Maria del Carmen Flores Rodriguez

Expediente 1150/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 9 actuaciones registradas, la última del 4 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1150/2022
Año
2022
Actuaciones
9
Última actuación
04/10/2022

Partes del expediente

  • Maria del Carmen Flores Rodriguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, cuatro de octubre de dos mil veintidós. Causa ejecutoria sobreseimiento fuera de audiencia. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos y al advertirse que no se interpuso recurso de revisión en contra de la resolución de nueve de septiembre de dos mil veintidós mediante la cual se sobreseyó fuera de audiencia constitucional en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con apoyo en el artículo 86 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se acuerda lo siguiente. Destrucción. Destrúyase el presente expediente, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con una resolución que determinó sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso b) del artículo 21 del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: (.) b) Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido;". Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Una vez que transcurra el plazo que refiere el artículo dieciocho, párrafo primero del Acuerdo General en cita, transfiérase al Centro de Documentación y Análisis. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de la demanda, la sentencia definitiva dictada en el juicio de amparo y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Devolución de documentos. Dado que no existen en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa no es necesario requerirla para que los recoja, como lo exige el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, nueve de septiembre de dos mil veintidós. Autoridad remite constancias. Los Magistrados del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, remiten copia certificada del acuerdo del pasado seis de septiembre, en el cual aceptó la competencia planteada por la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, respecto del juicio laboral D-2/200/2020. En atención a su contenido, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, téngasele como prueba la documental que anexa a su oficio de cuenta misma que se admite y desahoga dada su propia y especial naturaleza. Sobreseimiento fuera de audiencia. Ante todo, debe tenerse presente que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de la ley de la materia, las causas de improcedencia del juicio de amparo deben analizarse preferentemente al fondo del asunto, ya sea que las aleguen las partes o que se adviertan de oficio, por tratarse de una cuestión de orden de público. En el caso, este órgano jurisdiccional advierte de oficio que respecto de los actos reclamados consistentes en la omisión de admitir la demanda presentada el dieciocho de febrero de dos mil veinte, omisión de notificar a la parte quejosa el auto relativo y la omisión de acordar el escrito presentado el cinco de abril de dos mil veintidós, todo en el juicio laboral D-2/200/2020; se actualiza la causa de improcedencia del juicio constitucional prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas e irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente." En primer orden, es conveniente precisar que la causa de improcedencia objeto de estudio requiere de la actualización de los siguientes requisitos: Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica y, por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; y Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis número 2a. CXI/96 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 219, tomo IV, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a diciembre de 1996 de rubro y texto siguiente: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a). Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b). Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c). Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d). Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." Dicho lo anterior, ahora es pertinente explicar por qué en el caso, respecto del acto reclamado, se cumplen todos los requisitos necesarios para que se actualice la causa de improcedencia objeto de estudio. En ese sentido, en relación al requisito previsto en el inciso a) cabe precisar que se encuentra satisfecho, puesto que la parte quejosa señaló como actos reclamados: la omisión de admitir la demanda presentada el dieciocho de febrero de dos mil veinte, omisión de notificar a la parte quejosa el auto relativo y la omisión de acordar el escrito presentado el cinco de abril de dos mil veintidós, todo en el juicio laboral D-2/200/2020. En relación al supuesto previsto en el inciso b), se advierte que, posteriormente a la fecha de presentación de demanda -dieciséis de junio de dos mil veintidós-, si bien la Junta responsable emitió el acuerdo de conclusión por incompetencia de veinte de febrero de dos mil veinte, dentro del expediente D-2/200/2020; sin embargo, fue hasta el once de agosto de dos mil veintidós cuando materialmente ordenó remitirlo al Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, el expediente laboral; de lo anterior se advierte que esta actuación es posterior a la presentación de la demanda. Máxime que, mediante auto de seis de septiembre de dos mil veintidós, en los autos del expediente D-393/2022 el Tribunal competente, se avocó al conocimiento del asunto. Por otra parte, respecto al requisito previsto en el inciso c), como se señaló en el párrafo que antecede, la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, mediante auto dictado el veinte de febrero de dos mil veinte, se declaró legalmente incompetente para conocer del juicio D-2/200/2020, y ordenó remitir los autos al Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla para su trámite, seguimiento y resolución. En consecuencia, no podrá decidirse sobre la constitucionalidad de los actos reclamados (omisión de admitir la demanda presentada el dieciocho de febrero de dos mil veinte, omisión de notificar a la parte quejosa el auto relativo y la omisión de acordar el escrito presentado el cinco de abril de dos mil veintidós, todo en el juicio laboral D-2/200/2020), sin afectar la nueva situación jurídica (acuerdo de veinte de febrero de dos mil veinte, por medio del cual la junta responsable se declaró legalmente incompetente, dictado dentro del expediente D-2/200/2020, y ordenó remitir dichos autos al Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, el cual mediante auto de seis de septiembre de dos mil veintidós, se avocó a su conocimiento). Lo anterior se traduce en un cambio de situación jurídica respecto del estado que guardaban los autos al momento de la presentación de la demanda de amparo. Así, dicho cambio de situación jurídica provoca que se consideren consumadas las violaciones atribuidas a los actos reclamados, sin que pueda analizarse su constitucionalidad, pues se soslayaría la nueva situación jurídica, esto es, el acuerdo de incompetente decretado por la autoridad responsable. El requisito antes examinado se encuentra íntimamente vinculado con el diverso previsto en el inciso d), pues existe autonomía entre las omisiones reclamadas y la nueva situación jurídica que rige el juicio origen. En efecto, dentro de un procedimiento se dictan una serie de actos sucesivos, en donde cada uno tiene una esfera de influencia o de trascendencia respecto de los subsecuentes; influencia que, en ciertos casos, llega a ser determinante para todos los actos del procedimiento; sin embargo, en otras ocasiones, la influencia de un acto procesal no alcanza más que a un número reducido de actos. En este contexto, aquellos actos que gozan de autonomía frente a los anteriores pueden subsistir con independencia de que los precedentes sean ilegales, por lo cual se dice que éstos no son determinantes de aquéllos. Es precisamente en estos casos en donde resulta factible la actualización de la causa de improcedencia en comento, pues al existir autonomía entre la situación jurídica anterior y la actual, ningún sentido tiene pronunciarse respecto de la primera si incluso su abierta ilegalidad no produciría la inconstitucionalidad de la segunda. En el caso concreto, se considera que existe autonomía o independencia entre las omisiones que se reclamó en el juicio de amparo y la nueva resolución dictada, dado que ha quedado superado el estado que guardaban los autos antes de la presentación del escrito inicial de demanda -omisión de admitir la demanda presentada el dieciocho de febrero de dos mil veinte, omisión de notificar a la parte quejosa el auto relativo y la omisión de acordar el escrito presentado el cinco de abril de dos mil veintidós, todo en el juicio laboral D-2/200/2020- y la situación jurídica que se originó posteriormente -el acuerdo de declaración de incompetencia-. En otras palabras, no podría analizarse la legalidad de los actos reclamados, pues la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, dictó un acuerdo en el que se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda laboral presentada por la parte quejosa, por lo que resulta imposible determinar el estado procesal que guardaba dicha demanda, y ello implicaría afectar la nueva situación procesal que se actualizó con posterioridad a la presentación del presente juicio de amparo. En consecuencia, se concluye que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, por lo que debe sobreseerse en el juicio fuera de audiencia, de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 63, fracción V, de la norma citada. Sirve de fundamento, la jurisprudencia 2ª/J 10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes. "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En esas circunstancias, al haberse sobreseído en el juicio de amparo a través del presente proveído, se deja sin efectos la audiencia constitucional. Por otro lado, una vez que cause estado el presente proveído, dese de alta en el módulo de sentencias contenido en el SISE, así como en el libro de registro electrónico que se lleva a cabo en este Juzgado Federal y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Notifíquese; vía electrónica a la parte quejosa.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, siete de septiembre de dos mil veintidós. Diferimiento audiencia constitucional. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación que antecede se evidencia que la audiencia constitucional se encuentra prevista para celebrarse hoy; sin embargo, no está en aptitud de celebrarse, toda vez que se encuentra transcurriendo el plazo concedido a la autoridad responsable para que remita las constancias solicitadas mediante auto de uno de septiembre de dos mil veintidós. En tales condiciones, y para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional fijada en el presente asunto y se señalan las TRECE HORAS DEL VEINTINUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su celebración. Sirve de fundamento, la tesis aislada: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, SEÑALAMIENTO DE. Si bien es cierto que conforme al artículo 147 de la Ley de Amparo, debe señalarse en el auto en que se admite la demanda, día y hora para la celebración de la audiencia, a más tardar dentro del término de treinta días, también lo es que esta disposición legal debe entenderse en términos hábiles, armonizándolo con las dificultades que en la práctica se presente, toda vez que siendo muchos los negocios que se ventilan en los tribunales federales, humanamente sería imposible observar la ley a este respecto. Consecuentemente, no es ilegal la resolución de un Juez de Distrito que cita para la celebración de la audiencia una fecha posterior a los treinta días que marca la ley, si tal señalamiento obedece a necesidades imperiosas y no a mala fe o dolo de parte del juzgador." Notifíquese; vía electrónica a la parte quejosa.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, uno de septiembre de dos mil veintidós. Autoridad cumple requerimiento. La Junta Especial Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, en cumplimiento a lo solicitado en el proveído de once de agosto de dos mil veintidós, remite copia certificada de la carpeta falsa del expediente laboral D-2/200/2020 de su índice. En ese orden, de la documental exhibida se advierte que, el once del mes y año en curso la autoridad responsable remitió ante el Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, el expediente de origen, con motivo de la determinación de incompetencia emitida el veintiuno de febrero de dos mil veinte. Se requieren constancias. En consecuencia, con fundamento en el artículo 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se requiere al Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla para que dentro del plazo de tres días, contados a partir de la notificación del presente acuerdo, realice lo siguiente: Remita el acuerdo que recayó al oficio ST/JLCA JTA 2/199/2022 de dieciocho de julio de la presente anualidad, emitido en el expediente laboral D-2/200/2020 [por el cual la Junta Especial Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, declinó competencia en su favor] o informe el impedimento que tenga para tal efecto. En la inteligencia de que deberá remitir copia certificada de las constancias que así lo acrediten. Apercibida que de ser omiso al presente requerimiento, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta días de salario mínimo vigente (entendiéndose días de Unidad de Medida y Actualización), de conformidad con los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGARSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto." Notifíquese; vía electrónica a la parte quejosa.

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