María del Carmen Esperanza Valdez Chacón

Expediente 618/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 6 actuaciones registradas, la última del 18 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
618/2021
Año
2021
Actuaciones
6
Última actuación
18/11/2021

Partes del expediente

  • María del Carmen Esperanza Valdez Chacón

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    ...Pachuca de Soto, Hidalgo; dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno. NO HA LUGAR A EXPEDIR COPIAS. Agréguese el escrito de cuenta por medio del cual Agustín Arturo Rojo Siliceo solicita copias certificadas de las constancias que refiere. No ha lugar a proveer de conformidad toda vez que Agustín Arturo Rojo Siliceo no es parte en el presente juicio. No obsta que el promovente refiera que fue señalado por la parte quejosa como tercero interesado; pues, por auto de dos de junio de dos mil veintiuno se desechó de plano; es decir, no se dio trámite al juicio de derecho y, por tanto, no se reconoció el carácter que ostenta el promovente. ARCHIVO. Devuélvase al archivo el expediente en que se actúa, para su resguardo..-. M-I

  2. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo; veintitrés de junio de dos mil veintiuno. ESTADO DESECHAMIENTO. Del estado de autos y certificación de cuenta se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya recurrido el auto de dos de junio de dos mil veintiuno. Con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado. Realícense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno y la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). SE DEJAN A DISPOSICIÓN DE LA QUEJOSA LAS CONSTANCIAS EXHIBIDAS. Se deja a disposición de la quejosa la copia auténtica de la carpeta de investigación 06/2016/321, que adjuntó a su demanda. Ahora bien, a fin de que acuda por los documentos que se pusieron a su disposición, de conformidad con los artículos 3 y 6, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, hágase de su conocimiento que deberá programar la cita correspondiente en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, mediante el link:https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdicci onales/home. ARCHIVO Y VALORACIÓN. Con fundamento en el dispositivo 214 de la Ley de Amparo, en su oportunidad, archívese el presente sumario como concluido. Con apoyo en lo dispuesto en los artículos 12, 14 y 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente expediente es destruible....I

  3. Principal

    CUMPLE ACLARACIÓN. Agréguese el escrito a través del cual la quejosa María del Carmen Esperanza Valdez Chacón realiza diversas manifestaciones en cumplimiento a la prevención de veinticinco de mayo de dos mil veintiuno. FIJACIÓN DE ACTOS. De un análisis integral de la demanda de amparo se advierte que la quejosa reclama: a) El aseguramiento de los predios Puerta Blanca ubicado en el barrio de San Mateo, y Puerta Blanca, ubicado en la comunidad de Mamithí, Huichapan, Hidalgo, ordenada en la carpeta de investigación 06/2016/321. b) La ampliación del peritaje de los predios Puerta Blanca ubicado en el barrio de San Mateo, y Puerta Blanca, ubicado en la comunidad de Mamithí, Huichapan, Hidalgo, ordenada en la carpeta de investigación 06/2016/321. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda, al advertirse motivos manifiestos e indudables de improcedencia del juicio de amparo. En efecto, por lo que hace al acto reclamado marcado con el inciso a) consistente en el aseguramiento de los predios Puerta Blanca ubicado en el barrio de San Mateo, y Puerta Blanca, ubicado en la comunidad de Mamithí, Huichapan, Hidalgo, ordenada en la carpeta de investigación 06/2016/321, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61, en relación con los diversos 17 y 18 de la Ley de Amparo; esto es, la relativa al consentimiento tácito del acto reclamado. Los preceptos legales citados establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." (...) Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. De los dispositivos legales transcritos se advierte que, por regla general, para la promoción de la demanda de amparo, el término será de quince días, cuyo cómputo deberá realizarse de acuerdo a lo siguiente: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de la resolución o acuerdo que reclame o de su ejecución; c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. En el entendido de que, de no promoverse el juicio de amparo en dicho término, se reputará consentido el acto de que se trate. Sin embargo, existen diversas hipótesis de excepción, las cuales se encuentran contenidas en las cuatro fracciones del artículo 17 de la Ley de Amparo, pues en esos casos el término será de treinta días, ocho años o siete años, incluso en cualquier tiempo. De manera que, cuando el acto reclamado consista en una norma general autoaplicativa o en un proceso de extradición, la parte quejosa cuenta con treinta días para acudir a la tutela constitucional. En cambio, en materia penal, las únicas excepciones al plazo de quince días se actualizan cuando se trate de una sentencia definitiva condenatoria, en cuyo caso el amparo podrá promoverse dentro del plazo de ocho años; y, cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas, alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional o la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacional, supuestos en los que el amparo podrá promoverse en cualquier tiempo. Por último, en los supuestos específicos de la materia agraria, el plazo será de siete años. Entonces, si en el caso a estudio el acto reclamado consiste en el aseguramiento de los predios Puerta Blanca ubicado en el barrio de San Mateo, y Puerta Blanca, ubicado en la comunidad de Mamithí, Huichapan, Hidalgo, ordenada en la carpeta de investigación 06/2016/321, dicho acto debe ceñirse a la regla genérica de promoción del juicio de amparo, es decir, al plazo de quince días. Ahora bien, de los antecedentes que, bajo protesta de decir verdad, expresa la quejosa, en lo que interesa, se advierte: ? El cuatro de julio de dos mil dieciséis Agustín Arturo Rojo Silíceo, en su carácter de albacea de la sucesión a bienes de María del Carmen Chavero Chacón y/o Carmen Chavero y/o María del Carmen Chavero, denunció a la aquí quejosa María del Carmen Esperanza Valdez Chacón y otros, por el delito de despojo, radicándose la carpeta de investigación bajo el número 06/2016/321 por el agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación Mixta II y Especializado en Justicia para Adolescentes, de Huichapan de Villagrán, Hidalgo. ? El cuatro de abril de dos mil diecisiete el agente del ministerio publico responsable ordenó el aseguramiento de los predios materia de la litis. ? Posteriormente, el catorce de febrero del dos mil veinte se ordenó el levantamiento del aseguramiento de los referidos predios, en virtud de que no se relacionaban con los inmuebles propiedad de la quejosa, por lo que el veinticinco siguiente se entregó a la accionante la posesión y propiedad de los mismos. ? Inconforme con dicha determinación, el tercero interesado Agustín Arturo Rojo Silíceo interpuso demanda de amparo indirecto, la cual correspondió conocer a este juzgado de distrito. La cual quedo radicada con el número 217/2020-II, y en la que se dictó sentencia definitiva concediendo el amparo y protección de la Justicia Federal. ? En cumplimiento al fallo protector, el agente del ministerio público responsable ordenó asegurar nuevamente los predios materia de la litis. Acto que constituye uno de los reclamados en el presente juicio. Ahora bien, para esta juzgadora resulta un hecho notorio, las constancias que integran el juicio de amparo 217/2020-II, del índice de este juzgado federal, promovido por Agustín Arturo Rojo Silíceo, en su carácter de albacea de la sucesión a bienes de María del Carmen Chavero Chacón y/o Carmen Chavero y/o María del Carmen Chavero, contra un acto del agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación Mixta II y Especializado en Justicia para Adolescentes, de Huichapan de Villagrán, Hidalgo; por tanto, se ordena agregar al presente juicio copias certificadas de la sentencia, así como del auto que la declaró firme, del cumplimiento a la ejecutoria y de las notificaciones relativas. De tales constancias, se tiene que el ocho de enero de dos mil veintiuno se dictó sentencia definitiva en tal juicio de amparo concediendo el amparo y protección de la Justicia Federal. Por auto de once de marzo de dos mil veintiuno, se declaró que causó ejecutoria esa sentencia. En proveído de veinticuatro de marzo del año en curso, se tuvo al agente del Ministerio Público responsable remitiendo, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, copia certificada del acta de aseguramiento de ocho de marzo del presente año emitida en la carpeta de investigación 06/2016/321, y se dio vista a las partes con el cumplimiento dado al fallo protector. De la constancia de notificación se advierte que María del Carmen Esperanza Valdez Chacón, en su carácter de tercera interesada, fue notificada tal auto el seis de abril de dos mil veintiuno. En ese tenor, se advierte que la quejosa tuvo conocimiento del aseguramiento que por esta vía se controvierte desde esa data. Se advierte que la quejosa refiere, bajo protesta de decir verdad, que el dieciocho de mayo del año en curso, el agente del ministerio público le informó vía telefónica que había decretado el aseguramiento de los predios de su propiedad; sin embargo, esa data no se toma en consideración, ya que previamente la quejosa tuvo conocimiento de dicho acto (desde el seis de abril de dos mil veintiuno), por lo que a partir de esta fecha es que debe contabilizarse la oportunidad de la demanda. Apoya lo anterior, la jurisprudencia P./J. 40/2015 (10a.) sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 25, Diciembre de 2015, Tomo I, página 5, de rubro y texto siguientes: DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL PLAZO PARA PRESENTARLA, CUANDO EL ACTO RECLAMADO SE EMITE EN CUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA QUE CONCEDIÓ LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. De la interpretación de los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo se sigue que el plazo para presentar la demanda cuando el acto reclamado se emite en cumplimiento de una sentencia que concedió la protección constitucional, debe computarse a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación al quejoso del nuevo acto o resolución que reclame o a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto emitido en cumplimiento o de su ejecución, y no así hasta el momento en que se le notifique, tenga conocimiento o se haga sabedor del acuerdo que declare cumplida la ejecutoria de amparo, ya que ese supuesto no está previsto en las disposiciones legales apuntadas y, por tanto, no constituye una salvedad a la regla general para el cómputo del plazo establecido en la ley para presentar la demanda respectiva. Asimismo, sustenta lo anterior, la jurisprudencia P./J. 115/2010 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, Enero de 2011, página 5, de rubro y texto siguientes: DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar. Por ende, si conforme a lo dispuesto en el artículo 17 de la ley de la materia, el término para la promoción de la demanda de amparo debe computarse desde el día siguiente a aquél en que la quejosa tuvo conocimiento del acto reclamado. Entonces, si como quedó evidenciado la quejosa tuvo conocimiento del acto reclamado el seis de abril de dos mil veintiuno, a través de la notificación del auto de veinticuatro de marzo del mismo año, dictado en el juicio de amparo 217/2020- II, a través del cual se dio vista a las partes con el cumplimiento dado por el agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación Mixta II y Especializado en Justicia para Adolescentes, de Huichapan de Villagrán, Hidalgo, a la ejecutoria de amparo, es evidente que la demanda de amparo que se provee no fue promovida fuera del plazo de quince días que señala el numeral antes citado. En efecto, el término para recurrir el acto reclamado, transcurrió del siete al veintisiete de abril de dos mil veintiuno; mientras que la demanda fue presentada ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Hidalgo, hasta el veintiuno de mayo de dos mil veintiuno. Lo anterior, conduce a afirmar que el acto reclamado fue consentido tácitamente al no haberse promovido dentro del término de quince días; de ahí que se actualiza la causa de improcedencia invocada. Es aplicable, por ser compatible con las disposiciones de la Ley de Amparo vigente, la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo XI, Junio de 1993, página 235, de rubro y texto siguientes: ACTOS CONSENTIDOS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LOS. Promovida la demanda de garantías fuera del término establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo, implica consentimiento del acto reclamado, por lo cual aquélla resulta improcedente, conforme a la fracción XII del artículo 73, en relación con el 145 de la ley en cita. En consecuencia, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61, en relación con los diversos 17 y 18 de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado consistente en el aseguramiento de los predios Puerta Blanca ubicado en el barrio de San Mateo, y Puerta Blanca, ubicado en la comunidad de Mamithí, Huichapan, Hidalgo, ordenada en la carpeta de investigación 06/2016/321. Por otra parte, respecto del diverso acto impugnado, consiste en la ampliación del peritaje para determinar los vértices de los predios Puerta Blanca ubicado en el barrio de San Mateo, y Puerta Blanca, ubicado en la comunidad de Mamithí, Huichapan, Hidalgo, ordenada en la carpeta de investigación 06/2016/321, se acredita en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia del juicio de amparo prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 5, fracción I, del mismo ordenamiento, que son del siguiente tenor: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I, del artículo 5° de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. (.) Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. (.) Por su parte, la jurisprudencia I.2o.P. J/11, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo V, Segunda Parte-2, Enero a Junio de 1990, página 689, cita lo siguiente: IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE RECLAMAN DEL MINISTERIO PÚBLICO ACTOS RELATIVOS A LA INTEGRACIÓN DE UNA AVERIGUACIÓN PREVIA. Aun cuando el Ministerio Público al integrar una averiguación previa, actúa como autoridad, sin embargo, el desahogo de diligencias para tal fin, no causa un daño o perjuicio al gobernado contra el cual se hayan iniciado las investigaciones correspondientes, a menos que en ellas se ordenara que se le privara de la libertad, de sus posesiones o derechos; lo mismo acontece cuando acuerda sobre la consignación de la averiguación y ejercita la acción penal, pues es el Juez del proceso a quien le corresponde resolver sobre el pedimento del representante social, cuya determinación, en todo caso, sería la que vendría a afectar la esfera jurídica del quejoso. Atento a lo anterior, debe tenerse en cuenta que el juicio de amparo, conforme a los principios de agravio personal y directo e instancia de parte agraviada, sólo puede promoverse por el titular de un derecho subjetivo o que tenga un interés individual o colectivo, siempre que se aleguen violaciones a los derechos humanos, a los derechos que otorga la Constitución o los tratados internacionales para su protección, y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica. Por esa razón, la procedencia del juicio de amparo presupone la existencia de un perjuicio resentido por la parte quejosa, es decir, la existencia de un derecho legítimamente tutelado por la ley, cuya transgresión faculta a su titular a acudir a la tutela constitucional, porque considera que el acto de autoridad es lesivo a sus intereses. Sin embargo, tal presupuesto en la especie no se actualiza, debido a que la accionante señala como acto reclamado la ampliación del peritaje para determinar los vértices de los predios Puerta Blanca ubicado en el barrio de San Mateo, y Puerta Blanca, ubicado en la comunidad de Mamithí, Huichapan, Hidalgo, ordenada en la carpeta de investigación 06/2016/321, integrada contra la aquí quejosa por el delito de despojo. En ese sentido, resulta improcedente el amparo que se promueva contra los actos emitidos durante la fase de la investigación, ya que de lo contrario se antepondría el interés particular de la quejosa que solicita la protección constitucional, al de la sociedad que se encuentra interesada en que los delitos se investiguen, entorpeciendo las facultades y obligaciones conferidas a través de la Constitución al Ministerio Público. Efectivamente, el artículo 21 constitucional es del tenor siguiente: Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. (.) Como se ve, la investigación de los delitos, cuyo control y dirección corresponde al Ministerio Público, tiene como finalidad que, con una averiguación previa se investiguen hechos delictuosos. Por tanto, es innegable que la sociedad está interesada en que se desahoguen todas las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los mismos, habida cuenta que los actos emitidos durante la indagatoria, únicamente causarían perjuicio a la quejosa, en caso de que tuvieran como consecuencia la privación de su libertad o de algún derecho del que es titular, o bien, hasta en tanto el juez al que se le consignen los hechos, y determine librar orden de aprehensión, o en su caso, auto de vinculación a proceso; caso en el que, las violaciones ocurridas en la indagatoria serán materia de estudio en el juicio de amparo que se promueva. Por lo que, como se refirió anteriormente, respecto del acto reclamado consistente en la ampliación del peritaje para determinar los vértices de los predios Puerta Blanca ubicado en el barrio de San Mateo, y Puerta Blanca, ubicado en la comunidad de Mamithí, Huichapan, Hidalgo, ordenada en la carpeta de investigación 06/2016/321, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 5, fracción I, del mismo ordenamiento. Así, al actualizarse las causales de improcedencia anteriormente invocadas, con fundamento en el artículo 113 de la citada legislación, procede desechar de plano la presente demanda promovida por María del Carmen Esperanza Valdez Chacón...M-I

  4. Principal

    ...Previo aviso, dejado en el domicilio señalado en autos, se hace efectivo el apercibimiento decretado a la parte quejosa, y en virtud de que no acudió a este juzgado a notificarse en forma personal, se le notifica por lista el proveído y/o resolución de dos de junio de dos mil veintiuno, a través del cual se determina: CUMPLE ACLARACIÓN. Agréguese el escrito a través del cual la quejosa María del Carmen Esperanza Valdez Chacón realiza diversas manifestaciones en cumplimiento a la prevención de veinticinco de mayo de dos mil veintiuno. FIJACIÓN DE ACTOS. De un análisis integral de la demanda de amparo se advierte que la quejosa reclama: a) El aseguramiento de los predios Puerta Blanca ubicado en el barrio de San Mateo, y Puerta Blanca, ubicado en la comunidad de Mamithí, Huichapan, Hidalgo, ordenada en la carpeta de investigación 06/2016/321. b) La ampliación del peritaje de los predios Puerta Blanca ubicado en el barrio de San Mateo, y Puerta Blanca, ubicado en la comunidad de Mamithí, Huichapan, Hidalgo, ordenada en la carpeta de investigación 06/2016/321. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda, al advertirse motivos manifiestos e indudables de improcedencia del juicio de amparo. En efecto, por lo que hace al acto reclamado marcado con el inciso a) consistente en el aseguramiento de los predios Puerta Blanca ubicado en el barrio de San Mateo, y Puerta Blanca, ubicado en la comunidad de Mamithí, Huichapan, Hidalgo, ordenada en la carpeta de investigación 06/2016/321, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61, en relación con los diversos 17 y 18 de la Ley de Amparo; esto es, la relativa al consentimiento tácito del acto reclamado. Los preceptos legales citados establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." (...) Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. De los dispositivos legales transcritos se advierte que, por regla general, para la promoción de la demanda de amparo, el término será de quince días, cuyo cómputo deberá realizarse de acuerdo a lo siguiente: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de la resolución o acuerdo que reclame o de su ejecución; c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. En el entendido de que, de no promoverse el juicio de amparo en dicho término, se reputará consentido el acto de que se trate. Sin embargo, existen diversas hipótesis de excepción, las cuales se encuentran contenidas en las cuatro fracciones del artículo 17 de la Ley de Amparo, pues en esos casos el término será de treinta días, ocho años o siete años, incluso en cualquier tiempo. De manera que, cuando el acto reclamado consista en una norma general autoaplicativa o en un proceso de extradición, la parte quejosa cuenta con treinta días para acudir a la tutela constitucional. En cambio, en materia penal, las únicas excepciones al plazo de quince días se actualizan cuando se trate de una sentencia definitiva condenatoria, en cuyo caso el amparo podrá promoverse dentro del plazo de ocho años; y, cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas, alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional o la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacional, supuestos en los que el amparo podrá promoverse en cualquier tiempo. Por último, en los supuestos específicos de la materia agraria, el plazo será de siete años. Entonces, si en el caso a estudio el acto reclamado consiste en el aseguramiento de los predios Puerta Blanca ubicado en el barrio de San Mateo, y Puerta Blanca, ubicado en la comunidad de Mamithí, Huichapan, Hidalgo, ordenada en la carpeta de investigación 06/2016/321, dicho acto debe ceñirse a la regla genérica de promoción del juicio de amparo, es decir, al plazo de quince días. Ahora bien, de los antecedentes que, bajo protesta de decir verdad, expresa la quejosa, en lo que interesa, se advierte: ? El cuatro de julio de dos mil dieciséis Agustín Arturo Rojo Silíceo, en su carácter de albacea de la sucesión a bienes de María del Carmen Chavero Chacón y/o Carmen Chavero y/o María del Carmen Chavero, denunció a la aquí quejosa María del Carmen Esperanza Valdez Chacón y otros, por el delito de despojo, radicándose la carpeta de investigación bajo el número 06/2016/321 por el agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación Mixta II y Especializado en Justicia para Adolescentes, de Huichapan de Villagrán, Hidalgo. ? El cuatro de abril de dos mil diecisiete el agente del ministerio publico responsable ordenó el aseguramiento de los predios materia de la litis. ? Posteriormente, el catorce de febrero del dos mil veinte se ordenó el levantamiento del aseguramiento de los referidos predios, en virtud de que no se relacionaban con los inmuebles propiedad de la quejosa, por lo que el veinticinco siguiente se entregó a la accionante la posesión y propiedad de los mismos. ? Inconforme con dicha determinación, el tercero interesado Agustín Arturo Rojo Silíceo interpuso demanda de amparo indirecto, la cual correspondió conocer a este juzgado de distrito. La cual quedo radicada con el número 217/2020-II, y en la que se dictó sentencia definitiva concediendo el amparo y protección de la Justicia Federal. ? En cumplimiento al fallo protector, el agente del ministerio público responsable ordenó asegurar nuevamente los predios materia de la litis. Acto que constituye uno de los reclamados en el presente juicio. Ahora bien, para esta juzgadora resulta un hecho notorio, las constancias que integran el juicio de amparo 217/2020-II, del índice de este juzgado federal, promovido por Agustín Arturo Rojo Silíceo, en su carácter de albacea de la sucesión a bienes de María del Carmen Chavero Chacón y/o Carmen Chavero y/o María del Carmen Chavero, contra un acto del agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación Mixta II y Especializado en Justicia para Adolescentes, de Huichapan de Villagrán, Hidalgo; por tanto, se ordena agregar al presente juicio copias certificadas de la sentencia, así como del auto que la declaró firme, del cumplimiento a la ejecutoria y de las notificaciones relativas. De tales constancias, se tiene que el ocho de enero de dos mil veintiuno se dictó sentencia definitiva en tal juicio de amparo concediendo el amparo y protección de la Justicia Federal. Por auto de once de marzo de dos mil veintiuno, se declaró que causó ejecutoria esa sentencia. En proveído de veinticuatro de marzo del año en curso, se tuvo al agente del Ministerio Público responsable remitiendo, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, copia certificada del acta de aseguramiento de ocho de marzo del presente año emitida en la carpeta de investigación 06/2016/321, y se dio vista a las partes con el cumplimiento dado al fallo protector. De la constancia de notificación se advierte que María del Carmen Esperanza Valdez Chacón, en su carácter de tercera interesada, fue notificada tal auto el seis de abril de dos mil veintiuno. En ese tenor, se advierte que la quejosa tuvo conocimiento del aseguramiento que por esta vía se controvierte desde esa data. Se advierte que la quejosa refiere, bajo protesta de decir verdad, que el dieciocho de mayo del año en curso, el agente del ministerio público le informó vía telefónica que había decretado el aseguramiento de los predios de su propiedad; sin embargo, esa data no se toma en consideración, ya que previamente la quejosa tuvo conocimiento de dicho acto (desde el seis de abril de dos mil veintiuno), por lo que a partir de esta fecha es que debe contabilizarse la oportunidad de la demanda. Apoya lo anterior, la jurisprudencia P./J. 40/2015 (10a.) sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 25, Diciembre de 2015, Tomo I, página 5, de rubro y texto siguientes: DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL PLAZO PARA PRESENTARLA, CUANDO EL ACTO RECLAMADO SE EMITE EN CUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA QUE CONCEDIÓ LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. De la interpretación de los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo se sigue que el plazo para presentar la demanda cuando el acto reclamado se emite en cumplimiento de una sentencia que concedió la protección constitucional, debe computarse a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación al quejoso del nuevo acto o resolución que reclame o a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto emitido en cumplimiento o de su ejecución, y no así hasta el momento en que se le notifique, tenga conocimiento o se haga sabedor del acuerdo que declare cumplida la ejecutoria de amparo, ya que ese supuesto no está previsto en las disposiciones legales apuntadas y, por tanto, no constituye una salvedad a la regla general para el cómputo del plazo establecido en la ley para presentar la demanda respectiva. Asimismo, sustenta lo anterior, la jurisprudencia P./J. 115/2010 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, Enero de 2011, página 5, de rubro y texto siguientes: DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar. Por ende, si conforme a lo dispuesto en el artículo 17 de la ley de la materia, el término para la promoción de la demanda de amparo debe computarse desde el día siguiente a aquél en que la quejosa tuvo conocimiento del acto reclamado. Entonces, si como quedó evidenciado la quejosa tuvo conocimiento del acto reclamado el seis de abril de dos mil veintiuno, a través de la notificación del auto de veinticuatro de marzo del mismo año, dictado en el juicio de amparo 217/2020- II, a través del cual se dio vista a las partes con el cumplimiento dado por el agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación Mixta II y Especializado en Justicia para Adolescentes, de Huichapan de Villagrán, Hidalgo, a la ejecutoria de amparo, es evidente que la demanda de amparo que se provee no fue promovida fuera del plazo de quince días que señala el numeral antes citado. En efecto, el término para recurrir el acto reclamado, transcurrió del siete al veintisiete de abril de dos mil veintiuno; mientras que la demanda fue presentada ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Hidalgo, hasta el veintiuno de mayo de dos mil veintiuno. Lo anterior, conduce a afirmar que el acto reclamado fue consentido tácitamente al no haberse promovido dentro del término de quince días; de ahí que se actualiza la causa de improcedencia invocada. Es aplicable, por ser compatible con las disposiciones de la Ley de Amparo vigente, la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo XI, Junio de 1993, página 235, de rubro y texto siguientes: ACTOS CONSENTIDOS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LOS. Promovida la demanda de garantías fuera del término establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo, implica consentimiento del acto reclamado, por lo cual aquélla resulta improcedente, conforme a la fracción XII del artículo 73, en relación con el 145 de la ley en cita. En consecuencia, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61, en relación con los diversos 17 y 18 de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado consistente en el aseguramiento de los predios Puerta Blanca ubicado en el barrio de San Mateo, y Puerta Blanca, ubicado en la comunidad de Mamithí, Huichapan, Hidalgo, ordenada en la carpeta de investigación 06/2016/321. Por otra parte, respecto del diverso acto impugnado, consiste en la ampliación del peritaje para determinar los vértices de los predios Puerta Blanca ubicado en el barrio de San Mateo, y Puerta Blanca, ubicado en la comunidad de Mamithí, Huichapan, Hidalgo, ordenada en la carpeta de investigación 06/2016/321, se acredita en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia del juicio de amparo prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 5, fracción I, del mismo ordenamiento, que son del siguiente tenor: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I, del artículo 5° de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. (.) Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. (.) Por su parte, la jurisprudencia I.2o.P. J/11, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo V, Segunda Parte-2, Enero a Junio de 1990, página 689, cita lo siguiente: IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE RECLAMAN DEL MINISTERIO PÚBLICO ACTOS RELATIVOS A LA INTEGRACIÓN DE UNA AVERIGUACIÓN PREVIA. Aun cuando el Ministerio Público al integrar una averiguación previa, actúa como autoridad, sin embargo, el desahogo de diligencias para tal fin, no causa un daño o perjuicio al gobernado contra el cual se hayan iniciado las investigaciones correspondientes, a menos que en ellas se ordenara que se le privara de la libertad, de sus posesiones o derechos; lo mismo acontece cuando acuerda sobre la consignación de la averiguación y ejercita la acción penal, pues es el Juez del proceso a quien le corresponde resolver sobre el pedimento del representante social, cuya determinación, en todo caso, sería la que vendría a afectar la esfera jurídica del quejoso. Atento a lo anterior, debe tenerse en cuenta que el juicio de amparo, conforme a los principios de agravio personal y directo e instancia de parte agraviada, sólo puede promoverse por el titular de un derecho subjetivo o que tenga un interés individual o colectivo, siempre que se aleguen violaciones a los derechos humanos, a los derechos que otorga la Constitución o los tratados internacionales para su protección, y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica. Por esa razón, la procedencia del juicio de amparo presupone la existencia de un perjuicio resentido por la parte quejosa, es decir, la existencia de un derecho legítimamente tutelado por la ley, cuya transgresión faculta a su titular a acudir a la tutela constitucional, porque considera que el acto de autoridad es lesivo a sus intereses. Sin embargo, tal presupuesto en la especie no se actualiza, debido a que la accionante señala como acto reclamado la ampliación del peritaje para determinar los vértices de los predios Puerta Blanca ubicado en el barrio de San Mateo, y Puerta Blanca, ubicado en la comunidad de Mamithí, Huichapan, Hidalgo, ordenada en la carpeta de investigación 06/2016/321, integrada contra la aquí quejosa por el delito de despojo. En ese sentido, resulta improcedente el amparo que se promueva contra los actos emitidos durante la fase de la investigación, ya que de lo contrario se antepondría el interés particular de la quejosa que solicita la protección constitucional, al de la sociedad que se encuentra interesada en que los delitos se investiguen, entorpeciendo las facultades y obligaciones conferidas a través de la Constitución al Ministerio Público. Efectivamente, el artículo 21 constitucional es del tenor siguiente: Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. (.) Como se ve, la investigación de los delitos, cuyo control y dirección corresponde al Ministerio Público, tiene como finalidad que, con una averiguación previa se investiguen hechos delictuosos. Por tanto, es innegable que la sociedad está interesada en que se desahoguen todas las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los mismos, habida cuenta que los actos emitidos durante la indagatoria, únicamente causarían perjuicio a la quejosa, en caso de que tuvieran como consecuencia la privación de su libertad o de algún derecho del que es titular, o bien, hasta en tanto el juez al que se le consignen los hechos, y determine librar orden de aprehensión, o en su caso, auto de vinculación a proceso; caso en el que, las violaciones ocurridas en la indagatoria serán materia de estudio en el juicio de amparo que se promueva. Por lo que, como se refirió anteriormente, respecto del acto reclamado consistente en la ampliación del peritaje para determinar los vértices de los predios Puerta Blanca ubicado en el barrio de San Mateo, y Puerta Blanca, ubicado en la comunidad de Mamithí, Huichapan, Hidalgo, ordenada en la carpeta de investigación 06/2016/321, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 5, fracción I, del mismo ordenamiento. Así, al actualizarse las causales de improcedencia anteriormente invocadas, con fundamento en el artículo 113 de la citada legislación, procede desechar de plano la presente demanda promovida por María del Carmen Esperanza Valdez Chacón...M-I

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