María del Carmen Escobedo Dionisio
Expediente 763/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 18 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 763/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 29/11/2023
Partes del expediente
- María del Carmen Escobedo Dionisio
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
Se tiene por recibido el escrito de cuenta, por el cual, ***autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, de la quejosa ***, solicita copias certificadas de la ejecutoria emitida en el sumario en que se actúa. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, agréguese a los autos para los efectos legales a que haya lugar, y se acuerda. De acuerdo a los preceptos legales 278 y 279 de la referida codificación procesal civil, expídanse a costa del promovente las copias que peticiona y déjese en autos constancia de su recibo; en la inteligencia, que únicamente formarán parte de la certificación correspondiente, aquellos documentos cuyo origen sea un documento autógrafo u original, actuaciones judiciales, o bien, los que constituyan copia certificada, no así de los que obren en copia simple, de conformidad con el diverso precepto 129 del código adjetivo en cita.
- Principal
VI- Toluca, Estado de México; veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Se tienen por recibidos los ocursos de cuenta, por los cuales, los terceros interesados ********************y********************ambos de apellidos******************** interponen recurso de queja, contra el auto dictado el catorce de noviembre del año en curso, con fundamento en lo establecido en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, agréguense a los autos para que surta sus efectos legales correspondientes. De acuerdo con lo establecido en el precepto legal 97, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de queja de que se trata. Dado lo cual, con fundamento en el artículo 101 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que dentro del plazo de tres días, contados a partir de que surta efectos la notificación de la presente determinación, señalen las constancias que en copia certificada deberán remitirse al Tribunal de Alzada para la substanciación del citado medio impugnación, con el apercibimiento que de no realizar manifestación alguna dentro del citado plazo, se enviará el recurso con las constancias que este órgano de control constitucional considere pertinentes, de manera conjunta con el informe respectivo. Sin que se estime procedente ordenar la suspensión del procedimiento con la interposición de dicho medio de impugnación, en razón de lo siguiente: El artículo 97, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 97. El recurso de queja procede: En amparo indirecto, contra las siguientes resoluciones: (.) e) Las que se dicten durante la tramitación del juicio, o del incidente de suspensión, que no admitan expresamente el recurso de revisión y que por su naturaleza trascendental y grave puedan causar perjuicio a alguna de las partes, no reparable en la sentencia definitiva; así como las que con las mismas características se emitan después de dictada la sentencia en la audiencia constitucional; (.)" El texto legal transcrito sistematizó los supuestos de procedencia del recurso de queja, y en el inciso e) precisó con claridad el objeto de ese medio de impugnación, traducido en las resoluciones dictadas en la tramitación del juicio de amparo o del incidente de suspensión, que no admitan de forma expresa el recurso de revisión, y que por su naturaleza trascendental y grave puedan causar perjuicio a alguna de las partes, no reparable en la sentencia definitiva. Concomitante con la interposición del medio de impugnación citado, emerge la obligación del órgano jurisdiccional de pronunciarse sobre la factibilidad de suspender el procedimiento constitucional, facultad que se encuentra estatuida en el artículo 102 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 102. En los casos de resoluciones dictadas durante la tramitación del amparo indirecto que por su naturaleza trascendental y grave puedan causar un perjuicio no reparable a alguna de las partes, con la interposición de la queja el juez de distrito o tribunal unitario de circuito está facultado para suspender el procedimiento, hecha excepción del incidente de suspensión, siempre que a su juicio estime que la resolución que se dicte en ella pueda influir en la sentencia, o cuando de resolverse en lo principal, se hagan nugatorios los derechos que pudiera hacer valer el recurrente en el acto de la audiencia." La transcripción precedente revela que la suspensión mencionada dependerá de que la ejecución de la resolución impugnada tenga una naturaleza trascendental y grave, con un perjuicio a alguna de las partes. De ahí que la ejecutividad sea la característica fundamental que debe tener en cuenta el juez constitucional para decidir sobre la suspensión del procedimiento, al tiempo de convertirse en un elemento objetivo para distinguir y determinar si es necesario o no suspender la totalidad del procedimiento, o sólo la ejecución de la resolución impugnada en queja. Pues emerge la posibilidad que a pesar de la naturaleza trascendental y grave de la resolución recurrida, a juicio del juez resulte innecesario suspender la totalidad del procedimiento, sino únicamente los actos que están relacionados con la materia de la resolución impugnada; y no así aquellos desvinculados de aquélla, o que sean reparables como consecuencia de una queja fundada. De conformidad con lo expuesto, el Juez de Distrito al ejercer su facultad discrecional suspensional del procedimiento deberá hacerlo solamente si la resolución impugnada o sus consecuencias afectan o menoscaban algún derecho sustantivo. Un ejemplo sería la admisión y desahogo de una prueba documental, pericial o de inspección que pudiera revelar datos confidenciales de una de las partes. En cambio, si la resolución controvertida afecta solamente derechos procesales, como el de defensa o probatorios que la Ley de Amparo concede a las partes, no procederá la suspensión del procedimiento. A guisa de ejemplo puede citarse el desechamiento de una prueba documental, testimonial o pericial, carente de afectación a un derecho sustantivo de alguna de las partes. La negativa a suspender el procedimiento del juicio de amparo guarda identidad incluso, con las características de sencillez, agilidad, concentración y prosecución judicial, que caracteriza al juicio de amparo conforme a lo previsto en el artículo 107, fracción VII, Constitucional, que es del tenor siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) VII.- El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia; (.)" Precisado lo anterior, en el caso particular, la litis en el recurso de queja, interpuesto contra el auto de catorce de noviembre del año en curso, versa sobre la manera en que le han realizado las notificaciones en este juicio de amparo. Así, este órgano jurisdiccional considera que esa determinación carece de una afectación a un derecho sustantivo de las partes, razón por la cual es improcedente la suspensión del procedimiento de ejecución y/o cumplimiento de la ejecutoria de amparo, en este sumario constitucional. Además, la naturaleza procesal del derecho afectado se corrobora en el supuesto de que aún si el recurso de queja es declarado fundado, la trasgresión alegada se repararía de forma inmediata a través del efecto de reponer el procedimiento en términos de lo dispuesto en el artículo 103 de la Ley de Amparo. Lo anterior encuentra sustento, en la Jurisprudencia 4/2012 (10a.), emitida por el Pleno de Nuestro Máximo Tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro IX, Junio de 2012, Tomo 1, página 6, con número de registro 2001026, del rubro siguiente: "QUEJA PREVISTA EN LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 95 DE LA LEY DE AMPARO. LA SUSPENSIÓN DERIVADA DE SU ADMISIÓN IMPLICA LA PARALIZACIÓN TOTAL DEL JUICIO DE AMPARO.". Se hace del conocimiento de la accionante del amparo y de los diversos terceros interesados ******************** y ******************** ********************, ambos de apellidos ********************; que queda a su disposición en el interior de la Secretaría VI, de este Juzgado de Distrito, el traslado respectivo de agravios. Por otra parte, se tiene por recibido el oficio y anexo de cuenta, por el cual, el Juez Tercero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Lerma, Estado de México, en atención a lo acordado el catorce de noviembre de dos mil veintitrés; informa el cumplimiento dado a la sentencia de amparo, dictada en el sumario en que se actúa; y, remite copia certificada de la interlocutoria emitida el veintitrés de noviembre del año en curso, dentro del juicio ********************, de su índice estsdístico. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguense a los autos para los efectos legales a que haya lugar. Luego, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con los referidos comunicados y anexos respectivos, con los cuales la responsable aduce dar cumplimiento al fallo protector, para que dentro del plazo de tres días, computados a partir de la legal notificación de este proveído, manifiesten lo que a su derecho convenga; con el apercibimiento que de no realizar manifestación alguna sobre el particular, este Juzgado resolverá sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad. Finalmente, si bien es cierto que la notificación del presente proveído debe ser en forma personalísima, porque dicha notificación permite que los terceros interesados hagan valer las defensas que procedan o actuar de conformidad con lo que ordenen las disposiciones judiciales, no menos cierto resulta que mediante determinación de veintinueve de junio de dos mil veintitrés, se les tuvo como domicilio, para oír y recibir todo tipo de notificaciones, la lista de acuerdos que se publica en este juzgado; por tanto, practíquese la notificación de este auto, a través de ese medio informativo, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese; personalmente a la quejosa y por medio de lista a los terceros interesados.
- Principal
VI.- Toluca, Estado de México; veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. agréguese a los autos el oficio de cuenta por el cual, el Juez Tercero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Lerma, Estado de México, en cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de catorce de noviembre del año en curso, solicita se le conceda prórroga con la finalidad de dar total cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 192, último párrafo, de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional concede, al Juez Tercero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Lerma, Estado de México, una prórroga por el plazo de tres días contados a partir de la legal notificación del presente proveído, para efecto de que cumpla totalmente con la ejecutoria de amparo y remita copias certificadas de las documentales que así lo acrediten; es decir: "(.) 1. Deje insubsistente la resolución reclamada. 2.En la nueva que emita, considere procedente hacer extensivas las medidas de protección que decretó también contra Margarita Castañeda Díaz, Karla y Uriel Arturo, de apellidos Chávez Castañeda." Apercibida que de no hacerlo así sin justa causa, de conformidad con los artículos antes citados, en relación con el diverso 258 de la propia legislación y 5° de la Ley para determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, se le impondrá multa de cincuenta a mil veces la unidad de medida y actualización; asimismo, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito, para seguir el trámite de inejecución que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Se precisa que el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no exime a la autoridad de responsabilidad, de conformidad con lo previsto en el artículo 195 de la Ley de Amparo. Sin que en el caso particular sea necesario requerir al superior jerárquico de la responsable, ya que dicha autoridad no lo tiene para efectos del presente juicio, pues goza de autonomía en el ámbito jurisdiccional. Finalmente, se requiere nuevamente a dicha autoridad para que en el plazo de tres días, previsto en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, acuse recibo de las constancias relativas a las copias certificadas del expediente 354/2023, de su índice, las que se le devolvieron mediante oficio 39425/2023; con el apercibimiento, que en caso de ser omisa a lo anterior, con fundamento en los artículos 237 fracción I y 259 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de cincuenta a mil días, de acuerdo a la unidad de medida y actualización, en términos del "Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo" publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis.
- Principal
VI.- glósese a los autos el oficios de cuenta, a través del cual el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, remite los autos originales del juicio de amparo ********************, del índice estadístico de este Juzgado de Distrito y copia certificada de la ejecutoria pronunciada por dicho Tribunal Colegiado, el ocho de noviembre de dos mil veintitrés, en el amparo en revisión ********************, en la que se resolvió: "PRIMERO. Se revoca la sentencia impugnada. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege ******************** por propio derecho, contra el acto reclamado y la autoridad responsable precisada en el resultando primero de la sentencia con los efectos precisados en esta ejecutoria." Asimismo, glósense las constancias originales que obran en el cuaderno de antecedentes formado con motivo del recurso intentado, y respecto de las constancias restantes procédase a su inmediata destrucción. Devuélvase al Juez Tercero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Lerma, Estado de México, las copias certificadas del expediente ********************, de su índice estadístico, presentado en justificación de sus actos. En razón de lo anterior, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Juez Tercero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Lerma, Estado de México, para que cumpla en su totalidad con lo ordenado en el fallo protector. Lo cual deberá realizar dentro del plazo de tres días, contados a partir del siguiente al en que reciba la notificación del presente proveído, lo que deberá informar dentro del mismo plazo y deberá acompañar las constancias certificadas que así lo acrediten; apercibida que de no hacerlo así sin justa causa, de conformidad con los artículos antes citados, en relación con el diverso 258 de la propia legislación y 5° de la Ley para determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, se le impondrá multa.
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