María del Carmen González Arcadia
Expediente 650/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 32 actuaciones registradas, la última del 10 de abril de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 650/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 32
- Última actuación
- 10/04/2019
Partes del expediente
- María del Carmen González Arcadia
Actuaciones
Las 4 más recientes de 32.
- Principal
** TEPIC, NAYARIT, DIEZ DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto lo de cuenta, se tiene por recibido el escrito presentado a nombre de la quejosa María del Carmen González Arcadia, mediante el cual solicita copia certificada de la resolución definitiva en primera instancia; en consecuencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se autoriza la expedición de la copia que solicita la promovente, a su costa, previa constancia que de su entrega deje en autos la solicitante o sus autorizados para tal efecto. No pasa inadvertido que el líbelo de cuenta, no contiene la firma autógrafa de la solicitante de amparo; sin embargo, del sello de recepción de la Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional, no se aprecia que se haya asentado esa circunstancia; por ende, se presume que el documento fue presentado en original y con la referida signatura. Cobra aplicación, la Jurisprudencia 2a./J. 32/2011 (10a.), pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página tres mil seiscientos treinta y dos, libro IV, enero de dos mil doce, tomo 4, materia común, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que refiere: "**
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTICINCO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tiene por recibido el escrito de cuenta signado por *, en su carácter de parte quejosa, mediante el cual solicita la devolución de todos los recibos de nómina que fueron ofrecidos como pruebas documentales dentro del presente juicio (foja 107) y señala autorizados para recibirlos indistintamente a Jorge Santiago Bustamante Peña y David Alejandro Hernández Rodríguez; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su arábigo 2º, se ordena devolver los aludidos recibos a la promovente o a sus autorizados para tal efecto, previa copia certificada que se deje en autos.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTOCHO DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado de autos, se desprende que mediante acuerdo de cinco de junio de este año (foja 315), se tuvieron por recibidos los libelos firmados por el Director General y Presidente Suplente del Comité de Vigilancia, ambos del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, a través de los cuales en cumplimiento al fallo protector manifestaron que se había efectuado el deposito a la cuenta bancaria de la aquí quejosa María del Carmen González Arcadia, de la cantidad generada con motivo de las deducciones que se le aplicaron en el importe de su pensión por concepto 53 (fondo de pensiones), y para acreditarlo remitieron copia del comprobante de la operación aludida (fojas 311 a 314). En relación con lo anterior, se ordenó dar vista a la quejosa, con copia de los oficios y documentales de referencia, así como con las diversas que obran a fojas doscientos noventa y ocho a trescientos uno, a fin de que dentro del plazo de tres días siguientes al en que surtiera efectos la notificación correspondiente manifestara lo que a su interés legal conviniera, apercibida que de no hacerlo en dicho plazo, este Órgano Jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos, sin que haya vertido argumento al respecto como se precisó en la certificación de cuenta. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este juzgado procede a resolver si de acuerdo con las constancias que integran este juicio, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, diciembre de dos mil nueve, página trescientos uno, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Bajo ese contexto, por sentencia dictada el diez de julio de dos mil diecisiete (fojas 124 a 147), se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a María del Carmen González Arcadia, por lo que se determinó que las autoridades responsables tendrían que realizar lo siguiente: "1. Desincorporar de la esfera jurídica de la parte accionante de garantías lo previsto en los preceptos 11, fracción II, 13 y 46 de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Nayarit, el treinta de julio de mil novecientos noventa y siete; esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro tales artículos, hasta que no se modifique la normativa de mérito, hecho que implica que no se deberá restar o retener monto alguno que deba destinarse al fondo de pensiones; y 2. Para que el Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit; Comité de Vigilancia del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit; Secretario de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit; y Director de Administración y Desarrollo de Personal de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, le devuelvan a la peticionaria de amparo las cantidades que le fueron descontadas desde la fecha en que se le otorgó su dictamen de pensión, por el "concepto 53", con base en los preceptos legales declarados inconstitucionales e inconvencionales. Lo que deberá efectuar a través de los sistemas existentes o de manera personal; en el entendido de que de realizarse de la última forma, es necesario que se elabore un acta de entrega y copia de identificación que se deje para constancia, documentales que deberán ser remitidas en su oportunidad a este órgano judicial debidamente certificadas, para acreditar el cumplimiento al fallo protector.." Resolución que por ejecutoria terminada de engrosar el veintisiete de marzo de dos mil dieciocho, por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con sede en Culiacán, Sinaloa, se modificó, sobreseyendo por una parte y por otra, declarando firme la concesión del amparo, salvo por los efectos del fallo protector (fojas 269 a 284). De lo transcrito se colige, que los actos que debían realizar las autoridades responsables, en el ámbito de sus respectivas atribuciones para cumplir con dicha sentencia, son los siguientes: A).- Desincorporar de la esfera jurídica de la quejosa los preceptos 11, fracción II, 13 segundo párrafo y 46 de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Nayarit, el treinta de julio de mil novecientos noventa y siete; esto es, para que no le fueran aplicados en el presente y ni en el futuro; hecho que implicaba que no se debía restar o retener monto alguno que debiera destinarse al fondo de pensiones; y B).- Devolver a la peticionaria de amparo las cantidades que le fueron descontadas por el "concepto 53" (fondo de pensiones), en el recibo de nómina de quince de marzo de dos mil diecisiete y los posteriores que se hubieran efectuado a la luz de los preceptos declarados inconstitucionales. Ante ello, las responsables del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado, con residencia en esta ciudad, mediante oficios recibidos en este juzgado el tres de mayo de este año, exhibieron el acuse de recibo del comunicado dirigido a la aquí quejosa María del Carmen González Arcadia, en el cual se le hace saber que se ha desincorporado de su esfera jurídica los artículos 11, fracción II, 13, segundo párrafo y 46 de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado (fojas 298 a 301), mismo que le fue notificado por conducto de su autorizado. Posteriormente, en proveído de cinco de junio del año en cita (foja 315), se tuvo a las citadas autoridades informando que se había depositado a la cuenta bancaria de la solicitante de amparo, la cantidad generada con motivo de las deducciones que se le aplicaron en el importe de su pensión por concepto 53 (fondo de pensiones), y para acreditarlo remitieron copia del comprobante de operación de transferencias interbancarias (fojas 311 a 314). De ahí, que resulte evidente que se ha restituido a la aludida promovente del amparo en el goce de sus derechos violados, en términos del numeral 196 de la Ley de la materia; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es, declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto 196, en relación con el diverso 214, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo; sin que haya lugar a emitir pronunciamiento respecto del incidente de suspensión en virtud de que no se tramitó. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el aludido acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de depuración. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio se sobreseyó y se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Finalmente, toda vez que obra por separado un sobre que dice contener recibos de nómina exhibidos por la parte quejosa (foja 108); consecuentemente, con sustento en el punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, requiérase a la parte procesal aludida para que dentro del plazo de noventa días siguientes al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, acuda a este Órgano Jurisdiccional a recoger las referidas documentales; apercibida que de no hacerlo, dichas probanzas serán glosadas a este expediente.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTOCHO DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado de autos, se desprende que mediante acuerdo de cinco de junio de este año (foja 315), se tuvieron por recibidos los libelos firmados por el Director General y Presidente Suplente del Comité de Vigilancia, ambos del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, a través de los cuales en cumplimiento al fallo protector manifestaron que se había efectuado el deposito a la cuenta bancaria de la aquí quejosa María del Carmen González Arcadia, de la cantidad generada con motivo de las deducciones que se le aplicaron en el importe de su pensión por concepto 53 (fondo de pensiones), y para acreditarlo remitieron copia del comprobante de la operación aludida (fojas 311 a 314). En relación con lo anterior, se ordenó dar vista a la quejosa, con copia de los oficios y documentales de referencia, así como con las diversas que obran a fojas doscientos noventa y ocho a trescientos uno, a fin de que dentro del plazo de tres días siguientes al en que surtiera efectos la notificación correspondiente manifestara lo que a su interés legal conviniera, apercibida que de no hacerlo en dicho plazo, este Órgano Jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos, sin que haya vertido argumento al respecto como se precisó en la certificación de cuenta. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este juzgado procede a resolver si de acuerdo con las constancias que integran este juicio, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, diciembre de dos mil nueve, página trescientos uno, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Bajo ese contexto, por sentencia dictada el diez de julio de dos mil diecisiete (fojas 124 a 147), se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a María del Carmen González Arcadia, por lo que se determinó que las autoridades responsables tendrían que realizar lo siguiente: "1. Desincorporar de la esfera jurídica de la parte accionante de garantías lo previsto en los preceptos 11, fracción II, 13 y 46 de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Nayarit, el treinta de julio de mil novecientos noventa y siete; esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro tales artículos, hasta que no se modifique la normativa de mérito, hecho que implica que no se deberá restar o retener monto alguno que deba destinarse al fondo de pensiones; y 2. Para que el Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit; Comité de Vigilancia del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit; Secretario de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit; y Director de Administración y Desarrollo de Personal de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, le devuelvan a la peticionaria de amparo las cantidades que le fueron descontadas desde la fecha en que se le otorgó su dictamen de pensión, por el "concepto 53", con base en los preceptos legales declarados inconstitucionales e inconvencionales. Lo que deberá efectuar a través de los sistemas existentes o de manera personal; en el entendido de que de realizarse de la última forma, es necesario que se elabore un acta de entrega y copia de identificación que se deje para constancia, documentales que deberán ser remitidas en su oportunidad a este órgano judicial debidamente certificadas, para acreditar el cumplimiento al fallo protector.." Resolución que por ejecutoria terminada de engrosar el veintisiete de marzo de dos mil dieciocho, por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con sede en Culiacán, Sinaloa, se modificó, sobreseyendo por una parte y por otra, declarando firme la concesión del amparo, salvo por los efectos del fallo protector (fojas 269 a 284). De lo transcrito se colige, que los actos que debían realizar las autoridades responsables, en el ámbito de sus respectivas atribuciones para cumplir con dicha sentencia, son los siguientes: A).- Desincorporar de la esfera jurídica de la quejosa los preceptos 11, fracción II, 13 segundo párrafo y 46 de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Nayarit, el treinta de julio de mil novecientos noventa y siete; esto es, para que no le fueran aplicados en el presente y ni en el futuro; hecho que implicaba que no se debía restar o retener monto alguno que debiera destinarse al fondo de pensiones; y B).- Devolver a la peticionaria de amparo las cantidades que le fueron descontadas por el "concepto 53" (fondo de pensiones), en el recibo de nómina de quince de marzo de dos mil diecisiete y los posteriores que se hubieran efectuado a la luz de los preceptos declarados inconstitucionales. Ante ello, las responsables del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado, con residencia en esta ciudad, mediante oficios recibidos en este juzgado el tres de mayo de este año, exhibieron el acuse de recibo del comunicado dirigido a la aquí quejosa María del Carmen González Arcadia, en el cual se le hace saber que se ha desincorporado de su esfera jurídica los artículos 11, fracción II, 13, segundo párrafo y 46 de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado (fojas 298 a 301), mismo que le fue notificado por conducto de su autorizado. Posteriormente, en proveído de cinco de junio del año en cita (foja 315), se tuvo a las citadas autoridades informando que se había depositado a la cuenta bancaria de la solicitante de amparo, la cantidad generada con motivo de las deducciones que se le aplicaron en el importe de su pensión por concepto 53 (fondo de pensiones), y para acreditarlo remitieron copia del comprobante de operación de transferencias interbancarias (fojas 311 a 314). De ahí, que resulte evidente que se ha restituido a la aludida promovente del amparo en el goce de sus derechos violados, en términos del numeral 196 de la Ley de la materia; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es, declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto 196, en relación con el diverso 214, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo; sin que haya lugar a emitir pronunciamiento respecto del incidente de suspensión en virtud de que no se tramitó. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el aludido acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de depuración. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio se sobreseyó y se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Finalmente, toda vez que obra por separado un sobre que dice contener recibos de nómina exhibidos por la parte quejosa (foja 108); consecuentemente, con sustento en el punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, requiérase a la parte procesal aludida para que dentro del plazo de noventa días siguientes al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, acuda a este Órgano Jurisdiccional a recoger las referidas documentales; apercibida que de no hacerlo, dichas probanzas serán glosadas a este expediente.
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