María del Carmen Hernández Salvador
Expediente 771/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 14 actuaciones registradas, la última del 18 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 771/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 18/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- María del Carmen Hernández Salvador
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, DIECIOCHO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista; la certificación secretarial, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que María del Carmen Hernández Salvador, por sí y en representación del menor hijo con iniciales J.A.M.H., hubiera recurrido la sentencia dictada el uno de agosto de dos mil veintidós, en la que en su primer punto resolutivo se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo; por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, por disposición de su artículo 2o, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En términos del artículo Vigésimo Primero inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el numeral Vigésimo Segundo del propio acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días hábiles, a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Empero para la devolución de los documentos, deberá agendar su cita mediante la modalidad del programa "Agenda OJ", de conformidad con lo establecido en el artículo 6, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19; por lo que, la parte promovente o cualquiera de sus autorizados, deberá comparecer ante este órgano jurisdiccional con identificación oficial vigente, en la hora y día que haya generado su cita, en el entendido que de no recoger los documentos en el plazo señalado en líneas que antecede, se hará efectivo el apercibimiento decretado en el párrafo que precede. Ahora, hágase del conocimiento que de conformidad con el artículo primero del Acuerdo General 16/2022, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE REFORMA EL SIMILAR 21/2020, RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTINGENCIA POR EL VIRUS COVID-19, EN RELACIÓN CON EL PERIODO DE VIGENCIA y anexo 1, el horario presencial de este juzgado durante la contingencia sanitaria es de ocho horas con treinta minutos a dieciséis horas con treinta minutos. Sin embargo, la atención al público de manera presencial según "Agenda OJ", es hasta las quince horas. Asimismo, con fundamento en los artículos 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica a la secretaria que, al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. ARCHIVO DE LOS INCIDENTES Ahora, toda vez que en el presente asunto se solicitó la suspensión del acto reclamado, dése vista con el sentido de este acuerdo en los cuadernos incidentales relativos, a efecto de acordar lo que corresponda respecto de su archivo. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS. De conformidad con el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, devuélvase al Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Segundo Distrito Judicial de Frontera, Centla, Tabasco, la copia certificada del expediente 252/2021, la cual obra por cuerda separada en un tomo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Incidental
VILLAHERMOSA, TABASCO, DIECIOCHO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto; toda vez que el día de la fecha se ordenó el archivo del Juicio de amparo del que deriva este incidente, al encontrarse el procedimiento incidental totalmente concluido, de igual manera, archívense los presentes cuadernos incidentales. En términos del artículo Décimo Octavo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que toda vez que en el presente expediente se negó y concedió la suspensión provisional y definitiva, los cuadernos incidentales son susceptibles de depuración y carecen de relevancia documental, motivo por el cual: el original debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el citado numeral del propio acuerdo, y el duplicado, deberá destruirse trascurrido seis meses del dictado de la interlocutoria emitida en este asunto, de conformidad con lo establecido en el artículo 20, fracción II, inciso a) y el diverso 22, del acuerdo normativo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el incidente, se desintegrarán materialmente las constancias que obran en el cuaderno original distintas a las resoluciones relativas al otorgamiento de la medida cautelar o su violación. Asimismo, con fundamento en los artículos 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica a la secretaria que, al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Notifíquese.
- Principal
VISTO; para resolver los autos del juicio de amparo 771/2022-9, promovido por **********, por sí y en representación de su menor hijo de identidad reservada con iniciales **********. contra el acto que reclama del Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Segundo Distrito Judicial de Frontera, Centla, Tabasco y otra autoridad, por estimarlos violatorios de los artículos 4°, 14, 16 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido el diecisiete de mayo de dos mil veintidós, a través del buzón judicial de los Juzgados de Distrito, recepcionado por la Oficina de Correspondencia Común y turnado a este órgano jurisdiccional el veinte posterior, **********, por sí y en representación de su menor hijo de identidad reservada con iniciales **********. solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto y autoridad que a continuación se detallan: ACTO RECLAMADO "(.) LA ILEGAL CANCELACIÓN DEL PAGO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL QUE ME FUE DECRETADO DENTRO DEL EXPEDIENTE 252/2021, RELATIVO AL JUICIO ESPECIAL DE ALIMENTOS EN PERJUICIO DE MI MENOR HIJO JUSTIN ANIEL DE APELLIDOS MARQUEZ HERNANDES, DICHA CANCELACION FUE EMITIDA MEDIANTE AUTO DE FECHA DIECINUEVE DE ABRIL DE DOS MIL VEINBTINDOS." (sic) AUTORIDADES RESPONSABLES 1 Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Segundo Distrito Judicial de Frontera, Centla, Tabasco. 2 Actuario adscrito al Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Segundo Distrito Judicial de Frontera, Centla, Tabasco. 5 de 22 SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. El veintiocho de febrero de dos mil veintidós, se radicó a trámite la demanda de que se trata, la cual fue registrada con el expediente 771/2022-9; se previno a la impetrante para el efecto de que precisare la fecha en la cual tuvo conocimiento del acto reclamado, acreditase la representación del menor de identidad reservada con iniciales **********. y exhibiese las copias de traslado correspondiente a su escrito aclaratorio. Cumplido lo anterior, el tres de junio de dos mil veintidós, se admitió a trámite el asunto, por lo que se requirió a las autoridades señaladas como responsables para que rindieran su informe justificado; se dio la intervención correspondiente al Fiscal de la Federación adscrito; se reconoció carácter de tercero interesado al Valentín Márquez Gordillo, por lo que se giró despacho al Juez Civil de Primera Instancia en Centla, Tabasco en turno para que llevara a cabo su emplazamiento; se ordenó el trámite del incidente de suspensión, por así haberlo solicitado la parte quejosa, en términos del artículo 125 de la Ley de Amparo; y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. EMPLAZAMIENTO DEL TERCERO INTERESADO. El veintiuno de junio de dos mil veintidós, se tuvo diligenciado, por parte del Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Segundo Distrito Judicial de Frontera, Centla, Tabasco, el despacho 138/2022-9 (orden 431/2022), constancias de las cuales se desprende que el tercero interesado Valentín Márquez Gordillo fue emplazado el dieciséis de junio de dos mil veintidós. [Foja 55] 6 de 22 CUARTO. AUDIENCIA. La audiencia constitucional, previo diferimientos, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque las autoridades responsables tienen su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS-CoV-2. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Antes de analizar lo referente a la certeza del acto reclamado, es necesario precisar cuál es éste, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 741 , fracción I, de la Ley de 1 Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado; 7 de 22 Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de amparo. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD".2 Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente señaló como acto reclamado: ? El auto de diecinueve de abril de dos mil veintidós, emitido en el expediente 252/2021, relativo al juicio especial de pensión alimenticia, por medio del cual el Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Segundo Distrito Judicial de Frontera, Centla, Tabasco instruyó la cancelación de la pensión alimenticia del menor de identidad reservada con iniciales **********. 2 Esta tesis y las subsecuentes que se citen en el presente fallo, que se hayan formulado antes de la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, se aplican con base en el artículo Sexto transitorio del Decreto de creación de ésta, mismo que prevé que la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga al nuevo ordenamiento jurídico. 8 de 22 TERCERO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Es cierto el acto reclamado señalado en el considerando precedente, puesto que así lo manifestó el Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Segundo Distrito Judicial de Frontera, Centla, Tabasco, al rendir su informe con justificación. [Fojas 63 y 64] Es aplicable al respecto la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el número 278, en el Apéndice 2000 al Semanario Judicial de la Federación, tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, página 231, de rubro "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO". Afirmación que guarda sustento con la copia certificada del copia certificada del juicio especial de pensión alimenticia 252/2021, de su índice, así como del convenio de veinticuatro de mayo de dos mil veintidós celebrado en el juicio ordinario de guardia y custodia 112/2022 y su acumulado 118/2022, de su índice; que obra integrado en autos y por cuerda separada para su consulta. Documentales a las cuales se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo, así como conforme a la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI, Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación de 1995, de rubro "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO"; por lo que así deberá tenerse para los efectos legales procedentes. 9 de 22 En ese tenor, se colige que la existencia del acto reclamado por la parte quejosa, se encuentra plenamente probado. CUARTO. ANTECEDENTES. Conforme a lo previsto en el artículo 75 de la ley de la materia3 , el estudio del acto que en esta vía se reclama se llevará a cabo con base en las constancias citadas en el considerando precedente que se acompañaron al informe justificado en copia certificada. Visto lo anterior, resulta necesario referir únicamente los antecedentes relevantes para la materia de la presente controversia constitucional: ? Mediante escrito recibido el tres de mayo de dos mil veintiuno por el Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia de Centla, Tabasco [Fojas 1 a 10 del Tomo 1], ********** -aquí quejosa-, por si y en representación de sus menores hijos con iniciales A.V.M.H. y **********., promovió juicio especial de pensión alimenticia en contra de Valentín Márquez Gordillo -aquí tercero interesado-. ? Luego, mediante proveído de cuatro de mayo de dos mil veintiuno, el Juez responsable dio entrada a la demanda en la vía y forma propuesta, registrándose con número de expediente 252/2021, de su índice; y fijó como pensión alimenticia provisional a razón del cuarenta y cinco por ciento 45% del salario y demás prestaciones del demandado, dividido en porciones del quince por ciento 15% para la promovente y para cada uno de sus menores hijos. [Fojas 11 a 13 del Tomo 1] ? Así, el demandado solicitó la cancelación de la pensión alimenticia provisional de su menor hijo, dado que 3 Artículo 75. En las sentencias que se dicten en los juicios de amparo el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable. No se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad. [.] 10 de 22 argumentó que vive con él, para lo cual allegó copia certificada de diversas constancias relativas al juicio de guarda y custodia 112/2022, del registro del Juez responsable, documentales de las que se desprende que el veinticinco de marzo de dos mil veintidós la partes celebraron un acuerdo provisional, por medio del cual se convino que la guarda y custodia del menor hijo de identidad reservada con iniciales **********., quedaría a cargo de Valentín Márquez Gordillo -aquí tercero interesado-, mientras que su menor hija identidad reservada con iniciales V.A.M.H., quedaría a cargo de ********** -aquí quejosa- [Fojas 101 a 107 del Tomo 1] ? Con base en lo anterior, mediante acuerdo de diecinueve de abril de dos mil veintidós, el Juez natural ordenó cancelar el pago de la parte proporcional de la pensión alimenticia que venía cobrando ********** -aquí quejosa- en favor su menor hijo de identidad reservada con iniciales **********. [Fojas 108 a 110 del Tomo 1] Ese es el estado que guardan los antecedentes que resultan relevantes para la esta vía constitucional. QUINTO. CAUSA DE IMPROCEDENCIA. Ahora, debe decirse, que previo al estudio de fondo del asunto, procede analizar las causas de improcedencia del juicio de amparo, ya sea que las partes las aleguen o que de oficio se adviertan por quien ahora resuelve, por ser esta una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, el cual establece lo siguiente: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo" Tiene aplicación al respecto la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible a Página: 553, Tomo VI, Parte TCC, Fuente: Apéndice de 1995, Materia Común, Octava Época, que dice: 11 de 22 "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En ese orden de ideas, de oficio se advierte que se materializa la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, dado que la quejosa, previo al impulso de la presente vía constitucional, debió agotar el recurso ordinario previsto en la legislación que rige el procedimiento del cual dimana el acto reclamado. Así la citada porción normativa dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. (.)" La fracción transcrita regula el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, el cual, como juicio excepcional que es, sólo procede contra aquellas resoluciones o actos de autoridad que no admitan recurso o medio de defensa alguno conforme al cual puedan ser revocadas, modificadas o nulificadas; de modo que aquellas resoluciones que pueden ser susceptibles de ser revocadas, modificadas o anuladas a través de tales medios de defensa ordinarios, no pueden ser impugnadas inmediatamente a través del juicio de amparo -como ocurre en el presente asunto-, sino sólo lo serán aquellas resoluciones que recaigan a tales medios de defensa ordinarios previstos en la ley aplicable al caso en concreto. La observancia del citado presupuesto de procedencia del juicio de amparo indirecto es entonces un mandato 12 de 22 constitucional de estricta observancia que exige la exclusión de interpretaciones contrarias a la excepcionalidad del medio extraordinario de defensa. Al respecto de este principio toral que rige al juicio de amparo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 25/2015 indicó que el principio de definitividad del juicio de amparo, obliga al impetrante de amparo a agotar previamente a su interposición, los recursos ordinarios o medios de defensa legales que la ley que rige el acto reclamado establece para modificarlo, revocarlo o nulificarlo, toda vez que la vía constitucional es un medio de defensa de carácter extraordinario, lo que significa que sólo resulta procedente en casos excepcionales, como son aquellos que ya no son susceptibles de ser revisados a través de algún medio de defensa ordinario. En esta línea, si la regla de la definitividad exige legítimamente que se agoten los recursos ordinarios antes de acudir a la jurisdicción constitucional, será necesario que dichos medios cumplan con determinados requisitos que como ya se señaló, tienen que ver con la existencia, idoneidad, efectividad, oportunidad de los recursos. De estudio anterior derivó la tesis de jurisprudencia P./J. 11/2018 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, página 8, décima época, materia común, con registro 2017117, de rubro y texto: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del 13 de 22 acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo. De tal suerte que, aquellas determinaciones susceptibles de ser combatidas mediante recurso ordinario, previsto en la legislación que rige el procedimiento del cual derivan, no pueden ser impugnadas directamente a través del juicio constitucional, como sucede en la especie, sino que previo a su presentación, debe agotarse el medio ordinario respectivo. Robustece la consideración anterior el criterio jurisprudencial XXI.1o. J/5 del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Núm. 56, Agosto de 1992, página 75, octava época, materia común, registro 218761, de rubro y texto: "CONCEPTO DE DEFINITIVIDAD. SU INTERPRETACIÓN. SEGÚN SE DESPRENDA DE LAS HIPÓTESIS DE LOS ARTÍCULOS 73 O 114 DE LA LEY DE AMPARO. El principio de definitividad consagrado en el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, estriba en que el juicio de garantías es procedente únicamente respecto de actos definitivos, esto es, que no sean susceptibles de modificación o de invalidación por recurso ordinario o medio de defensa alguno. Ahora bien, el segundo párrafo, de la fracción II del artículo 114 de la Ley de Amparo, señala: "114. El amparo se pedirá ante el Juez de Distrito: II. Contra actos que no provengan de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. En estos casos, cuando el acto reclamado emane de un procedimiento seguido en forma de juicio, el amparo sólo podrá promoverse contra la resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento, si por virtud de éstas últimas hubiese quedado sin defensa el quejoso o privado de los derechos que la ley de la materia le conceda, a no ser que el amparo 14 de 22 sea promovido por persona extraña a la controversia.". Del análisis de esta hipótesis de procedencia del amparo indirecto, se desprende que la resolución definitiva a que se refiere, debe entenderse como aquélla que sea la última, la que en definitiva ponga fin al asunto, impidiendo con ello la proliferación innecesaria de juicios constitucionales contra actos de procedimiento, los cuales sí podrán ser estudiados una vez que se haya emitido la resolución que ponga fin al procedimiento en cuestión." Ahora, el acto reclamado en la presente controversia constitucional consiste en el acuerdo de diecinueve de abril de dos mil veintidós emitido en el expediente 252/2021, relativo al juicio especial de pensión alimenticia, por el cual, el juez responsable canceló la pensión alimenticia provisional del menor de identidad reservada con iniciales **********. Así, conforme al marco normativo [Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tabasco] que rige el acto del cual dimana el motivo de reclamo de la parte impetrante, se advierte la procedencia de un medio ordinario de defensa, que se debe agotar previo a acudir al juicio de amparo. De tal suerte, conforme a lo previsto en el artículo 347 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tabasco, respecto de los autos y decretos que no fueran apelables, resulta procedente el recurso de reconsideración. "ARTÍCULO 347.- Procedencia. En ningún caso las sentencias podrán ser sujetas al recurso de reconsideración. Los autos que no fueren apelables y los decretos podrán ser impugnados a través del recurso de reconsideración, salvo que la ley expresamente disponga que no son recurribles." Lo anterior es así, ya que lo resuelto por la Juez responsable, relativo a la cancelación de la pensión alimenticia provisional sintetizado en el apartado de antecedentes, guarda el carácter de un auto de trámite, toda vez que atendió una promoción que presentó la parte demanda en la controversia 15 de 22 natural, a través de la cual allegó copia certificada del convenio provisional de veinticuatro de mayo de dos mil veintidós celebrado en el juicio ordinario de guarda y custodia 112/2022 y su acumulado 118/2022, tramitado ante el mismo Juez responsable. Al respecto, la fracción II del artículo 125 del Código de Procedimientos Civiles vigente para el Estado de Tabasco4 establece que son autos aquellos que deciden cualquier punto dentro del proceso, impulsando o instruyendo acciones dentro de la controversia, lo cual incluye, tanto la imposición de cargas o modificación de situaciones procesales. Con base en tal porción normativa, es dable afirmar que la determinación judicial que fue señalada como acto reclamado en la presente controversia constitucional, resulta ser un auto y por tanto, debió impugnarse en primer término mediante el recurso de reconsideración, dado que no resuelve de fondo la cuestión planteada en el juicio del que deriva. Ahora, a partir de lo anterior se tiene que, mediante el recurso de reconsideración [artículo 348 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tabasco5 ], existe la posibilidad de revocar o modificar la sentencia recurrida; medio de impugnación que no contienen mayores requisitos a los previstos por la Ley de Amparo. 4 ARTÍCULO 125.- Clases de resoluciones judiciales. Las resoluciones judiciales serán: [.] II.- Autos, cuando decidan cualquier punto dentro del proceso, ordenando o impulsando el procedimiento o bien imponiendo cargas o afectando oportunidades procesales; 5 ARTÍCULO 348.- Substanciación. Son aplicables las siguientes reglas para la tramitación del recurso de reconsideración: I.- El recurso deberá hacerse valer dentro de los tres días siguientes al en que se tenga por hecha la notificación de la resolución respectiva; II.- El recurso deberá interponerse mediante escrito que deberá contener la expresión de los agravios; III.- No se concederá periodo de prueba para substanciar la reconsideración y sólo se tomarán en cuenta los documentos que se señalen al interponerla; y [.] 16 de 22 Con base en todo lo expuesto, resulta evidente que se actualiza en el presente asunto la causal de improcedencia invocada, relativa al principio de definitividad, dado que la parte quejosa previo al impulso de la vía constitucional debió agotar los medios de defensa ordinarios previstos en la norma que rige el acto. No obsta la circunstancia de que se considere que se está ante un acto de ejecución irreparable por encontrarse involucrado un menor de edad; ello no releva a la parte quejosa del deber de agotar el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, tal como lo ha sostenido la Primera Sala del Máximo Tribunal, pues lo contrario implicaría restringir sin sustento legal alguno, la procedencia genérica prevista por el legislador. Así lo sustenta la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 113/2013, consultable en la página 350 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I. Décima Época, registro 2005039, del rubro y texto siguientes: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD.- El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho 17 de 22 sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo." Asimismo, tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia VI.2o.C. J/260, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la página 1816, Tomo XXIII, Marzo de 2006, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del rubro siguiente: "DEFINITIVIDAD. LAS EXCEPCIONES A ESTE PRINCIPIO SON DE APLICACIÓN ESTRICTA". Finalmente, no pasa inadvertido a este órgano de amparo que el veinticuatro de mayo de dos mil veintidós, las partes celebraron convenio definitivo relativo a la guarda, custodia y régimen de convivencia dentro del expediente 112/2022, del registro del Juez responsable, en el cual se confirmó y elevó a rango de sentencia ejecutoriada que el hijo de identidad reservada con iniciales **********., quedaría a cargo de Valentín Márquez Gordillo -aquí tercero interesado-, mientras que la hija identidad reservada con iniciales V.A.M.H., quedaría a cargo de ********** -aquí quejosa-. [Foja 67 a 71] Lo cual, si bien se resolvió en diverso procedimiento del cual deriva el auto reclamado, en esencia, podría convalidar el hecho mismo por el cual, el Juez responsable resolvió la 18 de 22 cancelación de la pensión -que el menor vive con su padre- y que, como se desprenden del párrafo anterior, la propia quejosa se pronunció de conformidad, lo cual podría acarrear un cambio de situación jurídica que afecte el trámite del juicio de alimentos. No obstante, para efectos de la presente controversia constitucional basta con que se actualice la causal invocada para determinar su improcedencia. Soporta lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 54/98 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VIII, Agosto de 1998, página 414, novena época, materia común, registro digital 195744, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución." Por tanto, en consideración a lo antes plasmado, surte la causal de improcedencia invocada y procede sobreseer en el juicio conforme a la fracción V del artículo 636 de la misma Ley. Resulta aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala del Más Alto Tribunal del País, publicada con el número 509 en el Semanario Judicial de la Federación, página 335, del Tomo VI, del Apéndice 1995, de epígrafe: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". 6 "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior." 19 de 22 Sobreseimiento que debe hacerse extensivo a los actos de ejecución atribuidos al Actuario adscrito al Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Segundo Distrito Judicial de Frontera, Centla, Tabasco, por no combatirse por vicios propios sino en vía de consecuencia y por así indicarlo la jurisprudencia emitida por el Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, séptima época, volumen 91-96, sexta parte, página 286, con registro digital 253622, de rubro y texto: "AUTORIDAD EJECUTORA. SOBRESEIMIENTO. LE ES EXTENSIVO EL RELATIVO A LA ORDENADORA. Si en un juicio de garantías se sobresee respecto de la autoridad ordenadora del acto reclamado, en el mismo sentido debe de fallarse en lo que toca a la señalada como ejecutora, cuando a ésta no se atribuyen vicios propios de ejecución, porque debiendo sobreseerse en cuanto al acto emanado de la primera, es inconcuso que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución." Sin que con tal determinación se viole derecho humano alguno de la parte quejosa, dado que como lo estimó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.)7 , si bien la reforma al artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 7 Véase Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 3, Febrero de 2014, Tomo I, Décima Época, página 487. 20 de 22 Ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente. Es ilustrativa la jurisprudencia 1a./J. 22/2014 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 325, libro 4, marzo de dos mil catorce, tomo I, materia constitucional, correspondiente a la Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL." SEXTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de tres de junio de dos mil veintidós, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículos 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por **********, por sí y en representación de su menor hijo de identidad reservada con iniciales **********., por las razones y fundamentos establecidos en el considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. En atención a lo expuesto en el último considerando de este fallo, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales. Notifíquese.
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, TRECE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que mediante proveído de veintinueve de junio del año en curso, se dio vista a las partes con el informe rendido por la autoridad responsable Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Segundo Distrito Judicial de Frontera, Centla, Tabasco, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, por lo que el plazo de ocho días para que las partes se impongan de su contenido transcurre del cuatro al trece de los actuales, con excepción de los días inhábiles que contempla el artículo 19 de la Ley de la Materia. Por otra parte, agréguese a los presentes autos, para que obre como corresponda el oficio signado por el Juez Segundo Civil de Centla, Tabasco, autoridad señalada como responsable, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento que se le realizó por auto de veintinueve de junio último, rinde informe complementario; en tal razón, con el contenido de éstos, dese vista a las partes para su conocimiento, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. Asimismo, con fundamento en el numeral 119 de la Ley de la Materia, se tienen como pruebas de la autoridad oficiante las constancias que anexó, consistentes en la copia certificada del expediente 252/2021 de su índice, sin perjuicio de hacer relación de ellas al momento de celebrarse la audiencia constitucional. Ahora, debido al volumen de las mismas, manéjense por cuerda separada en un tomo y a disposición de las partes para su consulta en la secretaría de este órgano de control constitucional. Por lo anterior, a efecto de no violar las formalidades esenciales del procedimiento, se difiere la audiencia constitucional que debería tener verificativo el día de hoy y se señala como nueva fecha para su celebración las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL UNO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese.
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