María del Carmen Ibarra Fernández y Otros.

Expediente 1531/2015 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 2 de octubre de 2015.

Datos del expediente

Expediente
1531/2015
Año
2015
Actuaciones
2
Última actuación
02/10/2015

Partes del expediente

  • María del Carmen Ibarra Fernández y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    De la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término para interponer recurso de queja contra el acuerdo en el cual se desechó la demanda de amparo, sin que los promoventes lo hayan hecho valer; por tanto, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este asunto como concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que este asunto es susceptible de destrucción, debido a que encuadra en la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo, y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto, por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo.

  2. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDOS A LA QUEJOSA MARÍA DEL CARMEN IBARRA FERNÁNDEZ, EL ACUERDO QUE DICE: Analizada la demanda de amparo promovida por María del Carmen Ibarra Fernández y Pedro Sánchez Celaya, contra actos del Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, y otras autoridades; fórmese expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y anótese en el Libro de Gobierno con el número de juicio 1531/2015, que le corresponde. CAUSA DE IMPROCEDENCIA De la lectura integral del escrito de demanda, se advierte que es manifiesta e indudable la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, como a continuación se explica. HIPÓTESIS NORMATIVA El artículo 113 de la Ley de Amparo, otorga facultad al órgano jurisdiccional para que, previo análisis de la demanda de amparo, de advertir un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la deseche de plano. El artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento; (.)". Del artículo transcrito se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales, aquellos contra los que no se promueve amparo dentro de los términos establecidos para ello. Por otra parte, el artículo 17 de la Ley de Amparo en vigor, prevé: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." De dicho artículo se advierte que el término para la promoción de la demanda de amparo, es de quince días, salvo los casos previstos en las fracciones transcritas. Por otra parte, se destaca que el artículo 18 de la Ley de Amparo prevé que los plazos previstos en el artículo 17 de dicha Ley se computarán a partir del día siguiente al en que surta efectos, conforme con la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. HECHOS En el caso, en el escrito de demanda la parte quejosa, reclama destacadamente lo siguiente: La falta de notificación relativa al procedimiento expropiatorio del predio rústico denominado "Las Víboras", perteneciente al municipio de Emiliano Zapata, Veracruz, que aduce es de su propiedad; así como la omisión de remedición de la afectación de dicho predio, el avalúo real del mismo y la falta de pago por la indemnización respectiva. Asimismo, la parte quejosa manifiesta bajo protesta de decir verdad, que ilegalmente le fue notificado el oficio DGPE/DARE/3691/2011, de uno de septiembre de dos mil once, por la Dirección General de Patrimonio del Estado, referente al decreto expropiatorio número 01/2011 y/o 02/2011, de nueve de marzo de dos mil once, publicado en la Gaceta Oficial Número Extraordinario 74, de catorce de marzo del mismo año, en el que se declaró de utilidad pública el "Libramiento Xalapa", que se desarrolló en el municipio de Emiliano Zapata, Veracruz, el cual se realizó sobre una superficie de su propiedad. De igual forma, manifiesta que en el citado decreto expropiatorio se contenía la información relativa a que quedaba a su disposición en la Secretaría de Finanzas del Estado de Veracruz, el cheque por la cantidad de $310,849.91 (trescientos diez mil ochocientos cuarenta y nueve pesos 91/100 moneda nacional), por concepto de indemnización que le correspondía respecto de la superficie motivo de expropiación. De la misma manera, señala que el veintidós de septiembre de dos mil once, se inconformó contra el oficio y decreto de referencia, ante el Director General de Patrimonio del Estado (como se acredita con la copia simple del acuse de recibo que exhibe); en el que manifestó que le causaba agravio el decreto expropiatorio 01/2011 y/o 02/2011, de nueve de marzo de dos mil once, la forma en que se llevó a cabo la afectación del terreno que aduce es de su propiedad y la cantidad a pagar por concepto de indemnización. Además, se indica que el dieciséis de diciembre de dos mil once, el Director General del Centro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con residencia de obra en Xalapa, Veracruz, dio contestación al citado Director General de Patrimonio del Estado, respecto dicho asunto, en el que se informó que, en relación con la superficie afectada, dicha autoridad estaba de acuerdo en medir nuevamente y por cuanto hace al precio de indemnización, se indicó que el mismo fue emitido de acuerdo al avalúo que realizó la propia Dirección General de Patrimonio del Estado. Asimismo, la parte quejosa argumenta que las autoridades que señala como responsables, el ocho de septiembre de dos mil quince, le informaron que no se remediría su terreno, no se reconsideraría el precio, ni se le pagaría el dinero establecido. Por lo que es de advertirse que, no obstante que la parte quejosa manifestó que no fue legalmente notificada del oficio DGPE/DARE/3691/2011, de uno de septiembre del año citado, con el que la Dirección General de Patrimonio del Estado, le comunicó la facultad de llevar a cabo el decreto expropiatorio número 01/2011 y/o 02/2011, de nueve de marzo de dos mil once, publicado en la Gaceta Oficial Número Extraordinario 74, de catorce de marzo del mismo año, en el que se declaró de utilidad pública el "Libramiento Xalapa", que se desarrolló en el municipio de Emiliano Zapata, Veracruz, y se realizó sobre una superficie de su propiedad; ésta se inconformó en contra del oficio de referencia a través del escrito de veinte de septiembre de dos mil once, presentado ante dicha Dirección General de Patrimonio del Estado, el veintidós de septiembre siguiente, como se acredita con la copia del acuse que adjuntó a su demanda de amparo, de lo que se deduce que la quejosa se ostentó sabedora del decreto expropiatorio número 01/2011 y/o 02/2011, así como del oficio DGPE/DARE/3691/2011, de uno de septiembre del año en mención, por lo menos desde el veintidós de septiembre de dos mil once, fecha en que le fue recibido el escrito de que se trata. Acorde con lo anterior, el término para la promoción del juicio de amparo inició el veintiséis de septiembre y feneció el diecisiete de octubre de dos mil once; ello es así, descontando los días dos, ocho, nueve, doce, quince y dieciséis de octubre, todos del año dos mil once, al haber sido inhábiles, de conformidad con el artículo 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 19 de la Ley de Amparo. Sin embargo, la demanda de amparo fue recibida en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, hasta el quince de septiembre de dos mil quince (foja 2). CONCLUSIÓN La parte quejosa se ostentó sabedora de los actos reclamados al menos desde el día veintidós de septiembre de dos mil once, fecha en que fue recibido el escrito a través del cual se inconformó en contra del oficio DGPE/DARE/3691/2011, de uno de septiembre de dos mil once, con el que la Dirección General de Patrimonio del Estado, comunicó el decreto expropiatorio número 01/2011 y/o 02/2011, de nueve de marzo de dos mil once, publicado en la Gaceta Oficial Número Extraordinario 74, de catorce de marzo del mismo año, en el que se declaró de utilidad pública el "Libramiento Xalapa", que se desarrolló en el municipio de Emiliano Zapata, Veracruz, y que se realizó sobre una superficie de su propiedad. De lo anterior, se concluye respetuosamente que la presentación de la demanda es extemporánea, al haber tenido lugar con posterioridad a los quince días al en que la parte quejosa se ostentó sabedora de los actos reclamados, pues debió presentarse ante el Juez de Distrito en turno a más tardar el trece de octubre de dos mil once; por tanto, se entiende que los actos reclamados fueron consentidos tácitamente por la parte quejosa, al no haber presentado su escrito de demanda dentro del término legal; aunado a que, el acto reclamado no actualiza alguna de las hipótesis de excepción previstas en el artículo 17 de la Ley de Amparo. Tiene aplicación al caso, las tesis siguientes: "Registro No. 172550 Localización: Novena Época Instancia: Primera Sala Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXV, Mayo de 2007 Página: 286 Tesis: 1a./J. 30/2007 Jurisprudencia Materia(s): Común DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA PROMOVERLA EN LAS DISTINTAS HIPÓTESIS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO DEL CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. El citado artículo dispone que el término para la interposición de la demanda de amparo será de quince días, el cual se computará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo reclamado; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Así, el indicado artículo hace tres distinciones para el cómputo aludido, y los supuestos que menciona son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación; por tanto, es claro que la intención del legislador fue establecer que el inicio del cómputo del término para promover el juicio de garantías fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las señaladas hipótesis. Sin embargo, no debe soslayarse la idoneidad de cada supuesto y la posición del quejoso respecto del acto reclamado, toda vez que para que éste se haga sabedor de dicho acto puede actualizarse la notificación, el conocimiento o la confesión, que al ser medios distintos que sirven de punto de partida para el cómputo respectivo, obviamente deben ser idóneos para cada caso determinado, porque no es lo mismo la notificación de un acto que tener conocimiento de él, en virtud de que aquélla es una actuación procesal que requiere formalidades y produce el conocimiento del acto, mientras que tal conocimiento no siempre proviene de una notificación. Esto es, tratándose de la notificación, la Ley se refiere a los procedimientos en que existe ese medio legal de dar a conocer determinada resolución, así como a las personas que siendo partes en tales procedimientos pueden ser notificadas; en cambio, el conocimiento de la resolución se refiere a los diversos procedimientos en donde no se establece la notificación, así como a las personas que no hayan sido partes en un procedimiento contencioso, porque aun cuando lo previera la Ley, por la sola circunstancia de no haber sido partes, no podrían ser notificadas. En cambio, cuando en una misma fecha se notifique el acto reclamado por Boletín Judicial y se obtengan las copias que lo contienen, el término para el cómputo de la presentación de la demanda de garantías debe iniciarse desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación, conforme a la ley del acto." En consecuencia, procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Sin que se inadvierta la circunstancia de que la quejosa manifieste que la autoridad responsable Director de Patrimonio del Estado, no le ha dado contestación al escrito presentado el veintidós de septiembre de dos mil once, a través del cual se inconformó contra el oficio DGPE/DARE/3691/2011, de uno de septiembre de dos mil once; debido a que la propia quejosa señaló que el Director General del Centro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, residencia de obra en Xalapa, Veracruz, dio contestación al citado Director General de Patrimonio del Estado, respecto a su asunto, en el que se informó que por cuanto a la superficie afectada a la quejosa, dicha autoridad estaba de acuerdo en medir nuevamente y por cuanto hace al precio de indemnización, se indicó que el mismo fue emitido de acuerdo al avalúo que realizó la propia Dirección General de Patrimonio del Estado; de lo que se deduce que tuvo conocimiento de manera tácita de tal determinación. De la misma manera, por cuanto se refiere a la manifestación de que las autoridades responsables no le han dado "razón de su asunto", desde el ocho de septiembre de dos mil quince; debe destacarse que tal circunstancia se ha generado como consecuencia del decreto expropiatorio número 01/2011 y/o 02/2011, de nueve de marzo de dos mil once, publicado en la Gaceta Oficial Número Extraordinario 74, de catorce de marzo del mismo año, en el que se declaró de utilidad pública el "Libramiento Xalapa", que se desarrolló en el municipio de Emiliano Zapata, Veracruz, y que se realizó sobre una superficie de su propiedad. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Como lo solicita la parte quejosa, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en el proemio de su demanda, de conformidad con el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo. Por otro lado, se faculta como sus autorizados en términos de la última parte del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que designa. LEY DE TRANSPARENCIA Se comunica a la parte quejosa, con fundamento en los artículos 1 a 9, 12 a 23, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como lo dispuesto en los artículos 5 a 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio constituyen información pública y podrán ser consultados por cualquier persona de conformidad con el artículo 6 del reglamento en comento, con la salvedad de lo previsto en el artículo 13, fracción IV, de la ley citada; en la inteligencia de que de existir alguna oposición en términos de los artículos 8 de dicha ley y 9 del citado reglamento, la unidad administrativa que tenga el expediente bajo resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos y se omitirá la publicación de los datos personales en listas de notificación que se publiquen por vía electrónica. DIGITALIZACIÓN Conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo en vigor, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico.

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