María del Carmen Granados González

Expediente 1285/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato. 5 actuaciones registradas, la última del 17 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1285/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
17/02/2023

Partes del expediente

  • María del Carmen Granados González

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Visto lo de cuenta, agréguese el oficio suscrito por el secretario de acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito en el Estado de Guanajuato, mediante el cual remite testimonio de la resolución pronunciada en el recurso de queja civil 240/2022 de su índice administrativo. Acúsese recibo de estilo y comuníquese a las partes que la superioridad al resolver el medio de impugnación interpuesto, determinó lo siguiente: "ÚNICO. Se declara infundado el presente recurso de queja." En consecuencia, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y archívese como asunto concluido. este expediente es susceptible de destrucción, que deberá verificarse transcurrido un término de tres años, contado a partir de la emisión de este proveído.-

  2. Principal

    Secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, informa que admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por la quejosa, contra el auto de veintiocho de octubre del año en curso; el cual quedó registrado con el progresivo R. Q. C. 240/2022. En consecuencia, estese en espera de la resolución que determine la superioridad para proveer lo conducente.

  3. Principal

    Quejosa interpone recurso de queja. Remitase el original y copia del escrito de agravios al tribunal de alzada correspondiente. Se remite copia certificada de todo lo actuado.

  4. Principal

    ista la demanda de amparo que promueve María del Carmen Granados González, contra actos del Juez Tercero Civil de Partido, con sede en León, Guanajuato y otras autoridades; fórmese el cuaderno respectivo y regístrese con el número 1285/2022-V. Desechamiento. De conformidad con lo que dispone el artículo 112 de la Ley de Amparo, este juzgado tiene la obligación de examinar el escrito de demanda, y de encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo deberá desechar de plano, de conformidad con el artículo 113 del citado ordenamiento legal, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Tal norma impone la obligación al Juez de Distrito de examinar la demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano. Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable, aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Es aplicable en lo conducente la jurisprudencia I.13o.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". Acto reclamado. La quejosa reclama la resolución de tres de octubre de dos mil veintidós, dictada en el recurso de revocación interpuesto contra el auto que desechó el incidente de nulidad de actuaciones que interpuso contra su emplazamiento verificado dentro del juicio especial civil hipotecario C925/2013 del índice del Juzgado Tercero Civil de Partido, con sede en León, Guanajuato. Cabe destacar que la solicitante del amparo, previamente a la promoción de la presente instancia, demandó el amparo contra su falta de emplazamiento al juicio especial referido, el cual fue radicado en este índice bajo el expediente 1133/2021-II, y desechado en auto de tres de diciembre de dos mil veintiuno. Lo anterior en virtud de que antes de ejercer esta última acción constitucional, la misma quejosa promovió otro juicio de amparo, el cual se radicó también en este índice bajo el número 345/2016, en el que reclamó las mismas violaciones, y se le otorgó la protección constitucional para que se dejara sin efectos todo lo actuado en ese proceso civil, restituyéndola así en el goce de su garantía de audiencia. Por ende, en el juicio de amparo 1133/2021, este juzgado de distrito consideró que la quejosa no podía ejercer la acción constitucional y aducir, de nueva cuenta, su falta de emplazamiento y ostentarse como tercera extraña por equiparación; de ahí el desechamiento de esa instancia. Asimismo, de conformidad con los antecedentes expuestos por la quejosa en la demanda que motiva el presente juicio, se infiere que la resolución que reclama se emitió en el procedimiento de ejecución de sentencia del juicio especial hipotecario de origen, con base en las siguientes manifestaciones: ". Haciendo notar que debido a que por llamada telefónica un señor quien se ostentó como apoderado del Banco conocido como Banorte me informó que el juicio mencionado ya lo tenía ganado y que iban a rematar un terreno de 320 metros cuadrados, que estaba garantizando el adeudo." ". Según lo que me comentó el apoderado del Banco conocido como BANORTE, se ha emitido orden para escriturar bienes de mi exclusiva propiedad, con la consecuente toma de posesión del inmueble de mi propiedad que defiendo y que está relacionado con el juicio hipotecario." Análisis de causa de improcedencia. La acción de amparo intentada estima afectada por la causa de improcedencia que prevé el artículo 61, fracción XVI, de la Ley de Amparo [consumación irreparable del acto reclamado]. Para concluirlo así, se retoman, mutatis mutandis, los argumentos expuestos en la resolución de diecinueve de mayo de dos mil dieciséis, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, dentro del expediente relativo al recurso de queja 96/2016, que este juzgado comparte. El artículo 61, fracción XVI, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVI. Contra actos consumados de modo irreparable; [.]". Esta causa de improcedencia atiende a la naturaleza del fallo que otorga el amparo, cuyos efectos, de acuerdo con el artículo 77, fracción I, de la ley de la materia, consisten en restituir al quejoso en el goce de su derecho. Por tanto, si el acto reclamado se consuma irreparablemente, no será posible dotar de efectos a la sentencia constitucional. En un procedimiento judicial, la imposibilidad aludida obedece a que la sentencia ejecutoriada impide que el juez que la dictó verifique la corrección de actuaciones acaecidas en fases procesales anteriores, ya que éstas quedan clausuradas con motivo de la cosa juzgada. En ese tenor, el juez de amparo no podría otorgar la protección constitucional para que la autoridad responsable, en contravención a las pautas indicadas, deje insubsistente el emplazamiento de la quejosa al juicio hipotecario de origen, cuando ya se hubiere dictado sentencia ejecutoria, pues ello desconocería la institución de cosa juzgada, lo cual es jurídicamente imposible. Veamos. Mediante el ejercicio de la acción una persona solicita al juez que emita una sentencia que acoja su pretensión. El proceso judicial que deriva de ello se integra por una serie o cadena de actos coordinados que tienden a un fin: obtener una decisión que resuelva el litigio. Así, durante el proceso se emiten y realizan múltiples actuaciones y en ellas puede haber defectos o vicios de dos clases: Los relacionados con la inobservancia de los requisitos formales inherentes a los actos procesales (lugar, tiempo y modo para externarse, entre otros). Los relativos al contenido de las resoluciones judiciales; es decir, la cuestión de fondo. Generalmente surgen cuando el juez aprecia mal los hechos, invoca una ley inaplicable o aplica incorrectamente aquella que sí rige en el caso concreto. Estos vicios no influyen en la validez formal de la resolución judicial, sino en su justicia [aspecto material]. El Código de Comercio y el supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles prevén los medios de impugnación idóneos para combatir y privar de efectos jurídicos a las resoluciones que presentan uno u otro de los mencionados defectos. En relación con los primeros [inobservancia de formalidades], existe la nulidad de actuaciones; mientras que los errores de fondo o de contenido, motivan la impugnación y, con ella, la posibilidad de revocar, modificar o anular el acto procesal, a través de los recursos que prevén los códigos previamente señalados. Una vez que el proceso se ha desarrollado en todas sus etapas, el juez dicta una sentencia que resuelve el litigio. Así, luego de que el fallo queda firme, ya sea por su falta de impugnación o por haberse resuelto el recurso que la ley prevé, no puede controvertirse a través de recursos ordinarios. Lo anterior obedece a que la cualidad de cosa juzgada conlleva que la sentencia sea la verdad legal y que en su contra no quepa recurso ordinario ni prueba alguna. Por ello, un incidente de nulidad en contra de actuaciones ocurridas durante el proceso no tiene el alcance de dejar sin efectos la sentencia definitiva. Así lo ha sostenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las tesis 1211 () y P./J. 30/94 (), así como el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito (). En el caso, la quejosa reclama la interlocutoria que confirmó el desechamiento del incidente de nulidad que promovió contra su emplazamiento verificado en el juicio hipotecario de origen. En ese sentido, sólo podía acudir al amparo indirecto contra esa actuación hasta antes del dictado de la sentencia ejecutoriada, porque una vez que esta última se emitió precluyó su derecho para cuestionar las violaciones cometidas durante el procedimiento. Por ende, la sentencia ejecutoriada imposibilitó que el juez que la dictó corrija las actuaciones anteriores a ella a través de un medio de defensa ordinario -nulidad de actuaciones-. Por ello, la demanda que se promueve es inadmisible, pues no es dable otorgar el amparo para el fin que pretende la quejosa [anulación de la interlocutoria que desechó su incidente de nulidad de emplazamiento], ya que con ello se trastocaría la autoridad de la cosa juzgada propia de la sentencia ejecutoriada que clausuró las etapas procesales anteriores a su emisión. Cabe destacar que las razones expuestas no envuelven un pronunciamiento sobre el fondo del asunto, porque éste implica elucidar la corrección del modo en que el juez civil resolvió el incidente de nulidad de actuaciones; sin embargo, este aspecto no se aborda en la presente determinación, sino la imposibilidad jurídica de otorgar el amparo a la quejosa para efecto de que se declare fundado su incidente de nulidad de su emplazamiento al proceso de origen. Por las consideraciones anteriores, con fundamento en los artículos 61, fracción XVI y 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda promovida por María del Carmen Granados González. Domicilio y autorizados. Téngase como su domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Brisa del Valle, 987, Fraccionamiento Las Brisas, de esta ciudad. Asimismo, ténganse como sus autorizadas en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Mónica Alejandra Larios Alvarado, Ma. del Pilar García Navarro y Adilene Abigail Vázquez Gómez, en virtud de no tienen registrada su cédula profesional ante el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Se exhorta a la parte quejosa a que continúe el trámite del presente juicio en línea. De conformidad con los artículos 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno Del Consejo de la Judicatura Federal, Relativo al Esquema de Trabajo y Medidas de Contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el Fenómeno de Salud Pública Derivado del Virus Covid19, se exhorta a las partes que de ser posible continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", así como para que proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para que se establezca el contacto respectivo en los casos en que se considere necesario. Para lo cual requieren contar con firma electrónica vigente y podrán solicitar, por sí o por conducto de sus representantes legales, a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo.

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