Maria del Carmen Gonzalez

Expediente 1055/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 5 actuaciones registradas, la última del 21 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1055/2019
Año
2019
Actuaciones
5
Última actuación
21/11/2019

Partes del expediente

  • Maria del Carmen Gonzalez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Remite testimonio autorizado de la ejecutoria pronunciada. "ÚNICO. Es INFUNDADO el recurso de queja. En razón de que dicha resolución no requiere de ejecución material archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción.

  2. Principal

    Acusa recibo del diverso por el que se remitieron diversas constancias relativas al juicio de amparo en que se actúa, e informa que se admitió a trámite el medio de impugnación interpuesto.

  3. Principal

    Téngase por recibida la pieza postal que contiene el oficio 23276/2019, dirigido a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, por medio del que se le pretendía notificar el auto de ocho de julio de dos mil diecinueve -en el que se suspende el procedimiento con motivo del recurso de queja interpuesto en autos-, la cual fue devuelta por el Servicio Postal Mexicano, por las razones que en ella se expresan. En consecuencia, mediante oficio que derive del presente proveído al que deberá insertarse el referido auto, notifíquese a la citada autoridad responsable el acuerdo de ocho de julio del presente año, únicamente para su conocimiento. Notifíquese.

  4. Principal

    ESCRITO ACLARATORIO. Téngase por recibido el escrito de cuenta, mediante el cual, el promovente cumple el requerimiento formulado en autos; por tanto se provee: DESECHAMIENTO. Es menester establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto debe desecharse de plano la demanda. El dispositivo en comento, establece que el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda. Lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Así, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda. Lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Luego, de la lectura minuciosa hecha en los ocursos de cuenta, se advierte que ***********, en su carácter de Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al Juzgado Primero de Procesos Penales Federales en el Estado de Querétaro, promueve juicio de amparo, ostentándose como representante de la ofendida -víctima indirecta del delito de homicidio- **********, de manera esencial reclama como acto: ? La resolución de veinticinco de julio de dos mil diecinueve, que transgrede la Ley General de Víctimas y Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, ante la negativa de reconocer la calidad de víctima indirecta a la madre de la occisa ***********, dentro de la causa penal 1/2019 y negarle la asignación de un asesor jurídico. Así, de los preceptos legales señalados con antelación, se desprende que el juicio constitucional sólo podrá promoverse por la parte a quien perjudique el acto o ley que se reclame; es decir, la circunstancia de que se cause un perjuicio al incoante del amparo es un elemento esencial que rige la procedencia del juicio de amparo, cuyo objeto es proteger a la parte quejosa en el goce de sus derechos humanos reconocidos y las prerrogativas otorgadas para su protección, volviendo las cosas al estado que tenían antes de que se cometiera la violación, por lo que el perjuicio aducido por la promovente, debe ser real y efectivo; esto es, que afecte de manera directa la esfera jurídica del gobernado. Lo anterior es así, ya que el juicio de amparo constituye un medio de control constitucional cuyo objeto es salvaguardar los derechos humanos que puedan verse vulnerados por normas generales o actos de autoridad; de ahí, que el juicio que se intenta, únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique la norma general o cualquier acto de autoridad que se reclame. Aspectos que se traducen en dos principios rectores del juicio de amparo, estos son;  Instancia de parte agraviada; y  Agravio personal y directo. En ese sentido, es importante señalar que son partes en el juicio constitucional, entre otros, el agraviado, es decir, quien estima que los derechos fundamentales que en su favor le otorga la Constitución Federal fueron violentados por la norma general o por el acto de autoridad reclamados. Además, que el agravio debe ser personal y directo, principio que encuentra fundamento en el artículo 107 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con el diverso 5 de la Ley de Amparo, en donde el quejoso no sólo es la persona física o moral o de derecho privado, social y excepcionalmente de derecho público [en defensa de sus intereses estrictamente patrimoniales] que se ve afectada en su esfera jurídica, en sus derechos humanos, con motivo de la norma general, acto u omisión de la autoridad, sino que lo es aquella que aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, pero con la condicionante relativa a que la norma, acto u omisión reclamados violen sus derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución y por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, y que con ese acto se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica. Ahora, si bien con las reformas constitucionales de seis de junio de dos mil once, se dio paso a un marco protector más amplio, en el sentido de que el quejoso pudiera tener interés jurídico o legítimo y que además se vea agraviado; no obstante, en los actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, se continúa exigiendo que el quejoso acredite ser titular de un interés jurídico [el derecho legítimamente tutelado por la norma del que es titular] que se afecte de manera personal y directa, según lo establece la fracción I, párrafo cuarto del artículo 5 de la Ley de Amparo. Así, del texto transcrito se advierte que la víctima tiene derecho a intervenir en el proceso penal, y en caso de que no se apersone será representada por un Asesor Jurídico o en su caso por el Ministerio Público, de lo que se colige que será únicamente en su caso en la causa penal. No obstante ello, dentro de las facultades del representante social, no se encuentra la de accionar el juicio de amparo, de ahí que carezca de legitimación para intentar la vía constitucional como institución, así como representante de la parte que resultó ofendida, porque su intervención con esa calidad, se reduce a las actuaciones dentro del proceso penal En otras palabras, en el caso que nos ocupa ************, en su carácter de agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al Juzgado Primero de Procesos Penales Federales en el Estado de Querétaro, carece de legitimación para promover el juicio de amparo contra la resolución impugnada, en representación de la ofendida -víctima indirecta del delito de homicidio- *********, pues como se dijo aquella institución no ésta legitimada para solicitar el amparo como tal, ni en representación de la parte ofendida, sólo estaría facultada para incoar la acción constitucional cuando se estén afectando sus derechos (patrimoniales), lo que se advierte no aconteció en la especie. Ahora bien, al ser la legitimación un presupuesto procesal para la procedencia del juicio de amparo, su estudio es preferente, pues es indispensable determinar si la acción es ejercida por quien legalmente tiene aptitud para hacerlo, de ahí que, si en el juicio de amparo impugna la resolución de veinticinco de julio de dos mil diecinueve, emitida por el Juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Querétaro, en la causa penal 1/2019, en el que negó reconocer la calidad de víctima indirecta a la madre de la occisa ***********, así como asignarle un asesor jurídico, es inconcuso que no se encuentra legitimada para acudir a la instancia constitucional. Por otra parte, respecto a la solicitud de que se acepte la demanda al menos preventivamente a efecto de que ***********, decida si ratifica o no la demanda de amparo en su nombre, ya que refiere que es un adulto mayor que merece especial protección por los órganos del Estado; dígase que no ha lugar a que ratifique la demanda presentada en su nombre, toda vez que dicho supuesto no se encuentra contemplado por la Ley, pues en el caso no se actualiza alguna de las hipótesis de excepción previstas en el artículo 15 de la Ley de Amparo , en los cuales cualquier persona puede presentar a nombre de la directa quejosa la demanda de amparo, pues en la especie no se reclaman actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni que la directamente agraviada se encuentre imposibilitada para promover amparo. Aunado a lo anterior, contrario a lo pretendido por el promovente, quien resuelve considera que la calidad de adulto mayor no es suficiente por sí misma para establecer que se encuentra en un estado vulnerable que le impida el acceso al sistema de justicia, a partir de las siguientes precisiones: Sobre los adultos mayores, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en revisión 4398/2013, estableció que éstos se encuentran en una situación de vulnerabilidad respecto al resto de la población. Destacó que el artículo 1° de la Constitución General señala que todas las personas gozan de los derechos que la misma establece independientemente de la edad que tengan, y consideró que "si en un procedimiento judicial alguna de las partes tiene la categoría de adulto mayor, es decir si tiene más de 60 años, el Juzgador debe analizar las disposiciones legales aplicables al caso en seguimiento de los principios establecidos en los ordenamientos mencionados, proporcionando el mayor beneficio que pudiera corresponder al adulto en edad avanzada." Así, lo considerado por el Máximo Tribunal del país debe entenderse en el sentido de que los adultos mayores constituyen un grupo vulnerable que merece una especial protección por parte de los Órganos Jurisdiccionales, pero esa condición no es una cualidad que por sí misma lleve al Órgano Jurisdiccional a suplir la deficiencia de la quejosa o bien a darle un trato diferenciado respecto de la otra parte, en el juicio de origen, donde rigen los principios de igualdad y el equilibrio procesal entre las partes, pues para ello es necesario que el adulto mayor se encuentre en una situación de desventaja por su condición económica, social o de otra índole. Por tanto, aun cuando la quejosa directa sea adulto mayor, si de autos no se advierte que manifestara que por ese hecho se encontrara en alguna situación de vulnerabilidad, debido a su condición social o económica, o bien tener alguna incapacidad física o de otra índole que afectara su defensa, y tampoco hay en el expediente datos que permitan concluir que se encontrara en una situación social y económica de extrema pobreza o marginación; no existen bases para que la autoridad responsable, o este órgano de control constitucional le dé un tratamiento diferenciado. En efecto, el hecho de que la impetrante sea adulto mayor como lo asevera bajo protesta de decir verdad el promovente, no implica que necesariamente pertenezca a un grupo vulnerable que obligue al Juzgador a suplir la deficiencia de la queja. Ello en razón que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que el envejecimiento por sí sólo no necesariamente conduce a un estado de vulnerabilidad, y cuando ello acontece, es necesario advertir que la vulnerabilidad puede obedecer a diversos aspectos, como son la disminución de la capacidad motora e intelectual, que a su vez puede conducir a una discriminación social, familiar, laboral y económica. En ese orden de ideas, el sólo hecho de manifestar que se es un adulto mayor, es insuficiente para considerar que en automático se encuentre en un estado de vulnerabilidad; pues aunque es innegable el hecho de que en su gran mayoría, los adultos mayores enfrentan problemas económicos, de trabajo, seguridad social y maltrato, y que ello los coloca en desventaja respecto del resto de la población, lo cual ha llevado a considerar que los adultos mayores son vulnerables porque en un alto porcentaje son sujetos de desempleo o de condiciones de trabajo precarias y sufren, muy frecuentemente, carencias económicas y de seguridad social, lo que los convierte en personas dependientes y víctimas de un comportamiento adverso social hacia ellos, y que debido a esa vulnerabilidad merecen una especial protección, lo cual incluso se ve robustecido por el hecho de que los instrumentos internacionales y los regímenes jurídicos modernos han venido marcando una línea de protección especial a los adultos mayores, con el objeto de procurarles mejores condiciones en el entramado social, lo que pretende lograrse garantizándoles el derecho a: i) un estándar de vida adecuado, incluyendo alimentación, vivienda y vestimenta; ii) seguro social, asistencia y protección; iii) no discriminación en tratándose de empleo, acceso a vivienda, cuidado de la salud y servicios sociales; iv) servicios de salud; v) ser tratado con dignidad; vi) protección ante el rechazo o el abuso mental; vii) participar en los espacios sociales, económicos, políticos y culturales; y viii) participar enteramente en la toma de decisiones concernientes a su bienestar. Sin embargo, se debe dejar en claro que la protección especial que se busca, debe ser a partir de un modelo social, en el que se tome conciencia de que la vulnerabilidad en que pueden encontrarse los adultos mayores, en su gran mayoría, obedece a las propias barreras que la organización social genera al no atender de manera adecuada la situación en que se encuentran; pero, ello no conduce a considerar que por el simple hecho de ser un adulto mayor se encuentre en un estado de vulnerabilidad y que por ello se le de un trato preferenciado que le permita inobservar los requisitos de procedibilidad que para accionar el juicio de amparo se encuentra previstos en la ley de la materia; pues no todos los adultos mayores son vulnerables y la vulnerabilidad a que pueden enfrentarse, en especial desde el ámbito social, puede ser muy variada; de ahí que no basta con alegar que se es un adulto mayor para los fines que se pretenden en este asunto. Incluso, con lo aquí resuelto no se viola el derecho de acceso a la justicia, porque el artículo 17 Constitucional, que reconoce el derecho de las personas a que se les administre justicia, el acceso a ésta y a contar con un recurso sencillo y rápido o efectivo, de ninguna manera puede ser interpretados en el sentido de que las causales de improcedencia del juicio de amparo sean inaplicables; por el contrario, como el derecho de acceso a la justicia está condicionado o limitado a los plazos y términos que fijen las leyes, es claro que en ellas también pueden establecerse las condiciones necesarias o presupuestos procesales para que los tribunales estén en posibilidad de entrar al fondo del asunto planteado y decidir sobre la cuestión debatida. De ahí que las causales de improcedencia establecidas en la Ley de Amparo tienen una existencia justificada, en la medida en que, atendiendo al objeto del juicio, a la oportunidad en que puede promoverse, o bien, a los principios que lo regulan, reconocen la imposibilidad de dar trámite a peticiones como la pretendida, lo que no lesiona el derecho a la administración de justicia, ni el de contar con un recurso sencillo y rápido o cualquier otro medio de defensa efectivo. A lo expuesto, se estima pertinente agregar que la obligación del juzgador de atender al principio pro homine, no persigue a toda costa ayudar a la persona involucrada, sino procurarle la mayor protección sin desconocer otros principios de gran entidad como el de orden procesal y seguridad jurídica, por lo que atender a dicho principio no conducen necesariamente a que las cuestiones planteadas por los gobernados, deban ser resueltas de manera favorable a sus intereses, pues el mismo no puede ser constitutivo de derecho o dar cabida a las interpretaciones más favorables, si las mismas no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables. Por las razones expuestas, se reitera que para ejercer ese derecho fundamental, se deben cumplir con los presupuestos procesales formales y materiales de admisibilidad y de procedencia de las acciones, otorgando por ende seguridad jurídica a los gobernados; lo cual se reitera, no permite soslayar cuestiones de procedencia del juicio de amparo. De ahí que, en el caso, el agente del Ministerio Público promovente carece de legitimación para instar el juicio de amparo en que se actúa. Consecuentemente, si ************, en su carácter de agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al Juzgado Primero de Procesos Penales Federales en el Estado de Querétaro, en representación de la ofendida -víctima indirecta del delito de homicidio- ************, acude a la instancia constitucional bajo esa calidad, el juicio de amparo es notoriamente improcedente, en términos del artículo 61, fracción XII, en relación con los diversos numerales 5 y 6 de la Ley de Amparo, pues no es un ente a quien afecte el acto reclamado, en términos de la fracción I del artículo 5; consecuentemente, debe desecharse la demanda con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Notifíquese; personalmente a la parte promovente.

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