María del Carmen Duarte Martínez

Expediente 321/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 13 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
321/2021
Año
2021
Actuaciones
13
Última actuación
24/11/2021

Partes del expediente

  • María del Carmen Duarte Martínez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Ciudad de México, veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno. Del estado procesal de autos se advierte que mediante acuerdo de veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno, para no dejar en estado de indefensión a la quejosa, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, fracciones III, IV y V, en relación con lo dispuesto en los diversos 114 y 110 de la Ley de Amparo, se le requirió para que en el plazo de QUINCE DÍAS contados a partir del siguiente al en que surtiera efectos la notificación del referido auto, indicara si era su deseo señalar como acto reclamado destacado la promulgación del Decreto por el que se expidió la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano; publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de noviembre de dos mil dieciocho, atribuido al Presidente de la República, puesto que tal circunstancia, incide en la integración de este juicio de amparo.Bajo el apercibimiento de que en caso de que no desahogar el requerimiento, ello daría lugar a la actualización de la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXlll, en relación con los artículos 5, fracción ll y 108 fracciones lll, y IV de la Ley de Amparo, los últimos aplicados en sentido contrario.Situación que aconteció, dado que mediante auto de veinte de octubre de dos mil veintiuno, ante la omisión en que incurrió la parte quejosa, se hizo efectivo el referido apercibimiento.Ahora bien, es oportuno señalar que el suscrito tiene pleno conocimiento de lo resuelto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver en sesión de dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, la contradicción de tesis 102/2021 entre las sustentadas por el Primer y el Cuarto Tribunales Colegiados de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, señaló, en la parte que aquí interesa, lo siguiente. 76. Precisado lo anterior, como se anunció, en aquellos juicios de amparo en los que se haya reclamado la Ley Federal de Remuneraciones, publicada el cinco de noviembre de dos mil dieciocho y el quejoso no haya señalado como autoridad responsable al Presidente de la República, el juez de distrito precisará primero, que el titular del Ejecutivo Federal tiene esa calidad; por ende, sólo debe requerir al promovente para que exhiba copias de la demanda para correr traslado a esa autoridad y, en caso de no presentarlas, no se tendrá como acto reclamado ese ordenamiento.77. Lo anterior es así, pues por jurisprudencia de esta Segunda Sala el Presidente de la República es autoridad responsable en los juicios de amparo en los que se reclame la Ley Federal de Remuneraciones publicada el cinco de noviembre de dos mil dieciocho; en consecuencia, es parte en esos procesos, por ello, el juez de amparo tendría que asentarlo así en el auto respectivo.78. Bajo esa lógica no debe preguntarse al quejoso si es su voluntad señalar al titular del Ejecutivo Federal como autoridad responsable, por lo que, congruentes con ello, el juez de amparo sólo debe requerir al promovente para que exhiba copia de la demanda, a fin de correr traslado a esa autoridad y, en el supuesto de no exhibirla, no se tendrá como acto reclamado la Ley, lo que encuentra sustento en lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Amparo. 79. Se enfatiza que la omisión de desahogar el requerimiento sólo trae como resultado el que no se tenga como acto reclamado la legislación de que se trata, pero de ningún modo esta situación puede provocar que se deseche la demanda en su totalidad, pues se entiende que los quejosos acreditaron el resto de requisitos de la demanda; aunado a que la interpretación relacionada de los artículos 108 y 114 de la Ley de Amparo no puede conducirnos a conclusiones categóricas que impidan el acceso a la justicia.La versión pública de la anterior resolución, es consultable en la página electrónica https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=282991. De igual forma, se precisa que la anterior determinación resulta obligatoria en términos del primer párrafo del artículo 217 de la Ley de Amparo, dado que la Jurisprudencia 2a./J. 11/2021 de la Undécima Época, fue publicada en el Semanario Judicial de la Federación el cinco de noviembre de dos mil veintiuno, cuyo rubro dice: "LEY FEDERAL DE REMUNERACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 75 Y 127 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL CINCO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, EL APERCIBIMIENTO QUE DEBE FORMULARSE A LA PARTE QUEJOSA , CUANDO EN LA DEMANDA DE AMPARO NO HAYA SEÑALADO AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA COMO AUTORIDAD RESPONSABLE, CONSISTIRÁ EN NO TENER COMO ACTO RECLAMADO DICHO ORDENAMIENTO, EN CASO DE QUE NO EXHIBA LAS CONSTANCIAS DE TRASLADO DE LA DEMANDA.Ahora bien, de la anterior transcripción se puede advertir, en lo que atañe al presente asunto, que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación precisó que en los juicios de amparo en los que se haya reclamado la Ley Federal de Remuneraciones, publicada el cinco de noviembre de dos mil dieciocho, el Presidente de la República es autoridad responsable, es decir, es parte en ese litigio constitucional porque en la jurisprudencia 2a./J. 11/2020 (10a.), así se reconoció su participación en el procedimiento legislativo que culminó con la emisión de ese ordenamiento. De igual forma se precisó, que no debe preguntarse al quejoso si es su voluntad señalar al titular del Ejecutivo Federal como autoridad responsable, puesto que tal aspecto, en esos asuntos, así acontece de facto en términos de lo resuelto en dicha jurisprudencia.Lo anterior es así, puesto que dejó en claro que de la interpretación del artículo 72 constitucional se entiende que el Presidente de la República intervino en el procedimiento legislativo señalado, y si bien no ordenó su publicación, su promulgación operó por disposición constitucional, esto es, aconteció una promulgación (implícita) de dicho ordenamiento, razón por la cual se reconoce su participación en el proceso legislativo que dio lugar al Decreto publicado el cinco de noviembre de dos mil dieciocho, tal y como quedó asentado en la Jurisprudencia 2a./J. 11/2020 (10a.); y, por ende, tiene la calidad de autoridad responsable en los juicios donde se reclame dicha normatividad, entendiéndose que el acto legislativo que le corresponde es la promulgación (implícita) del ordenamiento que nos ocupa.Esto es, en estos asuntos, cuando la parte quejosa no haya señalado como autoridad responsable al Presidente de la República, el Juez de Distrito debe precisar en el acuerdo respectivo porque dicha autoridad sí le reviste el carácter de responsable, ello, con motivo de la participación (implícita) que tuvo en el proceso legislativo por cuanto hace a la promulgación del decreto.Así, concluyó que en los asuntos en los cuales se reclame la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, publicada el cinco de noviembre de dos mil dieciocho, y la parte quejosa no haya señalado al Presidente de la República como autoridad responsable, el Juez de Distrito debe precisar en primer término, como se dijo, que el titular del Ejecutivo Federal tiene esa calidad ya que promulgó (implícitamente) el decreto controvertido, tal y como se analizó en la jurisprudencia 2a./J. 11/2020 (10a.), para luego solo requerir al promovente la exhibición de una copia de la demanda para así poder llevar a cabo su respectivo emplazamiento, debiéndose precisar cómo apercibimiento, que en caso de no desahogar tal requerimiento, no se tendrá como acto reclamado ese ordenamiento.En otras palabras, en ese supuesto, (i) no debe requerirse a la parte quejosa para que precise si es su intención señalar como autoridad responsable al Titular del Ejecutivo Federal, y por ende, (ii) tampoco requerirle a fin de que precise si es su intención atribuirle como acto destacado la promulgación (implícita) del decreto controvertido, puesto que tal aspecto será precisado por el órgano judicial de amparo, cuando advierta la ausencia del señalamiento como autoridad responsable del Presidente de la Republica.En atención a lo anterior, y a efecto de no dejar en estado de indefensión a las partes, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria según el numeral 2º de la Ley de Amparo, así como en términos de lo dispuesto por el artículo 17 constitucional, que obliga a este órgano jurisdiccional a impartir justifica sin formalismos excesivos e injustificados, se regulariza el procedimiento en el presente juicio de amparo, únicamente para el efecto de dejar insubsistente el apercibimiento decretado en el acuerdo de veintidós de octubre de dos mil veintiuno. Lo anterior para todos los efectos legales procedentes.En ese contexto, en términos de la resolución de la contradicción de tesis 102/2021 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentada entre el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México (expediente de origen recurso de queja 1406/2019 y recurso de queja 180/2019) y el Tribunal Colegiado de Circuito Auxiliar revisor, en la que se determinó que en los asuntos en los que se tenga como acto reclamado el Decreto por el que se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se adiciona el Código Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de noviembre de dos mil dieciocho, le asiste el carácter de autoridad responsable al titular del Ejecutivo Federal, aún y cuando la parte quejosa no haya atribuido ese acto al Presidente de la República, se le debe reconocer el carácter de autoridad responsable debido a que es parte en el proceso de creación del Decreto controvertido, lo anterior, en términos de la jurisprudencia 2a./J.11/2020 (10a.) de la Segunda Sala de nuestro más Alto Tribunal: En ese contexto, y a efecto de no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, en términos del artículo 110 de la Ley de Amparo, se le requiere para que realice lo siguiente: Exhiba una copia necesaria para emplazar a la autoridad responsable Presidente de la República, quien es encargado de la promulgación del Decreto por el que se expidió la Ley Federal de Remuneraciones de Servidores Públicos Reglamentaria de los Artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se adicionó el Código Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de noviembre de dos mil dieciocho. Lo anterior, bajo el apercibimiento que de no hacerlo así, dentro del lapso legal correspondiente, conforme a lo determinado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la antes referida contradicción de tesis 102/2021, no se tendrá como acto reclamado al indicado decreto. En esas condiciones, a efecto de dar tiempo a lo anterior, y no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, es procedente diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose como nueva fecha para que tenga verificativo DIEZ HORAS CON CATORCE MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. En otro orden de ideas, del estado procesal de autos, se advierte que el Juzgado de origen, mediante acuerdos de veintinueve de enero y de seis de febrero de dos mil diecinueve, se reservó acordar las promociones registradas con los números de folio 1075 y 1335, de su índice, en eso contexto, se acuerda lo siguiente: Agréguese a los autos el oficio suscrito por el Supervisor "A", Homologado a Jefe de Departamento de la Subdirección de Amparo, en representación de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, así como el telegrama suscrito por la Directora General de Asuntos Jurídicos en representación de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, por medio de los cuales rinden el informe justificado solicitado, en atención a sus contenidos con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tienen por rendidos dichos informes por lo que se da vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. De conformidad con lo establecido en los artículos 9 y 28, fracción I, de la Ley de Amparo, se tienen como delegados a las personas que mencionan, quienes tendrán las facultades de rendir pruebas, alegar y hacer promociones únicamente en el acto de la audiencia, así como para interponer recursos y como domicilio el que señalan. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa en términos de lo dispuesto por Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

  2. Principal

    Ciudad de México, diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el escrito presentado por **********, quejosa en este asunto, mediante el cual manifiesta su voluntad de desistirse del presente juicio de amparo. En ese sentido, a efecto de proveer lo que en derecho proceda a ese respecto, requiérase a la promovente para que dentro del plazo de tres días previsto en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, contado a partir del día siguiente de aquél en que surta efectos la notificación de este proveído, comparezca en el local de este órgano jurisdiccional con identificación oficial vigente a ratificar el ocurso de cuenta ante la presencia judicial. Es aplicable al caso la jurisprudencia 2a./J. 119/2006, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIV, agosto de 2006, página 295, de rubro y textos siguientes: "DESISTIMIENTO EN EL AMPARO. DEBE SER RATIFICADO POR EL QUEJOSO. El artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece como principio básico que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada. Por tanto, para que el Juez o tribunal de amparo tengan una mayor certeza y seguridad, tanto en la intención del promovente como en la resolución de sobreseimiento que deben dictar al respecto, en los términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta indispensable que el escrito de desistimiento sea ratificado por el quejoso ante la presencia judicial o de un funcionario con fe pública, lo cual no constituye una mera formalidad para el juzgador, sino que tiene como finalidad cerciorarse de la identidad de quien desiste y saber si preserva su propósito de dar por concluido el procedimiento que inició. La certeza en la identidad y voluntad del promovente para realizar ese acto procesal se confirma con la reforma al mencionado artículo 74, fracción I, en la que el legislador eliminó la disposición de que se decrete el sobreseimiento cuando "se tenga por desistido al agraviado en términos de ley", para conservar solamente la del desistimiento expreso, así como con el artículo 30, fracción III, del mismo ordenamiento, donde se ordena notificar personalmente al interesado la providencia que mande ratificar el escrito de desistimiento de la demanda o de cualquier recurso, y que en caso de no constar su domicilio, la petición será reservada hasta que subsane la omisión. En consecuencia, si el quejoso en un juicio de amparo manifiesta que desiste en su perjuicio de la demanda que presentó, pero no ratifica dicha manifestación, es evidente que debe continuarse con el procedimiento del juicio." Previamente, conviene precisar que, dadas las circunstancias ante la contingencia por el virus COVID-19, y de conformidad con lo establecido en los Acuerdos Generales 21/2020, y 9/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales, es limitado el acceso al personal y a los visitantes el acceso a todas las instalaciones de los órganos jurisdiccionales. En razón de lo anterior, con fundamento en el artículo 6, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece que cuando sea el titular del órgano jurisdiccional quien cite físicamente a las partes para una comparecencia o para el desahogo de un requerimiento será el propio órgano jurisdiccional quien genere la cita respectiva desde la modalidad del programa "Agenda OJ, en ese contexto, hágase del conocimiento a la quejosa ************, que este órgano jurisdiccional no señala fecha y hora en específico ni genera el código QR a fin de que éste comparezca al local de este Juzgado de Distrito a ratificar el escrito por el que se desiste de la presente instancia judicial en su entero perjuicio. Por tanto, dígasele que será la propia parte quejosa quien deberá agendar su cita a través de la página del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, con el objeto de obtener su código QR para acudir a las instalaciones de este órgano jurisdiccional. En caso de que no le sea posible generar el código QR, podrá llamar al teléfono 5551338100 Extensión 1056 para el fin de que este Juzgado Federal le genere el código referido. No obstante, dado que en términos de Acuerdos Generales 21/2020 y 9/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, es limitado el acceso al personal y a los visitantes el acceso a todas las instalaciones de los órganos jurisdiccionales, y con el objeto de respetar el derecho de las partes en el juicio en que se actúa, en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes; así como los diversos artículo 6°, tercer párrafo y apartado B, fracción I, y 81, fracción XVIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que faculta al Consejo de la Judicatura Federal para emitir normatividad y los criterios para modernizar sus estructuras, sistemas y procedimientos administrativos, tanto internos como de servicios al público, tal como lo reconoce el Consejo de la Judicatura Federal, el avance y desarrollo de la infraestructura y servicios de las tecnologías de la información y comunicación son herramientas transversales para el fortalecimiento de la impartición de justicia y la protección de los derechos humanos. Así, con el fin de impartir una justicia pronta y expedita, los órganos jurisdiccionales pueden emplear en sus audiencias y sesiones colegiadas el método alternativo de comunicación denominado "videoconferencia", para garantizar los principios relacionados con el aseguramiento de la presencia de las y los jueces, o magistrados y todos los intervinientes en las salas de audiencia (presencial o virtual), y hacer frente a cualquier contingencia, ya sea por situación de urgencia, emergencia, caso fortuito o fuerza mayor, a cualquiera otra situación que a consideración del titular del órgano jurisdiccional impida o dificulte el desahogo presencial de las audiencias que establezca la Ley, o cuando se procure mejorar el acceso a la justicia para las personas justiciables. En consecuencia, en caso de que la parte quejosa no pueda comparecer físicamente en el local de este órgano jurisdiccional, se autoriza la comparecencia vía electrónica en términos de lo dispuesto por el Acuerdo General 12/2020 así como por el Acuerdo General 22/2020 y su Anexo Técnico emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Cabe, precisar que en atención a lo dispuesto por los citados acuerdos 12/2020 y 22/2020 y su Anexo Técnico emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y en su caso de que quiera comparecer mediante videoconferencia a través de la aplicación "Cisco Webex"; a ratificar su escrito de cuenta, en el que manifiesta su voluntad de desistirse de esta instancia judicial, deberá contar con una identificación oficial que pueda ser exhibida en la propia comparecencia y realizar lo siguiente: En el plazo de tres días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la legal notificación del presente proveído, proporcionará, ya sea por escrito o vía electrónica al correo institucional de este órgano jurisdiccional 2jdoaux1cto@correo.cjf.gb.mx, correo electrónico para enlazar la videoconferencia. Hecho lo anterior, este Juzgado Federal le remitirá la invitación al correo electrónico proporcionado, para que asista vía remota a la videoconferencia a través de la aplicación "Cisco Webex", en términos del artículo 25 en relación con el diverso 28, ambos del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a la que deberá comparecer, como ya se dijo, con identificación oficial, en la inteligencia que una vez enviada la invitación, ésta tendrá el carácter de citatorio y será remitido desde el correo institucional antonia.villanueva.ayala@correo.cjf.gob.mx, de la licenciada Antonia Villanueva Ayala, Coordinadora Técnica Administrativa adscrita a este Juzgado de Distrito. Además, de conformidad con el artículo 17, fracción I, del Acuerdo General 22/2020 del Pleno Consejo de la Judicatura Federal, relativo a las medidas necesarias para reactivar la totalidad de las actividades del Consejo en el contexto de la Contingencia por el virus COVID-19, las partes que intervengan en la diligencia, deberán estar disponible quince minutos antes de la hora programada, a fin de preparar a los intervinientes para la ratificación de mérito y la implementación de la logística operacional. Se hace de su conocimiento que está a su disposición el correo institucional adrian.sosa.climaco@correo.cjf.gob.mx para atender cualquier asunto relacionado con la diligencia señalada en párrafos precedentes. APERCIBIMIENTO Bajo el apercibimiento que de no proporcionar la cuenta de correo electrónico solicitada, o en el caso de no comparecer físicamente al local de este órgano jurisdiccional o vía videoconferencia para los efectos indicados dentro del plazo indicado se seguirá con la secuela procesal hasta la resolución del presente asunto. Notifíquese en términos de lo dispuesto por Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y vía electrónica a la quejosa.

  3. Principal

    Ciudad de México, tres de noviembre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, y dado que se encuentra transcurriendo la vista otorgada a las partes con el informe justificado rendido por Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 117, segundo párrafo de la Ley de Amparo, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan para que tenga verificativo las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL SIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Este plazo se estima suficiente para que transcurra en su totalidad el plazo de ocho días a que se refiere el precepto citado, en términos de la jurisprudencia 2ª./J. 21/2008 (registro 170081), de rubro: "INFORME JUSTIFICADO PRESENTADO EN FORMA EXTEMPORÁNEA. EL PLAZO DE 8 DÍAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO, DEBE TRANSCURRIR, EN SU INTEGRIDAD, ENTRE LA FECHA EN QUE SE DIFIERE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y LA NUEVA SEÑALADA POR ESE MOTIVO". Notifíquese, en términos de lo dispuesto por Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

  4. Principal

    Ciudad de México, veintiuno de octubre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el escrito presentado por la representante legal de la parte quejosa, por medio del solicita información respecto del escrito de desistimiento del recurso de revisión 265/2017 del índice del Tercer Tribunal Colegiado del Decimo Circuito, el cual mediante proveído de uno de octubre de dos mil veintiuno, este Juzgado de Distrito dio trámite. Al efecto se informa que hasta la fecha del presente acuerdo, no se ha tenido respuesta alguna del aludido Tribunal Colegiado, respecto a la petición solicitada del recurso de revisión 265/2017. Notifíquese; en términos de lo dispuesto por Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

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