María del Carmen García Delgado

Expediente 668/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 12 actuaciones registradas, la última del 16 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
668/2021
Año
2021
Actuaciones
12
Última actuación
16/02/2022

Partes del expediente

  • María del Carmen García Delgado

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a dieciséis de febrero de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión que prevé el artículo 81, fracción I, inciso d), de la ley en comento, contra el auto de doce de noviembre de dos mil veintiuno, en el que se determinó sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que HA CAUSADO ESTADO. Sin que sea el caso realizar el cómputo a las demás partes para la interposición del citado recurso, en atención a que lo resuelto no les irroga perjuicio alguno. En esas condiciones, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena su archivo judicial en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Con fundamento en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General en cita, el presente expediente es susceptible de destrucción, transcurrido el plazo de tres años, posterior a la emisión de este proveído. Por lo que, una vez que transcurra el plazo de tres años ahí indicado, dentro de los treinta días siguientes, sin necesidad de ulterior proveído y siguiendo las directrices ahí detalladas, destrúyase este expediente y remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. De igual forma, con apoyo en el artículo 15 del Acuerdo de referencia, se especifica que el presente expediente carece de relevancia documental, por no reunir las características a que se refiere el numeral invocado. Asimismo, de autos se advierte que en el presente asunto no obran documentos de los catalogados como originales y no originales. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado del sello pertinente en la carátula del expediente. Notifíquese. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, ante la Secretaria de Juzgado Rolando Cruz Delfín, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a doce de noviembre de dos mil veintiuno. Vistas las constancias que integran el presente asunto, se advierte que en proveído de cuatro de octubre de dos mil veintiuno, se tuvo A *******, por propio derecho y ostentándose como beneficiaria del extinto ************, promoviendo demanda de amparo indirecto contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala y otra autoridad, de quienes demandó la paralización del procedimiento en el juicio laboral 119/2009, al omitir dictar acuerdo correspondiente a la promoción presentada el diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, y en consecuencia la falta de notificación que recaiga a tal acuerdo. Requeridos que fueron los informes justificados a las responsable, en veintisiete de octubre se les tuvo rindiendo su respectivo informe de ley, mediante el cual aceptaron la existencia del acto que se les reclama, pero en el mismo acto, hicieron del conocimiento que habían cesado en sus efectos el acto reclamado, toda vez que en trece de octubre de dos mil veintiuno, el Tribunal responsable actuando en autos del juicio laboral 119/2009, se pronunció por cuanto hace al escrito presentado por la ahora quejosa, y en ese sentido acordó favorable la petición elevada en el sentido de ".dicte auto de requerimiento de pago y en su caso embargo en contra de los demandados.", pues al efecto en el proveído antes referido, la responsable tuvo a la vista el contenido del escrito de mérito y en lo que aquí interesa dictó auto de requerimiento de pago y embargo, en contra del Ayuntamiento demandado y en ese sentido facultó al actuario de su adscripción para que asociado de la parte actora, o quien acreditara tener facultades para ello, se constituyeran en las instalaciones de la patronal demandada, en cualquier hoy y día hábil para requerir el pago de lo adeudado y precisó que en caso que la patronal demandada no pusiera a disposición la cantidad adeudada, se le embargarían bienes suficientes de su propiedad que bastasen para cubrir dicho monto, asimismo, apercibió con multa al ente municipal y en ese sentido ordenó notificar personalmente a la parte actora aquí quejosa. Una vez expuesto lo anterior, se destaca que el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, faculta a esta juzgadora, en cualquier momento de la sustanciación del presente juicio de amparo, analizar causa que se actualice y que origine la improcedencia del juicio constitucional, sin que sea obstáculo la circunstancia de haber admitido la demanda en su oportunidad. En el caso concreto se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "(.) Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado (...)" La cesación de efectos se ha interpretado como aquella situación o circunstancia que acontece respecto del acto materia de reclamo constitucional, y que cesa la violación alegada, ya sea porque la propia autoridad la repara o bien porque, virtud a una causa accesoria, el acto reclamado deja de tener vida jurídica. De tal manera que la esfera jurídica de la parte quejosa queda en la misma situación en la que se encontraba antes de la omisión del acto considerado violatorio de los derechos humanos. Ello genera la improcedencia del juicio de amparo, porque si el acto que se considera violatorio de los derechos humanos desapareció; o bien, por un acto posterior desaparecen las consecuencias jurídicas que genera en la esfera de la parte quejosa, a nada práctico conduce analizar si un acto que ya no incide en la vida jurídica de la parte quejosa es constitucional o no. Por tanto, en términos de la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Ahora, en el caso es específico, de las constancias remitidas por la responsable, se advierte que en trece de octubre próximo pasado, atendió el escrito presentado por la ahora quejosa en diecisiete de mayo de dos mil veintiuno y en ese sentido se pronunció respecto de la petición que se dictara auto de requerimiento de pago y en su caso embargo, por lo que teniendo en cuenta que la demanda de amparo se promovió ante la paralización del procedimiento en el juicio laboral 119/2009, al omitir dictar acuerdo correspondiente a la promoción presentada el diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, y del informe injustificado se advierte que la autoridad responsable se pronunció al respecto, es evidente que han cesado los efectos de los actos reclamados; y a consecuencia de ello, es evidente notorio, manifiesto e indudable que se actualiza de la citada causal de improcedencia. Apoya lo expuesto, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, tomo VII, abril de 1998, página 242, que establece lo siguiente: [.] CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal [.]. En consecuencia, al quedar actualizadas las causales de improcedencia previstas en el artículo 61, fracciones XXI y XXIII, en relación con el diverso 6 de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia de este juicio de amparo, en términos de lo dispuesto en el artículo 63, fracción V de la ley de la materia. Ahora bien, de la certificación de cuenta se advierte que se fijaron las diez horas con dieciocho minutos del veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, sin embargo, dadas las consideraciones precisadas en el apartado que antecede, se hace del conocimiento de las partes que queda sin efectos la misma. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    ***Apizaco, Tlaxcala, a doce de noviembre de dos mil veintiuno. Vistas las constancias que integran el presente asunto, se advierte que en proveído de cuatro de octubre de dos mil veintiuno, se tuvo A *******, por propio derecho y ostentándose como beneficiaria del extinto ************, promoviendo demanda de amparo indirecto contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala y otra autoridad, de quienes demandó la paralización del procedimiento en el juicio laboral 119/2009, al omitir dictar acuerdo correspondiente a la promoción presentada el diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, y en consecuencia la falta de notificación que recaiga a tal acuerdo. Requeridos que fueron los informes justificados a las responsable, en veintisiete de octubre se les tuvo rindiendo su respectivo informe de ley, mediante el cual aceptaron la existencia del acto que se les reclama, pero en el mismo acto, hicieron del conocimiento que habían cesado en sus efectos el acto reclamado, toda vez que en trece de octubre de dos mil veintiuno, el Tribunal responsable actuando en autos del juicio laboral 119/2009, se pronunció por cuanto hace al escrito presentado por la ahora quejosa, y en ese sentido acordó favorable la petición elevada en el sentido de ".dicte auto de requerimiento de pago y en su caso embargo en contra de los demandados.", pues al efecto en el proveído antes referido, la responsable tuvo a la vista el contenido del escrito de mérito y en lo que aquí interesa dictó auto de requerimiento de pago y embargo, en contra del Ayuntamiento demandado y en ese sentido facultó al actuario de su adscripción para que asociado de la parte actora, o quien acreditara tener facultades para ello, se constituyeran en las instalaciones de la patronal demandada, en cualquier hoy y día hábil para requerir el pago de lo adeudado y precisó que en caso que la patronal demandada no pusiera a disposición la cantidad adeudada, se le embargarían bienes suficientes de su propiedad que bastasen para cubrir dicho monto, asimismo, apercibió con multa al ente municipal y en ese sentido ordenó notificar personalmente a la parte actora aquí quejosa. Una vez expuesto lo anterior, se destaca que el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, faculta a esta juzgadora, en cualquier momento de la sustanciación del presente juicio de amparo, analizar causa que se actualice y que origine la improcedencia del juicio constitucional, sin que sea obstáculo la circunstancia de haber admitido la demanda en su oportunidad. En el caso concreto se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "(.) Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado (...)" La cesación de efectos se ha interpretado como aquella situación o circunstancia que acontece respecto del acto materia de reclamo constitucional, y que cesa la violación alegada, ya sea porque la propia autoridad la repara o bien porque, virtud a una causa accesoria, el acto reclamado deja de tener vida jurídica. De tal manera que la esfera jurídica de la parte quejosa queda en la misma situación en la que se encontraba antes de la omisión del acto considerado violatorio de los derechos humanos. Ello genera la improcedencia del juicio de amparo, porque si el acto que se considera violatorio de los derechos humanos desapareció; o bien, por un acto posterior desaparecen las consecuencias jurídicas que genera en la esfera de la parte quejosa, a nada práctico conduce analizar si un acto que ya no incide en la vida jurídica de la parte quejosa es constitucional o no. Por tanto, en términos de la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Ahora, en el caso es específico, de las constancias remitidas por la responsable, se advierte que en trece de octubre próximo pasado, atendió el escrito presentado por la ahora quejosa en diecisiete de mayo de dos mil veintiuno y en ese sentido se pronunció respecto de la petición que se dictara auto de requerimiento de pago y en su caso embargo, por lo que teniendo en cuenta que la demanda de amparo se promovió ante la paralización del procedimiento en el juicio laboral 119/2009, al omitir dictar acuerdo correspondiente a la promoción presentada el diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, y del informe injustificado se advierte que la autoridad responsable se pronunció al respecto, es evidente que han cesado los efectos de los actos reclamados; y a consecuencia de ello, es evidente notorio, manifiesto e indudable que se actualiza de la citada causal de improcedencia. Apoya lo expuesto, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, tomo VII, abril de 1998, página 242, que establece lo siguiente: [.] CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal [.]. En consecuencia, al quedar actualizadas las causales de improcedencia previstas en el artículo 61, fracciones XXI y XXIII, en relación con el diverso 6 de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia de este juicio de amparo, en términos de lo dispuesto en el artículo 63, fracción V de la ley de la materia. Ahora bien, de la certificación de cuenta se advierte que se fijaron las diez horas con dieciocho minutos del veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, sin embargo, dadas las consideraciones precisadas en el apartado que antecede, se hace del conocimiento de las partes que queda sin efectos la misma. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a diez de noviembre de dos mil veintiuno. Diferimiento de audiencia. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que no es posible celebrar la audiencia constitucional señalada para este día, toda vez que de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, transcurre el término para que las partes se impongan del contenido de los informes justificados rendidos por el Presidente y Representante Legal del Tribunal de conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala y Actuario adscrito al mismo Tribunal; por tanto, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para este día, fijándose las DIEZ HORAS CON DIECIOCHO MINUTOS DEL VEINTISEIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, para su celebración. Notifíquese.

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