Maria del Carmen Gonzalez Hernandez
Expediente 5525/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 7 actuaciones registradas, la última del 16 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 5525/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 16/02/2023
Partes del expediente
- Maria del Carmen Gonzalez Hernandez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Ciudad de México, a dieciséis de febrero de dos mil veintitrés. Vista la primer certificación de cuenta, se advierte que mediante oficio SEADS/474/2022, de veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, se comunicó la determinación tomada en sesión ordinaria celebrada en esa misma fecha, por el Pleno del propio Consejo, en la que acordó la adscripción de Blanca Alicia Ochoa Hernández, como titular de este Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, con efectos a partir del uno de octubre de dos mil veintidós. En tal virtud, con el fin de atender lo dispuesto en los artículos 51, 52 y 60 de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento de las partes la circunstancia señalada, para que puedan alegar lo que a su derecho e interés convenga. Se atiende promoción Ténganse por recibido el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, al cual acompaña los autos originales del juicio de amparo en que se actúa, y testimonio de la resolución pronunciada en sesión celebrada el veintisiete de enero de dos mil veintitrés, en el cuaderno relativo al amparo en revisión 643/2017, de su índice. Acúsese recibo. Háganse las anotaciones en el libro electrónico que para registro lleva este juzgado de distrito y se toma conocimiento de la misma. En atención a las políticas de disciplina, utilización de recursos humanos y materiales que ha adoptado los poderes de la unión, hágase del conocimiento de las autoridades responsables que no se adjunta a los oficios respectivos copia de la referida resolución, toda vez que, se encuentra disponible para su consulta, a través de la herramienta electrónica portal de servicios en línea, en la liga https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda. De conformidad con el artículo 3º, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, agréguese las constancias antes relacionadas, asimismo, glósese el cuaderno de antecedentes formado con motivo del recurso en mención. En acatamiento a lo ordenado por el órgano revisor, en el sentido de revocar la sentencia recurrida y ordenar la reposición del procedimiento para efecto de que se deje insubsistente el fallo recurrido, se dicte la sentencia en la forma y términos establecidos en la ley. Se deja insubsistente la sentencia dictada en autos y se ordena turnar el presente asunto a proyecto de resolución. Notifíquese, y vía electrónica a la parte quejosa.
- Principal
Ciudad de México; a nueve de febrero de dos mil veintitrés. Causa estado ejecutoria cumplida. Vista la certificación de cuenta, se advierte que el proveído a través del cual se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo, no fue recurrido dentro del término de quince días a que se refiere el artículo 202, en relación con el 201, fracción I, de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente al primer ordenamiento, se declara que ha causado estado; por lo cual, háganse las anotaciones en el libro respectivo. Archivo del expediente. Tomando en consideración el estado procesal de autos, archívese el presente asunto como concluido. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 18, fracción I inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que el presente expediente es susceptible de DEPURACIÓN en un plazo de tres años, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente auto. Archívense por separado los cuadernos incidentales. De conformidad con el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo antes mencionado el cuaderno original del incidente de suspensión, en el que se concedió la suspensión definitiva, es DEPURABLE. Y conforme al ordinal 20, fracción II, inciso a) del mismo Acuerdo el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de DESTRUCCIÓN, una vez que transcurra el plazo de tres años. Atento a lo anterior, colóquese el sello de fecha de archivo y destino final en la carátula de cada uno de ellos. Finalmente, se aprecia que la parte quejosa no exhibió documentos originales; no obstante, los exhibidos por la parte quejosa, se dejan a su disposición hasta en tanto transcurra el plazo para la ejecución de la valoración de este asunto. Fundamento: Artículo 3, fracción XVIII1 del ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte y capítulo 4, punto 4.3.2 , del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México; a treinta de enero de dos mil veintitrés. Se atiende razón actuarial. Vista la razón de cuenta, signada por la Actuaria Judicial adscrita a este órgano federal, a través de la cual hace constar la imposibilidad que tuvo para notificar a la parte quejosa la sentencia de veinticuatro de enero de dos mil veintitrés, por los motivos que expone en la misma. En consecuencia, y en obvio de mayores dilaciones procesales, notifíquese a la quejosa, por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado de Distrito, el presente proveído, así como la sentencia de veinticuatro de enero de dos mil veintitrés y las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, hasta en tanto señale nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones en esta Ciudad. Fundamento: Artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. Notifíquese por lista a la parte quejosa el presente proveído así como la sentencia de veinticuatro de enero de dos mil veintitrés.
- Principal
Téngase por recibido el escrito de la parte quejosa por medio del cual, desahoga la vista otorgada en proveído de veintiséis de octubre del año en curso; asimismo realiza diversas manifestaciones por cuanto hace al oficio emitido por la autoridad responsable, mismo que, entre otras cosas, señaló que se encuentra imposibilitada para cumplir con la ejecutoria dictada en autos, en virtud de no haber encontrado a la parte promovente en el domicilio proporcionado en su expediente laboral. Por otra parte, la quejosa promueve incidente de cumplimiento sustituto de la sentencia, en virtud del oficio IFT/240/UADM/DG-GT/1372/2022 signado por la Directora General de Gestión de Talento, en el cual se solicita que la quejosa entregue $6,465.34 (SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 34/100 M.N.) En este sentido, resulta trascendente exponer los requisitos establecidos en la Ley de Amparo, conforme a su artículo 205, mismo que señala: (.) "El cumplimiento sustituto podrá ser solicitado por cualquiera de las partes o decretado de oficio por la Suprema corte de Justicia de la Nación, en los casos que: La ejecución de la sentencia afecte gravemente a la sociedad en mayor proporción a los beneficios que pudiera obtener el quejoso; o Por las circunstancias materiales del caso, sea imposible o desproporcionadamente gravoso restituir las cosas a la situación que guardaban con anterioridad al juicio." (.) Ahora bien, en atención a los supuestos normativos establecidos, es evidente que la parte quejosa no se encuentra en alguno de ellos, puesto que, la ejecución de la sentencia no afecta gravemente a la sociedad en mayor proporción a los beneficios que pudiera obtener el quejoso; ni tampoco por las circunstancias materiales del caso, sea imposible o desproporcionadamente gravoso restituir las cosas al estado que guardaba antes del juicio; al respecto, se desecha, en virtud de que es notoriamente improcedente. Por otra parte, visto el oficio del Delegado del Instituto Federal de Telecomunicaciones, por medio del cual en vías de cumplimiento a la ejecutoria de amparo y a lo ordenado en auto veintiséis de octubre de dos mil veintidós, señala que por lo que hace al Seguro de Separación Individualizado, toda vez que es una prestación que consiste en que el personal aporte un porcentaje de su salario bruto, y a su vez, el Instituto aportará un porcentaje igual al descontado al trabajador, por tanto, señala que a fin de dar cumplimiento al fallo protector, realizó el cálculo correspondiente y requirió al quejoso para que reintegre la cantidad de $6,465.34 (seis mil cuatrocientos sesenta y cinco pesos 34/100 M.N.), la cual comprende las diferencias pagadas por concepto de seguridad social por los cambios en los montos correspondientes al salario base de cotización, las diferencias por concepto de vales de despensa, así como la aportación correspondiente del trabajador del Seguro de Separación Individualizado. Ahora bien, toda vez que los efectos de la concesión del amparo fueron los siguientes: "Se desincorporen de la esfera jurídica del quejoso las disposiciones reclamadas y concretamente, no se le apliquen el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal de 2019, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de diciembre de dos mil dieciocho y, en consecuencia, se respete la remuneración que percibía con motivo del ejercicio de sus funciones, tal como se venía haciendo, para lo cual deben de regir los mismos parámetros salariales que se establecieron para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho. Además, las autoridades responsables deberán restituir las remuneraciones motivo de la deducción efectuada al impetrante, quedando a cargo del Instituto Federal de Telecomunicaciones, por conducto de la unidad administrativa correspondiente, determinar las cantidades respectivas. Los dos puntos anteriores, tomando en consideración que la parte quejosa renunció al cargo que venía desempeñando el veintiocho de febrero de dos mil diecinueve." Entonces, el efecto del fallo protector fue, además de que se desincorporen de la esfera jurídica del quejoso las disposiciones reclamadas, para que se le restituyan las remuneraciones que fueron afectadas, respetando las que percibía con motivo del ejercicio de sus funciones rigiendo los mismos parámetros salariales que se establecieron para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho. Ahora bien, conforme a los artículos 12, 13, inciso A), y 22, fracción IV, del Manual de Remuneraciones para los Servidores Públicos del Instituto Federal de Telecomunicaciones para el ejercicio fiscal 2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinte de diciembre de dos mil diecisiete, el Seguro de Separación Individualizado, corresponde a las prestaciones ordinarias por aprobación del Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones, que integran las remuneraciones que recibe el personal de dicho instituto. Por tanto, efectivamente, la remuneración que recibía el peticionario de amparo por concepto de la cantidad que aportaba el Instituto Federal de Telecomunicaciones, al Seguro de Separación Individualizado, es parte de las prestaciones que deben restituírsele al quejoso en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, pero con la salvedad de que deberá cumplir con los requisitos establecidos al consentir las políticas señaladas para las aportaciones correspondientes al Seguro. Por lo que, en términos de la fracción IV del artículo 22 del citado Manual, señala que, para que el Instituto Federal de Telecomunicaciones, aporte la parte que le corresponde a la cuenta del trabajador por dicha prestación, es necesario que primeramente sea el funcionario quien aporte un monto equivalente al 2, 4, 5 o 10 por ciento de la percepción ordinaria bruta mensual, que haya elegido. Entonces, si con motivo de la aplicación de las normas impugnadas, se le dejó de descontar al quejoso el porcentaje que eligió para ser aplicado al Seguro de Separación Individualizado; por lo que la autoridad oficiante señala que a fin de restituir la cantidad que el instituto debió haber aportado a dicho seguro, primeramente, Manuel Alejandro Hernández Mexía debe reintegrar la cantidad de $6,465.34 (seis mil cuatrocientos sesenta y cinco pesos 34/100 M.N.), que corresponde a su aportación conforme a las normas de dicha prestación. Entonces, tomando en consideración que dicha prestación consistente en el Seguro de Separación Individualizado, es opcional, pues no se le otorga a todos los trabajadores del Instituto Federal de Telecomunicaciones, sino sólo a aquéllos que consideren su contratación a fin de realizar un ahorro personal; en consecuencia, requiérasele al peticionario de amparo, para que dentro del término de TRES DÍAS, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, exhiba ante el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la cantidad señalada por concepto de Seguro de Separación Individualizado, que venía aportando antes de la aplicación de las normas reclamadas, con el propósito de que la autoridad responsable reintegre la prestación de mérito; asimismo deberá remitir las constancias que lo acrediten fehacientemente. Lo anterior, en el entendido de que, de no hacerlo, se requerirá al Instituto Federal de Telecomunicaciones para que cumpla con la ejecutoria dictada en autos de las demás remuneraciones que pudieron verse afectadas con motivo de la aplicación de las normas reclamadas. Y por lo que atiende al Seguro de Separación Individualizado, al no contar con la aportación señalada por la parte quejosa, en su oportunidad, este juzgado se pronunciará conforme a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, es decir, se declarará de manera fundada y motivada la imposibilidad jurídica de dar el debido cumplimiento. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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