María del Carmen Hernández Rivera
Expediente 948/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 7 actuaciones registradas, la última del 9 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 948/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 09/08/2023
Partes del expediente
- María del Carmen Hernández Rivera
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Toluca, Estado de México; nueve de agosto de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por imperativo expreso contenido en el precepto legal 2 de la Ley de Amparo, agréguese para los efectos legales procedentes, al expediente electrónico y físicamente a los autos, el escrito de cuenta signado por ******************** en su carácter de apoderado legal de ******************** por medio del cual solicita la devolución del instrumento notarial catorce mil ochocientos ochenta y uno, que exhibió con la finalidad de acreditar la personalidad con la que compareció a juicio. En esas condiciones, toda vez que el expediente en que se actúa, se trata de un juicio total y definitivamente concluido, con fundamento en lo previsto en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se ordena la devolución del documento referido. En el entendido de que, al comparecer a recogerlo, deberá exhibir original y copia de su identificación oficial vigente, para ésta última, ser glosada a los autos. Finalmente, se instruye al Secretario encargado de la mesa para que, verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al actuario judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese.
- Principal
De la certificación secretarial de cuenta se advierte que, dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, la parte quejosa no recurrió el auto de siete de julio del año en curso, por el que se desechó la demanda de amparo; por ende, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, se declara que ha causado estado. En consecuencia, como no existe más por cumplimentar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, se declara procedente remitir el expediente en que se actúa al archivo de este juzgado de Distrito. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, que establece las disposiciones de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que: 1) El presente asunto es susceptible de destrucción, pues se desechó la demanda de amparo (artículo 20, fracción IV, del acuerdo en cita). 2) A consideración de este juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 de dicho Acuerdo. Se comunica a la parte quejosa que, de conformidad con el Acuerdo en mención, el presente expediente permanecerá en el archivo de este órgano de control de la constitucionalidad durante el lapso de tres años, y posteriormente, con base en lo establecido en el párrafo primero del artículo 20 del Acuerdo en comento, será destruido. Una vez que obre la constancia de notificación del presente proveído, el expediente en que se actúa se enviará físicamente al archivo; previo a que ocurra lo anterior, comisiónese al Secretario encargado de la mesa, para que revise y certifique si las constancias de autos coinciden con las del expediente electrónico. Finalmente, se instruye al Secretario encargado de la mesa para que, verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al actuario judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese.
- Principal
Toluca, Estado de México; siete de julio de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por imperativo expreso contenido en el precepto legal 2 de la Ley de Amparo, agréguese para los efectos legales procedentes, al expediente electrónico y físicamente a los autos, el escrito de cuenta suscrito por ******************** en su carácter de apoderado legal de ******************** a través del cual en atención a lo acordado el cuatro de julio del año en curso, desahoga la prevención formulada mediante proveído de veinte de junio pasado. Atento a ello, de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 114 de la Ley de Amparo, téngase por cumplida la prevención de que fue objeto el promovente y se deja sin efectos el apercibimiento con el que se le conminó. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. De la lectura íntegra del escrito de demanda y aclaratorio, se obtiene que por esta vía se reclama: El proveído de veintinueve de marzo de dos mil veintitrés, en donde la Jueza Séptimo Civil del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Metepec, México, no acuerda favorable la solicitud de la aquí quejosa ******************** de señalar un término para que el demandado ******** diera cumplimiento a la sentencia emitida en el juicio ordinario civil de otorgamiento y firma de escritura, radicado con el número 268/2021. El auto de veintiséis de mayo de dos mil veintitrés, emitido en el juicio ordinario civil de otorgamiento y firma de escritura 268/2021, que recayó a la solicitud de la aquí quejosa, en el sentido de requerir el cumplimiento a la sentencia, y en donde la Jueza Séptimo Civil del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Metepec, México, acordó que deberá estarse a lo establecido en los ordinales 1.134 y 1.138 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México. Tal precisión se realiza, con fundamento en el artículo 74 de la Ley de Amparo, en atención a la obligación del juez de Distrito de analizar en su integridad la demanda de amparo, buscando qué realmente pretende impugnar la parte quejosa y no solamente lo que en apariencia indicó. Sobre el particular se invoca, la jurisprudencia P./J. 40/2000 con registro 192097, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, visible en la página 32 del Tomo XI, Abril de 2000, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Ahora, es menester establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar la demanda y ocurso aclaratorio para saber si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, y en tal supuesto, debe desecharse de plano. En efecto, el numeral 113 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En esencia, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, mientras que lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Tiene aplicación la jurisprudencia I.1o.A. J/4, publicada en la página 890, Tomo VII, Mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. " Hecha tal precisión, este juzgador advierte que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)." Expuesto lo anterior, es necesario señalar que el artículo 107, fracciones III, incisos b), y c), IV, VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: (.) b). Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y c). Contra actos que afecten a personas extrañas al juicio; IV. En materia administrativa el amparo procede, además, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación o cuando sólo se aleguen violaciones directas a esta Constitución; (.) VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia. (.) XII. La violación de las garantías de los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 se reclamará ante el superior del tribunal que la cometa, o ante el Juez de Distrito o Tribunal Unitario de Circuito que corresponda, pudiéndose recurrir, en uno y otro caso, las resoluciones que se pronuncien, en los términos prescritos por la fracción VIII. Si el Juez de Distrito o el Tribunal Unitario de Circuito no residieren en el mismo lugar en que reside la autoridad responsable, la ley determinará el juez o tribunal ante el que se ha de presentar el escrito de amparo, el que podrá suspender provisionalmente el acto reclamado, en los casos y términos que la misma ley establezca; (.)." De lo anterior se advierte que la disposición legal y constitucional transcritas establecen lo que se conoce como principio de definitividad en el juicio de amparo, el cual consistente en que la parte quejosa, previamente al ejercicio de la acción constitucional, por regla general, debe agotar los medios ordinarios de defensa que establecen los preceptos aplicables, en el entendido que de no hacerlo así, será improcedente el juicio de amparo. Este principio es indicativo de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa a través de la protección de las garantías individuales y derechos humanos, de modo que para acudir a él es necesario interponer en la vía ordinaria procedente los recursos o medios ordinarios de defensa que procedan. Sobre el particular se invoca, la tesis emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1304, del Tomo XLV, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, con número de registro 312200, que establece: "RECURSOS ORDINARIOS. El hecho de no hacer valer los procedentes contra un fallo ante los tribunales ordinarios, es causa de improcedencia del amparo que se enderece contra ese fallo." Sin embargo, de las disposiciones antes transcritas, se advierten excepciones al principio de definitividad, es decir, que no se está obligado a agotar los recursos ordinarios o medios de defensa que procedan contra los actos reclamados, en los siguientes casos: I) Contra actos que afecten personas extrañas al juicio (artículo 107, fracción III, inciso c) de la Carta Magna); II) Contra actos administrativos, respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que lo que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución (artículo 107, fracción IV de la Constitución Federal); III) Los que importen una violación a sus derechos humanos consagrados en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal; IV) Tratándose de amparo contra leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación (párrafo tercero de la fracción XIV del precepto 61 de la Ley de Amparo); V) Los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional (artículo 61, inciso a), de la Ley de Amparo); y, VI) Contra actos dictados por autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o judiciales, si carecen de fundamentación (último párrafo de la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo). Es aplicable la tesis LVI/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 156, del Tomo XII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de Julio de 2000, Novena Época, con número de registro 191539, que establece: "DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De la interpretación literal y teleológica del artículo 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal, así como de los artículos 37, 73, fracciones XII, XIII y XV y 114 de la Ley de Amparo y de los criterios jurisprudenciales emitidos al respecto por los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, se deduce que no existe la obligación de acatar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo indirecto, cuando se reclaman los siguientes actos: I. Los que afectan a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emanan; II. Los que dentro de un juicio su ejecución sea de imposible reparación; III. Los administrativos respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución; IV. Los que importen una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal; V. Leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación; VI. Los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; VII. Actos o resoluciones respecto de los cuales, la ley que los rige no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra; VIII. Los que carezcan de fundamentación; IX. Aquellos en los que únicamente se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal, como lo es la garantía de audiencia; y X. Aquellos respecto de los cuales los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste regula no se contempla su existencia." Luego, en el caso los actos que aquí se reclaman, no se encuentran dentro de alguno de los supuestos de excepción antes precisados, por ende, el promovente no está exento de agotar los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en contra de los actos combatidos. En efecto, no existen normas que establezcan excepciones en el sentido de que el promovente del amparo no está obligado a agotar recursos o medios de defensa cuando se reclame un acto dictado en un juicio jurisdiccional, y en cambio, existen normas expresas (artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo), relativas a que aun cuando el acto reclamado sea una resolución judicial, la parte promovente del amparo está obligado a agotar los recursos o medios ordinarios de defensa que procedan conforme a la ley que rige el acto reclamado. En ese contexto, como ya se dijo en contra de los acuerdos reclamados en la presente instancia, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, la cual pone de manifiesto la improcedencia del juicio de amparo indirecto contra las resoluciones judiciales respecto de las cuales conceda la ley algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Para que se actualice la citada causa de improcedencia, es necesario que concurran las siguientes hipótesis: I) Que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; II) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; III) Que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; y IV) Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. Hecha tal precisión, contra lo que reclama el promovente en la presente vía constitucional, procede el recurso de revocación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1.360, fracción I, y 1.362 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, que a la letra dicen: "Artículo 1.360. Se reconocen como recursos los siguientes: I. Revocación; (.)." "Artículo 1.362. Los autos que no fueren apelables y los decretos, son revocables por el juez o tribunal que los dictó." Así, del análisis de los preceptos transcritos, el suscrito arriba a la conclusión de que en la especie concurren los requisitos exigidos para que se actualice la causa de improcedencia en estudio, pues los acuerdos reclamados fueron emitidos por la Jueza Séptimo Civil del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Metepec, México, dentro de un juicio ordinario civil, con lo cual se cumple con el primero de los requisitos antes relacionados, pues proviene de un tribunal judicial. El segundo y tercero de los requisitos también se presenta en el caso a estudio, si se toma en consideración el contenido de los artículos 1.360 y 1.362 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, de los cuales se advierte la procedencia de un medio de impugnación que pudo hacer valer la parte quejosa, a saber, el recurso de revocación, dado que los autos reclamados fueron dictados el veintinueve de marzo y el veintiséis de mayo, ambos de dos mil veintitrés, en el juicio ordinario civil de otorgamiento y firma de escritura 268/2021, del índice del Juzgado Séptimo Civil del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Metepec, México. Por tanto, en contra de los proveídos reclamados, procede el recurso de revocación, establecido en los artículos 1.360, fracción I, y 1.362 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México; por ende, resulta incuestionable la procedencia de dicho medio de defensa dentro de la controversia de origen, por virtud del cual puede ser modificado, revocado o nulificado, con lo cual se cumple el cuarto de los requisitos mencionados; de ahí que resulta exigible que la parte quejosa, previo a acudir al juicio de amparo indirecto, agote el recurso ordinario previsto por la ley que rige la contienda de origen, el cual se encuentra a su alcance, dado que se trata de una de las partes formales dentro del juicio natural. De la misma forma, tampoco se actualiza alguno de los supuestos de excepción previstos en la citada fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, toda vez que no se está ante actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas, alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Asimismo, el acto reclamado no consiste en una orden de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto, ni constituye un acto que afecte la libertad personal de la inconforme; ni el peticionario tiene el carácter de tercero extraño a juicio, como se establece en el inciso c) del citado numeral, puesto que es parte en el procedimiento de origen. De igual manera, no se actualiza la hipótesis prevista en la última parte de la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, ya que la procedencia del recurso de revocación no está sujeta a interpretación adicional, ni su fundamento legal es insuficiente para determinarla. Sin que pase inadvertido para quien esto determina el hecho de que, el artículo 2.184 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, establezca lo siguiente: "Artículo 2.184. Las resoluciones que ordenan la ejecución no son recurribles." Sin embargo, es pertinente indicar que, en el caso, los acuerdos reclamados no se encuentran encaminados a ordenar la ejecución de sentencia, pues precisamente el promovente del amparo se duele de las determinaciones en donde la Jueza Séptimo Civil del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Metepec, México, no acordó favorable sus solicitudes de requerir el cumplimiento a la sentencia emitida en el juicio ordinario civil de otorgamiento y firma de escritura número 268/2021. De ahí que, los autos que no tienen como finalidad ordenar la ejecución de la sentencia, por el contrario, la niegan, no quedan comprendidos en la hipótesis de irrecurribilidad de los actos de ejecución de sentencia a que se refiere el artículo 2.184 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, sino en la normativa de su numeral 1.362, en orden con el principio de impugnabilidad, en cuanto a que los autos que no son apelables y los decretos son revocables por el juez que los dictó. En ese sentido y en atención a lo expuesto en los párrafos que anteceden, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61, de la Ley de Amparo; con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la misma legislación, se desecha de plano la demanda de amparo por notoria improcedencia, promovida por ******************** en su carácter de apoderado legal de ******************** contra actos de la Jueza Séptimo Civil del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Metepec, México. Finalmente, se instruye al Secretario encargado de la mesa para que, verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al actuario judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Toluca, Estado de México; cuatro de julio de dos mil veintitrés. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por imperativo expreso contenido en el precepto legal 2º de la Ley de Amparo, agréguese para los efectos legales procedentes, al expediente electrónico y físicamente a los autos, el escrito de cuenta suscrito por Edgar Valdés Hernández, en su carácter de apoderado legal de María del Carmen Hernández Rivera, mediante el cual en atención a lo acordado en auto de veintiocho de junio de dos mil veintitrés, pretende desahogar cabalmente la prevención formulada el veinte del mismo mes y año. Expuesto lo anterior, es pertinente indicar que, de lo asentado en el escrito que se atiende, se advierte que el promovente Edgar Valdés Hernández, no cumple con lo establecido mediante acuerdo de veintiocho de junio pasado, y por ende, con los extremos de la prevención formulada el veinte de junio de dos mil veintitrés. Lo anterior, porque insiste en omitir precisar de manera clara el acto que por esta vía pretende controvertir, pues en el apartado que denomina como acto reclamado, aduce lo siguiente: "(.) Por Auto de fecha veintinueve de Marzo del dos mil veintitrés, la Autoridad no da cumplimiento a lo solicitado, realizando una prevención, dando como negativa el acceso a la Ejecución de la Sentencia, como también el escrito presentado de fecha veinticinco de Mayo del dos mil veintitrés, donde se solicitó se realizara la Ejecución Forzosa de la Sentencia, por consiguiente no se Procedió a su Ejecución (.)." Es decir, no se advierte con claridad si lo que pretende controvertir es el acuerdo de veintinueve de marzo pasado, o bien, el que recayó al escrito fechado el veinticinco de mayo de dos mil veintitrés; de ser éste último, no indica la fecha en que se emitió; asimismo, no señaló bajo protesta de decir verdad la fecha en que le fue notificado o tuvo conocimiento del acto que pretende combatir. En consecuencia, no ha lugar a tener por cumplida la prevención de veinte de junio del año en curso, y sigue subsistente el apercibimiento inserto en autos. En el entendido que si el auto de veintiocho de junio de dos mil veintitrés, le fue notificado de manera personal el tres de julio del año en curso, y el escrito que se provee fue recibido en este juzgado de Distrito en esa misma fecha, se evidencia que cuenta con el plazo de cinco días para desahogar la prevención formulada en autos, pues dicho ocurso se presentó antes de que iniciara a computarse el plazo de cinco días otorgado para desahogar en sus términos la prevención formulada. Es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 39/2012 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 400, del Tomo I, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de mayo de dos mil doce, Décima Época, con número de registro 2000702, cuyo rubro establece: "ACLARACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO. EL AUTO QUE RECAE A LA PROMOCIÓN DEL QUEJOSO PRESENTADA ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO CONCEDIDO PARA HACERLA, PERO SIN CUMPLIR CON LAS PREVENCIONES IMPUESTAS, DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE." Igualmente, es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 106/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 133, del Tomo XVIII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de noviembre de dos mil tres, Novena Época, con número de registro 182896, cuyo rubro dice: "AMPARO. ACLARACIÓN DE DEMANDA. SI LA PROMOCIÓN DE CUMPLIMIENTO SE PRESENTA ANTES DEL TÉRMINO, EL JUEZ DEBE ACORDAR SI SE ACATÓ LA PREVENCIÓN, SEÑALANDO, EN SU CASO, LAS OMISIONES, PARA DAR OPORTUNIDAD AL PROMOVENTE DE SUBSANARLAS, PERO DENTRO DE AQUEL TÉRMINO." Finalmente, se instruye al Secretario encargado de la mesa para que, verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al actuario judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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