María del Carmen Escobar Vázquez

Expediente 567/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 3 actuaciones registradas, la última del 7 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
567/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
07/07/2022

Partes del expediente

  • María del Carmen Escobar Vázquez

Actuaciones

  1. Principal

    El Secretario da cuenta con las constancias relevantes, entre ellas: demanda de amparo, auto de admisión, notificación a las partes e informes justificados. El Secretario encargado del despacho acuerda: Téngase hecha la relación de constancias; apertúrese la siguiente etapa. Se abre el período de pruebas, en el que a solicitud del Secretario encargado del despacho, el Secretario hace constar las documentales allegadas por las partes. El Secretario encargado del despacho: Se admiten dichas pruebas y se tienen desahogadas en razón de su naturaleza. Al no existir medio de convicción pendiente de relacionar, admitir o desahogar, se cierra esta fase y se ordena pasar a la siguiente. Se apertura el periodo de alegatos, en el que a instancia del Secretario encargado de despacho, el Secretario hace constar las partes no los formularon, y la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita no realizó manifestación alguna. El Secretario encargado del despacho acuerda: Se cierra esta fase de alegatos. Concluidas las etapas de pruebas y alegatos, se procede dictar la sentencia que en derecho corresponda. VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo 567/2022. TRÁMITE: PRIMERO. Demanda. Mediante escrito presentado el dos de junio de dos mil veintidós ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán, María del Carmen Escobar Vázquez, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de la Junta especial treinta y cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa. SEGUNDO. Admisión. Por acuerdo de seis de junio del año en curso se admitió la demanda, se ordenó solicitar informe justificado a la autoridad responsable, dar intervención a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y se fijó hora y día para la audiencia constitucional que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. RESOLUCIÓN: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado es competente, virtud que se reclaman actos de omisión. SEGUNDO. Autoridad responsable y acto reclamado. De la Junta Especial treinta y cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, se reclama. La omisión de dictar el laudo en el juicio laboral 201/2021. TERCERO. Acto cierto. Es cierto el acto reclamado a la Junta Especial treinta y cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa y Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, ya que al rendir informe justificado aceptaron el acto reclamado; lo que se corrobora con las constancias que remitió con el referido informe, en las cuales no se advierte que se haya dictado el laudo en el juicio laboral 21/2021. QUINTO. Causa de improcedencia. En el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario. El citado artículo 61, fracción XXIII, establece que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Ley de Amparo. Por su parte, el numeral 107, fracción V, señala que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; de tal manera, interpretado en sentido contrario el juicio de amparo es improcedente cuando el acto reclamado no afecte ese tipo de derechos. En ese sentido, es criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra la omisión de la autoridad jurisdiccional de proseguir en tiempo con el juicio, al tratarse de violación intraprocesal que no afecta derechos sustantivos, salvo que se advierta que existe abierta dilación del procedimiento o su paralización total, evento en el cual el juicio será procedente. Ese criterio está contenido en la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.) del citado Alto Cuerpo Colegiado, publicada en la página 1086, Libro 30, Mayo de 2016, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, cuyo rubro y texto dicen: AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente. Sobre el particular, en la jurisprudencia 2a./J. 33/2019 la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que, en materia laboral, a fin de proporcionar estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio, para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de cuarenta y cinco días naturales contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos. La indicada la jurisprudencia se publicó en la página 1643, Libro 64, Marzo de 2019, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que dice: AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador. Con base en lo anterior, al tratarse de trasgresiones intraprocesales que no afecta derechos sustantivos, el juicio será improcedente cuando no transcurran más de cuarenta y cinco días naturales contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos. Resulta oportuno destacar que de los numerales 885 al 890 de la Ley Federal del Trabajo se advierten los plazos siguientes: diez días siguientes contados a partir del cierre de instrucción para que el Auxiliar formule por escrito el proyecto de laudo; cinco días para que alguno de los miembros de la junta solicite la práctica de diligencias que juzgue convenientes y ocho días más para su desahogo, en su caso; otros diez días para la discusión y votación del proyecto, a cuyo efecto, el Presidente de la junta deberá citar a los miembros en órgano, diligencia en la cual, si fuese aprobado el proyecto sin modificaciones ni adiciones, se elevará a la categoría de laudo, y se firmará de inmediato; y si se le hicieran modificaciones o adiciones, se ordenará al Secretario que inmediatamente lo redacte, de acuerdo con lo aprobado; y una vez engrosado, él mismo recabará las firmas de los miembros de la junta, y después se turnará al Actuario para que lo notifique de manera inmediata y personal a las partes. Debe destacarse que por disposición del artículo 715 de la Ley Federal del Trabajo son días hábiles todos los del año, excepto sábados, domingos, los de descanso obligatorio, los festivos que señale el calendario oficial y los en que la Junta suspenda sus labores; por tanto, los plazos antes señalados son en días hábiles. De tal manera, una vez cerrada la instrucción, cuando menos el tribunal obrero tiene treinta y tres días hábiles para dictar el laudo, esto en el evento que sus integrantes no soliciten la práctica de alguna diligencia, en cuyo caso se añaden ocho días para de su desahogo. Así, una vez transcurrido treinta y tres días hábiles en comento, se considerara que existe dilación excesiva en el dictada del laudo si transcurren más de cuarenta y cinco días naturales desde la fecha en la que concluyó el plazo en el que legalmente debió pronunciarse el laudo respectivo. En el caso concreto, el quejoso reclama la omisión en que incurre la junta responsable al no dictar el laudo correspondiente en el juicio laboral 211/2022. Sin embargo, por lo expuesto en la demanda de amparo se advierte que el catorce de marzo de dos mil veintidós se cerró el periodo de instrucción dentro del indicado juicio, por lo que del quince de ese mes al cuatro de mayo del año en curso mediaron los treinta tres días hábiles posterior al cierre de instrucción previstos para desahogar las etapas que conllevan el dictado del laudo (sin contar sábados, domingos, ni demás días inhábiles para la autoridad responsable). Luego, a partir del día siguiente al cuatro de mayo del año en curso deben computarse los cuarenta y cinco días naturales establecidos en la jurisprudencia 2a./J. 33/2019 (10a.) para considerar dilación excesiva para el dictado del laudo, por lo que a la data de la presentación de la demanda de amparo (dos de junio de dos mil veintidós) no existe tal dilación excesiva, pues solo habrían transcurrido treinta días naturales. Por tanto, el acto reclamado no es de los contemplados en la fracción V, del artículo 107 de la Ley de Amparo, en virtud que no afecta derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, sino solo están involucrados aspectos adjetivos, como es el respeto de los términos y plazos contemplados en la ley rectora de los actos reclamados. En las relacionadas condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, lo procedentes es sobreseer en el juicio. Por lo expuesto y fundando, se resuelve: UNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio por la omisión reclamada al actuario. Notifíquese.Así lo resolvió y firma Ramón Gustavo Grajeda Tello, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa, encargado del despacho en términos del artículo 161, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorización comunicada mediante oficio CCJ/ST/2748/2022, de veinte de junio de dos mil veintidós, signado por Karina Chimal Barrera como Secretaria Técnica de Comisión Permanente del Consejo de la Judicatura Federal, ante el licenciado José Leónides Miguel Santos Cortés, secretario que asiste y da fe.

  2. Principal

    Culiacán, Sinaloa, veinte de junio de dos mil veintidós. Con vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés convenga, agréguese el informe justificado rendido por el Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, en el que señala que son ciertos los actos reclamados. Con fundamento en el arábigo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba documental la que se remite con el referido informe. Con sustento en el artículo 117 de la citada legislación, con el informe y documentos de referencia dese cuenta y hágase relación en la audiencia constitucional. Notifíquese.

  3. Principal

    Culiacán, Sinaloa, seis de junio de dos mil veintidós. I. Parte quejosa. María del Carmen Escobar Vázquez. II. Admisión y formación del expediente. Al satisfacer los requisitos previstos en el artículo 108 de la Ley de Amparo, con fundamento en los artículos 112 y 115 de esa legislación se admite la demanda de amparo; por tanto, fórmese expediente, anótese en el libro de gobierno y dese al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención correspondiente. Sin tramitarse incidente de suspensión por no existir solicitud al respecto. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo apertúrese el expediente electrónico, para lo cual, el secretario encargado dará fe que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sea incorporada cada promoción, documento, auto, resolución y, en general, cualquier información relacionada con el expediente, a fin que coincidan; en caso de presentación de promociones vía electrónica, proceda su impresión para incorporarlas al expediente físico. III. Habilitación de días y horas. Con apoyo en el numeral 21 de la citada legislación, se habilitan días y horas a efecto de realizar las notificaciones del presente juicio de amparo. IV. Audiencia constitucional. La audiencia constitucional tendrá verificativo a las diez horas con doce minutos del siete de julio del año en curso. V. Celebración de la audiencia constitucional. Dada la contingencia sanitaria, de conformidad con el artículo 5, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Conejo de la Judicatura Federal, la audiencia constitucional tendrá lugar con los escritos presentados de manera física o electrónica, esto es, sin presencia de las partes. Sin embargo, en términos de los artículos 25 y 26 del citado Acuerdo, en caso que sea indispensable la intervención presencial de las partes, por ser necesaria para el desahogo de laguna probanza, diligencia o ejercer su derecho de alegar de manera verbal, por regla general su desahogo se realizará a través de videoconferencias. Por ello, los intervinientes deberán proporcionar número telefónico y correo electrónico para establecer contacto, así como contar con equipo de cómputo que cumpla con los requerimientos tecnológicos necesarios o a través de dispositivo móvil (teléfono celular o tableta), en este último caso deberán descargar la aplicación Webex Meetings; lo anterior, a fin de realizar las gestiones para que puedan acceder a la audiencia respectiva por videoconferencia. La parte interesada deberá realizar su petición dentro del plazo de tres días siguientes a la notificación de este proveído de conformidad con lo previsto en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de forma supletoria por disposición del numeral 2 de la Ley de Amparo, de lo contrario, la audiencia tendrá verificativo sin su presencia. En caso que sea indispensable la intervención presencial de las partes y no sea posible desahogar la audiencia a través de videoconferencia, de manera excepcional podrán comparecer a las instalaciones de este Juzgado de Distrito; para ello, deberán registrar la cita en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, micrositio Servicios Jurisdiccionales y el sistema Agenda OJ; de considerarlo necesario, en su caso este Órgano Jurisdiccional expedirá los códigos QR para que las partes puedan acceder a las instalaciones. VI. Informes y constancias. De conformidad con los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo, pídase informe justificado a las autoridades responsables, quienes deberán rendirlo dentro del plazo de quince días contado a partir del siguiente en que reciban el oficio en que se les solicita; para lo cual, en su caso, deberán remitir copia certificada completa y legible de las constancias del expediente fuente de los actos reclamados, incluidas las que no se hayan incorporado al expediente y estén a su disposición; apercibidas que de no rendir sus informes justificados, con sustento en el segundo de los anteriores preceptos legales se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario. También apercibidas que de no rendir el informe solicitado o lo hagan sin remitir, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para la solución de este juicio constitucional o las remitan incompletas o ilegibles total o parcialmente, se les impondrá multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización con fundamento en el numeral 260, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con el Decreto por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo. Las constancias que en apoyo a su informe justificado remitan, deberán contener en original folio, rubrica, entre sello y la certificación correspondiente, en términos del artículo 63 del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio a la ley de la materia; apercibidas que no hacerlo así, se hará efectivo el apercibimiento precisado. VII. Obligación de las autoridades de recibir oficios. De conformidad con el artículo 28, fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo las autoridades responsables o, en su caso, el encargado de la oficina de recibir su correspondencia, están obligados a recibir los oficios que con motivo de este juicio se les remitan, por lo que en caso de negativa injustificada se tendrá hecha la notificación así como los apercibimientos respectivos y, de ser así, serán responsables del incumplimiento del acuerdo o resolución en cuestión. Lo anterior, aun cuando no sea del todo correcta la denominación realizada por la parte quejosa, pues de no ser sustancial la imprecisión de su denominación que no impida su identificación y no exista duda o resulte evidente que sea esa la autoridad responsable deberá recibir los oficios enviados. En el entendido que podrán y deberán hacer la aclaración correspondiente en cuanto a su denominación exacta al rendir su informe; por tanto, de no recibir el oficio respectivo el actuario judicial levantará acta circunstanciada al respecto. A las autoridades responsables sólo se les notificarán por oficio los proveídos y resoluciones de mayor trascendencia, esto en con sustento en la Jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.) la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal, visible en la página 1253, Libro XVI, enero de 2013, Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, de rubro y texto: NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar. VIII. Señalamiento erróneo de la denominación de las autoridades responsables. El artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo establece a la parte quejosa la obligación de señalar con precisión a las autoridades responsables, por lo que si incurrió en imprecisión sustancial en la denominación de aquéllas que impida su identificación, sin mayor trámite se tendrán como inexistentes y se suspenderá la comunicación con ellas; salvo que antes de la celebración de la audiencia constitucional de las constancias se advierta o el quejoso proporcione su denominación correcta. IX. Presentación de promociones. Cuando no puedan ser remitidas vía electrónica, las promociones o cualquier documento que las partes, las autoridades o cualquier persona interesada deseen presentar de manera física serán recibidas a través de la Oficialía de Partes Común de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal que residen en Culiacán, Sinaloa. Con el fin de respetar la política de sana distancia aplicada a la contingencia de salud pública derivada de la enfermedad Covid-19, deberá privilegiarse el trabajo a distancia mediante el uso de las herramientas electrónicas necesarias, cualquier oficio, documento o promoción que las autoridades responsables y Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito daban enviar a este órgano judicial, deberá ser remitido al correo electrónico oficial: 2jdo12cto@correo.cjf.gob.mx; por dicho medio se les acusara recibo. X. Causas de improcedencia. En observancia del artículo 64 de la Ley de Amparo, las partes deberán comunicar a este Juzgado cuando tengan conocimiento de alguna causa improcedencia o de sobreseimiento y, de ser posible, acompañarán las constancias que la acrediten, apercibidas que de no hacerlo se les impondrá multa equivalente a treinta Unidades de Medida y Actualización, con apoyo en el numeral 251 de referida legislación en relación con el decreto por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo. XI. Juicio en línea. Se exhorta a las partes para que continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de juicio en línea, esto es, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o la Firma Electrónica del Servicio de Administración Tributaria (E.Firma); lo cual les permitiría la consulta del expediente electrónico, la presentación de escritos y la recepción de notificaciones vía electrónica. De conformidad con el artículo 39 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, el acceso otorgado a las partes, sus representantes o autorizados para consultar los expedientes electrónicos no implica permiso para notificarles electrónicamente de resoluciones judiciales. De ahí que no basta que la demanda de amparo haya sido presentada a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación o hayan solicitado el acceso al expediente electrónico, pues en términos de lo dispuesto por el artículo 55 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, es indispensable que soliciten expresamente la autorización para recibir notificaciones electrónicas a través del Nombre de Usuario que crearon al registrarse en el Portal. Por lo que el hecho que en, su caso, el asunto se haya iniciado de manera tradicional, no es impedimento para transitar al esquema de juicio en línea. XII. Envío electrónico de constancias. Con sustento en el Acuerdo General 12/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, al enviar constancias adjuntas a los informes justificados o escritos, la parte que los envíe, incluidas las autoridades responsables, deberán manifestar bajo protesta de decir verdad que son copia íntegra e inalterada del documento original. Apercibidos que de no cumplir con lo anterior, se impondrá multa equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización, en términos del decreto por el que reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 237, en relación con el diverso 259, ambos de la Ley de Amparo. Aunado a que se les dará tratamiento de copias simples de los documentos reproducidos. XIII. Formas especiales y expeditas de contacto. Se requiere a las partes para que en el plazo de tres días propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se deberá registrar y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Los referidos medios electrónicos de comunicación sólo serán para establecer contacto cuando las circunstancias lo requieran; sin embargo, las notificaciones que en derecho les correspondan serán realizadas conforme lo establece la Ley de Amparo. XIV. Presencia en el órgano jurisdiccional. De conformidad con el artículo 3 del citado Acuerdo General 21/2020, el acceso a las instalaciones de este juzgado para la consulta de expedientes de manera física será mediante previa cita, que la parte interesada deberá agendar en el portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio Servicios Jurisdiccionales y el sistema Agenda OJ, donde aparecen las fechas y horarios disponibles para este órgano jurisdiccional. De manera excepcional, este Juzgado de Distrito generará la cita correspondiente cuando requiera la presencia física de alguna de las partes o de personas persona diversa, para el desahogo de algún requerimiento o para participar en alguna diligencia o audiencia, así como para el cumplimiento de requerimientos sujetos a un plazo -en cuyo caso la cita será programará para el día en que venza dicho plazo- XV. Copias. Se autoriza la expedición de copias a costa de parte interesada, así como el uso de medios electrónicos para la reproducción de las constancias que requieran del presente expediente, siempre y cuando no se trate de documentos que a consideración de este órgano jurisdiccional contengan datos sensibles o sobre los cuales deba guardarse sigilo. En el entendido que la entrega de copias estará limitada a que sea posible su reproducción por el prestador de servicios de fotocopiado que está en este edificio sede, virtud que en términos de lo establecido en el referido Acuerdo General 21/2020 el horario y personal que puede acceder a este órgano jurisdiccional es limitado. XVI. Tercero interesado. Se reserva proveer lo conducente a la parte tercero interesada, hasta en tanto se cuente con los informes justificados de las autoridades responsables, o en su caso, las constancias del procedimiento de origen. XVII. Domicilio y autorizados. Se tienen como domicilio procesal el que se indica en la demanda y como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que menciona, sin necesidad de revisar el registro de su cédula profesional ante los órganos del Poder Judicial de la Federación por tratarse de asunto en materia laboral. XVIII. Instrucción a los actuarios. Se instruye a la actuaria o actuario encargado de este expediente que los oficios derivados de la tramitación de este juicio deberán ser remitidos vía correo electrónico, para lo cual deberá consultar el listado que está en el Sistema Integral del Seguimiento de Expedientes o, en su caso, solicitarlo vía telefónica a las autoridades a las que se dirija el oficio correspondiente, para lo cual debe confirmar su recepción y levantar razón de ello. En caso de no ser posible la entrega (o confirmar su recepción) por dicha vía, la actuaria o el actuario deberá entregar los oficios de manera física cuando las autoridades estén dentro de la residencia de este juzgado; así como enviarlos mediante correo certificado o mensajería acelerada cuando los oficios sean dirigidos a autoridades foráneas. Dadas las medidas de protección establecidas por el Consejo de la Judicatura Federal, se instruye los actuarios que en caso de llevar a cabo la notificación de oficios de manera física, así como al realizar notificaciones personales a las demás partes, deberá observar de manera estricta el Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID 19) para Notificadores y Defensores Públicos del CJF. XIX. Pruebas. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 119 de la ley en comento, se admite la prueba que menciona, así como la instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana, sin perjuicio de hacer relación de ellas, el día que tenga verificativo la audiencia de derecho. XX. Transparencia y acceso a la información. Cualquier información relacionada con el expediente, incluidas las llevadas a cabo en ejecución de sentencia, estarán a disposición del público para su consulta conforme el procedimiento de acceso a la información; en la inteligencia que las partes podrán oponerse a la publicidad de sus datos personales, por lo que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que la sentencia y demás actuaciones se hagan públicas sin supresión de datos, salvo los legalmente protegidos conforme a la ley de la materia. Notifíquese.

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