MARÍA DEL CARMEN DÍAZ LÓPEZ y Otros.
Expediente 506/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 19 de junio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 506/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 19/06/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- MARÍA DEL CARMEN DÍAZ LÓPEZ y Otros.
- María del Carmen Díaz López
Actuaciones
- Principal
Mesa de Amparo VI-B "...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de junio de dos mil diecinueve. Se declara que el auto donde se desechó la demanda de amparo origen de este expediente auto causó estado, y se archívese este expediente como asunto concluido. Notifíquese.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve. Téngase por recibida la demanda señalada en la cuenta. Fórmese expediente impreso y electrónico en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo y regístrese con el número 506/2019. Desechamiento. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito procede a efectuar el análisis correspondiente a la demanda de amparo que se recibe, pues se advierte la improcedencia de la misma, numeral el cual es del tenor siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; lo que es así, porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. En efecto el artículo citado, impone la obligación al Juez de Distrito de examinar, con todo detenimiento el libelo de amparo, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual, en principio, deben tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que el informe justificado que rinda la autoridad responsable, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Resulta aplicable la jurisprudencia I.13o.A. J/6, pronunciada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." Proceder que tiene como base constitucional lo contenido en el artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Por consiguiente, al tratarse de una cuestión de orden público, debe atenderse a los citados elementos a efecto de comprobar que supuestos de improcedencia se actualiza en el caso. Ahora bien, una revisión general del escrito inicial de demanda permite constatar que la quejosa acude ante la Justicia Federal reclamando que este órgano jurisdiccional le reconozca el derecho a percibir económicamente la pensión por viudez de manera íntegra, actualizada y separada de la diversa pensión que por jubilación le corresponde, lo anterior, derivado que a su consideración ha operado la figura jurídica denominada "negativa ficta", dado que tal solicitud la elevó en vía derecho de petición al delegado Estatal en Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado el dieciocho de abril de dos mil dieciocho y que a la fecha han transcurrido más de tres meses sin que le diera respuesta. Como se desarrollará a continuación, este juez de amparo no puede verificar constitucionalmente si se ha configurado la negativa ficta que refiere la quejosa. Este Juzgado de Distrito considera que, aún en ejercicio de sus poderes de control constitucional, no está facultado para pronunciarse, de primera mano, sobre el planteamiento jurídico de la quejosa, pues ello encierra el ejercicio de una facultad cuyo ejercicio está reservado a otras autoridades, por lo que cualquier acto que exija el despliegue de esa facultad, debe entenderse como un acto no justiciable en el juicio de amparo indirecto. En efecto, el suscrito considera que se surte la causal de improcedencia establecida en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo que establece que el juicio de amparo es improcedente "En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley", ello en relación con el artículo 103, fracción I, de la Constitución Federal que dispone que el juicio de amparo procede "contra normas generales, actos u omisiones de la autoridad", a lo que se agrega: "que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". Del artículo 103 constitucional, fracción I se derivan dos implicaciones: a) No procede el juicio de amparo si no existe un acto de autoridad (positivo o negativo) o una norma jurídica de una autoridad, sin embargo, b) No basta que exista dicho acto, norma u omisión de autoridad, sino que del mismo pueda desplegarse una violación a un derecho humano, cuya conclusión pueda ser materia de estudio en ese juicio constitucional. De los dos incisos anteriores se desprende, por lo tanto, que una vez que se ha determinado que existe un acto de autoridad, el juez de amparo debe determinar si se trata de uno que sea justiciable en la vía indirecta, pudiendo no actualizarse este supuesto cuando la Constitución -o su propia Ley Reglamentaria- otorga claramente la determinación de una cuestión a determinados órganos. No tomar ello en consideración implicaría, sustituir dichas facultades de apreciación que son de naturaleza exclusiva de dichos órganos e, incluso, el tener decisiones contradictorias. Esta metodología interpretativa no es extraña a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Primera Sala, en otro medio de control de constitucionalidad, al conocer sobre las controversias constitucionales, ha interpretado las causales de improcedencia desde esta perspectiva, esto es, atendiendo a la función de dicho juicio al interior de su diseño institucional, en la cual ha determinado que la debida consideración de la naturaleza y finalidad del mismo, sobre la base de una interpretación sistemática y armónica de las previsiones constitucionales, deben llevar a concluir la no justiciabilidad de ciertas cuestiones políticas, cuya resolución se asigna por la norma constitucional a un órgano por razón de especialidad, cuestión que debe analizarse, sin embargo, de manera casuística. Así, al resolver la controversia constitucional 140/2006, en sesión de quince de agosto de dos mil siete, por unanimidad de votos, se estableció el criterio reflejado en la tesis de rubro "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LAS CUESTIONES MERAMENTE POLÍTICAS NO SON SUSCEPTIBLES DE ANÁLISIS EN SEDE JUDICIAL". Este juzgador apela a ese criterio para afirmar que, en el marco del presente caso, no es posible emitir un juicio de valor sobre si existe negativa ficta por parte del delegado Estatal en Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, al haber transcurrido más de tres meses sin que diera respuesta a la petición que le formuló la quejosa en escrito de dieciocho de abril de dos mil dieciocho, en relación a que se le pague íntegramente las pensiones de viudez y jubilación a las que aduce tener derecho, el juicio de amparo indirecto no fue pensado ni diseñado para hacer ese tipo de declaraciones. Ahora, el artículo 17 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo define la figura jurídica de la Negativa Ficta como una ficción legal que brinda una opción al gobernado de cómo deberá entender el silencio o lentitud de la autoridad al no dar una contestación a sus peticiones en un periodo mayor a tres meses a partir de que fue recibida, debiéndose entender en sentido negativo. Es decir, que si pasados tres meses de que se presentó la solicitud ante la responsable ésta no da contestación, podemos afiliarnos a la figura jurídica de la negativa ficta y legalmente entender que nuestras solicitudes fueron contestadas en sentido negativo y en base a esto elegir el medio de defensa que corresponda; sin embargo, ello no quiere decir que podamos acudir a cualquier instancia. En el caso, se trata de una petición promovida ante una autoridad administrativa por lo que la quejosa tendría que acudir al Juicio Contencioso Administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que es el órgano encargado en primera instancia de vigilar los actos de las autoridades administrativas. Esta calificatoria de no justiciabilidad en la vía de amparo indirecto no rompe con la coherencia del modelo de estado constitucional, pues no implica el reconocimiento de una categoría de casos impune al escrutinio de los derechos humanos; por el contrario, justamente su reconocimiento implica el respeto a un diseño institucional avalado constitucionalmente que otorga ese control a otro órgano de manera exclusiva. En el caso concreto, la negativa ficta que se ha configurado al haber transcurrido tres meses sin respuesta al escrito de la quejosa por parte del delegado Estatal en Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, constituye una ficción legal de carácter procesal que nace como un instrumento para la apertura de la vía contenciosa administrativa ante el silencio de la autoridad por resolver en forma expresa o por escrito una petición por consiguiente, el juicio de amparo se torna improcedente. Cierto, el acto cuya declaración pretende la quejosa en esta instancia no puede controvertirse eficazmente en el amparo pues en su impugnación se requiere que el gobernado tenga la posibilidad de formular argumentos no planteados en sede administrativa, esto es, en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, según lo prevé el arábigo 17 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo ya citado. Bajo ese contexto, se arriba a la conclusión que el acto que aquí se combate y que se reclama del delegado Estatal en Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Oaxaca, De ahí que se actualice la casual de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con lo dispuesto en el ordinal 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que impone su desechamiento, dado que la negativa ficta que reclama no es un acto susceptible de análisis del control constitucional. Domicilio y autorizados del quejoso. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica y por autorizado con las amplias facultades a que se refiere el artículo 12 de la Ley de Amparo al licenciado José Alfredo Benítez Toledo, debido a que su cédula aparece en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho con el número 5297740, y únicamente para recibir notificaciones e imponerse de los autos, a Rodulfo Sarmiento Matus, por no estar registrada cédula alguna a nombre del referido autorizado en dicho sistema. Notifíquese personalmente. SE NOTIFICO EN TERMINOS DEL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO b) DE LA LEY DE AMPARO
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