MARÍA DEL CARMEN FLORES VELÁZQUEZ y Otros.

Expediente 2318/2015 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 2 actuaciones registradas, la última del 22 de febrero de 2016.

Datos del expediente

Expediente
2318/2015
Año
2015
Actuaciones
2
Última actuación
22/02/2016

Partes del expediente

  • MARÍA DEL CARMEN FLORES VELÁZQUEZ y Otros.
  • María del Carmen Flores Velázquez

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio de amparo de los que se advierte que a la fecha, ha transcurrido el término establecido para las partes, sin que hubiesen recurrido el proveído mediante el cual este Juzgado de Distrito decretó el sobreseimiento fuera de audiencia del presente juicio de amparo. En consecuencia, se declara que el auto de mérito, HA QUEDADO FIRME para todos los efectos legales correspondientes por lo que se ordena archívar el presente juicio como asunto total y definitivamente concluido.

  2. Principal

    ténganse por recibido el escrito signado por ***, quien se ostenta como apoderada legal de María del Carmen Flores Velázquez, mediante el cual en cumplimiento a la prevención que se le formuló en proveído de dieciocho de diciembre del año en curso, realiza las manifestaciones que considera pertinentes. En atención a lo expuesto en el párrafo que antecede, con apoyo en lo establecido por los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República, 1°, 2°, 3°, 6°, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 112, y 115 de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo. Dése al Agente del Ministerio Público Federal adscrito a este Juzgado, la intervención legal que le confiere el artículo 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo. Se señalan las DIEZ HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL DÍA VEINTINUEVE DE ENERO DE DOS MIL DIECISÉIS, para la celebración de la audiencia constitucional. Atento lo dispuesto por los artículos 115 y 128, fracción I, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, este órgano jurisdiccional no ordena la apertura del incidente de suspensión, por no haberlo solicitado la parte quejosa. Asimismo, con apoyo en el ordinal 117 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad señalada como responsable su informe justificado, que deberá rendir dentro del término de quince días, siguientes al en que reciban el oficio en que se le solicita, acompañando copia certificada legible de todas y cada una de las constancias que obran en su poder en relación al acto reclamado; apercibida que de no rendirlo, o bien, de no remitir las constancias necesarias, se le impondrá en la sentencia respectiva, una multa equivalente a cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, conforme a lo dispuesto en el artículo 260, fracción II de la Ley de la Materia, en relación con los ordinales 237, fracción I y 238, primera parte, de la misma legislación. Además, hágase del conocimiento de las partes, que en términos del ordinal 64, de la Ley de Amparo, tienen la obligación de informar de inmediato a este órgano de control constitucional si durante la tramitación de este juicio de garantías, sobreviene alguna causal de sobreseimiento a que se refiere el artículo 63 de la referida ley, debiendo exhibir las constancias que la acrediten, en el entendido que de no cumplir con dicha obligación, de conformidad con el artículo 251, de la Ley de la Materia, en concordancia con los numerales 237, fracción I y 238, primera parte, de la misma legislación, se impondrá a la omisa una multa de treinta días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal. Asimismo, y para mejor proveer, requiérase a la autoridad responsable para que informe si tiene conocimiento de algún juicio de amparo que se relacione con el acto reclamado en este juicio de garantías promovido por las mismas partes en el proceso natural o constitucional, y que se trate de actos que deriven del mismo procedimiento de donde emerge el acto reclamado o que se refiera a los mismos hechos; lo anterior, a efecto de evitar el dictado de resoluciones contradictorias. Con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, este tribunal le impondrá como medida de apremio una multa por la cantidad equivalente a cincuenta días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, con fundamento en el artículo 259, de la Ley de la Materia, en concordancia con los numerales 237, fracción I y 238, primera parte, de la misma legislación. Por otro lado, se tiene a la promovente exhibiendo copia simple del acuse de la promoción presentada ante la responsable el veintisiete de noviembre de dos mil quince, misma que constituye el acto reclamado, con la cual pretende acreditar la personalidad que ostenta; sin embargo, dicho documento no es suficiente para colmar dicho tópico, pues de acuerdo al numeral 217, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en la especie, dicho documento carece de valor probatorio. Por tanto, a fin de no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, y en atención a que se demuestra indiciariamente que se cuenta con la personalidad de que se trata, con fundamento en el 11 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable para que al momento de rendir su informe con justificación, remita a esta sede judicial copia certificada de las constancias por las cuales se le reconoce la personalidad jurídica a Tania Guadalupe Gama Suarez, como apoderada legal de María del Carmen Flores Velázquez, con el objeto de que este Juzgado Federal se encuentre en condiciones de proveer sobre la personalidad de la promovente de amparo, apercibida que de no hacerlo así, este tribunal le impondrá como medida de apremio una multa por la cantidad equivalente a cincuenta días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, con fundamento en el artículo 259, de la Ley de la Materia, en concordancia con los numerales 237, fracción I y 238, primera parte, de la misma legislación. Ahora bien, por lo que se refiere al tercero interesado, con soporte en lo previsto por el arábigo 5°, fracción III, inciso b), de la Ley de la Materia, esta sede constitucional tiene con tal carácter al Ayuntamiento Municipal de Emiliano Zapata, Morelos, por ser la parte demandada en el juicio laboral 06/1988/2015, de donde emana el acto reclamado. Por tanto, con fundamento en la fracción II, inciso b), del numeral antes referido, en relación con el artículo 28, fracción I, de la ley de la materia, mediante oficio que contenga transcripción íntegra del presente acuerdo, al que deberá adjuntarse copia simple de la demanda, emplácese al presente juicio de garantías al Zapata, Morelos, a efecto de que, si lo considera conveniente, comparezca a este juicio y haga valer lo que estime conveniente en relación con los derechos que representa. De igual forma, de conformidad con lo dispuesto en el dispositivo 119 de la Ley de la Materia, se tienen por ofrecidas las pruebas de la parte quejosa, las documentales que anexa al libelo de cuenta, dado que se desahogan por su propia y especial naturaleza, y sin perjuicio de su relación en la celebración de la audiencia constitucional. Además, se instruye al Actuario Judicial para que los posibles diferimientos que se den en el presente asunto de la audiencia constitucional, se practiquen a las partes por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, incluidas a las autoridades responsables, toda vez que el artículo 26 de la Ley de Amparo, en su fracción I, prevé expresamente los supuestos que el juzgador está obligado a comunicarles por esa vía, las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, el diferimiento de la audiencia constitucional no se precisó como uno de esos casos de excepción, de ahí que resulta suficiente que este acuerdo se notifique por medio de lista en términos del artículo 29 del ordenamiento legal citado, al actualizarse el supuesto previsto por el artículo 26, fracción III, de la Ley de la Materia. Similar razonamiento se hace en torno a las autoridades señaladas como responsables, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes quejosa y tercero interesada, pues a través de ella se les informa en su domicilio o en el que señalaron para oír y recibir notificaciones, los actos encaminados a la integración del juicio, su resolución y los posteriores; de ahí que si la notificación mediante oficio tiene la misma finalidad que la que se realiza en forma personal a las partes, es incuestionable que debe ajustarse a las directrices precisadas por el legislador invocado por el numeral 26, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que resulta innecesario girar oficio a las autoridades para comunicarles el diferimiento de la audiencia constitucional. Sirve de sustento a lo anterior, la Jurisprudencia número 2ª./J.176/2012 (10ª) de la Segunda Sala del Alto Tribunal, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI, enero 2013, Tomo 2, página 1253, Materia Común, cuyo rubro es el siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar.

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