Maria del Carmen Jacinta Velarde Trujillo
Expediente 224/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 9 actuaciones registradas, la última del 11 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 224/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 11/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Maria del Carmen Jacinta Velarde Trujillo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Juicio de amparo 224/2020 Certificación. El once de julio de dos mil veintidós, la suscrita secretaria adscrita al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora, certifico y hago constar que el plazo de tres días previsto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, otorgado a la parte quejosa mediante proveído de diez de junio de dos mil veintidós, transcurrió del catorce al dieciséis de junio de este año, sin que hubiere realizado manifestaciones; asimismo, que en el asunto no se ordenó formar incidente de suspensión, lo que se asienta para los efectos legales a que haya lugar. Doy fe. Cuenta. El once de julio de dos mil veintidós, se da cuenta al juez con la certificación que antecede y con el estado de autos. Conste.Auto. Hermosillo, Sonora, once de julio de dos mil veintidós. I. Estado de autos. De la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que feneció el plazo otorgado a la parte quejosa en acuerdo de diez de junio de dos mil veintidós, sin que se manifestara en relación con el cumplimiento de la ejecutoria; por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo se procede a analizar si esta fue acatada en sus términos por el instituto responsable. II. Relación de constancias. Mediante sentencia emitida el dieciocho de agosto de dos mil veinte, se concedió el amparo y protección de la justicia de la unión solicitado por la parte quejosa. Inconformes con la resolución constitucional dictada en el presente juicio, el director de lo Contencioso de la Secretaría de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado en representación de la gobernadora del Estado de Sonora y el delegado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, interpusieron recurso de revisión, el cual fue substanciado ante el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, en el recurso de revisión administrativo 170/2021, del cual se advierte que dicho tribunal confirmó la sentencia recurrida. III.- Recepción del expediente y requerimiento a las responsables. Dicho testimonio de ejecutoria se tuvo por recibido mediante proveído de veintidós de abril de dos mil veintidós; asimismo, se ordenó requerir por su cumplimiento al Instituto de seguridad responsable. IV. Calificativo de cumplimiento. Previos requerimientos, el jefe de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales del Estado de Sonora, remitió constancias con las cuales acreditó la entrega personal del cheque número 1171240 a la parte quejosa por concepto de devolución de servicio médico; asimismo, se desincorporó de la esfera jurídica de la quejosa el contenido del artículo 25, fracción I, de la Ley 38 del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora; en la inteligencia que, dichas documentales se incorporaron a los presentes autos mediante acuerdos dictados el diecisiete de mayo y diez de junio del año en curso. V. Vista y cumplimiento. Con la anterior actuación, se ordenó dar vista a la parte quejosa, quien fue notificada el trece de junio del año en curso, sin haberse manifestado al respecto; en consecuencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la ejecutoria, sin exceso ni defecto. VI. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, archívese este asunto como concluido y depúrese una vez transcurridos tres años. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívese este asunto como concluido. VII. Devolución de documentos. Se requiere a las partes para que, en caso de que hubieren exhibido documentos originales, acudan al órgano jurisdiccional dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperarlos, apercibidos que de no hacerlo, en términos del numeral 21, segundo párrafo, del referido Acuerdo General, dichos documentos serán glosados y correrán la misma suerte que el expediente. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante María Guadalupe Noriega Vega, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, quince de junio de dos mil veintidós. Integración de oficio. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta suscrito por el director general de lo contencioso de la Secretaría de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado de Sonora, mediante el cual informa que carece de facultades para cumplir con la ejecutoria de amparo, pues refiere que únicamente participó en el proceso de creación de la ley reclamada en el presente juicio de amparo. Al efecto, resulta oportuno acotar, que si bien la tutela protectora alcanzó a las autoridades responsables que concurrieron en la discusión, aprobación, expedición, promulgación, orden de expedición y publicación de la ley combatida, ello no implica por parte de éstas la realización de algún acto concreto en cumplimiento al fallo protector, sino a aquélla que fue señalada como responsable ejecutora de la norma. Lo anterior, de conformidad con lo señalado en el criterio P.CXXXVII/96, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, Noviembre de 1996, página 135, Novena Época, con registro digital 200006, que dice: LEYES, AMPARO CONTRA. EFECTOS DE LA SENTENCIA PROTECTORA FRENTE A LOS ORGANOS QUE CONCURRIERON A SU FORMACION. De los antecedentes históricos que dieron lugar a la consagración constitucional del principio de relatividad de las sentencias de amparo y de los criterios sentados por este tribunal sobre la materia, particularmente del establecido en los asuntos de los cuales derivaron las tesis jurisprudenciales publicadas con los números 200 y 201 del Tomo I del Apéndice de 1995, con los rubros de LEYES, AMPARO CONTRA. DEBE SOBRESEERSE SI SE PROMUEVE CON MOTIVO DEL SEGUNDO O ULTERIOR ACTO DE APLICACION y LEYES, AMPARO CONTRA. EFECTOS DE LAS SENTENCIAS DICTADAS EN se desprende que los efectos de la sentencia que concede el amparo en contra de una ley reclamada con motivo de su aplicación concreta, actúan hacia el pasado, destruyendo el acto de aplicación que dio lugar a la promoción del juicio y los actos de aplicación que en su caso se hayan generado durante la tramitación del mismo, y actúan hacia el futuro, impidiendo que en lo sucesivo se aplique al quejoso la norma declarada inconstitucional, pero no alcanzan a vincular a las autoridades que expidieron, promulgaron, refrendaron y publicaron dicha norma, ni las obligan a dejar insubsistentes sus actos, pues la sentencia de amparo no afecta la vigencia de la ley cuestionada, ni la priva de eficacia general." También sirve de apoyo, en lo conducente, lo anterior, la tesis aislada 2a. CXV/97, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del rubro y texto que se transcriben a continuación: INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. NO PUEDEN INCURRIR EN ELLA LAS AUTORIDADES QUE SOLAMENTE EJERCIERON FACULTADES LEGISLATIVAS O REGLAMENTARIAS. En atención a que en nuestro régimen constitucional la creación de normas jurídicas puede provenir principalmente del Congreso de la Unión y la reglamentaria del presidente de la República, las normas y principios rectores del juicio de amparo son igualmente aplicables en ambos casos, independientemente de la denominación que se les dé, tales como acuerdos o decretos, si cumplen el requisito de ser de carácter general y reúnen los demás atributos materiales configuradores de la ley, tales como la abstracción e impersonalidad. En tal virtud, en aplicación del principio de relatividad de las sentencias de amparo, contenido en el artículo 107, fracción II, de la Constitución Federal, que señala que los efectos de las mismas sólo pueden comprender a individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja, sin hacer una declaración general respecto de la ley que motivó el juicio, resulta ocioso pretender el cumplimiento de la sentencia por parte de las autoridades que participaron en el proceso de creación de la ley, reglamento o decreto, hasta su entrada en vigor (refrendo y publicación), porque el juicio de amparo carece de fuerza vinculatoria para obligar a dichas autoridades a derogar o dejar sin efectos sus actos, aun parcialmente, sino que el efecto de la ejecutoria es que las normas declaradas inconstitucionales no se apliquen en perjuicio del quejoso, con la salvedad de que las autoridades que hubieran realizado actos materiales de aplicación de la norma, en acatamiento del amparo, tendrán que dejar insubsistentes sus actos, lo que hace evidente que la sentencia que declare la inconstitucionalidad de esa ley no resulte inocua; en la inteligencia de que todo nuevo acto de aplicación de la norma general declarada inconstitucional, que afecte a dicho quejoso, constituirá la repetición del reclamado, susceptible de ser impugnada conforme al diverso 108 de la Ley de Amparo". Con independencia de lo anterior, hágase del conocimiento de la oficiante que mediante proveído de diez de junio pasado, se dio vista a la parte quejosa para que en el plazo de tres días, expresara lo que a su interés conviniera respecto del informe de cumplimiento remitido por la responsable Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora; en ese tenor, una vez ocurrido lo anterior, este juzgado se pronunciará sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante María Guadalupe Noriega Vega, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, diez de junio de dos mil veintidós. Informe de cumplimiento. Agréguese a los autos el oficio de cuenta remitido por la responsable Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento impuesto en proveído de treinta y uno de mayo pasado, y para tal efecto anexa constancia e informa respecto del cumplimiento dado al fallo protector dictado en el presente juicio de amparo. Atento a lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa para que en el plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído exprese lo que a su interés legal convenga, transcurrido ese plazo, este juzgado se pronunciará sobre tal cumplimiento. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante María Guadalupe Noriega Vega, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, treinta y uno de mayo de dos mil veintidós. Actos tendentes. Agréguese a los autos el oficio de cuenta suscrito por el jefe de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores el Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa actos tendentes en cumplimiento al fallo protector dictado en el presente sumario, y para tal efecto remite constancias. Ahora bien, toda vez que la oficiante comunica que se encuentra disponible para su cobro el cheque que ampara la cantidad de $ 89,966.88 M.N., del cual se advierte el nombre de la impetrante de amparo, en las instalaciones del Instituto señalado como responsable, dese vista a la parte quejosa con copia de dicho oficio a fin de que acuda ante la responsable a efecto de que se le haga entrega del cheque librado a su favor. Requerimiento. No obstante lo anterior, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, remitan constancia fehaciente con la que acrediten la entrega material a la quejosa del cheque , expedido a su favor; por su parte, se hace de conocimiento que subsiste el apercibimiento decretado en auto de tres de mayo del año en curso. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante María Guadalupe Noriega Vega, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
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