María del Carmen Iñiguez Martinez

Expediente 820/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 16 actuaciones registradas, la última del 3 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
820/2020
Año
2020
Actuaciones
16
Última actuación
03/11/2021

Partes del expediente

  • María del Carmen Iñiguez Martinez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    Cumplimiento consentido. Vista la certificación de cuenta, se desprende que ha transcurrido el término legal previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieren interpuesto recurso de inconformidad contra la resolución en la que se declaró cumplido el fallo protector; por lo tanto, se declara que dicha determinación ha quedado consentida para todos los efectos legales correspondientes. Incidente. No fue solicitado. Documentos originales. Requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de noventa días contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, comparezca debidamente identificada ante este Juzgado Federal en días y horas hábiles, a recibir los documentos que exhibió al presente juicio de amparo; con el apercibimiento que de no hacerlo así, los documentos de que se trate podrá ser destruido, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los que versen sobre delitos contra la seguridad de la Nación; los relativos a delitos contra el derecho internacional; Delitos contra la humanidad; los que traten de delitos contra la administración de justicia; los correspondientes a delitos contra el ambiente y gestión ambiental; los que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes; los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia; los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; asimismo, podrán ser considerados de relevancia documental aquellos expedientes que determine el titular del órgano jurisdiccional atendiendo a la importancia del asunto por su trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Depuración o destrucción. Este expediente es susceptible de depuración, conforme al artículo 18, inciso b), del citado acuerdo. Se ordena al Secretario certifique que la carátula del presente expediente contiene impresas las anotaciones de "no es de relevancia documental" y "depurable", acorde con lo que establece el artículo 35 del Acuerdo General invocado en el presente acuerdo; así como que verificó que, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso, fueron incorporadas cada promoción a fin de que coincidan en su totalidad. Archivo y anotaciones. Finalmente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE".

  2. Principal

    Mexicali, Baja California, a treinta de agosto de dos mil veintiuno. Fallo cumplido. Vistos los autos del presente juicio de amparo, este juzgado federal procede a resolver, de oficio, si el fallo protector se encuentra o no cumplido, desde luego, sin excesos ni defectos, en los términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. Al respecto, debe decirse lo siguiente: Por sentencia de veintinueve de diciembre de dos mil veinte, se concedió a la parte quejosa la protección constitucional contra los actos reclamados a la autoridad responsable para los efectos siguientes: "[.] SÉPTIMO. Efectos de la concesión. Con apoyo en el artículo 77 de la Ley de Amparo, lo procedente es conceder el amparo y la protección de la Justicia de la Unión a 1) María del Carmen Íñiguez Martínez, para los siguientes efectos: Una vez que cause ejecutoria esta sentencia, la autoridad responsable Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California (ISSSTECALI), en el ámbito de su respectiva competencia, deberá realizar lo siguiente: 1. Llevar a cabo las gestiones necesarias para integrar el expediente de la parte quejosa 1) María del Carmen Íñiguez Martínez. 2. Dar respuesta a la solicitud de otorgamiento de pensión de retiro por edad y tiempo de servicio presentada por la promovente del amparo el once de octubre de dos mil diecinueve, la cual deberá ser emitida por escrito. 3. En breve término, esto es, en un plazo no mayor a quince días, de conformidad con la Ley y el Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Asegurados, que rige al citado Instituto. 4. Ser congruente con el escrito que contiene la petición respectiva, al igual que con el trámite previsto en la normatividad aplicable, específicamente, para la solicitud de otorgamiento de pensión de retiro por edad y tiempo de servicio formulada por la parte quejosa.Notifíquese y personalmente.

  3. Principal

    Mexicali, Baja California, a cuatro de agosto de dos mil veintiuno. Oficio. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el oficio y anexo remitidos por el delegado de las autoridades responsables pertenecientes al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, mediante el cual informa sobre el cumplimiento al fallo protector. Vista. Con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa, con las constancias que remite la autoridad oficiante y con las que obran en el presente juicio de amparo, por el término de tres días, para que manifieste lo que a su interés convenga. Transcurrido dicho plazo, con desahogo de la vista o sin ella, éste juzgado federal dictará resolución fundada y motivada en que declarará si la sentencia está cumplida o no, si se incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    Mexicali, Baja California, a veintidós de julio de dos mil veintiuno. Oficios. Agréguese a los presentes autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio signado por el delegado de las autoridades responsables del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad; y en atención a su contenido, se acuerda lo siguiente: Autoridades responsables informan gestiones. Se tiene a las autoridades responsables del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, informando diversas cuestiones en relación al cumplimiento dado al fallo protector y para tal efecto remiten diversas constancias. Efectos del fallo protector: Ahora bien, cabe recordar que los efectos del fallo protector fueron los siguientes: "SÉPTIMO. Efectos de la concesión. Con apoyo en el artículo 77 de la Ley de Amparo, lo procedente es conceder el amparo y la protección de la Justicia de la Unión a 1) María del Carmen Íñiguez Martínez, para los siguientes efectos: Una vez que cause ejecutoria esta sentencia, la autoridad responsable Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California (ISSSTECALI), en el ámbito de su respectiva competencia, deberá realizar lo siguiente: 1. Llevar a cabo las gestiones necesarias para integrar el expediente de la parte quejosa 1) María del Carmen Íñiguez Martínez. 2. Dar respuesta a la solicitud de otorgamiento de pensión de retiro por edad y tiempo de servicio presentada por la promovente del amparo el once de octubre de dos mil diecinueve, la cual deberá ser emitida por escrito. 3. En breve término, esto es, en un plazo no mayor a quince días, de conformidad con la Ley y el Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Asegurados, que rige al citado Instituto. 4. Ser congruente con el escrito que contiene la petición respectiva, al igual que con el trámite previsto en la normatividad aplicable, específicamente, para la solicitud de otorgamiento de pensión de retiro por edad y tiempo de servicio formulada por la parte quejosa. 5. Notificarle la contestación respectiva dentro del plazo legal y en el domicilio que proporcionó en dicho formato, porque únicamente así, se restituirá a la inconforme en el goce del derecho vulnerado con la omisión que nos ocupa. A mayor abundamiento, conforme al punto cuatro, las autoridades responsables deberán vigilar que la respuesta que otorguen a la parte quejosa en cumplimiento al presente fallo protector, se fundamente en la normatividad vigente y aplicable al caso concreto, debiéndose ceñir a lo previsto en la Ley que rige al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios de Estado de Baja California (ISSSTECALI) y, en su caso, al Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones a los Asegurados de dicho instituto, siempre y cuando éste no contemple supuestos distintos a los previstos en la ley, y no la contradiga o vaya más allá; es decir, las autoridades responsables no deberán introducir requisitos extralegales previstos en normas secundarias que no correspondan al trámite respectivo contemplado en la ley que rige la materia para el otorgamiento de pensiones y jubilaciones. Lo anterior es así pues, conforme a los principios de reserva de ley y de subordinación jerárquica, cuando se reserva expresamente a la ley la regulación de una determinada materia, ésta no puede regularse por otras normas secundarias, y por otro lado, en el reglamento únicamente se desenvuelve la obligatoriedad de un principio ya definido por la ley y, por tanto, no puede ir más allá de ella, ni extenderla a supuestos distintos ni mucho menos contradecirla, sino que sólo debe concretarse a indicar los medios para cumplirla. [.] En la inteligencia que cualquier otra autoridad que esté relacionada al cumplimiento de este fallo protector, podrá vincularse eventualmente, en virtud que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Amparo, todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la sentencia, están obligadas a realizar, dentro del ámbito de su competencia, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento. Requerimiento para que se cumpla en forma total el fallo protector. Ahora, de lo informado por la autoridad responsable, se desprende que informa que el expediente de la parte quejosa se encuentra integrado y listo para verse en Sesión de la Junta Directiva de veintinueve de julio del año en curso. Por tanto, requiérase a la autoridad responsable que se encuentra obligada a dar cumplimiento al fallo protector en el presente juicio, para que, una vez celebrada dicha sesión de veintinueve de julio del año en curso, dentro del término de tres días siguientes a ello, cumpla en forma total con la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio, y remita de inmediato las constancias con las que acrediten lo anterior; en el entendido de que los actos específicos que debe realizar, se encuentran plasmados en la parte conducente de la ejecutoria apenas transcrita. Apercibimiento de multa. Con el apercibimiento que de no hacerlo así, con fundamento en los artículos 258, 192 y 193 todos de la Ley de Amparo, se le impondrá en lo particular, esto es, a la persona física que ocupe el cargo correspondiente a la autoridad obligada al cumplimiento del fallo protector, una multa equivalente a la Unidad de Medida y Actualización (en sustitución del salario mínimo) multiplicada por cien, de conformidad con el decreto por el que se declararon reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, misma que deberán cubrir con ingresos propios y no con recursos públicos. Por lo que si dicha unidad equivale al día de la fecha a $ 89.62 M.N. (ochenta y nueve pesos 62/100 moneda nacional), al multiplicarla por cien, la citada multa será equivalente a la cantidad de $ 8,962.00 M.N. (nueve mil novecientos sesenta y dos pesos 00/100 moneda nacional). Separación del cargo y consignación. Asimismo, una vez impuestas las multas respectivas, se remitirá el presente expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, que podrá culminar con la remisión del expediente de amparo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para efectos de la SEPARACIÓN DE SU CARGO, así como su consignación ante el Agente del Ministerio Público de la Federación, por el delito de DESACATO A UN MANDAMIENTO JUDICIAL; lo anterior, con fundamento en los artículos 108 párrafo tercero, 109 fracción III y 110 párrafos segundo y tercero de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 267, fracción I, y último párrafo, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo la jurisprudencia 1a./J. 29/2019 (10a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 2019625, publicada en cinco de abril de dos mil diecinueve, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de Rubro texto siguiente: "DELITO DE DESACATO A UNA SENTENCIA DE AMPARO. EL ARTÍCULO 267, FRACCIÓN I, EN RELACIÓN CON EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL MISMO NUMERAL, DE LA LEY DE AMPARO, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD." Desde luego, no sobra mencionar que se considerará como incumplimiento del fallo protector, el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de las propias autoridades responsables o de cualquier otra que intervenga en el trámite correspondiente. Escritos. Por último, agréguense a los presentes autos para que obre como legalmente corresponda, el escrito signado (10933) por el autorizado de la parte quejosa; y en atención a su contenido, dígasele que se esté a lo previamente acordado. Notifíquese.

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