María del Carmen Gabriela Rodríguez Chávez
Expediente 302/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 9 actuaciones registradas, la última del 20 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 302/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 20/04/2023
Partes del expediente
- María del Carmen Gabriela Rodríguez Chávez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS. Agréguese a sus autos para que surta sus efectos legales procedentes el oficio de cuenta, a través del cual la Actuaria del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con residencia en Tepic, remite copia certificada vía electrónica del acuerdo dictado el catorce de abril del año en curso, mediante el cual acusa de recibo del diverso oficio a través del cual se envió el escrito de agravios relativo al recurso de queja interpuesto por Raúl Arellano Guzmán, en carácter de autorizado de la quejosa María del Carmen Gabriela Rodríguez Chávez, en contra del proveído de veintitrés de marzo del año en curso, en el juicio de amparo indirecto 302/2022, medio de impugnación que fue registrado con el número 256/2023 de su índice, y se admitió en sus términos, de lo que se toma conocimiento. NOTIFÍQUESE.
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Tepic, Nayarit, 11 de abril de 2023. Ofc. 1354-II. Magistrado Presidente del Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, en Turno. Edificio del Poder Judicial Federal. Avenida México No. 521 Sur, Colonia Caja de Agua C.P. 63000. C i u d a d. En vía de informe y en treinta y ocho fojas útiles, remito a Usted, el expediente original del juicio de amparo indirecto 302/2022, para la substanciación del recurso de queja interpuesto por RAÚL ARELLANO GUZMÁN, en su carácter de autorizado de la quejosa MARÍA DEL CARMEN GABRIELA RODRÍGUEZ CHAVEZ, en contra del proveído dictado el veintitrés de marzo de dos mil veintitrés; adjuntándole igualmente, original y copia del escrito de expresión de agravios correspondiente. Manifestando que ES CIERTO el acto reclamado, toda vez que en el juicio de amparo biinstancial 302/2022, del índice de este Juzgado de Distrito, se pronunció el acuerdo de veintitrés de marzo de dos mil veintitrés, mediante el cual se desechó de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por la parte quejosa. Con la súplica que a su llegada, se acuse el recibo correspondiente. R e s p e t u o s a m e n t e. El Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. Ivar Langle Gómez.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTINUEVE DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Agréguese a sus autos para que surta sus efectos legales conducentes el escrito de cuenta, signado por por RAÚL ARELLANO GUZMÁN, en su carácter de autorizado de la quejosa MARÍA DEL CARMEN GABRIELA RODRÍGUEZ CHAVEZ, mediante el cual interpone recurso de queja en contra del proveído dictado el veintitrés de marzo del año en curso, en los autos del juicio de amparo indirecto 302/2022; consecuentemente, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101, de la Ley de Amparo, agréguese una copia a este expediente y remítase a la Superioridad los autos originales del presente juicio, y por separado el escrito original de expresión de agravios y copia del mismo, para que tenga a bien resolver lo que en derecho corresponda, igualmente ríndase el informe sobre la materia de la queja. Fórmese cuaderno de antecedentes del juicio de amparo en que se actúa, para los efectos legales procedentes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTITRÉS DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRES. Vista la certificación que antecede, de donde se desprende que ha transcurrido el plazo concedido a MARÍA DEL CARMEN GABRIELA RODRÍGUEZ CHÁVEZ, para que cumpliera con la prevención que se le hizo mediante proveído datado el veintitrés de febrero de dos mil veintitrés. Por tanto, al no dar cumplimiento a la prevención emitida en el referido acuerdo, se hace efectivo el apercibimiento de que fue objeto la parte quejosa mediante el citado auto; por lo tanto, provéase lo conducente en relación a su demanda, única y exclusivamente respecto de las autoridades responsables Ayuntamiento Constitucional de Tepic, Nayarit, Director de Recursos Humanos y Tesorero, ambos de dicho Ayuntamiento, y por los actos a ellas atribuidos. Ahora, del análisis de esa demanda de amparo, este juzgado de Distrito advierte que la misma es NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE, lo que conduce a desecharla de plano, de conformidad con lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual literalmente dispone: "ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Así, los motivos de improcedencia a los que se refiere dicha porción normativa son aquellos que resultan evidentes por sí mismos, pues manifiesto es lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; e, indudable, es aquello de lo que se tiene la certeza y plena convicción, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. Es decir, que sin necesidad de ulterior comprobación o sin posibilidad de ser desvirtuados, surjan a la vista tales motivos haciendo inejercitable la acción de amparo, y que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que estas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Ahora bien, la causal de improcedencia que se actualiza de forma manifiesta e indudable es la prevista en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1º, fracción I, y 5º, fracción II, de la Ley de Amparo de la Ley de Amparo, por los motivos que a continuación se expondrán. En primer lugar, resulta importante destacar el contenido de los citados numerales, los cuales establecen lo siguiente: "61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley.". "1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)." "5. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general (.)".De la interpretación sistemática de dichos preceptos legales, se desprende que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no provengan de autoridad. En el entendido de que de conformidad con el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, el concepto de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo es la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Ahora, resulta menester precisar que el concepto de autoridad responsable debe concebirse, fundamentalmente, por exclusión de los actos de particulares. Lo anterior es así, ya que la naturaleza, antecedentes y evolución del juicio de amparo apuntan a sostener que éste sólo procede contra actos de autoridad y por virtud de lo establecido en el artículo 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, también procede excepcionalmente, en contra de particulares, siempre y cuando, éstos realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. En ese contexto jurídico, resulta indispensable establecer las bases para distinguir un acto de otro, para lo cual es ideal atender a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. De acuerdo con esa teoría, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario, administrativo y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso-administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional, el juicio de amparo. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y por ello, la Constitución reconoce una serie de derechos humanos y garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Además, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II, de la Constitución General de la República. En esas condiciones, es evidente que para definir el concepto de autoridad responsable es necesario tomar en cuenta la distinción de las relaciones jurídicas, examinando si la que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior. Apoya lo anterior la Jurisprudencia 2a./J.164/2011 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 1089, Tomo XXXIV, correspondiente al mes de septiembre de dos mil once, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado". Aunado a lo anterior, con relación a lo que debe entenderse por autoridad responsable, cabe destacar que tal calidad no únicamente le asiste a los entes que dentro de sus facultades se encuentra la del imperio, es decir, de hacer respetar por medio de la fuerza pública sus propias determinaciones, sino que comprende también a todas aquellas que crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas concretas en perjuicio del particular y de una manera imperativa. Sirve de sustento a lo anterior, por identidad jurídica, la tesis aislada de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación tomo tres, segunda parte, página trece, materia común que dice: "AUTORIDADES RESPONSABLES EN EL JUICIO DE AMPARO. CUALES DEBEN CONSIDERARSE COMO TALES. La autoridad responsable en el juicio de amparo es el órgano estatal de facto o jure, investido con facultades o poderes de decisión o ejecución, cuyo ejercicio crea, modifica o extingue situaciones generales o concretas de hecho o jurídicas, con trascendencia particular y determinada de una manera imperativa; en otros términos, señala el artículo 11 de la Ley de Amparo, que es autoridad responsable la que dicta u ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado. Por tanto, se considera que un Juez de Distrito, por el hecho de haber concedido la libertad bajo fianza al inculpado, dentro del incidente de suspensión del juicio indirecto que promovió en contra de la sentencia que confirmó el auto de formal prisión decretado en su contra, no debe ser considerado como autoridad responsable en el juicio de amparo directo, pues no cae en su ámbito competencial la ejecución de la sentencia reclamada y, por tanto, el juicio con respecto a dicha autoridad es improcedente y debe ser sobreseído con fundamento en los artículos 166, fracción III, 73, fracción XVIII, y 74, fracción III, de la Ley de Amparo." Ahora, cabe precisar que este juzgador está facultado para interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que la conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia, lo que implica una fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en los artículos 74, fracción I, y 76 de la Ley de Amparo, por lo que se advierte que la quejosa reclama los siguientes actos: -Al Ayuntamiento Constitucional de Tepic, Nayarit: La circular 003/2022 emitida por la Presidenta Municipal, en la cual se establece la instrucción a las dependencias y entidades que integran la administración pública municipal de Tepic, para que verifiquen que los trabajadores de base adscrito a una dependencia o entidad que se encuentren gozando de alguna licencia necesaria para el cumplimiento de comisiones oficiales y/o sindicales, se realicen sin goce de sueldo y únicamente durante tiempo convenido, debiendo instruir por escrito al servidor público de que se trate para que se presenté y reporte de manera inmediata a su área de origen. Al Director de Recursos Humanos del Ayuntamiento en cita: El oficio DRH/299/2022 de veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, dirigido a la Presidenta del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de carácter Estatal de Nayarit, a través del cual se le notifica la circular 003/2022 y se le indica que a partir del uno de marzo del presente año tendrán vigencia las medidas determinadas en dicha circular, relativas a la comisión del personal basificado del Ayuntamiento de mérito. Al Tesorero Municipal: La ejecución del OFICIO DRH/299/2022 y de la circular 003/2022. Luego, del análisis del oficio y circular de referencia se advierte que a través de ellos el Ayuntamiento de Tepic, emite lineamientos respecto de las licencias otorgadas a sus empleados para que realicen comisiones oficiales o sindicales, por lo que a partir del uno de marzo del presente año se iniciará la vigencia de esas medidas, lo que implica que el personal basificado del Ayuntamiento de mérito que se encuentre en licencia derivada de una comisión sindical - como la quejosa- tendrá que presentar y reportar de manera inmediata en su área de origen, o bien, si su deseo es continuar en comisión no recibirán su sueldo ni sus prestaciones correspondientes. En ese sentido, es evidente que las actuaciones reclamadas tienen por objeto regular cuestiones propias de licencias de empleados del Ayuntamiento que se encuentren en una comisión, ya sea, oficial o sindical, es decir, dichos actos son los que surgen con motivo de una relación entre patrón y empleado. Ahora, en su escrito de demanda la quejosa MARÍA DEL CARMEN GABRIELA RODRÍGUEZ CHÁVEZ señaló bajo protesta de decir verdad, que es trabajadora del Ayuntamiento Constitucional de Tepic, Nayarit y que tiene nombramiento de base por tiempo indeterminado en el puesto de profesional designado en la Dirección de Ecología y Protección a Medio Ambiente, con número de empleada 8966 y que actualmente se encuentra en una licencia por comisión para integrar el Comité Ejecutivo Estatal del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de carácter Estatal de Nayarit. Lo anterior, corrobora que la relación que tiene la quejosa con el Ayuntamiento Constitucional de Tepic, Nayarit, su Director de Recursos Humanos y el Tesorero Municipal, es de naturaleza laboral, pues dicho Ayuntamiento y entidades que lo integran son el patrón de la impetrante del amparo, en ese sentido, las determinaciones que dichas entidades tomen en torno a las licencias que otorguen a sus empleados por comisiones oficiales o sindicales -como la otorgada a la quejosa-, son actuaciones de naturaleza laboral; de ahí que lo que aquí reclama se deba ventilar en esa vía. En efecto, los actos que por esta vía se reclaman, no pueden ser considerados como actos de autoridad, toda vez que se emitieron en una relación de coordinación o igualdad, es decir, en una relación de índole laboral que prevalece entre la quejosa y los entes mencionados, por lo que dichos actos no fueron emitidos por una autoridad para los efectos del juicio de amparo, sino por su patrón, pues tiene su origen en un vínculo trabajador-patrón y no gobernante-gobernado o ciudadano; es decir, se trata de una relación entre particulares actuando en un plano de igualdad. En ese tenor, se concluye que la afectación que dice resentir el trabajador no resulta en su carácter de ciudadano frente a una autoridad, sino como trabajador frente a un patrón, pues la actuación de las autoridades se traduce en emitir lineamientos respecto de las licencias por comisiones oficiales o sindicales que sus empleados se encuentren gozando, lo que hace patente que no actuaron con el imperio que establece una relación de supra a subordinación, esto es, que emita actos unilaterales a través de los cuales, crea, modifica o extinga situaciones jurídicas generales que afectan la esfera legal del particular. Por tanto, el juicio de amparo no es el medio para reclamar actos derivados de la relación patrón-empleado que existe entre el Ayuntamiento de Tepic y la quejosa, a saber, la emisión de lineamientos respecto de las licencias por comisiones oficiales o sindicales que ha otorgado el Ayuntamiento a sus trabajadores, dado que tanto la promovente como los trabajadores que se vean afectados con dicha medida tienen a su alcance para hacer valer su reclamación la vía procesal ordinaria, ante la autoridad competente, por ende, no le resulta el carácter de autoridad responsable para efectos del presente juicio de amparo a los entes antes mencionados. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia I.6o.T. J/28 (10a.)1 , sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, de rubro y texto: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO LO ES EL ÓRGANO O FUNCIONARIO DE LA DEPENDENCIA DEL ESTADO CUANDO ACTÚA COMO PATRÓN. La demanda de amparo interpuesta contra actos de las dependencias o funcionarios del Estado cuando actúan como patrones es improcedente, toda vez que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridad, en términos del artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ello es así, debido a que el Estado a la vez que es persona de derecho público y asume las funciones de autoridad, también es una persona moral oficial de derecho privado, en tanto que es el depositario, administrador o representante de los intereses económicos que constituyen el patrimonio de la Nación, y con este carácter puede entrar en relaciones laborales con los particulares, en un plano de coordinación y no de supra-subordinación; en consecuencia, sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular; por consiguiente, sólo podrá considerarse como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquel que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su 1 Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, viernes 01 de abril de 2016 10:01 h. investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en un plano de supra subordinación." Asimismo, sirve de apoyo, por las razones que la sustentan, la jurisprudencia III.4o.T. J/3 (10a.) 2 , emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, que a la letra señala: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO TIENE ESE CARÁCTER EL ENTE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO QUE ES OMISO EN EL PAGO DEL SALARIO O QUE INCUMPLE PRESTACIONES DE ÍNDOLE LABORAL, AL ACTUAR COMO PATRÓN EN UNA RELACIÓN DE COORDINACIÓN. Se considera "autoridad" a las personas que, con fundamento en una norma legal, pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado. En este sentido, debe señalarse que el Estado tiene una doble personalidad; la primera, como ente de derecho público cuando actúa investido de imperio en sus relaciones frente a los gobernados; y, la segunda, como persona moral sujeto de derecho privado, cuando actúa como particular frente a otros sujetos particulares. En efecto, la teoría general del derecho hace una clasificación de las relaciones jurídicas en: de coordinación, supra-subordinación y supraordinación. Las primeras corresponden a las entabladas entre particulares, y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o reguladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de supra-subordinación son las que se 2 Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, viernes 18 de marzo de 2016 10:40 h. entablan entre gobernantes y gobernados, y se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos, destaca el contencioso administrativo, el propio juicio de amparo, así como los mecanismos de defensa de los derechos humanos. Este tipo de relaciones se caracteriza por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías como limitaciones al actuar del gobernante. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre órganos del propio Estado. En este contexto, si el Estado contrata a una persona para que desempeñe cualquier labor dentro de una entidad pública, la actuación del titular del órgano de que se trate, frente a la persona contratada, no será una actuación investida de imperio, sino una verdadera relación laboral surgida en un plano de igualdad (coordinación) entre el Estado como contratante y la persona que va a desempeñar un servicio material, intelectual o de ambos géneros, en virtud del nombramiento que le fuere expedido o por el hecho de figurar en la lista de raya de los trabajadores. Luego, si en el caso el quejoso reclama de una dependencia de la administración pública o de un organismo descentralizado el incumplimiento de ciertas prestaciones derivadas de su relación laboral (falta de pago o descuentos a su salario), es inconcuso que dicho acto no tiene la naturaleza de acto de autoridad para efectos del amparo, pues las autoridades responsables (patrones) señaladas por el quejoso no tienen ese carácter, pues actúan como patrones en una relación de coordinación y no en un plano de supra-subordinación como autoridades investidas de imperio. Ni siquiera el acto reclamado (omisión o descuento del salario) es un acto que pueda considerarse para la procedencia del amparo, porque el salario está íntimamente vinculado con la relación obrero-patronal y con las condiciones fundamentales de la relación de trabajo entre el quejoso y la patronal, susceptible de impugnarse mediante el procedimiento laboral correspondiente y no a través del amparo." Así también es aplicable la tesis emitida por la otrora Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos cuarenta y uno, tomo XCIX, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, que señala: "TRABAJADORES DEL ESTADO DE MICHOACAN, ANTES DE OCURRIR AL AMPARO DEBEN HACERLO ANTE EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE RESPECTIVO. Si un trabajador al servicio de los Poderes del Estado de Michoacán, reclama en amparo ante un Juez de Distrito, el cese en su empleo y la falta de pago de sus sueldos, dicho juicio de garantía debe sobreseerse, porque si bien es verdad que el Estatuto de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Michoacán, por el contenido de su artículo 1o., de ninguna manera priva a los respectivos títulos de su carácter de autoridad, antes bien, por tener ese carácter resultan vinculados por las disposiciones del estatuto; también lo es que el artículo 2o., del mismo ordenamiento, reconoce la existencia, para todos los efectos legales, de una relación jurídica de trabajo entre autoridades y funcionarios por un lado, y por otro, los trabajadores al servicio de unas y otras, ligados entre sí por un complejo de derechos y obligaciones recíprocos; esto es, la violación de los primeros y la infracción de las últimas, como producido entre partes dentro de aquella relación jurídico-laboral, no dan origen a controversia de que deban conocer originalmente los tribunales de la Federación, en el sentido del artículo 103 constitucional, sino que surten la competencia del Tribunal de Arbitraje, según el artículo 63, fracción I, y el único procedimiento idóneo para resolverlos, es el previsto en el artículo 100, ambos del estatuto que se menciona." No pasa desapercibido para este juzgador que se aduzca que los entes señalados como responsables se encuentran violando derechos humanos, ya que en este caso, debe estimarse que la posible afectación a esos derechos fundamentales la realiza un patrón, actuando sin facultad legal alguna. Ello, pues la alegación de violación de derechos humanos no es lo que actualiza la procedencia del juicio de amparo, sino el carácter de autoridad o equivalencia a ese carácter por parte de un particular, ya que el juicio constitucional no es idóneo para contrarrestar violaciones a derechos humanos cometidas por particulares, y en el caso, la quejosa debe acudir ante la autoridad laboral competente a solicitar la cesación de los actos reclamados, y el correspondiente menoscabo de sus derechos humanos. En consecuencia al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del numeral 61 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 5, fracción II, de la citada ley, lo procedente es DESECHAR DE PLANO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE la demanda de amparo promovida por MARÍA DEL CARMEN GABRIELA RODRÍGUEZ CHÁVEZ, respecto del acto aquí analizado, en atención a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de la Materia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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