María del Carmen García Flores

Expediente 791/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 17 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
791/2020
Año
2020
Actuaciones
5
Última actuación
17/09/2021

Partes del expediente

  • María del Carmen García Flores
  • Oscar Antonio Cárdenas Manzo
  • María del Carmen García Flores y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    En atención al contenido del Acuerdo General 9/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por la enfermedad Covid-19, se provee lo siguiente: 1. Causa estado. En virtud de que no fue impugnado el auto de veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, en el que se desechó la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. 2. Archivo. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física al edificio habilitado para esos efectos, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1. Valoración. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. 2.2 De conformidad con el artículo 21, del referido acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el cuaderno principal, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación.

  2. Principal

    1. Se recibe despacho. Téngase por recibido el oficio y anexos, signado por el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de Zamora, Michoacán, mediante el cual devuelve sin diligenciar el despacho 256/2021 (número de orden 494) del índice de este juzgado. Acúsese el recibo de estilo. Dese de baja la comunicación que se recibe y en la que se actúa y háganse las anotaciones correspondientes en los libros de gobierno. 1.1. Ahora, en virtud de que de las constancias adjuntas a la comunicación se desprende que no fue posible localizar el domicilio proporcionado por la parte quejosa en la demanda de amparo que dio origen a este expediente, para oír y recibir notificaciones, además, en virtud de que este juzgado de distrito no cuenta con uno diverso, con fundamento en el artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo, notifíquesele por medio de lista el auto de veinticuatro de noviembre de dos mil veinte. POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL CONTENIDO DEL SIGUIENTE PROVEÍDO DE VEINTICUATRO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE...Demanda y radicación. Con la demanda de amparo de cuenta, en la que aparentemente María del Carmen García Flores(1), Lorena Aydee Cárdenas Manzo(2), Oscar Antonio Cárdenas Manzo(3),Fabiola Andrea Cárdenas Manzo(4), Omar Adrián Cárdenas Manzo(5) Ángelberto Pérez Berber(6), Catalina Cárdenas Cuevas(7) y Ana Cristina Cano Cárdenas(8) solicitan el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra actos que atribuyen al Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y otras autoridades, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno respectivo, bajo el número IV-791/2020. Consideraciones previas. Ahora, cabe referir que conforme a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia se desechará de plano. El dispositivo en consulta señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". En relación con ello, debe precisarse que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, incluso, en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. A mayor abundamiento, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas ni reticencias, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Cobra aplicación al caso, la tesis XV.2o.2 K, de contenido siguiente: "DEMANDA DE GARANTÍAS, DESECHAMIENTO DE. REQUISITOS. La facultad contenida en el artículo 145, de la Ley de Amparo, está limitada a aquellos casos en los que exista una causa de improcedencia 'manifiesta' e 'indudable', lo que significa que para que el juez de Distrito pueda desechar una demanda de amparo, no es suficiente que se actualice una causal de improcedencia, sino que es indispensable que, por una parte, se manifieste con tal notoriedad que sea imposible no advertirla y que, por otra, sea indudable a tal grado que se tenga la certeza absoluta de que no pueda sobrevenir elemento alguno que haga cambiar dicha apreciación". En el caso, se actualiza de manera indudable y manifiesta, la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el precepto 6, ambos de la Ley de Amparo, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita". De la anterior transcripción se advierte que el juicio de amparo, con las salvedades a que alude el artículo 15 de la ley en consulta, sólo puede iniciarse a instancia de parte agraviada, es decir, mediante la promoción de la demanda correspondiente, con base en las formalidades previstas en el artículo 108 de la Ley de Amparo, esto es por escrito. Asimismo, el artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 204 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, establecen lo siguiente: "Artículo 3o. En el juicio de amparo las promociones deberán hacerse por escrito. Podrán ser orales las que se hagan en las audiencias, notificaciones y comparecencias autorizadas por la ley, dejándose constancia de lo esencial. Es optativo para el promovente presentar su escrito en forma impresa o electrónicamente. [.] Los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. La Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. [.] [.] Los titulares de los órganos jurisdiccionales serán los responsables de vigilar la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema, o en el caso de que éstas se presenten en forma electrónica, se procederá a su impresión para ser incorporada al expediente impreso. Los secretarios de acuerdos de los órganos jurisdiccionales darán fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad. El Consejo de la Judicatura Federal, en ejercicio de las facultades que le confiere la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, emitirá los acuerdos generales que considere necesarios a efecto de establecer las bases y el correcto funcionamiento de la Firma Electrónica. No se requerirá Firma Electrónica cuando el amparo se promueva en los términos del artículo 15 de esta Ley." "Artículo 204. Se reputa autor de un documento privado al que lo suscribe, salva (sic) la excepción de que trata el artículo 206. Se entiende por suscripción la colocación al pie del escrito, de las palabras que, con respecto al destino del mismo, sean idóneas para identificar a la persona que suscribe. La suscripción hace plena fe de la formación del documento por cuenta del suscriptor, aun cuando el texto no haya sido escrito ni en todo ni en parte por él, excepto por lo que se refiere a agregados interlineales, marginales, cancelaciones o cualesquiera otras modificaciones contenidas en él, las cuales no se reputan provenientes del autor, sino están escritas por su mano, o no se ha hecho mención de ellas antes de la suscripción". (Lo subrayado es propio). De lo anterior transcrito se debe entender, que la voluntad de cualquier persona, cuando ésta se realiza por escrito, se manifiesta a través del estampado de la firma, acto de voluntad que supone desde luego la imposición autógrafa del puño y con la letra del propio interesado. Y para el caso de que el escrito sea presentado electrónicamente a través de las tecnologías de información, la parte interesada deberá hacer uso de la firma electrónica, la cual, de conformidad con el numeral 3 antes transcrito, producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa. Con relación a lo anterior, es importante destacar que en la anotación impresa por la oficial de partes de este juzgado, se hizo constar que se presentó el escrito de demanda en línea sin firma electrónica, tal como se advierte de las digitalizaciones que se insertan a continuación: En efecto, resulta importante señalar que el único elemento con el que cuenta este juzgado para verificar la voluntad de los promoventes del amparo mediante las tecnologías de la información, es la firma electrónica; en virtud de lo anterior, en este caso no se puede afirmar válidamente que exista la voluntad de que los solicitantes para promover el presente juicio de amparo; por ende, con fundamento en el artículo 6 de la Ley de Amparo, es claro que no existe la voluntad manifiesta de los referidos promoventes para instar la acción constitucional, en cuanto que, como se dijo, su demanda carece de firma electrónica, por lo que siendo ésta la que da autenticidad a la demanda de amparo y en todas sus consecuencias legales, es claro que el juicio deviene improcedente. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 8/2019 (10a.) de la Décima Época, que expresamente establece: DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida. No se soslaya que en la demanda de amparo, aparentemente, obran visibles diversas firmas autógrafas escaneadas que corresponderían, aparentemente, a los quejosos; sin embargo, ello no es motivo para considerar que la presentación de la demanda cumple con el principio de instancia de parte agraviada para ejercer la acción de amparo. Esto se explica, toda vez que el Pleno del Alto Tribunal de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 45/2018, consideró que si el gobernado opta por presentar la demanda de amparo o cualquier otro escrito en el proceso de derechos humanos a través del empleo de las tecnologías de la información, debe seguir las reglas establecidas en el artículo 3° de la Ley de Amparo, esto es a través de la firma electrónica FIREL. Lo anterior, toda vez que la firma electrónica FIREL es el equivalente electrónico al de la firma autógrafa y se trata de un conjunto de datos que se adjuntan a un mensaje electrónico, cuyo propósito es identificar al emisor del mensaje como autor legítimo de éste, como si se tratara de su firma autógrafa, produciendo los mismos efectos de ésta, de conformidad con los artículos 3, 10, 12, inciso f) y 13, inciso d), del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico. De tal manera que al haber optado los solicitantes del amparo por presentar su demanda de derechos humanos a través del portal electrónico, debieron ajustarse a las reglas establecidas para el empleo de dicha tecnología de la información; de ahí que las aparentes firmas que aparecen en los documentos escaneados no son aptas para considerar que se cumple el principio de agravio personal y directo. De igual forma, por las razones que en ella se informan, es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 128/2005 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 11, tomo XXII, noviembre de 2005, Novena época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que expresa: "DEMANDA DE AMPARO. PARA TENER POR MANIFIESTA LA VOLUNTAD DE PROMOVERLA, LA FIRMA O FIRMAS PUEDEN ESTAMPARSE EN HOJAS ANEXAS. El artículo 204 del Código Federal de Procedimientos Civiles establece que por suscripción de un documento, se entiende la colocación, al pie del escrito, de las palabras que con respecto a su destino sean idóneas para identificar a la persona que suscribe; sin embargo, tratándose de la demanda de garantías, la firma correspondiente puede ser plasmada en hojas anexas, pues el hecho de que la misma no se imprima al pie de la última hoja con la que termina el texto de la demanda sino en una o varias anexas, no significa que no existe el propósito de promover tal demanda, ya que al haberse acompañado al escrito relativo forma parte de ella y constituye el signo expreso e inequívoco de su voluntad, máxime si se toma en cuenta que el documento que contiene la demanda constituye un todo integral, salvo prueba en contrario, esto es, mientras no se demuestre que la firma de que se trata no fue puesta del puño y letra del titular de la demanda o de su representante. Además, en el caso de que el Juez o el tribunal del conocimiento tengan dudas respecto a la identidad y voluntad del quejoso para promover la demanda de garantías, podrá prevenirlo para que ratifique o haga la aclaración correspondiente, de acuerdo con los artículos 146 y 178 de la Ley de Amparo, respectivamente". También la tesis del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en la página 315, tomo X, octubre de 1992, Octava época, Semanario Judicial de la Federación, del texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. PROCEDE SU DESECHAMIENTO CUANDO CARECE DE FIRMA AUTÓGRAFA. Si un escrito de demanda carece de firma autógrafa del quejoso procede su desechamiento, pues sin ella no puede considerarse ejercida la acción constitucional conforme a lo dispuesto en los artículos 4º y 166 de la Ley de Amparo, por ser la firma una formalidad esencial que denota la voluntad de quien ha sido afectado en sus intereses jurídicos, de promover ese medio de defensa que se rige por el principio de instancia de parte agraviada". Asimismo, es aplicable al caso, la tesis del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito, visible en la página 3485, Tomo XIX, 10.A.C.2 K, Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo IV de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO DIRECTO. SI SE PRESENTA MEDIANTE EL USO DE UNA FIRMA ELECTRÓNICA DISTINTA DE LA REGULADA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL (FIREL), AQUÉLLA NO PUEDE TENER EL EFECTO DE SER EQUIVALENTE A LA AUTÓGRAFA, PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO. De los artículos 2o., 3o. y 175 de la Ley de Amparo se advierte que en el juicio de amparo es posible presentar la demanda correspondiente con el uso de las tecnologías de la información, mediante la firma electrónica regulada por el Consejo de la Judicatura Federal a través de acuerdos generales. Así, dicho órgano administrativo y el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitieron la normativa aplicable para la implementación y uso de esa herramienta en los Acuerdos Generales Conjuntos Números 1/2013 y 1/2014, en los que establecieron la posibilidad de que las demandas de amparo directo se recibieran por medio de la firma electrónica implementada en los tribunales ordinarios; sin embargo, la condicionaron a la suscripción de un convenio entre el Poder Judicial de la Federación y los tribunales judiciales, administrativos y del trabajo locales y a que: a) Aquél proporcione al órgano respectivo los programas informáticos necesarios; b) Los tribunales referidos reconozcan a la FIREL como el principal mecanismo de ingreso y consulta a los expedientes electrónicos; y, c) La Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas y el tribunal respectivo, emitan una declaratoria al respecto, la que se publicará en el Diario Oficial de la Federación y, en su caso, en el Periódico Oficial de la entidad política correspondiente. Por tanto, si quien se considere agraviado con alguna sentencia que admita amparo directo, presenta su demanda mediante una firma electrónica distinta de la denominada FIREL, aquélla no puede tener el efecto de ser equivalente a la autógrafa para la procedencia del juicio, aun cuando la autoridad responsable certifique su recepción, ya que aceptar ese acto como válido, implicaría analizar los requisitos de admisibilidad de un juicio federal a la luz de normas y mecanismos locales inaplicables. Esta circunstancia no limita el derecho fundamental de acceso a la justicia, pues nada impide a los particulares presentar su demanda por escrito, ante la imposibilidad jurídica y material de hacerlo electrónicamente." Ahora, no se soslaya que la parte quejosa supone que su demanda deba de considerarse como urgente, toda vez que señaló en la parte superior de su escrito inicial la leyenda "urgente", sin embargo, dicho calificativo resulta insuficiente para que este juzgador provea lo conducente a la demanda que nos ocupa sin firma electrónica, pues la única excepción prevista por la Ley de Amparo para tramitar un juicio de amparo sin firma electrónica es la contenida en el párrafo octavo del arábigo 3 de la Ley en la Materia, el cual dispone lo siguiente: ".No se requerirá Firma Electrónica cuando el amparo se promueva en los términos del artículo 15 de esta Ley..." (Lo resaltado es propio) En efecto, el cuerpo normativo que regula la materia que nos ocupa dispone que en los casos en los que la parte quejosa reclame actos aludidos en el artículo 15 de la Ley de Amparo, es decir actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, o el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo. Empero, en el caso que nos ocupa, los actos que reclama la parte quejosa en esta instancia de control constitucional, no son de los enunciados en el numeral precitado, expuestos en el párrafo que antecede. Desechamiento de la demanda de amparo. Consecuentemente, al actualizarse la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el precepto 6, ambos de la Ley de Amparo, se DESECHA de plano, por notoria e indudable improcedencia, la demanda de que se trata. Sin que la anterior determinación, lesione el derecho de acceso a la justicia de los promoventes del amparo que por ello sea contraria al artículo 1 constitucional, dado que este derecho está sujeto a las condiciones necesarias y presupuestos procesales que establece la Ley de Amparo en aplicación, de ahí que las causales de improcedencia tienen una existencia justificada, la cual, debe ser analizada de oficio por este juzgador y, en el caso, la examinada es procedente de manera manifiesta e indudable. Apoya lo anterior, la tesis número III.4o.(III región) 14 K (10a.), consultable en la página 1641, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, libro XXIII, agosto de 2013, tomo 3, materia constitucional, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima época, que dice: "DERECHOS HUMANOS. LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN ESA MATERIA NO PERMITE CONSIDERAR QUE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO SEAN INAPLICABLES Y, POR ELLO, SE LESIONE EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA. Mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación fue reformado, además de otros, el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con el fin de precisar, entre otras cuestiones, que en este País todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección; que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con dicha Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia, y que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Ahora bien, los artículos 17 constitucional y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que reconocen el derecho de las personas a que se les administre justicia, el acceso a ésta y a contar con un recurso sencillo y rápido, o efectivo, de ninguna manera pueden ser interpretados en el sentido de que las causales de improcedencia del juicio de amparo sean inaplicables, ni que el sobreseimiento en él, por sí, viola esos derechos. Por el contrario, como el derecho de acceso a la justicia está condicionado o limitado a los plazos y términos que fijen las leyes, es claro que en ellas también pueden establecerse las condiciones necesarias o presupuestos procesales para que los tribunales estén en posibilidad de entrar al fondo del asunto planteado, y decidir sobre la cuestión debatida. Por tanto, las causales de improcedencia establecidas en la Ley de Amparo tienen una existencia justificada, en la medida en que, atendiendo al objeto del juicio, a la oportunidad en que puede promoverse, o bien, a los principios que lo regulan, reconocen la imposibilidad de examinar el fondo del asunto, lo que no lesiona el derecho a la administración de justicia, ni el de contar con un recurso sencillo y rápido, o cualquier otro medio de defensa efectivo". Domicilio procesal y autorizado. En otro aspecto, se tiene que en el caso particular es improcedente proveer respecto del domicilio para oír y recibir notificaciones y la autorización que para tal efecto se concede, pues como ya se precisó, el documento que se acuerda carece de firma electrónica; por tanto, no puede tenerse por hecha la manifestación de la voluntad, ni siquiera para el aspecto relativo al señalamiento de domicilio y autorizados para oír y recibir notificaciones. No obstante lo anterior, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estipuló que, cuando se trata del auto que ordena aclarar la demanda, es necesario notificar dicho proveído de manera personal, aun cuando el domicilio señalado quede fuera de la residencia del tribunal de amparo; ello a fin de no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa. Por tanto, si en el presente acuerdo se determinó desechar la demanda, inconcuso es que se deba notificar esta resolución de manera personal. Orienta lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 24/2004, visible en la página 321, tomo XIX, marzo de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. EL AUTO QUE ORDENA ACLARARLA DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE, AUN CUANDO EL DOMICILIO SEÑALADO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES SE ENCUENTRE FUERA DEL LUGAR DE RESIDENCIA DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL DEL CONOCIMIENTO. De lo dispuesto en los artículos 146 y 178, en relación con los numerales 28, fracción II, último párrafo y 29, fracción III, todos de la Ley de Amparo, se advierte que el proveído por el que se manda aclarar la demanda de garantías debe notificarse en forma personal, a fin de que pueda subsanar las irregularidades de su escrito, aun cuando haya señalado un domicilio para recibir notificaciones fuera del lugar de residencia del órgano jurisdiccional del conocimiento. Lo anterior es así, toda vez que la obligación de señalar domicilio convencional en el lugar del juicio constituye un requisito de la demanda, cuya omisión no puede originar su sanción inmediata, sino el requerimiento previo en el sentido de que, en caso de no cumplir con dicha obligación procesal, las subsecuentes notificaciones, aun las personales, se harán por medio de lista. Además, el auto por el que se manda aclarar una demanda de amparo es de tal trascendencia, que su falta de conocimiento oportuno puede llevar a tenerla por no interpuesta, por lo que debe garantizarse plenamente al quejoso la posibilidad material, no sólo formal, de subsanar las irregularidades de su escrito inicial, pues de lo contrario carecerían de toda eficacia jurídica los requerimientos y apercibimientos contenidos en la prevención, y se atentaría contra el derecho de acción de quien acude al amparo". Por tanto, dada la trascendencia del presente proveído y a fin de no dejar en estado de indefensión a los aludidos quejosos, hágase la notificación de este acuerdo de manera personal en el domicilio que señaló para tal efecto en el escrito de cuenta, el cual se encuentra ubicado en Zamora, Michoacán. Despacho a fin de notificar personalmente a la parte quejosa. Consecuentemente, con apoyo en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, 158, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 298, 300, 303, 305, 306 y 314 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en materia de amparo, gírese la comunicación oficial siguiente: Despacho, al Juez de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en Zamora, Michoacán, en turno. Lo anterior, para que, en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, tenga a bien girar sus apreciables órdenes a quien corresponda, y notifique a la parte quejosa el presente proveído en el domicilio ubicado en: Carretera Federal Libre, Zamora-La Barca, Km 4.5, sin número, El Cerrito en Zamora, Michoacán, código postal 59610. Se faculta al Juez auxiliar para que, en términos del numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, en caso de ser necesario, habilite días y horas inhábiles a efecto de que el Actuario de su adscripción esté en posibilidad de realizar la diligencia de notificación encomendada. Asimismo, se concede al Juez requerido la facultad de investigación, a efecto de realizar todas aquellas gestiones tendentes a la localización del domicilio de la parte quejosa. Se solicita al Juez auxiliar que, una vez que realice dicha diligencia, se sirva remitir de inmediato las constancias con las que lo acredite, lo que podrá hacer vía fax al número 01 44 33 22 69 60, extensión 1162 o, bien, a través del correo electrónico oficial 4jdo11cto@correo.cjf.gob.mx, a fin de evitar dilaciones innecesarias. En la inteligencia de que, para efectos exclusivos de confirmar el envío de los informes y documentación, las responsables podrán comunicarse al teléfono celular 44-31-34-21-06, que corresponde al Secretario que se encuentra de guardia en este juzgado. En el entendido de que las notificaciones referentes a los acuerdos subsecuentes incluso los de carácter personal, se practicarán por medio de lista que se fije en los estrados de este juzgado federal, pues como se dijo, resulta improcedente proveer respecto del domicilio para oír y recibir notificaciones señalado en la demanda. Medios electrónicos. Por otro lado, se autoriza a la parte quejosa la reproducción de las actuaciones judiciales del juicio en que se actúa mediante el uso de los medios que señala la circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de dieciocho de marzo de dos mil nueve, previa solicitud verbal de la parte interesada a la Secretaria adscrita a este órgano jurisdiccional. En el entendido, que deberán proporcionar los medios para su reproducción (cámaras, escáner, grabadoras o lectores ópticos), así como si se trata de documentos cuya difusión esté reservada por disposición legal, les será negada la reproducción solicitada. Asimismo, dígase al solicitante que el uso que le dé a los documentos electrónicos obtenidos con cámaras, escáner, grabadoras o lectores ópticos, será bajo su más estricta responsabilidad. Sirve de apoyo la tesis I.3º.C.725 C, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, marzo de 2009, página 2847, cuyo rubro dice: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." Providencias generales con relación al nuevo esquema de reanudación de labores en los órganos del Poder Judicial de la Federación. Consulta en línea del expediente y presentación de promociones en la misma vía. Se exhorta a las partes intervinientes en este asunto (contendientes, terceros y auxiliares), a que las consultas y promociones se realicen vía electrónica en el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, en el cual podrán actuar a través de la firma electrónica avanzada certificada por el Consejo de la Judicatura Federal (FIREL), o por el Servicio de Administración Tributaria (e.Sat o e.Firma), que es la que se utiliza para rendir la declaración anual de impuestos y otros servicios en materia de obligaciones tributarias. En caso de no contar con ninguna de ellas, podrán tramitarla en la página www.firel.pjf.gob.mx, siguiendo los pasos que ahí se describen. Una vez obtenida cualquiera de las firmas electrónicas avanzadas, las personas (los contendientes, terceros y auxiliares) tendrán acceso al portal de servicios en línea en donde podrán realizar un registro como "usuario", asignándole la nomenclatura que sea de su agrado, y una contraseña personalísima vinculada a la firma electrónica, con dicho usuario podrán ser habilitados por el órgano jurisdiccional para que tengan acceso al expediente electrónico correspondiente en el cual podrán: Consultar constancias. Presentar demandas, escritos, recursos, ampliación de demanda, cumplir con prevenciones y requerimientos, formular alegatos, acceder a los que formule su contraparte. Notificarse. Descargar las constancias que constituyen el expediente digital, la que tendrán el valor de copias certificadas por estar firmadas electrónicamente por los servidores públicos integrantes del órganos jurisdiccional. Al respecto, el artículo 16 del Acuerdo General 12/2020 señala lo siguiente: "Artículo 16. Para acceder a los servicios que se prestan en el Portal de Servicios en Línea será necesario que las personas interesadas cuenten con una firma electrónica emitida o reconocida por el PJF a través de la Unidad en términos de lo establecido en el último párrafo del artículo 14 del presente Acuerdo General y se registren en el sistema. Para registrarse en el Portal las personas usuarias deberán: (i) indicar su nombre, correo electrónico y CURP; (ii) crear un "Nombre de Usuario" y una "Contraseña"; y (iii) vincular su Firma Electrónica al registro respectivo. El registro de cada usuaria o usuario en el sistema es de carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra". Consulta física del expediente y presentación de promociones en la misma vía. Para el caso que las partes no les sea posible acceder a las tecnologías precisadas en el punto inmediato anterior, y requieran consultar físicamente el expediente o presentar promociones físicamente, se les informa lo siguiente. Consulta física del expediente. Toda vez que para garantizar la continuidad de las medidas para evitar la concentración de personas y la propagación de virus Covid-19, subsiste la situación de emergencia sanitaria, si cualquiera de las partes considera necesario consultar físicamente el expediente, a efecto de estar en posibilidad de formular los alegatos correspondientes u ofrecer prueba, con base en el artículo 6 del acuerdo general en cita deberá generar una cita en el portal de internet de servicios informáticos en línea del Poder Judicial de la Federación, dentro del micrositio "Agenda OJ", en el entendido de que el acceso al órgano jurisdiccional y, consecuentemente al expediente respectivo, conforme a los artículos 3, 4, 6 y 7 del Acuerdo 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se encuentra sujeto a las limitaciones siguientes: El acceso al órgano jurisdiccional y, por consecuencia al expediente, sólo verificará en la fecha y hora de la cita. Estará limitado a dos personas por cita, una de las cuales deberá ser quien agendó la cita. Si requiere de atención especial por padecer de alguna discapacidad, deberá informarlo al momento de agendar la cita, indicando con toda precisión qué tipo de discapacidad posee, a efecto de se realicen los ajustes necesarios para su comparecencia. Deberá someterse a los controles sanitarios establecidos en el inmueble del Poder Judicial de la Federación, en el entendido que de no cumplir con lineamientos establecidos para tal efecto, no se permitirá el acceso. Deberá respetar las medidas de "sana distancia" conforme a la señalización respectiva (flechas en áreas de tránsito y cuadros en las áreas de espera y atención), evitar permanecer en las áreas destinadas al tránsito y usar cubrebocas en todo momento. Para presentar físicamente promociones. Dado que la reanudación de los plazos y términos procesales implica la de las actividades administrativas de los órganos jurisdiccionales, los escritos, promociones u oficios dirigidos a este expediente podrán presentarse en la oficialía de partes común (OPC), las cuales quedarán instaladas en los edificios sedes de los órganos jurisdiccionales a partir del tres de agosto de dos mil veinte, y funcionará en dos turnos; a saber: (i) turno matutino prestará servicios de las nueve a las catorce horas, exclusivamente para órganos que laboren por las mañanas, y la del turno vespertino lo hará de las quince a las diecinueve, sólo para los órganos que laboren por las tardes. Para tal efecto, indíquese a las partes que este órgano fue designado para desempeñar labores en el turno vespertino. Procedimiento ante las oficialías de partes comunes (OPC) Con base en la circular SECNO/14/2020 de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, en la medida de lo posible, se seguirá de acuerdo a la mecánica esencial que se detalla: (i) Toda persona justiciable debe portar cubrebocas de forma obligatoria. (ii) La persona justiciable debe ser dirigida al espacio de presentación de documentación correspondiente, dependiendo de si se pretende depositar en el buzón o presentar ante la OPC. (iii) Una vez en el espacio correspondiente a la OPC, deberá hacer fila, siempre respetando los espacios personales de sana distancia señalizados previamente. (iv) En caso de advertirse que están agotados los espacios personales, alguna o alguno de los funcionarios designados para proporcionar información o canalizar el flujo de personas les entregará comprobantes o contraseñas a las personas que acudan hasta el término del turno, con el objeto de puedan retirarse y regresar posteriormente para ser atendidas y que se reciban sus promociones, justificando su recepción fuera del horario establecido para el turno. (v) Una vez atendida, la persona justiciable debe retirarse de inmediato; en el entendido de que las citas para consulta de expedientes en los órganos jurisdiccionales tienen un trámite autónomo y automatizado. Comuníquese a las partes que fuera del horario establecido para la atención de las OPC, en caso de asuntos en los que se venza un término podrán presentar los escritos y oficios de los expedientes en trámite ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán con residencia en Morelia, o el buzón judicial. Disposiciones finales en relación a la observancia de las medidas imperantes en la asistencia a las instalaciones de los tribunales federales. Para el caso de que las partes decidan continuar tramitando físicamente este expediente y en consecuencia tengan la necesidad de acudir al edificio sede de este órgano, se les hace del conocimiento que, conforme a los lineamientos trazados en el acuerdo general 21 del Consejo de la Judicatura Federal y circular SECNO/14/2020 citadas con antelación, deben acatar los lineamientos trazados en dicho cuerpo normativo, pues de lo contrario les será negado el acceso a los recintos destinados para brindarles la atención debida con la consecuente preclusión del derecho procesal correspondiente, ya que los plazos y términos no serán suspendidos de manera particular. También se les comunica que: El incumplimiento de las medidas sanitarias generará, en principio, una llamada de atención, mientras que la reincidencia o subsistencia del incumplimiento acarrearán la orden de expulsión inmediata del recinto. El ingreso al edificio y al órgano jurisdiccional sólo se permitirá en la hora y fecha establecida en la cita, no se permitirá en hora y fecha diversa, en caso de incomparecencia deberá agendar. Anotaciones y capturas. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Integración al expediente electrónico. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

  3. Principal

    ESTAFETA DEVUELTA Intégrese a los autos para que obre como corresponda la guía del servicio de mensajería acelerada "ESTAFETA", por medio de la cual se devuelve el despacho número 256/2020 número de orden 494, el cual tenía como finalidad notificar a la parte quejosa el auto que desechó de plano la demanda de amparo que dio origen al presente asunto. Por tanto, a fin de evitar dilaciones innecesarias se ordena reenviar dicha comunicación oficial vía correo electrónico, el cual podrá ser consultado por el actuario de la adscripción en la dirección electrónica siguiente: http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/institucion/directorio.aspx. RESERVA DE COMUNICACIÓN Conviene mencionar que es un hecho notorio que algunas dependencias del Estado de Michoacán y la Federación se encuentran gozando del primer periodo vacacional del año en curso, por ello, se faculta al actuario judicial adscrito, a fin de que en caso de no ser posible la entrega de un comunicado por dicha circunstancia, lo reserve en la actuaría de este juzgado y realice su entrega una vez que reanude labores la autoridad a la que se haya dirigido.

  4. Principal

    Autoridad cumple requerimiento. Agréguese a los autos para que surta los efectos legales procedentes, el oficio signado por la Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán, por el cual da cumplimiento al requerimiento formulado en auto de veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, pues señala que no se encontró registro de que haya recibido el despacho 256/2020 (orden 494), el cual tenía como finalidad notificar a los quejosos María del Carmen García Flores(1), Lorena Aydee Cárdenas Manzo(2), Oscar Antonio Cárdenas Manzo(3),Fabiola Andrea Cárdenas Manzo(4), Omar Adrián Cárdenas Manzo(5) Ángelberto Pérez Berber(6), Catalina Cárdenas Cuevas(7) y Ana Cristina Cano Cárdenas(8), el proveído de veinticuatro de febrero de dos mil veinte, en el cual se desechó de plano la demanda que dio origen al presente asunto, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales correspondientes. En consecuencia, este órgano de control constitucional queda a la espera de que el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil, desahogue el requerimiento referido. Integración. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3o. y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar una impresión de este proveído para agregarse al expediente físico.

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