María del Carmen Espinosa Moreno
Expediente 629/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 629/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 29/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- María del Carmen Espinosa Moreno
Actuaciones
- Principal
ix... Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que las partes no interpusieron recurso de revisión en el término de diez días a que se refiere el artículo 86 con relación al diverso 81, fracción I, inciso d), ambos de la legislación de la materia; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que el proveído por el que se sobreseyó en el juicio de amparo fuera de audiencia; ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. Hágase las anotaciones en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, comuníquese lo anterior a las partes y archívese el presente asunto como totalmente concluido. ... el presente expediente es susceptible de destrucción, por ser un asunto en el que se sobreseyó en el juicio de amparo fuera de audiencia.
- Principal
IX... Agréguese el oficio proveniente de la Presidenta de la Sala Auxiliar de Tlalnepantla del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, por medio del cual acusa recibo de los originales del expediente laboral SAT 720/2018. Atento a su contenido, se deja sin efectos el apercibimiento en su contra decretado en proveído anterior.
- Principal
IX... se tiene a la Presidenta de la Sala Auxiliar de Tlalnepantla de Baz del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje rindiendo su informe justificado. ... se tienen como pruebas las documentales que anexa, mismas que se desahogan dada su propia y especial naturaleza. Ahora bien, de las documentales que allegó la Sala responsable, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, al haber cesado los efectos del acto reclamado. En ese tenor, dicha figura prevé dos hipótesis de cesación de efectos a saber: por revocación, y por sustitución. El primer supuesto ocurre cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. Mientras que el segundo, se actualiza al sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de su insubsistencia, ya que es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En esas condiciones, debe decirse que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. La improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir por su parte, lo que éste exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, no existe motivo para la resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Situación que se actualiza en este amparo, ya que el acto reclamado en el presente juicio de amparo lo constituye la omisión de acordar la promoción de fecha veintiocho de marzo de dos mil veintitrés, dentro del expediente SAT 720/2018; situación que ha dejado de existir, pues de las constancias que remitió la responsable, a las que se concede pleno valor probatorio, conforme a los artículos 129, 197 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se observa que mediante acuerdo de diecinueve de junio del presente año, se acordó la promoción a que hace referencia y se declaró cerrada la instrucción en el juicio y ordena turnar los autos al Auxiliar Dictaminador para que emita el proyecto de laudo correspondiente. En ese tenor, se concluye que han cesado los efectos del acto reclamado, pues al haberse dictado el referido acuerdo, se proveyó sobre su petición, con lo que se ha dejado de afectar la esfera jurídica del solicitante del amparo, por ello, con fundamento en los artículos 61, fracción XXI, y 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia en el presente juicio. Máxime que en el presente asunto no resultaría procedente analizar las omisiones y dilaciones en el trámite de un expediente laboral, subsecuentes a las que constituyen la materia del juicio constitucional, al constituir actos futuros, inciertos e indeterminados. Como consecuencia de dicha determinación, quien resuelve se encuentra impedido para analizar los conceptos de violación y, por ende, el fondo de la litis constitucional planteada. Atento a lo anterior, se deja sin efectos la fecha señalada para la audiencia constitucional fijada a las diez horas con treinta minutos del veintisiete de junio de dos mil veintitrés. Ahora bien, toda vez que remitió el expediente original de donde deriva el acto reclamado, y conforme al artículo 117, quinto párrafo, con relación al 121, último párrafo, de la Ley de Amparo, es innecesario retener actuaciones originales de un juicio en trámite; en consecuencia, devuélvanse los originales para que la autoridad responsable continúe con su substanciación; solicitando el acuse de recibo correspondiente, el que deberá remitir en el término de tres días contado a partir del día siguiente al en que sea notificado de este proveído, apercibida que de no hacerlo, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización, en términos de los numerales 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo....
- Principal
IX... Se admite a trámite la demanda de amparo. Pídase informe justificado a las autoridades señaladas como responsables. Requiérase a las partes para que en el momento de que tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, deberán comunicarlo de inmediato a este órgano federal. Se apercibe a la impetrante que en caso de que las autoridades que indica no puedan ser notificadas con la denominación que refiere, sin mayor trámite se tendrán por inexistentes, suspendiéndose toda comunicación con las mismas. Dése la intervención al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, a fin de que manifieste lo que a su representación social corresponda. Se fija día y hora para el desahogo de la audiencia constitucional.
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