María del Carmen Guibot Serros

Expediente 478/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 13 actuaciones registradas, la última del 25 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
478/2020
Año
2020
Actuaciones
13
Última actuación
25/06/2021

Partes del expediente

  • María del Carmen Guibot Serros

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que mediante auto de diez de mayo de dos mil veintiuno, se ordenó el archivo del presente expediente; sin embargo, no se requirió a la parte quejosa para que recogiera los documentos originales que exhibió junto con su escrito inicial de demanda. requiérase a la parte quejosa para que en el plazo de noventa días comparezca ante este juzgado a recoger los documentos originales que exhibió, con el apercibimiento que de no hacerlo, se enviarán junto con el expediente a la Dirección General del Centro de referencia. Notifíquese personalmente.

  2. Principal

    Vista la certificación de cuenta y tomando en consideración que la parte quejosa, dentro del plazo....no recurrió la sentencia pronunciada...se determinó sobreseer en el presente juicio...se declara que la misma ha causado estado. Archivo. Remítase el expediente de que se trata al archivo como asunto total y definitivamente concluido. ...Notifiquese.

  3. Principal

    QUINTO. IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO. Por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, en principio es menester analizar si en el caso se actualiza alguna causa de improcedencia que se advierta de oficio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, respecto a la falta de contestación al escrito del quejoso que se lo atribuye a la Coordinador General del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, opera la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues cesaron sus efectos. El citado artículo establece: "61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;.". Tal precepto refiere que el juicio de amparo es improcedente cuando durante su substanciación, el acto reclamado ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, ya sea que la autoridad responsable haya revocado el acto materia de la litis, cuando éste tenga el carácter de positivo, o bien, la autoridad realice la acción que se le reclama, en el caso de los de índole negativo, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal forma que el acto ya no agravie al quejoso. Lo anterior, tiene sustento en la jurisprudencia 2a./J. 59/99, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, Junio de 1999, página 38, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL". Ahora bien, respecto al acto reclamado que se tuvo por cierto, la quejosa, esencialmente, sostiene que se vulnera en su perjuicio el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que consagra el derecho de petición, en virtud de que la autoridad responsable ha omitido dar contestación a la solicitud formulada el treinta de agosto del dos mil diecinueve, en donde solicitó lo siguiente: (.) Mi petición obedece a que, desde el día 30 de abril del año 2019, realice el pago de la reconexión del agua, sin que a la fecha haya sido reconectada la misma. No obstante que en múltiples ocasiones se ha acudido a las oficinas del Sistema de Aguas tanto centrales como las correspondientes a la demarcación donde se encuentra el periodo de mi propiedad, sin que a la fecha haya obtenido una solución a mi solicitud, pues los servidores públicos que me atienen únicamente señalan que "lo están viendo". Por lo que considero que ya paso tiempo por demás suficiente para que sea reconectada el agua al predio de mi propiedad, sin que a la fecha haya sido reconectada (.)" La protección constitucional relativa al derecho de petición se encuentra prevista en el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, precepto que es del tenor literal siguiente: "8°. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la república. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene la obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario." De la norma constitucional antes transcrita, se desprende que toda autoridad ante quien por escrito se formule cualquier tipo de solicitud de manera pacífica y respetuosa, tiene la obligación de darle respuesta en breve término, es decir, impera la obligación de las autoridades a acordar respecto de todos los escritos que les sean presentados, además de hacer del conocimiento del promovente el resultado de su petición. En ese orden de ideas, se puede concluir que tratándose de juicios de amparo en los que se reclama una violación al artículo 8° Constitucional, es indispensable analizar si la quejosa demuestra la existencia de la petición y la autoridad responsable haber dictado el acuerdo correspondiente y que lo haya notificado al promovente. Cabe precisar que el derecho de petición involucra necesariamente congruencia entre la petición y su contestación, lo que en su caso se demostrará acorde a las constancias que la autoridad allegue al sumario de amparo. En el caso, la quejosa acreditó que realizó su petición ante la Unidad de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, el de treinta de agosto del dos mil diecinueve, como se demuestra con el escrito anexo a la demanda, al que se concede pleno valor probatorio, con fundamento en los artículos 133, 197 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria. Por su parte, la autoridad responsable exhibió copia certificada del oficio GCDMX/SACMEX/C/TC/0126/2020 de uno de septiembre de dos mil veinte; por la cual dio contestación a la petición de la parte quejosa, en donde argumento lo siguiente: "(.) VII. Anexar en original o copia certificada la documentación en que se sustente la promoción respectiva. Cuando no se cumplan los requisitos a que se refieren las fracciones I aVII y respecto a la forma oficial a que se refiere este artículo, las autoridades requerirán al promovente a fin de que en un plazo de 10 dias cumplan con el requisito omitido, salvo que el requisito que se omitió haya sido el número telefónico o el correo electrónico. En caso de no subsanarse la omisión en dicho plazo, la promoción se tendrá por no presentada, si la omisión consiste en no haber usado la forma oficial aprobada, las autoridades deberán acompañar al requerimiento la forma respectiva en el número de ejemplares que sea necesario. Cuando la omisión consista en no señalar el domicilio para oir y recibir notificaciones (..) (.) Por lo anteriormente expuesto deberá presentar la documentación solicitada en la oficina de atención al público ubicada en Av. Ermita Iztapalapa No. 3417 Col Xalpa Alcaldía Iztapalapa , dentro de un plazo no mayor a diez días contados a partir deñ siguiente a aquel en que se notifique la presente solicitud, de lo contrario la promoción se tendrá como no presentada (.) Sobre este punto conviene precisar que dicho oficio fue hecho del conocimiento a la parte quejosa por medio de instructivo de tres de septiembre de dos mil veinte, mismo que fue colocado en el domicilio que señaló para oír y recibir notificaciones; sin embargo, este Juzgado mediante proveído de nueve de noviembre de dos mil veinte dio vista de manera personal a la parte quejosa con la finalidad de que manifestara si con el multicitado oficio, habían cesado los efectos del acto reclamado o si deseaba ampliar su escrito de demanda, situación que fue notificado por medio de lista el diez de noviembre de dos mil veinte En atención a lo anterior, la parte quejosa fue omisa al respecto, aun cuando este Juzgado de Distrito lo requirió para hacerlo; por lo que en la presente acta de audiencia, se hizo efectivo el apercibimiento decretado y se continuó con la secuela procesal en los términos en que fue planteada inicialmente la demanda de amparo. Cobra aplicación en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 36/99 de la Segunda Sala de Nuestro Tribunal Supremo: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA QUE CONCEDIÓ EL AMPARO POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN. QUEDA SIN MATERIA AUNQUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO HAYA NOTIFICADO LA CONTESTACIÓN, YA QUE EL QUEJOSO TENDRÁ CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO A TRAVÉS DE LA NOTIFICACIÓN DE LA EJECUTORIA. Cuando se concede la protección federal por violación al derecho de petición consagrado en el artículo 8o. constitucional, determinándose que la autoridad responsable debe dictar el acuerdo que proceda y comunicarlo al interesado, ha de considerarse cumplida la ejecutoria si la autoridad contestó por escrito la petición que le formuló el quejoso e intentó notificarle sin éxito, o aun cuando éste haya tenido conocimiento del oficio en la etapa de ejecución del juicio de amparo por medio del Juez de Distrito, o bien, si la autoridad responsable acredita en forma directa ante la Suprema Corte de Justicia el acatamiento dado a la ejecutoria con la documentación oficial que así lo demuestre; consecuentemente debe declararse sin materia el incidente de inejecución sin prejuzgar sobre el debido cumplimiento dado a la sentencia protectora de garantías, encontrándose a salvo los derechos del quejoso para, en su caso, hacer valer los medios de defensa que tenga a su alcance. Sin que para ello sea obstáculo la circunstancia de que no obre en autos la constancia de notificación a la parte quejosa, de los oficios de las autoridades ni el acuerdo del Juez de Distrito en relación al cumplimento del amparo, toda vez que el quejoso tendrá conocimiento de su contenido al notificársele el fallo de la Suprema Corte, lo que le permite estar en aptitud de hacer valer los medios de defensa correspondientes". Por tanto, es incuestionable que cesaron los efectos del acto reclamado, porque se atendió la petición del quejoso y la respuesta se hizo de su conocimiento. Máxime que el ejercicio del derecho de petición no constriñe a la autoridad ante quien se formuló, a que provea de conformidad lo solicitado por el promovente, sino que está en libertad para actuar acorde a los ordenamientos legales que resulten aplicables al caso. Se invoca para mayor claridad, la jurisprudencia 130, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto señalan: "PETICIÓN, DERECHO DE. NO CONSTRIÑE A RESOLVER DE CONFORMIDAD. Las garantías del artículo 8o. constitucional tienden a asegurar un proveído sobre lo que se pide y no a que se resuelvan las peticiones en determinado sentido". En consecuencia, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo; por lo que se sobresee en el juicio en relación al acto reclamado que se le atribuye al Coordinador General del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la referida ley. En mérito de lo expuesto, al haberse actualizado la causa de improcedencia analizada, resulta innecesario el estudio de las diversas que propusieron las responsables, pues en nada cambiaría el sentido de la presente resolución. Cobra aplicación la tesis de jurisprudencia 2a./J. 54/98, visible en la página 414, tomo VIII, agosto de 1998, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época; cuyo rubro y texto disponen: "SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución." Por lo anterior, es innecesario abordar el examen de los argumentos que se esgrimen en los conceptos de violación expresados por el agraviado, tal como lo establece la jurisprudencia número 509, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 335, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, del contenido siguiente: "SOBRESEIMIENTO, NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Por lo expuesto y fundado; se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo. Notifíquese.

  4. Principal

    Acuerdo General. Atendiendo a que la suspensión de plazos y términos ordenada el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal concluyó, deriva la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus Covid-19, por lo que no se reinicia, se reanuda el presente procedimiento de amparo exactamente en el estado procesal que se encontraba antes de la suspensión de plazos. Estado procesal. Atendiendo a la certificación de cuenta se señalan las ONCE HORAS CON DIECIOCHO MINUTOS DEL VEINTE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. ... Notifíquese.

Quedan 9 actuaciones en este expediente

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