María del Carmen Espinoza Gimeno y Otros.
Expediente 397/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 14 de abril de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 397/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 14/04/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- María del Carmen Espinoza Gimeno y Otros.
Actuaciones
- Principal
MESA III B Oaxaca de Juárez, Oaxaca, catorce de abril de dos mil dieciséis. Toda vez que del cómputo secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra el auto dictado el dieciocho de marzo de dos mil dieciséis (fojas 20 a 22), por el que se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio; consecuentemente, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, según su artículo 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído. Con fundamento en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de esa anualidad, en vigor a partir del veintiséis de noviembre del citado año, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio de amparo, hágase del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción, conforme a lo establecido en la fracción II del punto Vigésimo Primero del Acuerdo invocado. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.
- Principal
MESA III B Oaxaca de Juárez, Oaxaca, dieciocho de marzo de dos mil dieciséis. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos, para que surta los efectos legales procedentes, el informe justificado rendido por la Auxiliar de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado Encargada de la Presidencia por Ministerio de ley; con el cual se ordena dar vista a las partes para su debido conocimiento. Ahora bien, visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que María del Carmen Espinoza Gimeno promovió el presente juicio de amparo contra un acto de los Integrantes de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, que hizo consistir en la falta de señalar fecha y hora para que se lleve a cabo la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas en el expediente laboral 726/2014 (4). Ahora, de la lectura del informe que se agregó en líneas precedentes, se conoce que la Junta responsable, convino en la existencia del acto reclamado, precisando que el dieciséis de marzo del año en curso, dictó un acuerdo en el aludido expediente laboral; mismo del que se desprende señaló las doce horas con treinta minutos del diecinueve de abril del año en curso, para que tenga verificativo la audiencia de ofrecimiento de pruebas, fecha que es posterior a la de la presentación del libelo de amparo (24 de febrero de 2016). Precisado lo anterior el suscrito juzgador estima que, en la especie, contra el acto aquí reclamado sobrevino la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.). La cesación de efectos del acto reclamado a que alude la causa de improcedencia citada, debe entenderse cuando la autoridad de quien emana dicho acto deja de hacerlo, o bien, cuando lo revoca o deroga; así pues, para que sea aplicable el motivo de inejercitabilidad en comento, es necesario que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable, ya que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer al quejoso en el goce del derecho fundamental violado, por lo que en consecuencia, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado, se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, como si el acto jamás hubiera nacido. Al respecto, es importante destacar que es el artículo 17 constitucional el que consagra el derecho público subjetivo de acceso a la impartición de justicia, que prevé a favor de los gobernados, entre otros, el principio de justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; por lo tanto, para agotar el cumplimiento a tal garantía, en la especie, se requiere que la autoridad responsable emita sus resoluciones en los términos previstos en la ley. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 38, Tomo IX, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Precisado lo anterior debe decirse que el análisis de las constancias remitidas por la citada autoridad responsable, mismas que alcanzan valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de amparo, permite conocer que el juicio laboral 726/2014 (4) del registro de los Integrantes de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, se inició con motivo de la demanda promovida por la ahora quejosa María del Carmen Espinoza Gimeno, por su propio derecho, quien en la vía laboral demandó al Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Oaxaca denominada Servicios de Salud de Oaxaca por conducto de su representante legal; asimismo, que seguida la secuela procesal por acuerdo de dieciséis de marzo de dos mil dieciséis, la citada Junta señaló las doce horas con treinta minutos del diecinueve de abril de dos mil dieciséis, para que tenga lugar el desahogo de la audiencia de ofrecimiento de pruebas en el juicio laboral 726/2014(4) (fojas 9 a 19). Lo anterior permite establecer que los efectos del acto reclamado en este juicio de amparo han cesado, pues con posterioridad a la presentación de la demanda (veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis -foja 1-), las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; toda vez que al dictar la autoridad responsable el dieciséis de marzo de dos mil dieciséis, el acuerdo correspondiente por el que señaló las doce horas con treinta minutos del diecinueve de abril de dos mil dieciséis para que tenga lugar el desahogo de la audiencia de ofrecimiento de pruebas en el juicio laboral de origen, es evidente que se restituyó a la impetrante en el goce del derecho violado, como si éste no hubiera invadido su esfera jurídica. En tales condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia invocada, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, con fundamento en artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo. Lo anterior, toda vez que la aludida causa de improcedencia es manifiesta e indudable, por lo que no se causa agravio a la citada quejosa ni se le priva de defensa decretando el sobreseimiento del juicio fuera de audiencia, pues ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido. Se invoca en apoyo la jurisprudencia número 2a./J. 10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, marzo de 2003, materia común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con rubro y texto: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En tales condiciones, se ordena dejar sin efecto la audiencia constitucional señalada para esta propia fecha (foja 5); hágase lo anterior del conocimiento de las partes para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo proveyó, el Juez de Distrito Miguel Arroyo Herrera, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante la Secretaria Lucía Concepción Nicolás Ruiz, que autoriza y da fe.
- Principal
MESA V B Oaxaca de Juárez, Oaxaca, veinticinco de febrero de dos mil dieciséis. Agréguese el oficio signado por el Comisario de Vialidad y Transporte Municipal de Santa Lucía del Camino, Centro, Oaxaca, por el que, en relación al cumplimiento a la ejecutoria de amparo, remite copia con sello y firmas originales, del acuerdo de veinte de febrero de dos mil dieciséis, dictado por el aludido Comisario. Al efecto, se reserva dar vista a la parte quejosa, hasta que la diversa autoridad responsable Juez Municipal del Ayuntamiento de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, informe el acatamiento de dicho fallo. Por otra parte, vistos los autos, se advierte que a la fecha, el Juez Municipal del Ayuntamiento de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, no ha informado en relación al requerimiento que se le hizo en proveído de dieciocho de febrero del año en curso. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, nuevamente requiérase al referido Juez, para que en el plazo de tres días, siguiente a su notificación, cumpla con la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso Alexander Mazbel May García, y remita dentro del mismo plazo, copia certificada legible y completa de las determinaciones que al efecto adopte. Apercíbase a la citada autoridad responsable que de no cumplir sin causa justificada, se le impondrá multa de cien días de salario mínimo general vigente, equivalente a siete mil trescientos cuatro pesos, conforme a lo establecido en el artículo 258, en relación con el 238, ambos de la Ley de Amparo, asimismo se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda para seguir el trámite de inejecución, el cual puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese. Así lo proveyó, el Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, Ernesto Valdivia Vásquez, designado por el titular para el despacho del Juzgado en términos del artículo 43, primer párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con motivo de la licencia que le fue concedida por el Presidente del Consejo de la Judicatura Federal, y que mediante oficio CCJ/ST/0599/2016 de veintitrés de febrero de dos mil dieciséis, se comunicó que la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de la citada data, tomó nota de lo anterior; ante la Secretaria Lorena Carrera Martínez, que autoriza y da fe.
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