María del Carmen Fajardo Cruz

Expediente 1004/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco. 4 actuaciones registradas, la última del 1 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1004/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
01/06/2022

Partes del expediente

  • María del Carmen Fajardo Cruz

Actuaciones

  1. Principal

    Juicio 1004/2020 folio 7659. uno de junio de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, se provee; agréguese a los autos el escrito suscrito por la quejosa María del Carmen Fajardo Cruz; en atención a su contenido con apoyo en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se acuerda favorable la devolución de las documentales que solicita; por lo que, se autoriza su entrega a las personas que se mencionan en el escrito que se provee, previa toma de razón y firma de recibo que se deje en autos una vez que las labores del juzgado lo permitan. En el entendido que de conformidad con el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, Relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus COVID-19, el ingreso a los órganos jurisdiccionales se realiza mediante cita; por tanto, estará en aptitud de gestionar la misma; lo anterior, con la finalidad de recibir la documental solicitada. Asimismo, se hace del conocimiento a la parte promovente, que deberá hacerlo bajo las medidas de prevención implementadas con motivo de la pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), a efecto de salvaguardar su integridad física y la de los integrantes de este órgano jurisdiccional. Notifíquese.

  2. Principal

    Villahermosa, Tabasco, siete de diciembre de dos mil veinte. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja, en contra del auto de diecinueve de noviembre de dos mil veinte, mediante el cual se desechó de plano la demanda de amparo sin que la parte interesada hubiese ejercido ese derecho; en consecuencia, se declara que el citado auto ha causado estado para todos los efectos legales. Ahora, visto el estado procesal que guardan los presentes autos y como de los mismos se advierte que se trata de un asunto totalmente concluido, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO del mismo. Por otro lado, en cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, así como al Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en vigor, se establece: El juicio principal es DESTRUIBLE, dado que se desechó la demanda de derechos fundamentales. El presente expediente carece de relevancia documental. Una vez transcurrido el plazo de tres años remítase al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En la carátula del sumario anótese la circunstancia de que el cuaderno principal es destruible, y la fecha en que se ordena su archivo. Háganse las anotaciones en el Libro de Registro de Juicios de Amparo de este Juzgado, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese en términos de ley.Así lo proveyó y firma Pedro José Zorrilla Ricárdez, Juez Quinto de .

  3. Principal

    RADICACIÓN DE LA DEMANDA. Visto lo de cuenta, se provee; téngase por recibido el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, mediante el cual en términos del artículo 46, fracción IV del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, remite el juicio de amparo 949/2020-VII-8, de su índice, promovido por **********, en razón del conocimiento previo obtenido en el juicio de amparo 386/2020-VIII-1, de la estadística de este juzgado. Acúsese recibo y comuníquesele al homólogo oficiante que este juzgado se avoca al conocimiento del asunto; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este juzgado bajo el expediente 1004/2020-IV. CONOCIMIENTO A LA OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMÚN. En razón de lo anterior, hágase del conocimiento la presente determinación a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, para los efectos de que tome conocimiento de lo anterior y en atención a ello emita la boleta de registro correspondiente y equilibre las cargas entre éste y los demás órganos jurisdiccionales. DESECHAMIENTO. De acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano. Para lo anterior, en principio, debe tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improceder efectivamente se actualiza en el caso concreto. De tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por la promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Proceder que tiene como base constitucional lo preceptuado en el artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Bajo esa óptica, este juzgador advierte que en el particular se actualiza la causa de improcedencia señalada en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 1, fracción I, y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, los cuales dicen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." Esto es así, ya que las autoridades señaladas como responsables no tienen el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo, tal y como se explicara enseguida. En efecto, se considera "autoridad" a las personas que, con fundamento en una norma legal, pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado. En este sentido, debe señalarse que el Estado tiene una doble personalidad; la primera, como ente de derecho público cuando actúa investido de imperio en sus relaciones frente a los gobernados; y, la segunda, como persona moral sujeto de derecho privado, cuando actúa como particular frente a otros sujetos particulares. En ese contexto, la teoría general del derecho hace una clasificación de las relaciones jurídicas de coordinación, supra-subordinación y supraordinación. Las primeras corresponden a las entabladas entre particulares, y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o reguladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Por otro lado, las relaciones de supra-subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, y se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos, destaca el contencioso administrativo, el propio juicio de amparo, así como los mecanismos de defensa de los derechos humanos. Este tipo de relaciones se caracteriza por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de derechos como limitaciones al actuar del gobernante. Por último tocante a las relaciones de supraordinación cabe decir que son las que se establecen entre órganos del propio Estado. Ahora, de acuerdo a lo expuesto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 341/2015, estableció que los Institutos de Seguridad Social, constituyen entes del Estado, independientemente de que su naturaleza formal sea de organismos descentralizados, pues forman parte de la administración pública estatal, de conformidad con el artículo 1o, párrafo último, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Sostuvo también que un Instituto de Seguridad Social, como ente asegurador, tiene la facultad para emitir actos que incidan en la situación jurídica del asegurado o beneficiario, en relación con la procedencia de pensiones que establece la ley o, incluso, puede incurrir en omisión; motivo por el cual, determinó que excepcionalmente, es procedente el amparo para obtener la protección efectiva de los derechos humanos involucrados. Es decir, conforme a lo sostenido por la Segunda Sala del Alto Tribunal, únicamente procede el juicio de amparo contra actos de un Instituto de Seguridad Social, como ente asegurador, siempre que exista necesidad de proteger la efectividad de los derechos humanos involucrados, como es el caso del derecho de petición reconocido en el artículo 8vo., de la Constitución Federal, por lo que cuando se atribuye al instituto la omisión de responder una solicitud en materia de pensiones, resulta procedente el juicio de amparo indirecto, debido a que, en este caso, es necesario garantizar la protección efectiva del derecho humano de petición, con la única finalidad de que el funcionario o empleado público del instituto emita una respuesta a la petición. Sin embargo, a su vez la Sala afirmó que una vez conocida la respuesta a la petición del gobernado y de estimar que no se satisface su interés, debe acudir a la vía ordinaria laboral, en materia de seguridad social, de conformidad con los artículos 295 de la Ley del Seguro Social y 899 A de la Ley Federal del Trabajo; primer numeral que se equipara al contenido del artículo 10 de la Ley de Seguridad Social del Estado de Tabasco. La contradicción de tesis citada en párrafos que anteceden, dio origen a la jurisprudencia 2a./J. 66/2016 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página, libro 31, junio de 2016, tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con registro 2011948, cuyo rubro y texto rezan: "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. EL JUICIO DE AMPARO PROCEDE CONTRA LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD FORMULADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN QUE DEBE RESPONDER EN SU CARÁCTER DE ENTE ASEGURADOR. El Instituto Mexicano del Seguro Social constituye un ente público del Estado, independientemente de que su naturaleza formal sea de organismo descentralizado encargado de organizar y administrar el seguro social de conformidad con la ley que lo rige y, por tanto, facultado para emitir actos a través de los cuales resuelve sobre la procedencia de una pensión o demás prestaciones de seguridad social, con los cuales pueden crearse, modificarse o extinguirse situaciones jurídicas de los asegurados o beneficiarios. Por tanto, si el derecho de petición reconocido en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se sustenta en la obligación de todos los funcionarios y empleados públicos de contestar en breve término cualquier solicitud formulada por escrito por los particulares, entonces, cuando se atribuye la omisión de responder una solicitud en materia de pensiones, procede el juicio de amparo indirecto en su contra, debido a que en este caso es necesario garantizar la protección efectiva de ese derecho humano, con la única finalidad de que el funcionario o servidor público del Instituto dé respuesta a la petición; en el entendido de que contra ésta no procede ampliación a la demanda de amparo indirecto, sino que una vez conocida, y de estimar que no se satisface su interés, el asegurado o beneficiario deben acudir a la vía ordinaria laboral, en materia de seguridad social, acorde con los artículos 295 de la Ley del Seguro Social y 899-A de la Ley Federal del Trabajo." El énfasis es propio. Sin que pase desapercibido que la jurisprudencia antes citada se refiera al Instituto Mexicano del Seguro Social, ya que en el caso si bien se trata de la autoridad responsable Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, lo cierto es que de igual forma se trata de un ente asegurador; de ahí que sea aplicable la jurisprudencia en comento. En esa tesitura, este Juzgador estima conveniente realizar la fijación del acto reclamado en este sumario de conformidad con la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, el cual se hace consistir en el contenido del oficio DPSE/SEP/DP/2549/2020, folio DG/2954/19, de veintitrés de septiembre de dos mil veinte, el cual no tiene la naturaleza de acto de autoridad para efectos del amparo, pues las partes actúan en una relación de coordinación y no en un plano de supra-subordinación como autoridad investida de imperio. Esto en virtud que el Estado se vincula con el gobernado mediante un contrato o convenio regulado por el derecho común, por lo que en realidad no actúa como ente público, pues se coloca en un plano de igualdad o coordinación frente al particular, por tanto ingresa en una relación "bilateral" de correspondientes "derechos" y "obligaciones"; ello, tomando en consideración que actúa en función de sus atribuciones como ente asegurador y en sustitución del patrón, como consecuencia del vínculo laboral entre éste y el trabajador o con base en un acto jurídico mediante el cual se obliga a otorgar determinadas prestaciones en servicios, especie o en dinero al asegurado o a sus beneficiarios, donde se conduce en un plano de igualdad, dado que involucra el cumplimiento de dicho acuerdo de voluntades. En otras palabras, cuando se reclama un acto de una persona moral oficial que se vinculó con el gobernado actuando como un particular, sus actuaciones y omisiones carecen del imperio necesario para efecto de analizar su proceder a la luz de la Constitución Federal, pues en todo caso, esa determinación está sometida al derecho común, y no a las disposiciones del derecho público. Tiene aplicación la tesis emitida por Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 118, del tomo V, febrero de mil novecientos noventa y siete, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 199459, que dice: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PUBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURIDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades". De ahí que si, en el caso concreto, el origen de la relación entre la autoridad señalada como responsable y el ahora quejoso, el punto litigioso se refiere a derechos y obligaciones recíprocos de seguridad social, esto es, en un plano de igualdad; mas no es de supra a subordinación; consecuentemente, para los efectos del juicio de amparo, los funcionarios pertenecientes al Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, no tienen el carácter de autoridad responsable, al no encontrarse revestido el acto que en concreto se contraviene, de unilateralidad, imperatividad y coercitividad. Por tanto, a criterio del que hoy resuelve el acto reclamado está íntimamente vinculado con la relación obrero-patronal y con las condiciones fundamentales de la relación de trabajo entre el quejoso y el ente asegurador, como sustituto patronal, susceptible de impugnarse mediante el procedimiento laboral y/o administrativo correspondiente, no a través del juicio de amparo indirecto. En ese orden de ideas, debe decirse que las dependencia señalada como responsable, conforme a la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, si bien es un ente público que forma parte de la administración pública y por ende del Estado, para analizar si en los actos que realice, con fundamento en una ley de origen público, ejerce o no un poder jurídico que afecte por sí o ante sí y de manera unilateral la esfera jurídica de los particulares, debe atenderse al caso concreto; por tanto, en virtud de lo expuesto en párrafos que anteceden se colige que al Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, le recae el carácter de sustituto del patrón en el ámbito del derecho especial que rige las relaciones de esas instituciones con los asegurados y por ello en este caso no resultan ser autoridades para efectos del juicio de amparo. Cobra aplicación en lo conducente por su contenido jurídico la tesis aislada emitida por el Primer Tribunal Colegiado Auxiliar, visible en la página 1273, Tomo XXXII, Septiembre de 2010, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 163797, de rubro y texto siguiente: "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS). CARECE DEL CARÁCTER DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CUANDO SU ACTUACIÓN U OMISIÓN SE MATERIALIZA EN FUNCIÓN DE SUS ATRIBUCIONES COMO ENTE ASEGURADOR Y EN SUSTITUCIÓN DEL PATRÓN, COMO CONSECUENCIA DEL VÍNCULO LABORAL ENTRE ÉSTE Y EL TRABAJADOR Y NO SÓLO CUANDO SE RECLAME LA FALTA DE RESPUESTA A UNA SOLICITUD EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN (APLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 211/2009). De la jurisprudencia 2a./J. 211/2009, publicada en la página 303 del Tomo XXX, diciembre de 2009, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. NO TIENE EL CARÁCTER DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO, CUANDO SE RECLAMA LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD FORMULADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN QUE DEBE RESPONDERSE EN SU CARÁCTER DE ENTE ASEGURADOR.", se advierte que para que al Instituto Mexicano del Seguro Social no se le considere como autoridad en el amparo, se requiere que en la demanda se reclame la falta de respuesta a una solicitud en ejercicio del derecho de petición consagrado por el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, de la ejecutoria que le dio origen se conoce la razón jurídica que justifica ese criterio, y ésta se relaciona con el doble carácter que el referido organismo tiene legalmente reconocido, a saber: 1. Como organismo fiscal autónomo en la determinación y recaudación de las cuotas obrero patronales, caso en el cual actúa como autoridad con los atributos propios que la ley le otorga, esto es, bajo una relación de supra a subordinación; y 2. Como ente asegurador y en sustitución del patrón, como consecuencia del vínculo laboral entre éste y el trabajador o con base en un acto jurídico mediante el cual se obliga a otorgar determinadas prestaciones en servicios, especie o en dinero al asegurado o a sus beneficiarios, donde se conduce en un plano de igualdad, dado que involucra el cumplimiento de dicho acuerdo de voluntades. De ahí que, siguiendo esos lineamientos, cuando se trata de establecer si el indicado instituto efectivamente tiene el carácter de autoridad responsable, el rasgo determinante no obedece al tipo de garantías que el quejoso aduzca como violadas ni a la circunstancia de que reclame la falta de respuesta a una petición en términos del artículo 8o. constitucional, pues ello sólo tiene que ver con el contenido de los conceptos de violación y con lo que el agraviado decida señalar como acto reclamado, pero no necesariamente involucra el tipo de atribuciones que, con su actuación u omisión ejerce, las que deben coincidir con las que la Suprema Corte de Justicia de la Nación identifica como propias de un organismo fiscal autónomo en la determinación y recaudación de las cuotas obrero patronales. A partir de lo anterior se afirma que el Instituto Mexicano del Seguro Social carece del carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo, cuando su actuación u omisión se materializa en función de sus atribuciones como ente asegurador en los términos descritos, pues entonces la expresión de sus atribuciones se agota en un plano de igualdad y no de supra a subordinación, sin importar que el acto reclamado no se identifique exclusivamente con el derecho de petición, ya que, según lo expuesto, no es esa la única hipótesis a la que resulta aplicable la citada jurisprudencia." DETERMINACIÓN. Por tanto, por los motivos que han quedado expuestos, la demanda de amparo que nos ocupa, resulta notoriamente improcedente, al actualizarse en la especie la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61 fracción XXIII, con relación en los diversos 1, fracción I, y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la ley citada, SE DESECHA DE PLANO la misma. SE EXHORTA AL USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Por otra parte, de conformidad con el Capítulo V del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, Relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el virus COVID-19, se exhorta a las partes para que de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Lo anterior, en virtud de que en los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito, la presentación de demandas de amparo, recursos y promociones, así como la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas se realizarán a través de los sistemas tecnológicos del Consejo de la Judicatura Federal conforme a las disposiciones que estipula el capítulo segundo del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal y dado que el artículo 16 dispone lo siguiente: "Artículo 16. Para acceder a los servicios que se prestan en el Portal de Servicios en Línea será necesario que las personas interesadas cuenten con una firma electrónica emitida o reconocida por el PJF a través de la Unidad en términos de lo establecido en el último párrafo del artículo 14 del presente Acuerdo General y se registren en el sistema. Para registrarse en el Portal las personas usuarias deberán: (i) indicar su nombre, correo electrónico y CURP; (ii) crear un "Nombre de Usuario" y una "Contraseña"; y (iii) vincular su Firma Electrónica al registro respectivo. El registro de cada usuaria o usuario en el sistema es de carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra." Se expone lo anterior, a efecto de que considere una vez realizado dicho trámite proporcione a este órgano jurisdiccional su usuario para otorgarle la autorización respectiva, en virtud de que dicho trámite es personalísimo. Además de solicitar la práctica de las notificaciones vía electrónica de las determinaciones judiciales que se emitan en el presente asunto. De conformidad con lo dispuesto por la fracción I del numeral 5° del citado Acuerdo General 21/2020, a efecto de brindar atención a las partes -respecto de comunicaciones no procesales-, se habilita el correo electrónico Juana.Colome.Payro@correo.cjf.gob.mx, así como al número telefónico 9935904190. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA. Téngase como domicilio para oír y recibir citas y notificaciones el que menciona en su escrito inicial de demanda, y como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Roberto Menchaca Burgos, por así haberlo solicitado la impetrante y por encontrarse registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito; y en términos restringidos del citado artículo a las demás personas que refiere, por así solicitarlo. AUTORIZACIÓN PARA TOMAR FIJACIONES FOTOGRÁFICAS. En relación con la autorización para tomar fotografías, de conformidad con la circular 12/2009, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se acuerda favorable a su petición; y se autoriza a las personas mencionadas en su escrito de cuenta el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos, aptos para realizar esas funciones. SE HABILITAN HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS. Asimismo, con apoyo en la fracción I del artículo 5 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se habilita el correo electrónico y número telefónico proporcionados por la promovente únicamente para que a través de ellos se lleven a cabo comunicaciones no procesales, en la inteligencia que los registros de dichas comunicaciones podrán ser incorporadas a los autos en caso de estimarse necesario. AUTORIZACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Por otro lado, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la nueva Ley de Amparo, se faculta al Actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles, ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo elevado a rango de derecho humano constitucionalizado. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA. Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la última ley en cita. Notifíquese en términos de ley.

  4. Principal

    EN ESTA FECHA, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL CONTENIDO DEL AUTO DE DIECINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO.

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