María del Carmen Hernández Martínez

Expediente 1230/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México. 6 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1230/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
23/11/2023

Partes del expediente

  • María del Carmen Hernández Martínez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Estado desechamiento. Vista la certificación asentada en primer término, de la que se advierte que el proveído de treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés, en que se desechó la demanda de amparo, no fue recurrido dentro del término legal; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente al primer ordenamiento, se declara que ha causado estado. procesal de autos, se obtiene que no existe diligencia pendiente por acordar, por tanto, háganse las anotaciones en el libro respectivo y archívese el presente asunto como concluido.

  2. Principal

    Es indudable que se actualiza la causa de improcedencia de los actos reclamados que se analizan en este apartado, prevista en el artículo 61, fracción Xl, de la Ley de Amparo, circunstancia por la cual procede a desechar de plano la demanda de amparo. Conviene precisar que el criterio adoptado en este proveído no priva a la parte quejosa de un recurso efectivo para restablecer los derechos que considera transgredidos con la conducta que señaló como acto reclamado. Lo anterior, en virtud de que no se pueden soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, ya que actuar de forma contraria equivaldría a que los órganos jurisdiccionales dejaran de observar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, pues se desconocería la forma de proceder de éstos, además de trastocarse las condiciones procesales de las partes en el juicio. Sirve de apoyo la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, en la página cuatrocientos ochenta y siete del libro tres, tomo I, correspondiente al mes de febrero de dos mil catorce, décima época, que dispone lo siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente." Asimismo, apoya la jurisprudencia 2a./J. 98/2014 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, en la página novecientos nueve del libro once, tomo I, correspondiente al mes de octubre de dos mil catorce, décima época, que establece lo siguiente: "DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU APLICACIÓN RESPECTO DE LOS PRESUPUESTOS PROCESALES QUE RIGEN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL. Si bien los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho de acceso a la impartición de justicia -acceso a una tutela judicial efectiva-, lo cierto es que tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, pues tal proceder equivaldría a que los Tribunales dejaran de observar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, pues se desconocería la forma de proceder de esos órganos, además de trastocarse las condiciones procesales de las partes en el juicio." Asimismo, no es inadvertido para esta juzgadora, que las causales de improcedencia en que se funda el presente desechamiento, podrían ser estudiadas en la sentencia que resolviera el presente juicio; sin embargo, se estima que tratándose de casos como el presente, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expedites en la administración de justicia que se admitiera a trámite la demanda para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la misma conclusión ahora formulada. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.1o.A. J/4, consultable a página 890, Tomo VII, Mayo de 1998, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo texto es el siguiente: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes". Así como la jurisprudencia VII.2o.C. J/23, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, publicada en la página 921, Tomo XXIV, Junio de 2006, Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Materia Común, que indica: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Cuando se desecha una demanda de amparo o se sobresee en el juicio, ello no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento. Así, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para desechar o sobreseer en un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico". Por otro lado, téngase por recibido el telegrama de cuenta enviado por el Director de Amparo en suplencia por ausencia del Titular de la Policía Federal Ministerial por ausencia del Titular de la Agencia de Investigación Criminal (promoción 17460), a través del cual informa respecto de la suspensión de plano concedida a la parte quejosa por la superioridad, quedando la suscrita impuesta de su contenido. Finalmente, vistos los telegramas enviados por el Director de Amparo en suplencia por ausencia del Titular de la Policía Federal Ministerial por ausencia del Titular de la Agencia de Investigación Criminal (promociones 17458 y 17459), por el cual rinde su informe justificado y previo, sin hacer mayor pronunciamiento, dado a que el presente amparo se desechó por los motivos que se exponen en líneas anteriores.

  3. Principal

    Vista la certificación de la que se advierte que con motivo del aviso de suspensión de labores por causa de fuerza mayor, emitido por la Coordinación de Jueces de Distrito y de Tribunales Colegiados en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, mediante comunicado sin número, el cual se menciona por hecho notorio, se decretaron como días inhábiles del dieciséis al veintinueve de octubre del año en curso, por lo que no corrieron términos de las actuaciones jurisdiccionales atendiendo a ello, no surtirán sus efectos. En consecuencia, este órgano jurisdiccional difiere la audiencia constitucional señalada a las once horas con diez minutos del dieciocho de octubre del presente año y en su lugar se fijan las once horas con diez minutos del dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés, la que se llevará acabo conforme a lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo.

  4. Principal

    Admite recurso y acusa de recibo. Agréguese el oficio signado por el actuario judicial del Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, con residencia en esta ciudad (promoción 16895); téngase a la Superioridad acusando recibo del oficio mediante el cual se envió el cuaderno de antecedentes del juicio de amparo que dio origen al presente cuaderno de antecedentes en que se actúa, con motivo de la tramitación del recurso de queja interpuesto por la parte quejosa e informando que fue admitido y registrado con el número Q.P. 437/2023, de lo cual este órgano queda enterado. Testimonio de colegiado. Por otra parte, agréguese el oficio signado por el Actuario del Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, con residencia en Nezahualcóyotl, Estado de México (promoción 16844), por el que remite copia de la ejecutoria pronunciada en sesión de nueve de octubre de dos mil veintitrés, en la queja Q.P. 437/2023, donde se resolvió: "ÚNICO. Es fundado el recurso de queja". Háganse las anotaciones que correspondan en el libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), acúsese recibo. En acatamiento a la ejecutoria de amparo este órgano jurisdiccional determina lo siguiente: Hágase del conocimiento a las autoridades responsables que señaló la parte promovente en su escrito de demanda, la determinación de la suspensión de plano que concede la superioridad, a la parte quejosa, respecto del acto reclamado consistente en la extradición Asimismo, una vez que se tenga conocimiento de la incompetencia que se planteó en auto de tres de octubre de dos mil veintitrés, y en caso de que la autoridad acepte la misma, remítase el presente testimonio para que provea lo que en derecho corresponda. Se apercibe a la parte quejosa. Asimismo, con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, que establece entre las obligaciones del quejoso, la de señalar con precisión a las autoridades responsables, se apercibe a la parte quejosa respecto a que si las autoridades responsables no existen con la denominación que indica en el escrito de demanda, sin mayor trámite se les tendrán por inexistentes, suspendiéndose toda comunicación con las mismas y, en su oportunidad se resolverá conforme a tal situación, salvo que de las constancias se advierta su participación o que se corrija el señalamiento en su denominación; lo anterior, tomando en cuenta que le corresponde a la parte agraviada estar al pendiente de la tramitación de este asunto, circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el precepto 17 Constitucional que procura la impartición de justicia pronta y al principio de celeridad procesal.

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