Maria del Carmen Galicia Cantu
Expediente 1286/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 20 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1286/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 20/12/2021
Partes del expediente
- Maria del Carmen Galicia Cantu
Actuaciones
- Principal
CAUSA ESTADO. De la certificación secretarial de cuenta, se advierte que la parte quejosa no recurrió dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, el proveído mediante el cual se desechó la demanda de amparo; por lo que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por otra parte, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito; por tanto, las anotaciones respectivas háganse en el Libro de Gobierno. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que: 1. El presente asunto es susceptible de destrucción, pues se desechó la demanda que dio origen al presente asunto (artículo 21, inciso b, del acuerdo en cita). 2. A consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 de dicho Acuerdo. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 21 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años contados a partir de la presente orden de archivo, ya que después de este lapso, éste órgano de control constitucional procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Se hace la precisión que una vez que obre la constancia de notificación del presente proveído, se enviará físicamente al archivo el expediente en que se actúa. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS. En otro orden de ideas, en virtud de que en el presente juicio de amparo obra un documento original exhibido por la parte quejosa, dése vista para que en el término de tres días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación que del presente auto se le realice, comparezca al local de este juzgado a recoger dicha constancia, debiendo dejar copia simple de la misma, apercibida que en caso de no comparecer, en los noventa días siguientes, según lo establecido en el Acuerdo General Conjunto de veintiocho de veinticinco de marzo de dos mil veinte, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, considerando vigésimo, último párrafo, el documento que exhibió será destruido junto con el presente juicio. Una vez que ocurra lo anterior, comisiónese a la Secretaria encargada de la mesa, para que revise y certifique si las constancias de autos coinciden con las del expediente electrónico, en términos del artículo 35 del referido acuerdo. AUTORIZACIÓN DE ACUERDO. Realícese la autorización previa y definitiva de este auto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y una vez que las labores del juzgado lo permitan, se ordena imprimir y agregar el presente acuerdo al expediente físico a fin de favorecer el trabajo a distancia, como establece el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS COV-2 y los subsecuentes. Notifíquese.
- Principal
RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por recibida la demanda de amparo promovida por María del Carmen Galicia Cantú, contra actos del Juez Cuarto de lo Familiar de Toluca, Estado de México, con residencia en Metepec y otras autoridades; fórmese expediente físico y electrónico, háganse las anotaciones en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y regístrese bajo el número 1286/2021-I. DESECHAMIENTO. Ahora, por ser preferente su estudio, se analiza primero la procedencia del juicio de amparo, pues las causales previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo, son de examen preferente y deben analizarse aún de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda en estudio. Ahora bien, del contenido íntegro de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama: Todo lo actuado en el expediente 125/2017 del índice del Juzgado Cuarto Familiar del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México. Por tanto, después de analizar el citado acto reclamado, este órgano de control constitucional advierte que, en la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, como a continuación se expone. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior.". Lo anterior es así, toda vez que como quedó precisado en la certificación de cuenta, en este órgano jurisdiccional se radicó el juicio de amparo 1520/2019-V, promovido por María del Carmen Galicia Cantú, por propio derecho, contra el Juez Cuarto de lo Familiar de Toluca, Estado de México, con residencia en Metepec y al Notificador adscrito a ese órgano jurisdiccional, por el acto que a continuación se transcribe: "ACTOS RECLAMDOS INCONSTITUCIONALES QUE SE DETALLAN: A).- De la Autoridad Responsable Ordenadora reclamo todos los actos decretos y resoluciones, así como las sentencias Interlocutorias y definitivas dictadas dentro del expediente 125/2017 e Incidente de Liquidación de la Sociedad Conyugal derivado del mismo; ambos radicados en el Juzgado Cuarto de lo Familiar en Toluca, México, con residencia en Metepec, México; relativo a ejecutar dichos actos procesales para materializarse sobre un inmueble del que la suscrita quejosa soy dueña y poseedora, ubicado en calle Vicente Guerrero 417, Barrio Cuauxtenco, Metepec, México; del que más adelante se detallará, pretendiendo la Autoridad Responsable Ordenadora despojarme de mi inmueble, así como también privarme del derecho que me asiste a seguir recibiendo el pago por concepto de renta de mis locales comerciales, renta que a la fecha percibo; y a dicha persona no le asiste tal derecho, ya que no es dueña ni propietaria de los locales en cita, ni es la que renta a los arrendatarios que ocupan los multicitados locales, e indebidamente la Autoridad Responsable Ordenadora, determinó en autos del incidente de mérito, que la renta le sea pagada a la señora FIDELINA SILVIA ELIAS RUIZ, y le sea adjudicado mi inmueble, aunado a que en ningún momento la señora en cita ha ejercido actos de dominio, ni de posesión tanto de mi inmueble como de dichos locales." Dicho asunto que se admitió a trámite el veintidós de noviembre de dos mil diecinueve, y fue resuelto mediante sentencia de veintinueve de enero de dos mil veinte, en la cual se determinó sobreseer el juicio de amparo, la misma fue confirmada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, mediante ejecutoria engrosada el dos de octubre de dos mil veinte, emitida en el amparo en revisión 92/2020. Lo cual constituye un hecho notorio para este Juzgador, de conformidad con lo que establece el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 103/2007, emitida por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, publicada en la página 285, del Tomo XXV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, junio de 2007, Novena Época, con número de registro 172215, que establece: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la tengan a la vista.". En ese sentido, el precepto legal transcrito, a saber, el artículo 61, fracción XI, de la ley de la materia, establece la causa de improcedencia del juicio de amparo que se sustenta en la institución de la cosa juzgada, y al remitir a la fracción X del mismo artículo, parte del supuesto en el que un segundo juicio de amparo se promueve por el mismo quejoso, en contra del mismo acto y autoridades responsables que un proceso constitucional anterior, lo que impide que prospere el asunto presentado con posterioridad. De ello se deduce, que la disposición legal en consulta alberga en toda su esencia la eficacia de la autoridad de la cosa juzgada, cuya importancia radica en el principio de seguridad jurídica de las resoluciones de autoridad, emanado del artículo 16 constitucional, que impide el ejercicio de diversas acciones sobre un mismo litigio ya resuelto con sentencia firme, a fin de evitar la proliferación interminable de juicios sobre un mismo punto litigioso. Al respecto, los artículos 354, 355 y 356, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al caso en términos de lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: "Artículo 354. La cosa juzgada es la verdad legal, y contra ella no se admite recurso ni prueba de ninguna clase, salvo los casos expresamente determinados por la ley. Artículo 355. Hay cosa juzgada cuando la sentencia ha causado ejecutoria. Artículo 356. Causan ejecutoria las siguientes sentencias: I. Las que no admitan ningún recurso (.).". La interpretación literal de los preceptos transcritos, en cuanto definen la cosa juzgada como 'la verdad legal' y contra la cual 'no se admite recurso ni prueba de ninguna clase, salvo en los casos expresamente establecidos en la ley', evidencia que recogen a la institución de la cosa juzgada al tenor del criterio tradicional en el sentido que constituye un efecto de las sentencias inimpugnables, porque vinculan a la cosa juzgada con la sentencia firme que califican de 'ejecutoria'. Lo trascendente de la regulación establecida en los preceptos en estudio, es que de existir sentencia firme respecto de un punto de litigio, dicho pronunciamiento constituye la verdad legal y, por ende, inmutable, de modo que exista cosa juzgada. Sobre esta base, podría decirse que la cosa juzgada, desde un punto de vista tradicional, sólo tiene efectos en relación con lo que constituye el objeto de la sentencia, cuyo límite objetivo es la demanda o el objeto litigioso, por lo cual, en términos generales habrá cosa juzgada cuando exista identidad de pretensiones; que se funden en la misma causa; que la litis se dé entre las mismas partes y propuestas por ellas y contra ellas en la misma calidad; de lo que resulta que la esencia de la cosa juzgada desde el punto de vista objetivo y tradicional, consiste en no permitir que el juzgador, en un proceso futuro, pueda de alguna manera desconocer o disminuir el bien reconocido en el precedente. Los principios destacados implícitamente se reconocen en lo dispuesto en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, pues al impedir que prospere un juicio de amparo posterior promovido en contra de actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo anterior, esto evidencia que la disposición reglamentaria del juicio de amparo alberga en su esencia a la institución de la cosa juzgada, desde el punto de vista tradicional, cuando exista identidad de pretensiones; que se funden en la misma causa; que la litis se dé entre las mismas partes y propuestas por ellas y contra ellas en la misma calidad. En resumen, para que se actualicen los supuestos establecidos en el artículo 61, fracción XI, de la ley de la materia, se requiere el cumplimiento de los siguientes presupuestos tomados incluso de la fracción III del propio artículo, a saber: La existencia de otro juicio de amparo promovido por el mismo quejoso; Que sea contra la misma ley o acto reclamado; Por esa razón, que se promueva contra la misma o mismas autoridades responsables y, Que en el otro procedimiento se haya resuelto el tema litigioso y haya quedado firme la decisión respectiva. Ahora bien, de la certificación de cuenta se advierte que en el juicio de amparo 1520/2019-V, del índice de este Juzgado de Distrito, por auto de veintidós de noviembre de dos mil diecinueve, se admitió a trámite la demanda de amparo promovida por María del Carmen Galicia Cantú; en esa línea argumentativa es indispensable corroborar que se actualizan los supuestos de cosa juzgada y para tal efecto se condensa lo siguiente: a) Existe otro juicio de amparo promovido por la propia quejosa (1520/2019-V del índice de este Juzgado Federal). b) Contra la misma ley o acto reclamado (Todo lo actuado en el expediente 125/2017 del índice del Juez Cuarto Familiar del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México). c) Que se promueva contra la misma o mismas autoridades responsables (en ambos juicios se señaló como autoridad responsable a el Juez Tercero de lo Familiar de Toluca, Estado de México, con residencia en Metepec y al Notificador adscrito a ese órgano jurisdiccional. d) Que en el otro procedimiento se haya resuelto el tema litigioso y haya quedado firme la decisión respectiva (mediante sentencia de veintinueve de enero de dos mil veinte, en la cual se determinó sobreseer el juicio de amparo, la cual adquirió firmeza por lo resuelto por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, mediante ejecutoria engrosada el dos de octubre de dos mil veinte, emitida en el amparo en revisión 92/2020, en la cual confirmó el sobreseimiento decretado). En ese tenor, si en este juicio de amparo la parte quejosa señaló como autoridad responsable y acto reclamado el mismo que reclamó en el diverso juicio 1520/2019-V del índice de este Juzgado de Distrito, pues al reclamar de nueva cuenta todo lo actuado en el expediente 125/2017 del índice del Juez Cuarto Familiar del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México; entonces, resulta evidente que no puede impugnarse nuevamente en este sumario, sin que obste que en el capítulo de acto reclamado solo hace alusión al auto de veinticinco de octubre de la anualidad en curso en donde se ordenó el desalojo del inmueble; porque, más adelante sostiene que en realidad reclama todo lo actuado en el procedimiento natural. Bajo esa óptica, resulta palmario que si el acto que se reclama por esta vía ya fue materia de estudio en diverso juicio, no puede esgrimirse en un nuevo juicio constitucional, pues como se observa, en el caso prevalece el principio de cosa juzgada. De ahí que ante la existencia de una resolución firme en el juicio de garantías 1520/2019-V, en el que se resolvió sobre el acto reclamado en este juicio de amparo, es una decisión firme y es cosa juzgada; por ende, resulta insuperable su eficacia en el tiempo. Resulta aplicable por las razones que la contienen la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, página 91, tomo 181-186 Tercera Parte, séptima época, con número de registro 237445, que se cita enseguida: "COSA JUZGADA. IMPROCEDENCIA DE AMPARO (FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO) CONTRA ACTOS OBJETO DE JUICIO SOBRESEIDO QUE NO PUEDEN RECLAMARSE DE NUEVO. Aun cuando, por regla general, una sentencia de sobreseimiento no constituye cosa juzgada ni impide, por consiguiente, la promoción de un nuevo juicio de garantías en que se combata el mismo acto, existen casos de excepción en virtud de que la causa de improcedencia de cosa juzgada opera también por diversas circunstancias, pues ésta no sólo se da cuando en una sentencia ejecutoria se ha examinado y resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sino también cuando se ha determinado su inatacabilidad a través de un juicio de garantías, siempre que tal determinación se haya realizado atendiendo a razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, con independencia del juicio en que tal determinación se haya efectuado, como ocurre, por ejemplo, cuando se ha declarado por sentencia ejecutoria que se ha consumado de manera irreparable el acto reclamado, o que han cesado sus efectos, o que dicho acto ha sido consentido, o cuando se ha determinado que el acto reclamado no afecta los intereses jurídicos de la parte quejosa, pues estas situaciones no pueden ser desconocidas en un nuevo juicio de garantías.". Asimismo, sirve de apoyo la tesis aislada I.7o.A.132 K, del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, abril de 2010, página 2717, con número de registro 164818, que a la letra dice: "COSA JUZGADA. HIPÓTESIS EN QUE SE ACTUALIZA DICHA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE LA MATERIA, AUN CUANDO EN EL JUICIO DE GARANTÍAS ANTERIOR, PROMOVIDO POR EL MISMO QUEJOSO, CONTRA LAS MISMAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y POR IDÉNTICOS ACTOS RECLAMADOS, SE HAYA SOBRESEÍDO. El artículo 73, fracción IV, de la Ley de Amparo prevé que el juicio de garantías es improcedente contra leyes o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de garantías. Ahora bien, si el quejoso promueve un juicio de amparo que se sobresee y, con posterioridad, inicia otro contra las mismas autoridades responsables y por idénticos actos reclamados, procede también sobreseer en éste, a pesar de que en el primero no se analizó el fondo del asunto planteado, si no se demuestra fehacientemente que los hechos y circunstancias que llevaron a tomar nuevamente dicha determinación fueron distintos a los inicialmente estudiados o que a la presentación de la nueva demanda imperan nuevas situaciones de hecho que modifican lo antes analizado. En consecuencia, lo resuelto en el primer juicio adquiere firmeza, por identidad de los alcances del concepto de ejecutoria, por razones de legalidad, seguridad jurídica y congruencia en las resoluciones de los tribunales de amparo, pues lo contrario implicaría desconocer la decisión previa adoptada, y más aún, avalar la coexistencia de resoluciones contradictorias, ante la probabilidad de que en una segunda controversia se concluya en sentido opuesto respecto de hechos ya examinados.". Sustenta lo expuesto la tesis aislada XIX.2o.P.T.3 K, del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, marzo de 2009, página 2734, con número de registro 167743, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "COSA JUZGADA. SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EN EL SEGUNDO JUICIO EXISTE COINCIDENCIA DEL QUEJOSO, ACTO RECLAMADO Y AUTORIDADES RESPONSABLES RESPECTO DE UNO ANTERIOR RESUELTO OPORTUNAMENTE, Y NO SE TRATA DE UNA AMPLIACIÓN O MODIFICACIÓN DE LA PRIMER DEMANDA. El artículo 73, fracción IV, de la Ley de Amparo prevé que el juicio de amparo es improcedente contra leyes o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de garantías. Ahora bien, si el quejoso promueve un juicio de amparo, el cual fue resuelto en su oportunidad, y posteriormente inicia otro contra las mismas autoridades responsables y por idénticos actos reclamados que el anterior, a efecto de determinar si se actualiza la indicada causa de improcedencia, debe dilucidarse si en el caso se trata de una ampliación de la demanda o de una diversa. Así, debe decirse que para la doctrina la "demanda" es el primer acto que abre o inicia un juicio, es decir, la primera petición con la que el actor formula sus pretensiones, y que dependiendo de la actitud de la parte demandada, si es que suscita controversia sobre ellas, constituirán la materia de la litis; de ahí que sea tan importante lo que se diga en esta etapa procesal, ya que ello será lo que conformará la materia del debate, pues por regla general lo que no se exponga en ella no debe considerarse por el juzgador en su sentencia. En cambio, en cuanto a la "ampliación", en términos del Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, vigésima segunda edición, define al verbo ampliar de la siguiente manera: "(Del lat. ampliare). 1. tr. Extender, dilatar. 2. Reproducir fotografías, planos, textos, etc., en tamaño mayor que el del original."; de donde se colige que la ampliación de la demanda de amparo, aun cuando la ley de la materia no la contemple expresamente, implica la adición o modificación de lo expuesto por parte del quejoso en su escrito inicial, a efecto de que forme parte de la controversia que deberá resolver el Juez o tribunal que conozca del asunto. En esa tesitura, si de la demanda de amparo presentada en segundo término, se advierte que no se trata de una ampliación o modificación de la primer demanda, independientemente de que de su texto se advierta que el quejoso cumplió con los requisitos que sobre la formulación de una demanda establece el artículo 166 de la Ley de Amparo, y existe coincidencia en lo referente al acto reclamado, autoridad responsable y quejoso, se actualiza la referida causa de improcedencia de cosa juzgada.". En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo; con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la misma legislación, se desecha de plano la demanda de amparo que promueve María del Carmen Galicia Cantú, por propio derecho, contra actos del Juez Cuarto de lo Familiar de Toluca, Estado de México, con residencia en Metepec, al Notificador adscrito a ese órgano jurisdiccional y al Director de la Policía Municipal de Metepec. DOMICILIO. De conformidad con lo previsto en el artículo 27 de la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones la lista de publicación que se fija en los estrados de este órgano jurisdiccional por así haberlo solicitado expresamente. Y por lo que hace al diverso domicilio que señaló para los mismos efectos no ha lugar a tenerlo como tal, ya que ello podría implicar que se lleve a cabo una duplicidad en las notificaciones que se deben realizar en este asunto, en contravención a lo establecido en el numeral 32 de la Ley de Amparo. AUTORIZADOS. En otro punto, se tienen por autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que señala, esto es para el único efecto de oír y recibir notificaciones por así haberlo solicitado expresamente. TRANSPARENCIA. Con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. AUTORIZACIÓN DE ACUERDO. Realícese la autorización previa y definitiva de este auto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y una vez que las labores del juzgado lo permitan, se ordena imprimir y agregar el presente acuerdo al expediente físico a fin de favorecer el trabajo a distancia, como establece el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS COV-2 y los subsecuentes. Notifíquese y por lista a la parte quejosa.
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