Maria del Carmen Guerrero de la Rosa
Expediente 76/2018 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 2 de abril de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 76/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 02/04/2018
Partes del expediente
- Maria del Carmen Guerrero de la Rosa
Actuaciones
- Principal
Ciudad de México, a dos de abril de dos mil dieciocho. Vistas la constancia y certificación que anteceden, se advierte que no se recurrió la sentencia por la que se sobreseyó en el juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 86 de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley en cita, se declara que ha causado ejecutoria dicha resolución. En tal virtud, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido y con apoyo en el precepto 214 de la ley reglamentaria, interpretado en sentido contrario, en su oportunidad envíese al archivo. En cumplimiento al punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, toda vez que se sobreseyó en el juicio, que en autos no constan documentos originales exhibidos por las partes y que este expediente carece de relevancia documental, de conformidad con los puntos cuarto y décimo del acuerdo general en cita, una vez que transcurra el plazo de tres años que estipulan tales disposiciones, transfiérase el expediente en que se actúa a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la inteligencia de que es susceptible de depuración por encontrarse en la hipótesis a que se refiere la fracción III, último párrafo del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; toda vez que se decretó la suspensión de plano en este asunto, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente.
- Principal
Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 76/2018, promovido por María del Carmen Guerrero de la Rosa, contra un acto de la directora del Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla de esta ciudad, y otra autoridad; y R E S U L T A N D O: I. Por escrito presentado el seis de febrero del año en curso en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en esta ciudad, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado, la quejosa en cita solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra un acto de las autoridades que se precisarán en el considerando segundo de esta sentencia. II. La solicitante de amparo narró los antecedentes del acto reclamado, formuló los conceptos de violación que consideró pertinentes, y señaló que se violan en su perjuicio los derechos públicos subjetivos contenidos en los artículos 1°, 14, 16, 18, 20 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. III. El siete siguiente se registró la demanda bajo el orden 76/2018; se decretó la suspensión de oficio y de plano del acto impugnado; se admitió la demanda; se solicitaron los informes justificados y en cumplimiento a la medida cautelar mencionada; se dio intervención legal al representante social de la Federación adscrito, y se señalaron fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, que se llevó a cabo al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este juzgado es legalmente competente para conocer y resolver el juicio de amparo con fundamento en los numerales 103, fracción I, y 107, fracción VII, constitucionales; 35, 37 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo; y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en razón de la naturaleza del acto reclamado. SEGUNDO. Conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en la página 207 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo I, Materia Constitucional, debe en principio hacerse la fijación clara y precisa del acto reclamado. Dicho criterio es del rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Del análisis de todos los elementos de la demanda, así como de las constancias que integran el presente expediente, se precisa que el acto reclamado es la orden de reclasificación, fuera de procedimiento, que se atribuye a la directora, y subdirectora Jurídica (denominación correcta), ambas del Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla de esta ciudad. TERCERO. No es cierto el acto reclamado de las autoridades responsables mencionadas, pues así lo manifestaron al rendir su respectivo informe de ley, sin que exista medio de convicción en contrario. En tal virtud, se sobresee en el juicio de amparo, con fundamento en el dispositivo 63, fracción IV, de la ley de la materia. Por lo expuesto, y con apoyo en los artículos 63, 65, 73, 74 y 217, de la Ley de Amparo; se R E S U E L V E: ÚNICO. Por las razones expuestas en el considerando tercero de la presente resolución, se sobresee en el juicio de amparo promovido por María del Carmen Guerrero de la Rosa, contra la orden de reclasificación, fuera de procedimiento, que atribuyó a la directora, y subdirectora Jurídica, ambas del Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla de esta ciudad.
- Principal
Ciudad de México, a nueve de febrero de dos mil dieciocho. Agréguense a los autos los primeros tres oficios de cuenta; en atención a sus términos, se tienen por rendidos los informes en cumplimiento a la suspensión de oficio y de plano, y justificados que en ellos se contienen, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. De conformidad con el artículo 9° de la Ley de Amparo, ténganse como delegados a las personas que mencionan las autoridades signantes. Por otro lado, con fundamento en los numerales 3°, fracción II, 8° y 18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental; y 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de la Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, téngase a las autoridades de referencia manifestando su oposición para que se publiquen sus datos personales, lo cual será tomado en consideración por la unidad administrativa, una vez que se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones de este expediente. Finalmente, intégrese sin mayor proveído el restante comunicado, en virtud que a la autoridad que lo signa no le fue requerido informe en cumplimiento a la medida cautelar mencionada.
- Principal
Ciudad de México, a siete de febrero de dos mil dieciocho. Vista la demanda de cuenta promovida por María del Carmen Guerrero de la Rosa, contra un acto de la directora del Centro Femenil de Santa Martha Acatitla, y otra autoridad, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno bajo el orden 76/2018. Dado que de la lectura integral de la demanda se advierte que se reclama la orden de reclasificación, fuera de procedimiento, en el caso se considera pertinente citar el contenido del precepto 126, párrafo primero, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 126. La suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales.". Por tanto, con apoyo en el numeral en cita, SE DECRETA LA SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO para el efecto de que se suspenda la ejecución de dicho acto, y la quejosa quede a disposición de este órgano jurisdiccional por cuanto a su libertad personal se refiere en el lugar en que se encuentra interna, y a disposición de la directora del Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla de esta ciudad, en cuanto a su integridad personal. La suspensión no surtirá efecto alguno si el acto reclamado obedece al cumplimiento de una sentencia ejecutoria o a una cuestión de competencia definida, pues en estos supuestos se causaría perjuicio al interés social y se contravendrían disposiciones de orden público conforme al precepto 128, fracción II, de la ley de la materia, ya que la sociedad tiene interés en que se cumplan las determinaciones jurisdiccionales que han causado ejecutoria y se encuentran firmes, porque ello da certeza a la sociedad y al sistema jurídico; de igual forma no surtirá efectos, tratándose de traslados de carácter provisional que tengan como finalidad la práctica de alguna diligencia de carácter ministerial o judicial, pues de concederse la suspensión en esos supuestos, se paralizaría el procedimiento correspondiente y se impediría dar cumplimiento a una determinación judicial o ministerial, y la sociedad está interesada que tanto las autoridades investigadoras como judiciales cumplan con sus funciones de investigación, persecución de delitos o impartición de justicia; sin que esto dé lugar a considerar que en el evento de llegarse a realizar algún traslado por alguno de los motivos precisados en este párrafo, como en el anterior, la autoridad que lo realice, pueda efectuar las conductas consistentes en la incomunicación, tortura o cualquier otra análoga a estas, ya que se encuentran prohibidas por el artículo 22 constitucional; tampoco surtirá efecto, si en su caso está sustentada por razones de seguridad en las prisiones; atendiendo en las características del hecho imputado, a las circunstancias personales de la inculpada y otras que impidan garantizar el desarrollo adecuado del proceso, si se trata de actos posteriores a su concesión o si el acto reclamado procede de autoridades distintas de las señaladas como responsables. Así, requiérase a la referida directora, por ser la autoridad que tiene bajo su resguardo a la quejosa, para que en el plazo de VEINTICUATRO HORAS, informe sobre el cumplimiento de la medida cautelar decretada; apercibida que de no cumplir con lo que aquí se ordena, se le impondrá una multa por el equivalente a cincuenta veces la Unidad de Medida y Actualización, prevista en el dispositivo 237, fracción I, en relación con el 259, ambos de la ley reglamentaria, sin perjuicio de proceder en su contra en términos del numeral 209 de la ley de la materia. En otro aspecto, con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción I, de la Constitución Federal; 1°, fracción I, 107, 108, 110, 112 y 115 de la Ley de Amparo. I. Se admite dicha demanda. II. Se señala el siete de marzo de dos mil dieciocho, a las diez horas con veinte minutos, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. III. Pídase a la(s) autoridad(es) responsable(s) rinda(n) informe justificado en el plazo de quince días, contado a partir de que quede(n) notificada(s) de este proveído, al que deberá(n) acompañar copia certificada legible, completa y ordenada de las constancias que apoyen dicho informe; apercibida(s) que de no hacerlo, de conformidad con el diverso 117 de dicha legislación, se presumirá cierto el acto reclamado, asimismo, se les sancionará con multa por el equivalente a cien veces la Unidad de Medida y Actualización, en términos de la fracción II del numeral 260 del ordenamiento invocado. En el entendido que este órgano de control constitucional, a fin de fijar la litis en el presente juicio y en su caso dar cumplimiento a lo dispuesto por el precepto 74, fracción I, de la ley de la materia, estima que de la lectura integral de la demanda el (los) acto(s) reclamado(s) es (son) el (los) siguiente(s): La orden de reclasificación, fuera de procedimiento. Asentado lo anterior, hágase del conocimiento de la parte quejosa que de no hacer alguna manifestación al respecto en el plazo de tres días, contado a partir de la notificación de este auto, se sustanciará el juicio acorde con la interpretación realizada por este juzgado. IV. Sin que se tramite incidente de suspensión, pues además de que no se solicitó, el acto reclamado fue materia de la suspensión de oficio y de plano decretada. Dese la intervención que corresponde a la representación social de la adscripción, en términos de la fracción IV, del numeral 5°, de la Ley de Amparo. Con fundamento en el dispositivo 64, párrafo primero, de la ley reglamentaria de referencia, requiérase a las partes que en caso de que tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, lo comuniquen de inmediato a este órgano de control constitucional, bajo apercibimiento que de no cumplir con esa obligación se les impondrá multa de treinta veces la Unidad de Medida y Actualización, acorde con el numeral 251 de la ley de la materia. De conformidad con el dispositivo 26, fracción I, inciso a), de la ley reglamentaria, notifíquense este proveído y los subsecuentes a la quejosa, en el interior del Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla de esta ciudad, en virtud que señaló dicho centro de reclusión como domicilio para oír y recibir notificaciones, aunado a que no autorizó a persona alguna para tal efecto, en el entendido que con apoyo en el numeral 21, párrafo tercero, de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de dichas notificaciones. En cumplimiento al artículo 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, vigente a partir del día siguiente de su publicación, y con el fin de respetar el derecho a la intimidad de las partes, al hacerse públicas las sentencias, de conformidad con el numeral 8° de la ley en cita, hágase de su conocimiento el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de oposición expresa conlleva a que en las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como en las constancias del expediente, se supriman los datos sensibles que puedan contener. Finalmente, se autoriza al secretario para que firme los oficios de este juicio.
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