Maria del Carmen Gonzalez Montejo
Expediente 677/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 27 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 677/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 27/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Maria del Carmen Gonzalez Montejo
Actuaciones
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra el auto que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio, sin que lo haya hecho. En consecuencia, con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2 de la invocada Ley, se declara que el expresado acuerdo en que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, háganse las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese el presente juicio como asunto concluido. Con apoyo en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción toda vez que en el mismo se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio. Asimismo, se hace notar que no se tramitó incidente de suspensión y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes. En términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. Finalmente, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación en la carátula del presente expediente de la fecha en que se ordena el archivo y que se trata de un asunto destruible.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio signado por la Jueza Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, mediante el cual rinde informe justificado, y remite las constancias respectivas, manifestando que en proveídos de veintidós y veintiocho de abril de dos mil veintiuno, dictados en el juicio extraordinario hipotecario 452/2006, dio contestación a la solicitud de la parte quejosa, mismos que le fueron notificados por medio del Diario Oficial del Gobierno del Estado en sus ediciones treinta y cuatro mil cuatrocientos sesenta y ocho y treinta y cuatro mil cuatrocientos sesenta y tres, de veintisiete de abril y tres de mayo del año en curso. Ahora bien, visto el estado procesal de autos y de la revisión de las constancias que obran en ellos, se advierte que el acto que reclamó la parte quejosa María del Carmen González Montejo, consistió en la omisión de la Jueza responsable de pronunciarse sobre el escrito de veintitrés de febrero de dos mil veintiuno, en el que solicitó cause ejecutoria el auto aprobatorio de remate de diecisiete del mes y año en comento, verificado en el juicio extraordinario hipotecario 452/2006, y le fuera entregado la cantidad que señala en el ocurso que le presentó a la autoridad, por concepto de remate en pública subasta del bien inmueble rematado en el citado juicio de origen. En virtud de lo anterior, en atención al acto reclamado y el contenido del informe justificado de cuenta, esta Juzgadora Federal advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, cuyo estudio es preferente, la cual establece literalmente, lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". Al respecto, es conveniente señalar que conforme a lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, se estima que para que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional como si se hubiera otorgado el amparo, es decir como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del quejoso o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Así, de las constancias que integran este juicio, las cuales tienen pleno valor probatorio al tenor de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, como ya se dijo, se advierte que la parte quejosa reclamó de la autoridad responsable la omisión de dar contestación a su escrito de veintitrés de febrero del año en curso, en el que solicitó causara ejecutoria el auto aprobatorio de remate y le fuera pagada un cantidad que pagó el rematador, con motivo del remate en pública subasta del bien inmueble rematado, en el juicio extraordinario hipotecario 452/2006. Ahora bien, en el caso del informe justificado, se advierte que la Jueza responsable el veintidós y veintiocho de abril de dos mil veintiuno, emitió dichos proveídos en los autos del juicio extraordinario hipotecario 452/2006, siendo que en el primero, declaró que el auto aprobatorio de remate había causado ejecutoria, se ordenó expedir billete de depósito por la cantidad pagada por el predio rematado a favor de la ocursante y en el segundo, se asentó el monto correcto del predio rematado; acuerdos que se notificó a las partes en las publicaciones del diario oficial correspondientes a las ediciones de treinta y cuatro mil cuatrocientos sesenta y ocho y treinta y cuatro mil cuatrocientos sesenta y tres, de veintisiete de abril y tres de mayo del año en curso. Precisado lo anterior, se afirma que en la especie se actualiza la causal de improcedencia del juicio de amparo prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues es evidente que la conducta omisiva de la responsable cesó en sus efectos, toda vez que los proveídos de veintidós y veintiocho de abril de dos mil veintiuno, y su notificación de veintisiete de abril y tres de mayo siguiente, se realizaron con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo (diecinueve de abril de dos mil veintiuno), por lo que procede sobreseer en el juicio por cesación de efectos. Robustece lo anterior, la jurisprudencia siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiese invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejo huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento, fuera de audiencia, en el presente juicio de amparo por lo que respecta al acto reclamado de la autoridad responsable, con apoyo en la fracción V del artículo 63 de la propia legislación; en consecuencia, se deja sin efecto la fecha y hora señalada para la audiencia constitucional, esto es, las DIEZ HORAS CON CINCO MINUTOS DEL DOS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO.
- Principal
Agréguese a estos autos el alegato ministerial signado por la agente del Ministerio Público Federal adscrita a este Juzgado, en el que, por los motivos que expone, solicita se sobresea en el presente juicio de amparo, respecto de las autoridades que negaron la existencia del acto reclamado, y que en caso de que los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa sean infundados, se niegue a esta última el amparo y protección de la justicia federal; lo anterior, para que sea relacionado y tomado en consideración al celebrarse la audiencia constitucional respectiva, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo. Asimismo, como lo solicita la Fiscal Federal adscrita, con fundamento en el artículo 3 de la citada Ley de Amparo, entréguesele, en el momento procesal oportuno, copia certificada de la sentencia que se pronuncie en este juicio.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por *****, contra actos que reclama de la JUEZ SEGUNDO MERCANTIL DEL PRIMER DEPARTAMENTO JUDICIAL DEL ESTADO, con residencia en esta ciudad; y con apoyo en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 37, 107, 108, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, SE ADMITE LA DEMANDA; en consecuencia, fórmese expediente, regístrese en el Libro de Gobierno de este Juzgado y dese la intervención legal que le compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, a quien se hará entrega de una copia simple de la demanda. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídase informe con justificación a la autoridad señalada como responsable, el que deberá rendir por escrito o en medios magnéticos, dentro de los quince días siguientes a la legal notificación de este acuerdo, en el cual, expondrá las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, debiendo acompañar copia certificada de la totalidad de las constancias relacionadas con el acto reclamado; apercibida que de no rendir su informe dentro del término fijado o lo haga sin remitir en su caso las constancias de mérito completas y legibles, se le impondrá una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la misma legislación, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Asimismo, con fundamento en los artículos 63 y 64 del ordenamiento legal citado, requiérase a la autoridad responsable para que en el supuesto de que hubiera alguna causa de sobreseimiento, la comunique de inmediato a esta Juzgadora, y de ser posible, acompañe las constancias que la acrediten; apercibida que de no cumplir con lo anterior, se le impondrá una multa de treinta a trescientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con artículo 251 de la citada Ley de la Materia. Se hace del conocimiento de la autoridad requerida que, dada la situación de contingencia presentada con motivo del fenómeno de salud pública derivado del coronavirus (COVID-19), que limita el acceso al público a las instalaciones de este órgano jurisdiccional, el informe requerido podrá rendirlo vía correo electrónico a la dirección oficial 3jdo14cto@correo.cjf.gob.mx, o bien, vía interconexión. Se señalan las DIEZ HORAS CON CINCO MINUTOS DE DOS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO, para la celebración de la audiencia constitucional, en el entendido que la misma se llevará a cabo sin la presencia de las partes, salvo en el caso que deba desahogarse alguna prueba con intervención de éstas; para lo cual, de estimarlo necesario, las partes deberán hacerlo del conocimiento de este Juzgado con la debida anticipación, para llevarla a cabo mediante el sistema de videoconferencia, ajustándose a lo previsto por el artículo 124 de la Ley de Amparo, y bajo los lineamientos que establece el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del Expediente Electrónico y el uso de Videoconferencias en todos los asuntos competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Determinación que no depara afectación a las partes, al estar en posibilidad de presentar sus alegatos de manera escrita. Por otro lado, la notificación del presente acuerdo se realizará, por única ocasión, por oficio a la autoridad, ya sea vía interconexión de contar con la herramienta relativa o bien, entregado directamente o mediante correo electrónico institucional con oficio generado electrónicamente de conformidad con el artículo 67 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, sin que posteriormente haya necesidad de emitir oficio a la autoridad responsables para notificarles el señalamiento de una nueva fecha y hora para el desahogo de la audiencia constitucional, porque tal determinación no tendrá la trascendencia de una notificación personal, a la que equivale a una comunicación por oficio. Por consiguiente, en caso de que se llegue a diferir la celebración de la referida audiencia, la fecha y horas acordadas nuevamente para ese efecto, la podrá consultar en la página de internet https://www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/expedientes/circuitos.asp?Cir=38&Exp=1, con el objeto de facilitar su conocimiento y la integración de este expediente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigentes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2ª./J 176/2012 (10a), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 1253, Materia Común, Décima Época, enero de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que cita: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." Respecto a la Agente del Ministerio Público adscrita, es un hecho notorio para esta juzgadora, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria la ley de Amparo, que en el expediente varios 1/2021 del índice de este juzgado, la licenciada Rossana Rosemary Rosas Ricalde, Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado Tercero de Distrito, proporcionó como correo electrónico para realizarle alguna notificación el siguiente rossana.rosas@pgr.gob.mx; en tal virtud, se ordena notificar a la representante social el presente acuerdo y los subsecuentes que sean necesarios durante la contingencia sanitaria, en el correo electrónico: rossana.rosas@pgr.gob.mx. Ahora bien, teniendo en cuenta que, constituye un hecho evidente que la pandemia subsiste como un peligro para la salud, de modo que el esquema de reactivación en los órganos jurisdiccionales, no se realiza en un contexto de "normalidad" y, por tanto, se privilegia el trabajo a distancia, haciendo necesaria la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional; con fundamento en los artículos 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020, se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, debiendo ajustar su trámite a lo establecido al respecto en el diverso acuerdo general 12/2020; esto es, para que continúen con la tramitación del presente asunto vía electrónica, para lo cual deberán proporcionar correctamente el nombre del usuario con el que se registren en el referido Portal y, solicitar expresamente la consulta del expediente electrónico, así como que se les notifiquen electrónicamente las determinaciones emitidas en este, conforme lo establecen los artículos 34 y 55 del referido acuerdo general 12/2020. Asimismo, se invita a la autoridad responsable a que, a la brevedad, proponga formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Ahora, con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admiten como pruebas de la parte quejosa, la prueba documental que adjuntó a su demanda de amparo, así como la presuncional en su doble aspecto legal y humana; para ser relacionadas al celebrarse la audiencia constitucional relativa. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el señalado para ello en su escrito de demanda. Asimismo, téngase como su autorizados en los términos amplios del 12 de la Ley de Amparo, a Héctor Humberto Herrera Gongóra y a Marcos Omar Manzanero Cabrera; y a Azeneth del Jesús Torres Cherriz, Reyna del Carmen Escalante Gamboa, Alba Erika Jiménez Triay y Yaneth Guadalupe Caamal Chable, con las limitaciones que establece la parte final del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, hasta en tanto acrediten el registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el Acuerdo 24/2005 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; y a Ariel Jesús Cetina Rivero, Andrés Felipe Hernández Arceo, Silvia Eugenia Cuxim Canul, Claudia Guadalupe Ojeda Solís, Florangely Noemí de la Cruz Arceo y Víctor de Jesús Cetina Peraza, en términos del artículo 24 de la Ley de la Materia, por así solicitarlo la parte quejosa. Por otro lado, de conformidad con la circular 12/2009, emitida por el Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes, para el uso de aparatos electrónicos como cámaras, escáneres o lectores, al momento de la consulta de los presentes autos, siempre y cuando sea con la supervisión del personal de este Juzgado, previo señalamiento de la actuación que pretenda reproducir. Ahora bien, aun cuando la Ley de Amparo no prevé la notificación a través de correo electrónico y telefónica, sin embargo, dadas las medidas que prevalecen en el país, con motivo de la declaración de estado de emergencia por la epidemia causada por el coronavirus (COVID-19), téngase como dirección de correo electrónico de la parte quejosa, el cual fue proporcionado por la parte quejosa al presentar la demanda; ello, a fin de evitar poner en riesgo al personal de este órgano jurisdiccional y de la propia promovente, previa razón actuarial que se levante al respecto, solicitando el acuse de recibo por la misma vía. Desde este momento y con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de la materia invocada, se habilitan días y horas inhábiles para que el Actuario Judicial de este Juzgado Federal realice las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conllevan al retraso de las actuaciones judiciales. Finalmente, no se ordena la apertura del incidente de suspensión por no haberse solicitado.
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