María del Carmen González Martínez
Expediente 361/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 4 actuaciones registradas, la última del 4 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 361/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 04/05/2023
Partes del expediente
- María del Carmen González Martínez
Actuaciones
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, cuatro de mayo de dos mil veintitrés. I. Causa estado. Vista la certificación que antecede, se advierte que las partes legitimadas no interpusieron recurso de revisión en contra del auto que decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio de amparo en que se actúa; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. II. Destino archivístico. Ahora, en razón de que dicha resolución no requiere de ejecución material, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el artículo 21 del propio acuerdo; además porque el presente asunto no tiene relevancia documental; destrucción que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de tres años a que se hace mención en dicho punto. Hágase la anotación en la carátula. III. Otras consideraciones. Finalmente, se hace la aclaración que las partes no allegaron al juicio principal algún documento que por sus características amerite ser devuelto. Notifíquese.
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, trece de abril de dos mil veintitrés. I. Se agrega oficio. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por la Tesorera Municipal de Cadereyta de Montes, Querétaro, mediante el cual informa las gestiones realizadas en vías de cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio; asimismo, solicita prórroga para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo; atento a ello, se provee: II. Se concede prórroga. Con fundamento en el artículo 193, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se otorga a la autoridad responsable prórroga de diez días hábiles, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación que de este proveído se le haga, para dar cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo. Bajo apercibimiento que, de no cumplir con lo instruido, se le hará efectivas las medidas de aprecio decretadas en autos. Notifíquese.
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, diez de abril de dos mil veintitrés. I. Informe justificado. Agréguese a los autos, el oficio J1/SO/052/2023, signado por el Presidente de la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Querétaro, mediante el cual rinde su informe justificado. En consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe justificado de mérito, con el que se da vista a las partes para los efectos legales a que haya lugar. a) Pruebas Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de amparo, se tienen como pruebas de la citada autoridad responsable las documentales que anexa a su informe de marras. II. Sobreseimiento fuera de audiencia. Ahora, vistas las constancias de mérito, como lo impone el precepto 62 de la Ley de Amparo, se advierte la improcedencia del juicio constitucional al haber cesado los efectos del acto reclamado que consiste en: "ACTO RECLAMADO. Lo constituye la omisión de la junta responsable de acordar lo conducente respecto del escrito presentado en 19 de octubre de 2022, en el que se tuvo a la suscrita objetando las pruebas ofertadas por la demandada, así como continuar con la secuela procesal del juicio laboral en mención." La disposición jurídica que prevé la causa de improcedencia de que se habla, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" Al respecto destaca que la cesación de efectos del acto reclamado se traduce en que lo que dictó, ejecutó o pretende ejecutar la autoridad responsable, deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa al cesar su actuación, es decir, ello implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto. La causal de improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de cristalizar el fin del juicio de amparo, que es restituir a la parte agraviada en el pleno goce de la garantía individual violada restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Luego, de la interpretación de los artículos 61, fracción XXI y 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio constitucional consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando las cosas han vuelto al estado que tenían hasta antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular o, habiéndola irrumpido, la cesación no deja huella alguna. Establecido lo anterior, en el caso que nos ocupa, de las constancias que remite la autoridad señalada como responsable, a las que se les confiere valor probatorio pleno en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al tratarse de actuaciones de un funcionario público en ejercicio de sus funciones; se advierte lo siguiente: Que el veintiocho de marzo de dos mil veintitrés, la Junta responsable acordó las promociones presentadas por la parte quejosa el diecinueve de octubre de dos mil veintidós y tuvo por presentadas sus objeciones; asimismo, señaló fecha y hora para el desahogo de las diversas probanzas ofertadas en el juicio laboral de origen y admitió la instrumental de actuaciones, así como la presuncional legal y humana. De lo anterior, se hace patente que a la fecha no existe reclamo vigente por estudiar al haber cesado la omisión reclamada. Efectivamente, en el caso ya no existe la omisión que la promovente del amparo alegó en su escrito de demanda, puesto que la autoridad responsable acordó y se pronunció respecto de las promociones que presentó el diecinueve de octubre de dos mil veintidós. Por ende, es claro que en la especie han cesado los efectos del acto reclamado, por haberse extinguido la omisión combatida, en razón de que la violación atribuida a la autoridad responsable dejó de afectar la esfera jurídica de la quejosa al haberse colmado su pretensión y existir pronunciamiento favorable a su solicitud. En consecuencia, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Sirve de puntual apoyo a lo anterior el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Tesis listada con el número 2a./J. 59/99, página 38, del Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, cuyo rubro y texto dicen: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Finalmente, conviene precisar que el análisis de la causa de improcedencia que se estima actualizada, no deja en estado de indefensión a la parte quejosa, al haberse omitido darle vista a efecto de que realizara las manifestaciones que a su derecho convinieran, y en su caso, aportara los elementos necesarios para desvirtuar el impedimento técnico que deriva en el sobreseimiento de juicio, tal y como lo establece el artículo 64 de la Ley de Amparo, pues dicha omisión no controvierte el derecho al acceso a la justicia con que cuenta, dado que el derecho que se tutela por el citado numeral, se encuentra privilegiado al quedar expedito su derecho para hacerlo valer en contra de esta determinación ante el Tribunal de Alzada al momento de promover, en su caso, recurso de revisión, razón por la cual, no queda inaudito; a más de que, al referirse a un "órgano inferior", se concluye válidamente que la obligación corresponde a los Tribunales Colegiados de Circuito y no a los Juzgados de Distrito, ya que estos últimos no tienen un órgano inferior, aunado a que la finalidad de tal disposición es que el quejoso esté en aptitud de alegar y probar en contra, y ello se cumple con la existencia del recurso de revisión, pues este Juzgado de Distrito no es órgano terminal a diferencia de los Tribunales Colegiados de Circuito, por lo que la finalidad de dicha disposición es que los quejosos no queden inauditos ante las resoluciones de estos últimos. Aplica al particular, la jurisprudencia 51/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 24, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro 2007920, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE LA MATERIA, SE DEBE DAR VISTA AL QUEJOSO CON LA POSIBLE ACTUALIZACIÓN DE ALGUNA CAUSA NOVEDOSA, TANTO EN EL SUPUESTO EN EL QUE SE ACTUALICEN SIMULTÁNEAMENTE LAS DOS HIPÓTESIS QUE PREVÉ, COMO EN AMPARO DIRECTO. De la interpretación del citado precepto legal que indica: "Cuando un órgano jurisdiccional de amparo advierta de oficio una causal de improcedencia no alegada por alguna de las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior, dará vista al quejoso para que en el plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga", se concluye que la vista a la que se refiere debe darse, en principio, cuando la causa de improcedencia que se advierte de oficio no haya sido alegada por una de las partes y, además, no se haya analizado por un órgano jurisdiccional que hubiere conocido de la primera instancia del juicio de amparo respectivo, ante la imposibilidad de impugnar lo que al efecto se determine por el órgano de alzada de amparo, por lo que deberán actuar en esos términos tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación como los Tribunales Colegiados de Circuito, según sea el caso, en razón de las facultades de revisión y de última instancia que les dota el artículo 107, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otro lado, en aras de velar por el derecho de audiencia y atendiendo al sistema proteccionista ampliado de la Ley de Amparo, la disposición respectiva también es aplicable para el caso de que en el trámite del juicio de amparo directo, como instancia terminal, se estime de oficio que se actualiza una causa de improcedencia, por lo que en tal caso, igualmente los referidos Tribunales Colegiados de Circuito deben dar vista a la quejosa para que manifieste lo que a su derecho convenga, con el propósito de darle oportunidad de expresar argumentos tendentes a favorecer su situación jurídica en relación con la posible causa de improcedencia." Consecuentemente, al haberse actualizado en la especie la causa de improcedencia en el presente juicio, se impone necesario sobreseer fuera de audiencia en el juicio de amparo con fundamento en los artículos 61, fracción XXI y 63 fracción V de la Ley de Amparo. Por tanto, se deja sin efectos la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y comuníquese lo anterior a la Analista Jurídico SISE. III. Captura de proveído. En ese sentido, de conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y las atribuciones de los Órganos Jurisdiccionales en materia de transparencia, así como con los procedimientos de acceso a la información pública y protección de datos personales, captúrese el día de su publicación la presente determinación, con la correspondiente sustitución de datos personales para la generación automática de la versión pública, a través del sistema establecido para tal efecto, y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y mediante oficio a la autoridad responsable.
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, veintidós de marzo de dos mil veintitrés. I. Estado de autos. Vista la certificación de cuenta, se advierte que feneció el término de tres días otorgado a las partes en auto de siete de marzo de dos mil veintitrés, a fin de que ampliaran el cuestionario propuesto por la parte quejosa en torno a la prueba testimonial ofertada en autos. II. Conformidad de las partes con el cuestionario propuesto por la quejosa. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado a las partes, por lo que se les tiene por conformes con el cuestionario propuesto por la parte quejosa; lo que se asienta para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
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