, del artículo 61, de le Ley de Amparo. Ciertamente, en relación con el acto reclamado, la juez Civil Especializada en Materia Familiar con sede en Cortazar, Guanajuato, aceptó la existencia del acto cuestionado; pues así lo expresó en su informe de ley. Sin embargo, también informó, mediante oficio ****** de veintiocho de junio de dos mil veintiuno, que en el controvertido de origen, específicamente, en la audiencia preliminar de veintitrés de junio de dos mil veintiuno, en la etapa de revisión de medidas, la medida provisional de alimentos a favor de los hoy terceros interesados adultos mayores, fue modificada a petición de ******** -quien figura como apoderado de los demandados ahora quejosos en el controvertido natural-, para quedar de la siguiente forma: "(.) se modifica pensión alimenticia; se decreta provisionalmente para los acreedores alimentarios, medio salario mínimo diario vigente por cada uno de sus once hijos (en el entendido de que le corresponde un cuarto de salario a cada acreedor), equivalente a 70.85 setenta pesos 85/100 moneda nacional diarios, que mensualmente da la suma de $23, 380.50 veintitrés mil trescientos ochenta pesos 50/100 moneda nacional, multiplicados por seis meses, tiempo probable que dura el juicio dan la cantidad de $140, 283.00 ciento cuarenta mil doscientos ochenta y tres pesos 00/100 moneda nacional." Al mencionado oficio se anexaron las documentales públicas consistentes en copia certificada -un legajo- de constancias procesales relativas al procedimiento subyacente *****, así como un disco versátil digital (DVD). De tales medios de convicción constata que efectivamente, en la audiencia preliminar de veintitrés de junio de dos mil veintiuno, en la etapa de revisión de medidas, la medida provisional de alimentos a favor de los hoy terceros interesados adultos mayores, fue modificada a petición de la parte reo por conducto de su apoderado **********, en los términos que se mencionan en el párrafo que antecede. Las relacionadas documentales públicas allegadas al sumario por el juez responsable, cuentan con plena eficacia probatoria acorde a lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2º. Lo expuesto conduce a estimar que conforme a lo establecido en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, han quedado irreparablemente consumadas las violaciones atribuidas a la medida provisional de alimentos reclamada, ya que no se puede decidir en el presente procedimiento de amparo sin afectar la nueva situación jurídica que se suscitó después de instaurado el presente juicio constitucional -la determinación que modificó dicha medida provisional de alimentos-. En ese tenor, el cambio de situación jurídica al que se hace referencia, constituye un motivo de improcedencia que, a la postre, conduce a sobreseer en el juicio, lo que imposibilita el examen constitucional de la resolución tildada de inconstitucional, a virtud de que la autoridad responsable, juez natural, aprobó modificó la medida provisional de alimentos, lo que implica que en el procedimiento judicial opere un cambio de situación jurídica, de modo que las violaciones cometidas y reclamadas en el presente juicio de derechos humanos, se consideran irreparablemente consumadas, por lo que resulta claro que se presenta un cambio de situación jurídica, lo que impide a este juzgador entrar al estudio de fondo del acto que se reclama en el presente juicio y decidir sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este, sin afectar la nueva situación jurídica de la parte agraviada; en las relatadas condiciones, se concluye la materialización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, pues es patente que en la especie ha operado un cambio de situación jurídica. En las relatadas condiciones, al estar plenamente acreditada la causa de improcedencia en examen, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente asunto, acorde a lo establecido por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Por tanto, es innecesario celebrar la audiencia constitucional en el presente juicio programada para las trece horas con cincuenta minutos del veintitrés de julio de dos mil veintiuno.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio con registro 5334, que firma la autoridad responsable jueza Civil de Partido Especializada en Materia Familiar, con sede en Cortazar, Guanajuato, por el que da cumplimiento al requerimiento efectuado mediante proveído de dieciocho de junio del año actual, pues remite las constancias de emplazamiento de los terceros interesados ******* y ******, lo cual aconteció de forma personal con estos el treinta de junio pasado. Luego, se tienen por debidamente emplazados al presente asunto, los terceros interesados de referencia, por lo que se deja insubsistente el apercibimiento legal decretado en el proveído en cita a la autoridad oficiante. Informe justificado Así también, intégrese al sumario la diversa misiva que remite la autoridad responsable en mención (registro 5335), mediante la cual rinde su informe justificado en el que acepta los actos reclamados en el ámbito de su competencia; de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que se impongan de su contenido; sin perjuicio de relacionarlo al celebrarse la audiencia constitucional. De igual forma, se tiene como pruebas de su intención, la documental pública que exhibe, consistente en copia certificada -un legajo- de constancias procesales relativas al procedimiento subyacente ****/22021, así como un disco versátil digital (DVD); medios de convicción que con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se admiten y se tienen por desahogados dada su naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de ellos al celebrarse la audiencia en este juicio. Dado lo voluminoso de las constancias remitidas por la responsable -copia del expediente judicial-, para un mejor manejo del expediente judicial en que se actúa, fórmese un tomo de pruebas que se llevará por cuerda separada, debiendo identificarse con el número I; en tanto que, el dispositivo de audio y video deberá glosarse al sumario en sobre cerrado.
- Incidental
En la ciudad de Celaya, Guanajuato, a las trece horas con cincuenta y cinco minutos del uno de julio de dos mil veintiuno, día y hora programados para el verificativo de la audiencia dentro del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 366/2021-5; estando en audiencia pública el maestro en derecho Günther Demián Hernández Núñez, juez Octavo de Distrito en el estado de Guanajuato, quien actúa con el maestro en derecho Gualberto Gutiérrez Romero, secretario que autoriza y da fe, de conformidad con lo establecido por el artículo 144 de la Ley de Amparo, la declara abierta sin la comparecencia de las partes, procediendo a su celebración. Se destaca que ninguna de las partes solicitó que la presente se celebrara mediante el método denominado "videoconferencia", por lo que, al no requerirse la presencia física de alguna de las partes, se desahoga de la presente forma. Acto continuo, el secretario certifica: que la presente audiencia se desahoga mediante la modalidad de trabajo a distancia autorizada por el Consejo de la Judicatura Federal por parte del titular, por lo que la firma se realizará de forma digital. Relación de constancias A continuación, el secretario hace relación de las constancias que obran en autos, de las que destacan: Demanda inicial y su aclaración formulada por ****, ****, ****, ****, **** y ****, todos de apellidos ****; Auto de dieciocho de junio de dos mil veintiuno, con el que se inició la tramitación del presente incidente y se negó la suspensión provisional respecto de los actos reclamados; El informe previo rendido por la autoridad responsable jueza Civil Especializada en Materia Familiar con sede en Cortázar, Guanajuato. Así también, el secretario da cuenta con el oficio registrado con el número 5224, que firma la juez responsable, por el que refiere rendir su informe de ley. A lo anterior, el juez acuerda: se tiene por hecha la relación de constancias existentes en actuaciones y por rendido el informe previo de la juez civil responsable, en términos del artículo 140 de la Ley de Amparo. Por cuanto a la misiva de cuenta, glósese sin mayor proveído dado que por auto de treinta de junio del año actual, se acordó lo conducente a su contenido, al haberse recibido vía electrónica. Periodo probatorio Seguidamente, se abre el período probatorio, en que el secretario da cuenta con las documentales que adjuntó la parte agraviada a su escrito inicial de demanda; en tanto, las demás partes fueron omisas en ofertar pruebas de su intención. A lo que el juez provee: con sustento en el numeral 143, de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas por su propia naturaleza las documentales de la parte quejosa, y por precluido el derecho de las demás partes para ofrecer probanzas. Etapa de alegatos Enseguida, se abre la etapa de alegatos, en la que se hace constar que las partes fueron omisas en formularlos; con lo que se cierra la presente fase. Con lo anterior se da por concluida la presente audiencia y se procede a dictar la resolución que corresponde: Vistos los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 366/2021; y, RESULTANDO Primero. Demanda de Amparo. ****, ***,*** y ****, todos de apellidos ****, demandaron el amparo y protección de la justicia federal en contra de actos de la jueza Civil Especializada en Materia Familiar con sede en Cortázar, Guanajuato, por estimarlos violatorios de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1, 4, 14, 16, 17 y 133 constitucionales. Segundo. Trámite de la demanda e incidencia. Admitida la demanda, se ordenó formar por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión; se negó a la parte quejosa la suspensión provisional solicitada; se pidió a la autoridad responsable su informe previo, el cual se recabó, y finalmente la audiencia incidental se llevó a cabo en los términos del acta precedente. CONSIDERANDO Primero. Precisión de los actos reclamados. Con apego en el artículo 146, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa como acto reclamado destacado: El proveído de seis de mayo de dos mil veintiuno, emitido en el expediente **** del índice del Juzgado de Partido Civil Especializado en Materia Familiar en Cortazar, Guanajuato, que despachó la medida cautelar de alimentos a favor de los hoy terceros interesados adultos mayores **** y **** progenitores de los quejosos- por la suma de doscientos ochenta mil quinientos sesenta y seis pesos 00/100 moneda nacional, para ambos acreedores en partes iguales; cifra que derivó de un salario mínimo vigente por cada uno de sus once hijos (en el entendido que corresponde medio salario a cada acreedor), equivalente a ciento cuarenta y un pesos 70/100, diarios, que mensualmente arroja la suma de cuarenta y seis mil setecientos sesenta y un pesos, multiplicados por seis meses; tiempo probable que durará el juicio natural. Acto reclamado a la autoridad responsable: Jueza Civil Especializada en Materia Familiar con sede en Cortázar, Guanajuato Segundo. Certeza de los actos reclamados. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable jueza civil en comento, pues así lo reconoció al rendir su informe de ley. Tercero. Materia y efectos de la suspensión. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 128 y 138 de la Ley de Amparo, se desprende que para conceder la suspensión de los actos reclamados deben cumplirse los siguientes requisitos: a. Que la suspensión sea solicitada por la parte agraviada. b. Que el acto reclamado, de acuerdo a su naturaleza, sea susceptible de suspenderse. c. Que se compruebe la apariencia del buen derecho; que no es otra cosa que el juicio de probabilidad y verosimilitud del derecho del solicitante del amparo frente a las violaciones alegadas, de modo que, según un cálculo de probabilidades, sea posible anticipar que en la sentencia definitiva se concederá la protección de la Justicia de la Unión del acto impugnado; y, d. Que se sopese el perjuicio que pueda ocasionarse al interés social con la concesión de la medida. Ahora, lo procedente es negar la suspensión definitiva, por los motivos siguientes: Cabe señalar que la fracción II del invocado ordinal 128, establece -en la parte que interesa- lo siguiente: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias salvo las señaladas en el último párrafo de este artículo, siempre que concurran los requisitos siguientes: [.] II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado. Asimismo, no serán objeto de suspensión las órdenes o medidas de protección dictadas en términos de la legislación aplicable por alguna autoridad administrativa o jurisdiccional para salvaguardar la seguridad o integridad de una persona y la ejecución de una técnica de investigación o medida cautelar concedida por autoridad judicial. Las normas generales, actos u omisiones del Instituto Federal de Telecomunicaciones y de la Comisión Federal de Competencia Económica, no serán objeto de suspensión. Solamente en los casos en que la Comisión Federal de Competencia Económica imponga multas o la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones, éstas se ejecutarán hasta que se resuelva el juicio de amparo que, en su caso, se promueva." El contenido del precepto legal transcrito, en lo conducente, establece como supuestos que no serán objeto de suspensión: I. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. II. Cuando se trate de la ejecución de una técnica de investigación; III. Cuando se trate órdenes o medidas de protección dictadas en términos de la legislación aplicable por alguna autoridad administrativa o jurisdiccional para salvaguardar la seguridad o integridad de una persona; y, IV. Cuando se trate de la ejecución de una medida cautelar concedida por la autoridad judicial. Por su parte, el numeral 129 de la legislación en cita, estatuye, en lo conducente: "Artículo 129. Se considerará, entre otros casos, que se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, cuando, de concederse la suspensión: I. Continúe el funcionamiento de centros de vicio o de lenocinio, así como de establecimientos de juegos con apuestas o sorteos; II. Continúe la producción o el comercio de narcóticos; III. Se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos; IV. Se permita el alza de precios en relación con artículos de primera necesidad o de consumo necesario; V. Se impida la ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter grave o el peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país; VI. Se impida la ejecución de campañas contra el alcoholismo y la drogadicción; VII. Se permita el incumplimiento de las órdenes militares que tengan como finalidad la defensa de la integridad territorial, la independencia de la República, la soberanía y seguridad nacional y el auxilio a la población civil, siempre que el cumplimiento y ejecución de aquellas órdenes estén dirigidas a quienes pertenecen al régimen castrense; VIII. Se afecten intereses de menores o incapaces o se les pueda causar trastorno emocional o psíquico; IX. Se impida el pago de alimentos; (.)". Del texto normativo recién transcrito, se desprende que se afecta al interés social o se contravienen disposiciones de orden público cuando, de concederse la suspensión, se impida el pago de alimentos. Al analizar la naturaleza del acto reclamado, se advierte que consiste en la medida cautelar de suministración de alimentos provisionales en favor de los adultos mayores terceros interesados. Esta determinación no admite paralización, según lo mandata expresamente artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 129, fracción IX, de ese cuerpo normativo. En efecto, las determinaciones que involucran temas relativos a alimentos, son de orden público porque constituyen el medio económico por el que se protege la subsistencia de los acreedores alimentarios y si estos son adultos mayores -ochenta y ocho y ochenta y nueve años, respectivamente-, como ocurre en la especie, es claro que no se puede comprometer la medida cautelar de alimentos otorgada en su favor, a través de la suspensión solicitada, tanto más que la edad de los terceros interesados por sí, genera la presunción de que se ubican en un grupo vulnerable de la sociedad con necesidades económicas especiales para su subsistencia. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio de la Décima Época, con número de registro 2009452, sostenido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 19, junio de 2015, tomo I, página: 573, que es del tenor literal siguiente: "ADULTOS MAYORES. AL CONSTITUIR UN GRUPO VULNERABLE MERECEN UNA ESPECIAL PROTECCIÓN POR PARTE DE LOS ÓRGANOS DEL ESTADO. Del contenido de los artículos 25, párrafo 1, de la Declaración Universal de Derechos Humanos; así como del artículo 17 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, "Protocolo de San Salvador", se desprende la especial protección de los derechos de las personas mayores. Por su parte, las declaraciones y compromisos internacionales como los Principios de las Naciones Unidas a Favor de las Personas de Edad, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1991 en la Resolución 46/91; la Declaración sobre los Derechos y Responsabilidades de las Personas de Edad, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas de 1992 o los debates y conclusiones en foros como la Asamblea Mundial del Envejecimiento en Viena en 1982, la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos en 1993 (de la que emanó la Declaración citada), la Conferencia Mundial sobre Población de El Cairo en 1994, y la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social de Copenhague en 1995, llevan a concluir que los adultos mayores constituyen un grupo vulnerable que merece especial protección por parte de los órganos del Estado, ya que su avanzada edad los coloca con frecuencia en una situación de dependencia familiar, discriminación e incluso abandono. Lo anterior no implica, sin embargo, que en todos los casos en los que intervengan deba suplirse la deficiencia de la queja." Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 140, 146 y 153 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E Único. Se niega la suspensión definitiva a ****, ****, ****, ****, **** y ****, todos de apellidos ****; respecto del acto y autoridad precisados en el considerando primero, por los motivos y fundamentos esgrimidos en el último considerando de la presente interlocutoria.
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