Maria del Carmen Flores Cardenas
Expediente 588/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 6 actuaciones registradas, la última del 26 de junio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 588/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 26/06/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Maria del Carmen Flores Cardenas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE ESTA FECHA QUE DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiséis de junio de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído de once de junio del año en curso, por el que se desechó la demanda de amparo promovida por María del Carmen Flores Cárdenas; con fundamento en la fracción II, del numeral 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. En virtud de lo anterior y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar, archívese el presente expediente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Ahora bien, acorde a lo establecido en el punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes generados en los Juzgados de Distrito, debido a que por proveído de once de junio de dos mil diecinueve, se desechó la demanda de amparo de que se trata, determinación que causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran más de cinco años conforme a lo previsto en el citado punto. Atendiendo a las particularidades del presente asunto, se considera que no es de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, de conformidad con el Punto Décimo Primero del mencionado Acuerdo General número 1/2009. Finalmente, tomando en consideración que la parte quejosa anexó a su escrito de demanda diversos documentos susceptibles de devolución; en consecuencia, con fundamento en el último párrafo, del punto décimo primero, del referido Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes generados en los Juzgados de Distrito, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de noventa días, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este acuerdo, comparezca ante este Juzgado a recoger tales documentales, previa copia certificada que a su costa se deje en autos, así como razón de su recibo, y hecho lo anterior, sin ulterior acuerdo, devuélvanse los autos al archivo; en la inteligencia que de no hacerlo, se podrá destruir junto con el expediente.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiséis de junio de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído de once de junio del año en curso, por el que se desechó la demanda de amparo promovida por María del Carmen Flores Cárdenas; con fundamento en la fracción II, del numeral 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. En virtud de lo anterior y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar, archívese el presente expediente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Ahora bien, acorde a lo establecido en el punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes generados en los Juzgados de Distrito, debido a que por proveído de once de junio de dos mil diecinueve, se desechó la demanda de amparo de que se trata, determinación que causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran más de cinco años conforme a lo previsto en el citado punto. Atendiendo a las particularidades del presente asunto, se considera que no es de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, de conformidad con el Punto Décimo Primero del mencionado Acuerdo General número 1/2009. Finalmente, tomando en consideración que la parte quejosa anexó a su escrito de demanda diversos documentos susceptibles de devolución; en consecuencia, con fundamento en el último párrafo, del punto décimo primero, del referido Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes generados en los Juzgados de Distrito, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de noventa días, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este acuerdo, comparezca ante este Juzgado a recoger tales documentales, previa copia certificada que a su costa se deje en autos, así como razón de su recibo, y hecho lo anterior, sin ulterior acuerdo, devuélvanse los autos al archivo; en la inteligencia que de no hacerlo, se podrá destruir junto con el expediente.
- Principal
Vista la demanda de amparo que promueve María del Carmen Flores Cárdenas, contra actos de la Comisión de Gobernación del Congreso del Estado y de otras autoridades, que estima violatorios de los artículos 1, 14, 16, 17, 20, 35, 109, 110 y 127 de la Constitución General de la República, fórmese expediente de amparo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado, bajo el número progresivo 588/2019-II. Ahora bien, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar al momento de estudiar una demanda, a saber: a) Analizar en su integridad la demanda y anexos con un criterio amplio, no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance o contenido; b) Prescindir de los calificativos vinculados con la inconstitucionalidad que se hagan al enunciar los actos reclamados en el escrito inicial; y, c) Además de los datos que se adviertan de la demanda de amparo, se puede tomar en consideración la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo la intención del quejoso, sin precisiones que generen oscuridad o confusión. Sobre el particular se invocan las tesis P./J. 40/2000 y P. VI/2004, sustentadas por el Pleno del Máximo Tribunal del País, de los títulos: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." y "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." . Con base en estas premisas, de la lectura integral de la misiva de cuenta se advierte que la parte quejosa reclama en el presente asunto: 1. De la Comisión de Gobernación y de la Comisión de Justicia, ambas del Congreso del Estado de San Luis Potosí: La emisión del dictamen que desecha el juicio político en contra de Amada Zavala, en su carácter de ex Presidenta Municipal de Zaragoza, San Luis Potosí, datado el nueve de mayo de dos mil diecinueve, y notificado el diecisiete de ese mes y año. 2. Del Pleno del Congreso del Estado, la votación que aprobó el dictamen a que se refiere el párrafo que antecede. 3. De las tres autoridades señaladas como responsables: La omisión de atender la sentencia del juicio para la protección de los Derechos Políticos Electorales del Ciudadano, derivados del expediente TESLP/JDC/04/2015 y su acumulado TESLP/JDC/06/2015. De lo expuesto se arriba a la conclusión que los actos reclamados son autónomos y distintos entre sí, pues derivan de procedimientos distintos, a saber, las primeras dos (la emisión y votación del dictamen en comento), proceden de un juicio político incoado ante la LXI Legislatura del Congreso del Estado de San Luis Potosí (actualmente LXII Legislatura), mientras que la omisión precisada en el punto 3, del juicio para la Protección de los Derechos Políticos Electorales del Ciudadano TESLP/JDC/04/2015 y su acumulado TESLP/JDC/06/2015 del índice del Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí. Circunstancia la anterior, que se corrobora con los documentos que la parte quejosa anexó a su escrito inicial de demanda. Máxime porque de ser procedentes los juicios de amparo por lo que hace a los actos positivos precisados, éstos serían analizados de conformidad con el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de San Luis Potosí, la Ley Orgánica del Poder Legislativo y la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de San Luis Potosí, a fin de constatar si fue correcto el proceder de dichas autoridades y, de concederse el amparo, éste tendría el efecto de que se deje sin efectos el dictamen recurrido y se emita otro en el que se dé trámite al Juicio Político de mérito. En tanto que por lo que hace a la omisión reclamada, una vez determinado a quien se le atribuye, deberá ser analizada en términos de la Ley de Justicia Electoral del Estado, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y demás disposiciones aplicables al juicio para la Protección de los Derechos Políticos Electorales del Ciudadano, y, de concederse el amparo, tendría por efecto compeler a las responsables a cumplir con el fallo de mérito. De donde resulta incuestionable que los actos y omisión que por esta vía constitucional se reclaman son inconexos y que para efectos de la litis constitucional de ningún modo están vinculados entre sí. Lo que trae como consecuencia que técnicamente no pueden ser analizados y resueltos en un solo juicio de amparo. En consecuencia, se ordena, de oficio, separar los autos del juicio de amparo en que se actúa, con fundamento en el artículo 217 de la Ley de Amparo que dispone: "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. La jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito es obligatoria para los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de las entidades federativas y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales que se ubiquen dentro del circuito correspondiente. La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para los órganos mencionados en el párrafo anterior, con excepción de los Plenos de Circuito y de los demás tribunales colegiados de circuito. La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna". El citado artículo establece la obligatoriedad de la jurisprudencia del Pleno o de alguna de las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o de los Tribunales Colegiados, para los Juzgados de Distrito, los tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo locales o federales. Lo anterior en relación con la jurisprudencia 76/97, sustentada por el Pleno del Máximo Tribunal del País, publicada en la página 118, Tomo VI, septiembre de mil novecientos noventa y siete, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, dispone: "SEPARACIÓN DE JUICIOS. SU PROCEDENCIA. Si en una demanda de amparo se reclaman actos emanados de juicios diversos, desvinculados entre sí, y dicha demanda ha sido admitida por el Juez de Distrito, o bien, tal circunstancia es advertida durante la tramitación del juicio (hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional), con motivo de los informes justificados que rindan la o las autoridades responsables, podría iniciarse de oficio la separación de juicios, figura ésta, que al no estar específicamente regulada en la Ley de Amparo, debe por ello quedar contenida en la jurisprudencia, tomando como base el artículo 57 de esa ley, que establece la acumulación, deduciéndolo en sentido contrario, por lo que puede concluirse que, fuera de los casos que ahí se prevén, en cualquier otro supuesto se requiere hacer la separación". Dando origen a dos demandas de amparo en las que se reclama: a). En la primer demanda, se reclama: a.1). De la Comisión de Gobernación y de la Comisión de Justicia, ambos del Congreso del Estado de San Luis Potosí: La emisión del dictamen que desecha el juicio político en contra de Amada Zavala, en su carácter de ex Presidenta Municipal de Zaragoza, San Luis Potosí, datado el nueve de mayo de dos mil diecinueve, y notificado el diecisiete de ese mes y año; y, a.2). Del Pleno del Congreso del Estado, la votación que aprobó el dictamen a que se refiere el párrafo que antecede. b). Mientras que en la segunda demanda se reclama: b.1). La omisión de atender la sentencia del juicio para la protección de los Derechos Políticos Electorales del Ciudadano, derivados del expediente TESLP/JDC/04/2015 y su acumulado TESLP/JDC/06/2015. Por consiguiente, continúese el trámite ya descrito en relación con la demanda de amparo únicamente por lo que se refiere a los actos reclamados de las autoridades precisadas en el inciso a) y sub incisos a.1) y a.2) que anteceden. Asimismo, expídase copia certificada del juicio de amparo en que se actúa, inclusive hasta el presente auto, y con apoyo en la Jurisprudencia por contradicción P./J. 78/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Septiembre de 1997, Novena Época, página 117, de rubro: SEPARACIÓN DE JUICIOS. EL JUEZ DE DISTRITO, AL DECRETARLA, DEBERÁ TOMAR LAS MEDIDAS Y SEÑALAR EL TRATO QUE A CADA UNO CORRESPONDA; remítase tal reproducción mediante oficio a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, para que por medio del sistema computarizado, registre la demanda identificada en el inciso b) y la turne al Juzgado de Distrito que corresponda por razón de turno. Sin que lo aquí expuesto genere un impedimento para que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo derivado del que se actúa, provea lo que considere adecuado.
- Principal
POR LO QUE VE AL ACTO RECLAMADO EN ESTE JUICIO, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO.
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