María del Carmen Gúzman Alvarez

Expediente 897/2017 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 31 de julio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
897/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
31/07/2017

Partes del expediente

  • Procuradora Social de la Ciudad de México
  • María del Carmen Gúzman Alvarez

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por la quejosa, a través del cual solicita la devolución de los documentos exhibidos con el escrito inicial de demanda.... se ordena la devolución de los documentos que menciona, por conducto de las personas previamente autorizadas para tales efectos, previa certificación de desglose y toma de razón que por su recibo quede en autos..... Notifíquese.

  2. Principal

    Vista la certificación de cuenta y el estado de los autos, se advierte que el plazo para recurrir el acuerdo de dieciocho de julio de dos mil diecisiete, transcurrió para la promovente, por tanto, se declara que el auto que desechó de plano la demanda de amparo promovida por María del Carmen Guzmán Álvarez, ha causado estado... Notifíquese.

  3. Principal

    Ciudad de México, dieciocho de julio de dos mil diecisiete. Vista la demanda de amparo promovida por María del Carmen Guzmán Álvarez, contra actos de la Procuradora Social de la Ciudad de México y otra autoridad. Fórmese expediente; háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número 897/2017. Una vez analizada la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional concluye que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, toda vez que previamente al juicio de amparo, se debió agotar el juicio contencioso administrativo. Para justificar lo anterior, es importante precisar que el artículo 113 citado establece lo siguiente: "113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Dicho precepto faculta a los jueces de distrito para que, en los casos en los que adviertan la actualización de una causa de improcedencia, desechen de plano el escrito de demanda correspondiente, con la condición de que ello se desprenda de manera manifiesta e indudable. Sobre dichas condicionantes, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que por "manifiesto" se debe entender aquello que es patente, notorio y absolutamente claro y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho; es decir, que es evidente. No obstante, para poder arribar a la conclusión de que una causa de improcedencia se advierte de ese modo, se debe tomar en cuenta la demanda de amparo y los anexos, a efecto de que esté debidamente probada y no sea inferida con base en presunciones, de forma tal que resulte innecesaria la substanciación del juicio, en virtud de que no sería posible arribar a una determinación diversa. Ahora bien, en relación con el examen que se debe realizar de la demanda de amparo, es importante tener presente que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que aquélla debe ser interpretada en su integridad con la finalidad de establecer con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que la conforman con el fin de dictar una resolución que contenga la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Asimismo, el Pleno del Alto Tribunal ha señalado que para lograr la fijación clara y precisa de los actos reclamados debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. De igual manera, ha establecido que los juzgadores de amparo deberán armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Expuesto lo anterior, es importante destacar que la quejosa reclama los actos siguientes: Del Titular de la Oficina Desconcentrada en Iztapalapa, y de la Procuradora, ambos de la Procuraduría Social de la Ciudad de México, los oficios ODIZ/948/2017 y ODIZ/950/2017, ambos de veintinueve de mayo de dos mil diecisiete, en los cuales señaló medularmente lo siguiente respectivamente: "Me permito informar a usted que dentro del archivo de esta Oficina Desconcentrada en Iztapalapa no se cuenta con Registro de Administrador Vigente a nombre de la C. María del Carmen Guzmán Álvarez respecto al Conjunto Condominal Centro Distribuidor de Pescados y Mariscos "La Nueva Viga". Así mismo se le informa que de acuerdo al artículo 43 fracción XVII y artículo 48 de la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal, quien podrá convocar a asamblea general de condóminos es el Comité de Vigilancia de forma colegiada, es decir el Presidente el C. Jorge Valdés Sosa y los vocales los CC. Fernando Samaniego Hinojosa, Vicente Gómez García, Víctor Manuel Huerta Campos y José Guillermo Felipe Daza Tzoni, que fueron elegidos en Asamblea General Ordinaria valida de fecha nueve de agosto de dos mil trece (.)".[el énfasis es propio]; y: "Me permito hacer de su conocimiento que la asamblea general ordinaria de fecha veintiséis de abril de dos mil diecisiete, carece de las formalidades al momento de ser convocada de acuerdo a lo establecido en el artículo 32 fracción II de la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles del Distrito Federal, por lo cual la asamblea no está debidamente fundamentada. Así mismo se le informa que de acuerdo al artículo 43 fracción XVII y artículo 48 de la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal, quien podrá convocara asamblea general de condóminos es el Comité de Vigilancia de forma colegiada, es decir el Presidente el C. Jorge Valdés Sosa y los vocales los CC. Fernando Samaniego Hinojosa, Vicente Gómez García, Víctor Manuel Huerta Campos y José Guillermo Felipe Daza Tzoni, que fueron elegidos en Asamblea General Ordinaria valida de fecha nueve de agosto de dos mil trece (.)".[el énfasis es propio] Ahora bien, el artículo 61, fracción XX, de la ley de la materia prevé lo siguiente: "61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley". De acuerdo con dicho precepto, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de los cuales proceda un medio ordinario de defensa, siempre que la ley que los prevea permita la suspensión de sus efectos con los mismos alcances que la Ley de Amparo, sin mayores requisitos que los que ésta prevé para la concesión de la suspensión definitiva, ni plazo mayor para el otorgamiento de la suspensión provisional. Asimismo, se deduce que, el juicio de amparo constituye un medio extraordinario para invalidar los actos de autoridad transgresores de derechos fundamentales y que por tanto, su estructura se funda en diversos principios o postulados básicos que lo distinguen de los restantes medios legales de defensa común, principios que se encuentran previstos en el artículo 107 de la Constitución Federal, entre los que se encuentra el relativo a la definitividad. Ahora bien, el artículo 31, fracción I de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de México, dispone: "31.- Las Salas del Tribunal son competentes para conocer: I. De los juicios en contra de actos administrativos que las autoridades de la Administración Pública del Distrito Federal dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar, en agravio de personas físicas o morales; (.)" De la porción normativa referida se desprende que será competencia de las Salas del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de México conocer de los juicios promovidos en contra de actos administrativos dictados, ordenados, ejecutados o que se traten de ejecutar por autoridades dependientes de la Administración Pública de la Ciudad de México en perjuicio de las personas físicas. En el caso concreto, la promovente reclama los oficios ODIZ/948/2017 y ODIZ/950/2017, ambos de veintinueve de mayo de dos mil diecisiete, en los cuales se informó que no se cuenta con Registro de Administrador Vigente a nombre de María del Carmen Guzmán Álvarez respecto al Conjunto Condominal Centro Distribuidor de Pescados y Mariscos "La Nueva Viga". Dichos actos se atribuyen a autoridades dependientes de la Procuraduría Social de la Ciudad de México, cuya naturaleza jurídica es la de un organismo público descentralizado de la Administración Pública del Distrito Federal (ahora Ciudad de México), con personalidad jurídica y patrimonio propios, por lo que dichos actos deben ser combatidos, previamente, a través del juicio contencioso administrativo. Aunado a lo anterior, debe precisarse que en dicho juicio no se prevén mayores requisitos que los establecidos por la Ley de Amparo para conceder la suspensión, razón por la cual se cumple la condición establecida en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. Al respecto resulta aplicable la jurisprudencia 2ª./J.125/2011, establecida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que lleva por rubro: "TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL. LA LEY ORGÁNICA RELATIVA NO EXIGE MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO, POR LO QUE PREVIO AL JUICIO DE AMPARO DEBE PROMOVERSE EL JUICIO DE NULIDAD ANTE AQUÉL". Incluso, este Juzgador advierte que en el juicio contencioso referido, se puede obtener la suspensión de los actos impugnados con los mismos alcances que la Ley de Amparo, razón por la cual, se cumple con la exigencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la ley referida y, en consecuencia, se vuelve obligatorio agotar ese medio de defensa. En efecto, al interpretar ese artículo de la Ley de Amparo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que la obligación del juzgador de fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomar las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, pudiendo establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa que la medida suspensional siga surtiendo efectos, lo que implica que sola la posibilidad de otorgar efectos restitutorios a la suspensión definitiva, que se traduce en restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho presuntamente violado en tanto se dicta sentencia definitiva, siempre y cuando sea jurídica y materialmente posible, únicamente es un alcance que tiende a preservar la materia del juicio y a restituir provisionalmente en el derecho violado al inconforme hasta que se dicte sentencia definitiva. De hecho, la propia Segunda Sala ha sostenido que dicha disposición no tiene como propósito que el texto de la Ley de Amparo se repita en todos los demás ordenamientos, razón por la cual, si en el juicio contencioso se puede obtener la suspensión del acto impugnado para preservar la materia del juicio, es indudable que tiene los mismos alcances que la suspensión en el juicio de amparo. Aunado a lo anterior, este órgano jurisdiccional estima que no se surte alguna otra excepción al principio de definitividad de las establecidas en el propio artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, ya que de las constancias que la promovente exhibió adjuntas a su demanda de amparo como anexos 1 y 2, no se desprende que los oficios reclamados carezcan absolutamente de fundamentación, sino que la autoridad responsable citó diversos preceptos de Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal para justificar su actuar. Asimismo, del análisis de los planteamientos que formula la quejosa, no se advierte que haga valer sólo violaciones directas a la Constitución Federal, ya que el problema jurídico se relaciona de manera fundamental con su nombramiento como Administradora respecto al Conjunto Condominal Centro Distribuidor de Pescados y Mariscos "La Nueva Viga", así como de la validez de la asamblea general ordinaria de veintiséis de abril de dos mil diecisiete, a partir de lo dispuesto en la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal (ahora Ciudad de México), lo cual excluye que la materia del presente juicio se relacione sólo con violaciones directas al texto constitucional, sino también indirectas y de legalidad, siendo que la excepción al principio de definitividad únicamente se actualiza cuando sólo se hagan valer violaciones directas. Máxime que la Ley de Amparo expresamente señala en el artículo 61, fracción XX, lo siguiente: "No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación; cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia." Sirve de apoyo a lo anterior la tesis sin número, de rubro: "RECURSOS ORDINARIOS. NO ES NECESARIO AGOTARLOS CUANDO ÚNICAMENTE SE ADUCEN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN." Asimismo, la aquí quejosa no puede considerarse tercera extraña al juicio, ya que los actos que reclama derivan de diversos escritos presentados por Víctor Manuel Huerta Campos, a quien se señala como tercero interesado, y no propiamente de un procedimiento en el cual la quejosa tuviera que haber sido emplazada. Finalmente, el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de México no está previsto en un reglamento, sino en una ley formal y material. La causa de improcedencia es manifiesta e indudable por lo siguiente: I) las manifestaciones de la demanda de amparo permiten advertirla de ese modo, y II) la presente determinación se apoya en los anexos exhibidos por la quejosa, de manera que no se basa en presunciones ni indicios. Aunado a ello, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la causa de improcedencia que amerita el desechamiento de una demanda de amparo, se justifica cuando aún de admitirse y tramitarse el juicio, no se podría arribar a una conclusión diversa, siendo que en este caso, la causa de improcedencia es notoria y manifiesta porque deriva de la naturaleza del acto reclamado, es decir, no se tiene duda sobre dicha naturaleza e, incluso, ésta no variará a pesar de tramitarse el juicio. Por esa razón, no resulta aplicable la tesis aislada sin número, sustentada por la Segunda Sala del Alto Tribunal, que lleva por rubro: "DEMANDA DE AMPARO, LA POSIBILIDAD DE LA EXISTENCIA DE UN RECURSO CONTRA EL ACTO RECLAMADO, NO ES SUFICIENTE PARA DESECHARLA". Como se advierte esa tesis alude a "la posibilidad de la existencia de un recurso"; sin embargo, en el caso que nos ocupa, la existencia de un medio ordinario de defensa no sólo es posible, sino que está plenamente evidenciada, esto es, no hay duda sobre la existencia del juicio contencioso administrativo como un medio ordinario de defensa contra los actos reclamados. Aunado a ello, como ya se ha demostrado, ese medio ordinario de defensa no solo es posible, sino que es idóneo y eficaz para lograr la anulación, revocación o modificación del acto aquí reclamado. Por último, se debe destacar que la sola posibilidad de un recurso no puede dar lugar a desacatar el principio de definitividad que rige al juicio de amparo; puesto que sobre dicha posibilidad debe imperar el texto constitucional, particularmente su artículo 107, fracción IV, que establece que en materia administrativa, será necesario agotar los medios de defensa. En consecuencia, al actualizarse de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por María del Carmen Guzmán Álvarez. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Con fundamento en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos de lo dispuesto en el artículo 2° de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado. Por autorizados, para oír notificaciones e imponerse de autos en términos de la parte final del párrafo segundo del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que menciona, por así solicitarlo expresamente y en atención a la certificación de cuenta. En términos de la Circular 12/2009, del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal se autoriza a la quejosa el uso de medios electrónicos para imponerse de las presentes actuaciones, sin necesidad de promoción posterior. Con apoyo en el artículo 21, párrafo tercero, de la ley en cita, desde este momento se habilitan horas y días inhábiles a fin de que los Actuarios de la adscripción realicen las notificaciones de carácter personal que se lleguen a ordenar en este asunto. Con fundamento en el artículo 3°, párrafos quinto y séptimo de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 87 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince, intégrese el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Se hace del conocimiento de la quejosa que podrá oponerse a la publicación de sus datos personales, siempre y cuando lo informen de manera expresa, en el entendido de que de no realizar manifestación alguna, se tendrá por autorizada su publicación. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma Felipe Camacho Silva, Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Encargado del Despacho por vacaciones del Titular de este órgano jurisdiccional, con fundamento en el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizado en sesión de veinte de junio de dos mil diecisiete, de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, referido en el oficio CCJ/ST/2903/2017, del Secretario Técnico de la referida Comisión, quien actúa asistido del Secretario Jaime Daniel Murillo Zavaleta, que autoriza y da fe. Doy fe.

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