María del Carmen Josefina Ortíz y Leija
Expediente 27/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 27 actuaciones registradas, la última del 3 de julio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 27/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 27
- Última actuación
- 03/07/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- María del Carmen Josefina Ortíz y Leija
- JOSE ALBERTO AVILA AKE y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 27.
- Principal
MÉRIDA, YUCATÁN, TRES DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado que guarda el presente asunto, se aprecia que mediante proveído de dieciocho de junio del año en curso, se dio vista a la parte quejosa y tercero interesada con lo informado por las autoridades responsables en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Asimismo, en dicho auto se les apercibió que en caso de no hacer manifestación alguna, este Juzgado acordaría lo que en derecho correspondiera. Siendo que la notificación del acuerdo de mérito, se realizó el veintiuno, veintidós y veintiséis de junio pasado. En consecuencia, al haber transcurrido el término de tres días hábiles que les fue otorgado para tal efecto, este órgano de control constitucional procede a resolver, si de acuerdo con las constancias que obran en autos y los datos aportados por las autoridades responsables, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Cobra aplicación al caso, la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 243, Tomo XI, Marzo de 2000, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). En sentencia dictada el dos de marzo de dos mil dieciocho, en el primer punto resolutivo se concedió a MARÍA DEL CARMEN JOSEFINA ORTÍZ Y LEIJA el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto que reclamó del Gobernador Constitucional y Secretario de Seguridad Pública, ambos del Estado de Yucatán y con sede en esta capital, para el efecto que: "... el Gobernador Constitucional de esta entidad, de inmediato, acuerde lo conducente respecto del auxilio de la fuerza pública que le fuera solicitado por la Juez Primero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado y lo haga del conocimiento de la aquí parte quejosa. Y para que este fallo constitucional logre vigencia real y eficacia práctica, la autoridad ordenadora responsable deberá comunicar sobre el acatamiento al Secretario de Seguridad Pública del Estado, para el efecto de que, en su carácter de autoridad ejecutora, recibido que fuere el oficio respectivo de su superior jerárquico, deberá con la misma prontitud señalar fecha para que se proporcionen los elementos policíacos a su mando necesarios para poder llevar al cabo la diligencia de mérito, con el fin de que la sentencia protectora cumpla con sus efectos restitutorios." Posteriormente, por auto de veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, se tuvo por ejecutoriada la sentencia concesora del amparo y se requirió su cumplimiento a las autoridades responsables. A fin de cumplir con la sentencia de amparo, el Delegado del Gobernador Constitucional del Estado, mediante misiva relacionada en proveído de diez de abril del presente año, comunicó que por oficio de cinco de marzo del año en curso el Gobernador del Estado acordó lo conducente respecto a la solicitud de la Juez Primero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, ordenando al Secretario de Seguridad Pública del Estado que de inmediato proporcionara el auxilio de la fuerza pública a su cargo, en las condiciones solicitadas (fojas 77 y 78). Determinación que conforme a lo ordenado en la ejecutoria de amparo, hizo del conocimiento de la quejosa, según se advierte de la constancia de notificación que obra al reverso de la copia certificada del diverso oficio que la responsable remitió como anexo (foja 79). Por su parte, el Encargado Provisional de la Dirección Jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, con sede en esta capital, mediante oficio relacionado en auto de dieciocho de junio último, informó que con fecha veinticuatro de mayo de esta anualidad, se llevó a cabo con auxilio de la fuerza pública, la diligencia solicitada por la referida juez en el expediente 476/2016, y se hizo entrega a la amparista del predio correspondiente (fojas 125 a 130). En tales condiciones, como se advierte de las constancias remitidas, el Gobernador Constitucional acordó lo conducente respecto del auxilio de la fuerza pública que le fue solicitado por la juez del conocimiento y lo hizo del saber de la quejosa, mientras que el Encargado Provisional de la Dirección Jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública, el veinticuatro de mayo de esta anualidad, llevó a cabo con auxilio de la fuerza pública, la diligencia encomendada, lo que así realizaron y acreditaron. Luego, analizando los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 77, fracción II, de la ley de la materia, se advierte que las nombradas autoridades responsables dieron cumplimiento a la ejecutoria de amparo, de ahí que se considere destruido el acto que se les atribuyó, y por ende, la restitución de las cosas al estado que guardaban antes de la violación constitucional. En ese sentido, debe decirse que se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos fundamentales que se estimaron vulnerados, en términos de lo que establece el numeral 77 de la Ley de Amparo; por tanto, se declara que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO. En consecuencia, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de depuración. Lo anterior, toda vez de que encuadra en la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo concedido y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto; por lo que, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse el juicio principal, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en el Libro de Gobierno respectivo, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Por último, toda vez que en proveído de veintisiete de junio pasado, se reservó acordar hasta este momento lo relativo al contenido del escrito signado por los terceros interesados JOSE ALBERTO AVILA AKE y MARIA ELOINA AKE CHAY; al efecto, dígaseles que deberán estarse a lo acordado en el presente auto. Notifíquese, haciéndolo personalmente a la quejosa y terceros interesados, y cúmplase.
- Principal
SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 Y 29 DE LA LEY DE AMPARO... MÉRIDA, YUCATÁN, TRES DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO. ****************; por tanto, se declara que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO. ************
- Principal
SE NOTIFICA A LA PARTE TERCERA INTERESADA DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 Y 29 DE LA LEY DE AMPARO... MÉRIDA, YUCATÁN, TRES DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado que guarda el presente asunto, se aprecia que mediante proveído de dieciocho de junio del año en curso, se dio vista a la parte quejosa y tercero interesada con lo informado por las autoridades responsables en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Asimismo, en dicho auto se les apercibió que en caso de no hacer manifestación alguna, este Juzgado acordaría lo que en derecho correspondiera. Siendo que la notificación del acuerdo de mérito, se realizó el veintiuno, veintidós y veintiséis de junio pasado. En consecuencia, al haber transcurrido el término de tres días hábiles que les fue otorgado para tal efecto, este órgano de control constitucional procede a resolver, si de acuerdo con las constancias que obran en autos y los datos aportados por las autoridades responsables, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Cobra aplicación al caso, la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 243, Tomo XI, Marzo de 2000, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). En sentencia dictada el dos de marzo de dos mil dieciocho, en el primer punto resolutivo se concedió a MARÍA DEL CARMEN JOSEFINA ORTÍZ Y LEIJA el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto que reclamó del Gobernador Constitucional y Secretario de Seguridad Pública, ambos del Estado de Yucatán y con sede en esta capital, para el efecto que: "... el Gobernador Constitucional de esta entidad, de inmediato, acuerde lo conducente respecto del auxilio de la fuerza pública que le fuera solicitado por la Juez Primero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado y lo haga del conocimiento de la aquí parte quejosa. Y para que este fallo constitucional logre vigencia real y eficacia práctica, la autoridad ordenadora responsable deberá comunicar sobre el acatamiento al Secretario de Seguridad Pública del Estado, para el efecto de que, en su carácter de autoridad ejecutora, recibido que fuere el oficio respectivo de su superior jerárquico, deberá con la misma prontitud señalar fecha para que se proporcionen los elementos policíacos a su mando necesarios para poder llevar al cabo la diligencia de mérito, con el fin de que la sentencia protectora cumpla con sus efectos restitutorios." Posteriormente, por auto de veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, se tuvo por ejecutoriada la sentencia concesora del amparo y se requirió su cumplimiento a las autoridades responsables. A fin de cumplir con la sentencia de amparo, el Delegado del Gobernador Constitucional del Estado, mediante misiva relacionada en proveído de diez de abril del presente año, comunicó que por oficio de cinco de marzo del año en curso el Gobernador del Estado acordó lo conducente respecto a la solicitud de la Juez Primero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, ordenando al Secretario de Seguridad Pública del Estado que de inmediato proporcionara el auxilio de la fuerza pública a su cargo, en las condiciones solicitadas (fojas 77 y 78). Determinación que conforme a lo ordenado en la ejecutoria de amparo, hizo del conocimiento de la quejosa, según se advierte de la constancia de notificación que obra al reverso de la copia certificada del diverso oficio que la responsable remitió como anexo (foja 79). Por su parte, el Encargado Provisional de la Dirección Jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, con sede en esta capital, mediante oficio relacionado en auto de dieciocho de junio último, informó que con fecha veinticuatro de mayo de esta anualidad, se llevó a cabo con auxilio de la fuerza pública, la diligencia solicitada por la referida juez en el expediente 476/2016, y se hizo entrega a la amparista del predio correspondiente (fojas 125 a 130). En tales condiciones, como se advierte de las constancias remitidas, el Gobernador Constitucional acordó lo conducente respecto del auxilio de la fuerza pública que le fue solicitado por la juez del conocimiento y lo hizo del saber de la quejosa, mientras que el Encargado Provisional de la Dirección Jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública, el veinticuatro de mayo de esta anualidad, llevó a cabo con auxilio de la fuerza pública, la diligencia encomendada, lo que así realizaron y acreditaron. Luego, analizando los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 77, fracción II, de la ley de la materia, se advierte que las nombradas autoridades responsables dieron cumplimiento a la ejecutoria de amparo, de ahí que se considere destruido el acto que se les atribuyó, y por ende, la restitución de las cosas al estado que guardaban antes de la violación constitucional. En ese sentido, debe decirse que se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos fundamentales que se estimaron vulnerados, en términos de lo que establece el numeral 77 de la Ley de Amparo; por tanto, se declara que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO. En consecuencia, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de depuración. Lo anterior, toda vez de que encuadra en la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo concedido y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto; por lo que, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse el juicio principal, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en el Libro de Gobierno respectivo, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Por último, toda vez que en proveído de veintisiete de junio pasado, se reservó acordar hasta este momento lo relativo al contenido del escrito signado por los terceros interesados JOSE ALBERTO AVILA AKE y MARIA ELOINA AKE CHAY; al efecto, dígaseles que deberán estarse a lo acordado en el presente auto. Notifíquese, haciéndolo personalmente a la quejosa y terceros interesados, y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintisiete de junio de dos mil dieciocho. Visto el estado de autos y lo de cuenta, se acuerda: glósese a este expediente el escrito signado por los terceros interesados ********y ********, con el que esencialmente desahogan la vista que se le dio mediante proveído de dieciocho de los corrientes, en relación al cumplimiento de la sentencia ejecutoria dictada en este asunto. Al efecto, se reserva acordar lo conducente, al momento en que este Juzgado se pronuncie sobre si la citada sentencia ejecutoriada se encuentra o no cumplida. Notifíquese.
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